Mariano López Padilla

Expediente 1086/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1086/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
21/08/2019

Partes del expediente

  • Mariano López Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de trece de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el catorce de agosto de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: De no existir impedimento legal para tal efecto, acredite que formuló el proyecto de laudo en el juicio laboral 3539/2014/17-E, de su índice, y que lo elevó a la categoría de definitivo dentro del plazo que establece la Ley Federal del Trabajo, ordenando hacerlo del conocimiento oportuno de las partes.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictó laudo en el juicio laboral de origen, ordenando notificar personalmente a las partes. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Visto el oficio proveniente de la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del laudo dictado dentro del juicio laboral de origen. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Interposición del recurso. Vistos los escritos signados por Gerardo Alejandro Tamayo Méndez, por sí, y en nombre y representación de sus menores hijos Alejandro Maximiliano y Aldo Mariano de apellidos Tamayo Guerrero, así como por Paulina Tamayo Guerrero, mediante los cuales interponen recurso de queja y expresan agravios en contra del auto de diecinueve de junio del presente año, en el que se contiene, entre otras cosas, un requerimiento realizado a la quejosa Paulina Tamayo Guerrero. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tienen por interpuestos los recursos de queja en contra del auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena notificar el recurso de queja a las partes, para que dentro del término de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a quien resuelva la materia de la queja; una vez transcurrido el citado término, remítanse el original y copia del oficio de agravios, así como copia certificada de diversas constancias que integran el presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno; además de las constancias que se estimen pertinentes y ríndase el informe sobre la materia, para la substanciación del recurso que se hace valer. II. Requerimiento en relación al escrito de registro 16676. Ahora bien, del contenido del escrito de cuenta se advierte que el promovente informa a este órgano jurisdiccional que el quejoso Alejandro Maximiliano Tamayo Guerrero, el pasado veintisiete de junio de la presente anualidad, cumplió la mayoría de edad. Por lo tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si a su interés legal conviene someterse a los lineamientos expuestos en el fallo protector, así como si considera oportuno actuar en nombre propio o designar un representante; bajo apercibimiento que de ser omiso se seguirá la secuela de ejecución de sentencia en los términos hasta aquí planteados. Para mayor intelección, se hace de su conocimiento que en el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: Que la devolución efectuada por la autoridad de los documentos y certificados de estudio de Paulina, Alejandro Maximiliano y Aldo Mariano, Todos Tamayo Guerrero (con base en la suspensión otorgada) se torne definitiva, esto es, para que los quejosos conserven los documentos entregados con motivo de la violación constitucional evidenciada. II. Para que la institución educativa señalada como responsable, otorgue a manera de regularización las clases pertinentes para que los menores cuenten con los conocimientos que corresponderían a los grados en que los menores se encontraban inscritos; referentes a los días en que los menores fueron suspendidos en dicho ciclo escolar dos mil trece- dos mil catorce. Debiendo cuidar para ello que no se genere una carga académica que resulte contraproducente frente a las responsabilidades en el actual grado académico que se encuentren cursando, para lo cual los padres o tutores de los menores deberán hacer saber a este Juzgado la aceptación o no de los mismos, previo análisis sobre la conveniencia psico- emocional de hacerlo o no. III. Para el caso de haber proporcionado los cursos a que atiende el punto anterior, a costa de la institución responsable, se instrumenten las evaluaciones necesarias que en su momento se debieron practicar en el mes de octubre de dos mil trece, en las mismas condiciones que haya tenido cualquier alumno regular, para lo cual, podrá brindar a éstos asesorías u otro medio adecuado, durante un término prudente que sirva de preparación para el examen correspondiente, con las que se acredite se subsanó la carencia originada por las faltas antes indicadas, sin que para ello se pueda asentar una calificación diferente a la registrada en las boletas respectivas, a efecto de no causar un daño mayor, en afectación al interés superior del menor, por la posible afectación a los grados subsecuentes que ya han cursado y acreditado los menores." III. Resérvese. En relación al diverso escrito signado por la quejosa Paulina Tamayo Guerrero, se le tiene cumpliendo con el requerimiento contenido en proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, y por ende, manifestando lo que a su interés legal conviene respecto a los lineamientos expuestos en el fallo protector; al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales a que haya lugar, y se reserva acordar lo conducente a sus manifestaciones hasta en tanto transcurra el plazo concedido al diverso quejoso Alejandro Maximiliano Tamayo Guerrero en el presente acuerdo. IV. Representante común y domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa designando como representante común a Gerardo Alejandro Tamayo Méndez. Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio procesal el indicado en el escrito de mérito. Notifíquese y personalmente a Alejandro Maximiliano Tamayo Guerrero.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de doce de julio del año en curso, que establece: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el tres de junio de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, realizara lo siguiente: a) Provea lo conducente para superar obstáculos, haciendo uso de los medios de apremio correspondientes, hasta lograr el cumplimiento total del laudo emitido en el juicio laboral 331/2006-D2, y en específico: "1) Deje insubsistente la resolución que emitió el trece de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 331/2006-D2; 2) Emita acuerdo con los apercibimientos a que se refiere el artículo 143 de la Ley para los Trabajadores Públicos del Estado de Jalisco, en el que requiera a la Encargada de la Tesorería Municipal, le proporcione información cierta al salario e incrementos equivalentes o similares al puesto de Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Zacoalco de Torres, Jalisco, a partir de ocho de enero de dos mil siete al catorce de octubre de dos mil trece, remitiendo la documentación relativa, avalando la información debidamente como quedó advertido en la presente ejecutoria. 3) En caso de que la información que se le proporcione no sea de un mismo puesto de trabajo, la misma deberá remitirse con la documentación soporte que evidencia la similitud de los diversos puestos de trabajo con los del quejoso. 4) En su caso, haga efectivos los apercibimientos correspondientes. 5) Haga uso de los diversos medios a su alcance para dar celeridad a la ejecución del laudo, emitiendo los acuerdos y recordatorios que correspondan para lograr la conclusión del juicio en el menor tiempo posible. 6) De vista a las partes con las constancias que le sean remitidas. 7) Emita la resolución interlocutoria, una vez transcurrido el plazo a las partes con las constancias a que se refiere el punto anterior. III. Recurso de inconformidad fundado. Posteriormente, mediante oficio 11244/2018, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de inconformidad 18/2018, determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Es fundado el recurso de inconformidad interpuesto por Enrique Ramos Gutiérrez, en consecuencia. SEGUNDO.- Se revoca la resolución de treinta de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el entonces Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado, ahora Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, en el juicio de amparo indirecto1122/2017 y su acumulado 1158/217, en la que se declaró que la ejecutoria de amparo había quedado cumplida. TERCERO.- Se ordena al entonces Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado, ahora Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, proseguir con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo respectiva emitiendo el o los acuerdos procedentes para ello, en los términos sustentados en la presente ejecutoria.". En dicha resolución, se establecieron los lineamientos precisos respecto a los actos que la responsable tenía que acreditar ante este juzgado federal, a fin de tener por cumplido el fallo protector que nos ocupa, los cuales, toralmente, consisten en lo siguiente: "[.] Ello es así, ya que en resumen la Tesorera Municipal en cumplimiento a la ejecutoria, remitió un oficio mediante el cual informó de los puestos que consideró similares al de Asesor Jurídico, así como los salarios que éstos percibieron durante el período comprendido del ocho de enero de dos mil siete al catorce de octubre de dos mil trece, asimismo, un diverso oficio en el que expresó que debido a que el puesto de Asesor Jurídico únicamente fue creado por el período antes citado, y que uno similar sería en su caso el de Encargado Jurídico, que existió en el dos mil nueve, que entonces éste es el que debería considerarse como similar, así como el salario que devengó de tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con treinta y seis centavos, y con relación a los incrementos, como tal puesto dejó de existir, debería tomarse en cuenta el mínimo general vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, de las constancias citadas, no es posible tener por cumplido este punto faltante de la ejecutoria de mérito, cuenta habida que en los efectos de la sentencia, se concedió la protección constitucional, para que el Encargado de la Hacienda Municipal, informara sobre los salarios e incrementos equivalentes o similar al puesto de Asesor Jurídico, es decir, que de no existir el cargo de Asesor Jurídico, informara sobre el salario de otro puesto que sea similar o equivalente a éste; pero, las comunicaciones del Tesorero Municipal, únicamente versan sobre diversos cargos de los que no existe un parámetro objetivo de comparación del cual incluso pudiera obtenerse los incrementos reales, ya que señaló a un Encargado Jurídico, secretaria del Secretario General, Almacenista de Oficial Mayor y Encargado de Programas Sociales, asimismo pretende que ante la inexistencia de un encargado jurídico se tome en cuenta como incrementos al salario, los mínimos que se dieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que tampoco es posible, puesto que la condena en el laudo no fue en esos términos es decir, el salario mínimo general, sino aquéllos que correspondieran al puesto, es por ello, que el fallo no está acatado en los términos. Lo anterior, es así porque de la ejecutoria de amparo se puede vislumbrar que la responsable Tesorera Municipal, debió informar en el caso de no existir el puesto de Asesor Jurídico, cuál era uno similar que hubiera existido durante el período del ocho de enero dos mil siete al catorce de octubre de dos mil trece, puesto que lo que se pretende es el pago de los salarios vencidos más los incrementos salariales a ese cargo, que se hayan generado durante ese lapso, lo que no se puede obtener, si se informan diversos puestos con diferente salario, y tampoco se puede aplicar el salario mínimo, dado que según se advierte de las constancias esos no fueron los términos de la condena. Por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado.". En acatamiento a ello, la responsable remitió a este juzgado diversas constancias, mismas a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, realizó lo siguiente: El tres de mayo de dos mil diecinueve, en autos del juicio laboral de origen, tuvo por recibidas diversas constancias a través de las cuales el Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco, señaló el puesto similar al de asesor jurídico que existió durante el periodo comprendido del ocho de enero de dos mil siete, al catorce de octubre de dos mil trece. Asimismo, remitió a este juzgado federal copia de las documentales que tomó en consideración para arribar a la anterior conclusión, de cuyo contenido se advierte que la autoridad responsable adscrita al Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco, determinó que el puesto de Encargado de COMUSIDA es el similar al de Asesor Jurídico que desempeñaba el tercero interesado, a razón del salario que percibían cada uno (asesor jurídico y encargado de COMUSIDA). Mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el tribunal responsable hizo constar que el secretario proyectista adscrito a dicho órgano jurisdiccional, informó que las constancias exhibidas por el Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco, sí eran suficientes para emitir la resolución interlocutoria ordenada en la ejecutoria de amparo, de conformidad a los lineamientos establecidos por la Superioridad en el recurso de inconformidad 18/2018, al mencionar que en base al artículo 56, fracción VIII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los casos de supresión de plazas, los servidores públicos afectados tendrán derecho, en su caso, a que se les otorgue otro equivalente en categoría de sueldos. Finalmente, el veintiocho de mayo siguiente, dictó la interlocutoria respecto al incidente de liquidación en el juicio laboral de origen. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Se arriba a la anterior determinación, toda vez que en la resolución de inconformidad 18/2018, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, precisó que no se tenía por cumplida la sentencia emitida por este juzgador, en virtud de que el Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco, no exhibió las constancias suficientes para establecer un diverso puesto similar al del tercero interesado. Ello, en el entendido de que uno de los efectos del fallo protector que nos ocupa, es la obligación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de allegarse de las constancias que acrediten los parámetros de equivalencia o similitud sobre los salarios e incrementos salariales entre aquéllos puestos que sean susceptibles de comparación con el que desempeñó el tercero interesado, es decir, al de asesor jurídico. Por lo tanto, es claro que los argumentos realizados por la responsable, respecto de las constancias remitidas al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, vía oficio 101/OM/2019, no pueden ser consideradas como suficientes y eficaces para acreditar la similitud de puestos, dado que la autoridad demandada en el juicio de origen, únicamente precisó que después de haber realizado una búsqueda y analizar las nóminas correspondientes al periodo comprendido entre el ocho de enero de enero de dos mil siete, al catorce de octubre de dos mil trece, llegó a la conclusión de que el puesto que más se asemeja en cuanto al salario, es el puesto de Encargado de COMUSIDA, y que los incrementos salariales del cargo se cuantifican en base al incremento salarial anual del mismo, no obstante que las actividades desempeñadas sean muy diferentes, pero que tomó como referencia dicho puesto únicamente en relación al salario. En consecuencia, resulta inconcuso que no se cumple con el punto tercero de los efectos para los cuales fue concedido el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, mismo que establece que para el caso de que la información que se le proporcione al Tribunal responsable no sea de un mismo puesto de trabajo, la misma deberá remitirse con la documentación soporte que evidencie la similitud de los diversos puestos de trabajo con los del tercero interesado. Es así, no solo por haber tomado como parámetro de equivalencia un puesto (Encargado de COMUSIDA), cuyas actividades a desempeñar eran muy distintas a las de asesor jurídico que desempeñó Enrique Ramos Gutiérrez, sino también porque la similitud que encuentra en relación a ambos, es únicamente en cuanto al salario y al incremento al salario anual, no así, en cuanto al cargo, salario e incremento salarial relativo al propio puesto y no al salario anual, como se establece en la ejecutoria de amparo que nos ocupa, tal y como se advierte del oficio 101/OM/2019. Aunado a lo anterior, este juzgado federal en aras de encaminar dicho cumplimiento, requirió al Tribunal responsable mediante proveído de veintidós de mayo pasado, a efecto de que previo a emitir la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación que nos ocupa, informara a este juzgado federal si las documentales con las que contaba eran suficientes para emitirla. Requerimiento que fue atendido vía oficio MD1/1782/2019, por virtud del cual remitió el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, de cuyo contenido se advierte que el secretario proyectista adscrito a dicho órgano jurisdiccional, informó que las constancias exhibidas por el Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres Jalisco, sí eran suficientes para emitir la resolución interlocutoria ordenada en la ejecutoria de amparo, de conformidad a los lineamientos establecidos por la Superioridad en el recurso de inconformidad 18/2018, al mencionar que en base al artículo 56, fracción VIII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los casos de supresión de plazas, los servidores públicos afectados tendrán derecho, en su caso, a que se les otorgue otro equivalente en categoría de sueldos, sin precisar los motivos y fundamentos que lo llevaron a determinar que dichas constancias demostraban tal equivalencia en puestos. Lo que hace evidente la falta de cumplimiento al fallo protector, toda vez que no basta un informe verbal del secretario proyectista, para determinar si las documentales de mérito son suficientes para emitir la resolución interlocutoria, considerando que se trata del argumento base sobre el cual se realizarán todas las consideraciones de de liquidación de laudo. Situación que nos lleva a la conclusión de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, no valoró el material probatorio ofrecido por el Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento Constitucional de Zacoalco de Torres, Jalisco, a fin de contar con los elementos probatorios suficientes para determinar dicha homologación de puestos, dado que únicamente tomó en consideración la similitud de sueldos y el salario anual, aunque no existiera relación alguna entre las actividades a desempeñar, ni el cargo. De ahí que no pueda considerarse cumplido el fallo protector. IV. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto, y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Regularice el procedimiento y deje sin efectos la resolución interlocutoria de liquidación de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral 331/2006-D1 y su acumulado 188/2007-B. Emita un proveído en el que haciendo uso de los medios legales a su alcance, se allegue de las constancias que efectivamente demuestren una similitud entre el puesto que desempeñaba el aquí tercero interesado y el que se proponga como equivalente, incluyendo funciones y sueldo, atendiendo cada una de las consideraciones realizadas en la ejecutoria de amparo y en el presente acuerdo, pudiendo hacer uso de la prueba pericial que para tal efecto aperture de oficio, a fin de conocer con exactitud la equivalencia entre puestos. Remitiendo constancias fehacientes del cumplimiento a lo anterior. En el entendido de que una vez que este juzgado federal cuente con la determinación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se acordará lo conducente respecto al Tesorero Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco. V. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá a su titular una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. VI. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, segundo párrafo, y 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de dos mil doce, Tomo cuatro, página tres mil quinientos quince, que al rubro dice: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". VII. Escritos reservados. Por otra parte, vistos los escritos presentados el pasado dos de abril y diez de mayo de dos mil diecinueve, por el tercero interesado, mediante los cuales, realiza diversas manifestaciones en relación a su inconformidad respecto al cumplimiento que las responsables pretenden dar a la ejecutoria de amparo, así como los diversos escritos de cuenta signados electrónicamente por el tercero interesado Enrique Ramos Gutiérrez, mediante los cuales, por una parte, solicita a este juzgador que al momento de que se resuelva sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, determine que la misma no se encuentra cumplida, en razón de la manifestaciones realizadas en el presente juicio de amparo; y por otra parte, que las manifestaciones realizadas vía escrito de diez de mayo de dos mil diecinueve, sean tomadas en consideración al momento de emitir la presente resolución, emitiendo un nuevo requerimiento a la responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a efecto de que cumpla con lo requerido en proveído de veintidós de mayo del año actual. Al respecto, ténganse por hechas las manifestaciones del tercero interesado, atendiendo lo que señala en cuanto a las falsas premisas con las cuales fueron valoradas las documentales de mérito, y al efecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes, en el entendido de que en la presente resolución, han sido atendidas la totalidad de sus manifestaciones, peticiones y escritos. VIII. Resérvese la tramitación de la denuncia de repetición del acto reclamado. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por el tercero interesado Enrique Ramos Gutiérrez, mediante el cual, promueve incidente de repetición del acto reclamado; al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar, y se reserva acordar lo conducente respecto al incidente de repetición del acto reclamado propuesto por el tercero interesado, hasta en tanto se cuente en actuaciones con la determinación alcanzada por el Tribunal responsable referente a los lineamientos planteados en el requerimiento antes efectuado en la presente resolución, dado que el sentido de dicha determinación influye en la procedencia del incidente que se intenta.

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