Mariano Martinez Mendoza
Expediente 780/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mariano Martinez Mendoza
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por MARIANO MARTÍNEZ MENDOZA, contra actos del Director de Averiguaciones Previas y de Procesos de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 780/2018. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del contenido de la demanda se advierte que el promovente reclama del Director de Averiguaciones Previas y de Procesos de la Fiscalía General del Estado y del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la Autoridades Responsables la falta de impartición de Justicia pronta, expedita, imparcial, y gratuita en los términos y plazos fijados por la ley, que se traduce en la judicialización de la carpeta de investigación ante el juez de control para que cite a los imputados a la audiencia de comunicación e imputación para que se determine plenamente la culpabilidad de los imputados en la comisión de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación hay mencionada en las que denuncie hechos que configuran delitos cometidos en mi agravio y perjuicio patrimonial. Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama de las autoridades en cita, la falta de impartición de justicia pronta, expedita, imparcial y gratuita dentro de los plazos y términos establecidos en la ley, que se traduce en la judicialización de la carpeta de investigación 2220/DF/ZC/2017. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Por su parte el artículo 107 Constitucional dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión." De la apreciación conjunta de los numerales constitucional y reglamentario que anteceden se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad, esto es, que el juicio de amparo en la materia administrativa será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. En síntesis, el amparo es improcedente en términos de la aludida fracción del precepto reglamentario cuando se dan los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado provenga de autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo; y, 2. Que deba ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer la parte agraviada, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión solicitada En el caso, los artículos 16, párrafo decimocuarto, 20, apartado c, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. .. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: . XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; ." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." En ese orden de ideas, de una interpretación de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede establecer que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Lo anterior lleva a considerar que tales determinaciones no se limitan a las específicamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese orden, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Así, de la interpretación de los artículos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258. Ello es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. En consecuencia, previo a la promoción del juicio de amparo, el promovente debió haber interpuesto el recurso previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la falta de impartición de justicia pronta, expedita, imparcial y gratuita dentro de los plazos y términos establecidos en la ley, que se traduce en la judicialización de la carpeta de investigación 2220/DF/ZC/2017, que le reclama a las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia; se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior se sustenta en las tesis jurisprudenciales 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10a.) aprobadas por la Primera Sala del Alto Tribunal del País en la sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que se encuentran pendientes de publicar en el Semanario Judicial de la Federación, las cuales señalan: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En esas condiciones, ante la naturaleza del acto que reclama el promovente, previo a la promoción del juicio de garantías respecto del acto reclamado antes señalado, debió agotar el recurso ordinario procedente, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; empero, al no haberlo hecho, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades que señala como responsables, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Téngase al promovente señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones de carácter personal el que indica en su escrito de cuenta y por autorizado con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Saúl Eduardo Díaz Sanjuán; y únicamente para recibir notificaciones a las restantes personas que menciona. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos personales de las partes, al acceso, rectificación y cancelación de ellos, así como manifestar su oposición de hacerse públicas las sentencias ejecutorias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal y los diversos numerales 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, se informa a las partes, el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a que se publiquen sus nombres y datos personales; en la inteligencia que la falta de oposición expresa, conlleva a la supresión de datos sensibles que pueda contener la determinación, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del juicio de amparo, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. el presente acuerdo se notifica a la parte quejosa, previo aviso, en términos de la ley de amparo
- Principal
MESA VI A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por MARIANO MARTÍNEZ MENDOZA, contra actos del Director de Averiguaciones Previas y de Procesos de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 780/2018. (...) Téngase al promovente señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones de carácter personal el que indica en su escrito de cuenta y por autorizado con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Saúl Eduardo Díaz Sanjuán; y únicamente para recibir notificaciones a las restantes personas que menciona. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos personales de las partes, al acceso, rectificación y cancelación de ellos, así como manifestar su oposición de hacerse públicas las sentencias ejecutorias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal y los diversos numerales 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, se informa a las partes, el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a que se publiquen sus nombres y datos personales; en la inteligencia que la falta de oposición expresa, conlleva a la supresión de datos sensibles que pueda contener la determinación, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del juicio de amparo, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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