Mariano Hansel Patricio Abarca
Expediente 380/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 41 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mariano Hansel Patricio Abarca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LAS PARTES HUBIEREN RECURRIDO EL AUTO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EN TÉRMINOS DEL DISPOSITIVO 2°, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DECLARA QUE DICHO AUTO QUE SOBRESEYÓ EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, HA CAUSADO ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. POR TANTO, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE (SISE), Y ARCHÍVENSE LAS ACTUACIONES COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE
- Principal
AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO ACTUAL, QUE ESTABLECE: VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, Y LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, [...]. POR LO QUE IMPONE SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA; POR TANTO, SE ORDENA DEJAR SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, MISMA QUE FUE FIJADA A LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación que antecede, se advierte que en auto de veintitrés de julio del año en curso, conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo y 22 de la misma ley, se ordenó a la parte quejosa que dentro del plazo de veinte días siguientes a aquél en que le surtiera efectos la notificación de dicho proveído, debía: recoger los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado ********************, entregarlos para su publicación, y demostrar tal entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); sin que hasta este momento procesal hubiese acreditado ante este juzgado federal la entrega de los aludidos edictos para su publicación, o bien, haya realizado manifestación al respecto. En ese contexto, debe señalarse que el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del amparo. En tal virtud, este juzgador llega al convencimiento de que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 63 fracción II, en relación con los artículos 5º, fracción III, inciso c) y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. III.- El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter.. c). La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad.". Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto. b). Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición se sobreseerá el amparo". Del transcrito artículo 27, fracción III, se advierte que el emplazamiento al tercero interesado, al juicio de amparo, deberá efectuarse en forma personal; sin embargo, si no consta en autos el domicilio correspondiente o el que obre resulte inexacto, el órgano de amparo dictará las medidas pertinentes con el propósito de investigarlo; si a pesar de ello, no pudiere efectuarse el emplazamiento a juicio, éste se hará por edictos a costa del quejoso, según lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles; en el supuesto de que el impetrante de amparo no acredite haber entregado para su publicación los edictos, en un plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el juicio de amparo. De lo anterior, se deduce que la ley de la materia establece un procedimiento específico para que se logre el emplazamiento a juicio del tercero interesado, asimismo, prevé una sanción procesal para el quejoso, en caso de que no cumpla con la obligación de acreditar la publicación de los edictos en los términos y condiciones regulados para tal efecto, a saber, el sobreseimiento en el juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad". En ese tenor, dada la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, y en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero o terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constitucional constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de interés en publicar los edictos, impide a este juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, torna improcedente el presente juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado, sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, al quedar paralizado un juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia al retardarse la solución del conflicto, sin que sea esto atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley, y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que por auto de treinta de abril del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por********************por propio derecho, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, se ordenó su emplazamiento; en consecuencia, ante la imposibilidad de lograr su emplazamiento, en proveído de siete de mayo del año en curso, se requirió a la parte quejosa a efecto de que proporcionara un diverso domicilio donde pudiera ser emplazado el aludido tercero interesado. En ese sentido, y toda vez que no fue posible emplazar a dicha parte procesal en los domicilios proporcionados por la parte quejosa, en acuerdos de diecisiete y veinticinco de mayo del presente año, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en determinación de quince de junio de dos mil dieciocho, se ordenó girar medidas de investigación a diversas dependencias a efecto de localizar un domicilio en el cual se pudiera emplazar el aludido tercero interesado. Posteriormente, una vez que se agotó el procedimiento de investigación previsto por el citado numeral, en auto de trece de julio del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que manifestara alguna circunstancia que le impidiera cumplir con la publicación de edictos a fin de emplazar al citado tercero interesado. Mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, al haber sido omiso el impetrante de amparo en realizar manifestaciones en relación al requerimiento realizado en el aludido acuerdo, se ordenó emplazar al tercero interesado ********************, por medio de edictos; en el entendido que las publicaciones respectivas se encontraban a cargo de la parte quejosa, conforme a los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, motivo por el cual se le requirió para que dentro del plazo de veinte días siguientes a aquél en que le surtiera efectos la notificación de dicho proveído, realizara lo siguiente: I) Recogiera los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado ********************; II) Entregara para su publicación, y III) Acreditara ante este órgano su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Dicho requerimiento, fue debidamente notificado a la parte quejosa desde el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, como consta en autos del expediente. Empero, el impetrante de amparo fue completamente omiso en dar cumplimiento a las exigencias enunciadas en los incisos antes precisados, y tampoco realizó manifestación al respecto, o en su defecto, sobre la imposibilidad que tuviere para ello. En consecuencia, ante la manifiesta falta de interés de la parte quejosa en que el presente expediente quede debidamente integrado, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio constitucional. Ilustra al respecto la siguiente tesis jurisprudencial emitida, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo". Cabe añadir que no se soslaya el incumplimiento al trámite de publicación de edictos una vez ordenados por el juzgador de amparo, no siempre da lugar al sobreseimiento en el juicio, pues en el supuesto de que el quejoso manifieste su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza al ser una persona de escasos recursos, previo análisis de ello, en términos del artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se podría ordenar su publicación sin costo; empero, en el caso no opera esa hipótesis, ya que el peticionario de amparo no realizó manifestación alguna en ese sentido, y además, de los elementos que constan en autos, no se deducen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante. Resulta aplicable por las razones que la informan la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que reza: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE ORDENARLO A COSTA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO PUEDA TENER COMO CONSECUENCIA PRIVAR DE LA LIBERTAD AL QUEJOSO Y ÉSTE MANIFIESTE SU IMPOSIBILIDAD ECONÓMICA PARA CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 84/2011). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", emitida bajo el régimen de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que, de resultar procedente el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado en un juicio de amparo directo en materia penal, era suficiente con que el quejoso expresara su insolvencia económica para pagar su publicación -derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria reclamada o de sus condiciones personales- para que se ordenara que el costo corriera a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, dicho criterio es aplicable en el amparo indirecto, cuando el acto reclamado puede tener como consecuencia la privación de la libertad del quejoso y éste manifieste su imposibilidad económica para cubrir dicho gasto, ello en atención a la naturaleza del citado derecho fundamental. De otra manera, esperar a que el procedimiento culmine con una sentencia condenatoria, a fin de que prospere llamar a la parte tercera interesada (en términos de la ley vigente), por edictos con cargo al erario público, dada la insolvencia del quejoso, atenta contra el principio de justicia pronta y expedita; máxime si el derecho que pretende salvaguardarse -libertad- posiblemente ya fue violentado. Sin que lo anterior pugne con la jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.), publicada en el citado medio de difusión oficial el viernes 25 de abril de 2014 y en su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 727, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS.", porque en ella se prevé la posibilidad de eximir al quejoso de pagar el gasto relativo a la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, cuando así proceda; lo que además se robustece con el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo vigente". En función de lo expuesto, resulta inconcuso que en la especie se actualiza de manera notoria, plena e indudable la causal de improcedencia que señala el artículo 63 fracción II, en relación con los artículos 5º, fracción III, inciso c) y 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia; por tanto, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional, misma que fue fijada a las diez horas con diez minutos del seis de septiembre del año en curso. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de José María Pliego Moreno, secretario que da fe.
- Principal
Vista; la cuenta que antecede, se advierte que está programada para esta fecha la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días hábiles, otorgados a la parte quejosa en proveído de veintitrés de julio pasado... En este contexto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista a todas las partes, incluidas las responsables.
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