Mariano Guillen Castañeda

Expediente 1194/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1194/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Mariano Guillen Castañeda
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Del estado procesal que guardan las presentes actuaciones, y la copia de cuenta, advierto que con esta fecha ordené el archivo del juicio principal del cual deriva el incidente en que se actúa. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por lo tanto, en esta fecha también ordeno el archivo del presente incidente de suspensión. Sobre todo porque advierto la inexistencia de billete de depósito o garantía exhibida por el quejoso cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, determino que el original y el duplicado del incidente de suspensión son destruibles, porque se negó la medida provisional y definitiva solicitadas. Lo cual sucederá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivado de este juicio. Por último, instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico de este incidente de suspensión, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos, advierto el proveído de once de junio de dos mil diecinueve (fojas 208 a 210), por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual hice del conocimiento a algunas partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas en caso de omitir hacerlo, tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, declaro que dicho acuerdo ha causado estado porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. En ese contexto, ordeno hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Además, descarto emitir oficio para notificar este acuerdo a la autoridad responsable, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado, aunado a que si la responsable o el fiscal adscrito desearan conocer el estado de este juicio, tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, dejo establecido que si la responsable pidiera conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio donde lo solicite; lo mismo habrá de suceder con cualquier otra parte que presente escrito para conocer el estado procesal. Asimismo, dejo establecido que ningún documento original debe ponerse a disposición de las partes. Por último, ordeno glosar copia autorizada de este proveído al cuaderno incidental, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    De la certificación precedente y el estado procesal de este juicio, observo que ha concluido el plazo de tres días concedido al quejoso y al fiscal adscrito, mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 203) para manifestarse respecto de los actos efectuados por la autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, procedo a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico revisaré si los actos realizados por la responsable obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, resalto que durante la audiencia constitucional de once de febrero de dos mil diecinueve (foja 64) dicté una sentencia en la cual decreté la inexistencia de los actos reclamados. Interpuso revisión el quejoso. Ese recurso correspondió a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quienes dictaron una ejecutoria el cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 115 a 135) en la cual revocaron mi sentencia y otorgaron la protección constitucional. De ahí que la única autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General del Sistema Tradicional adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional, quedara obligada a cumplir los efectos siguientes: ".de estimarlo pertinente, en términos de lo establecido por el artículo 219 de la ley adjetiva penal estatal aplicable, o en su defecto, en la forma que prevé el numeral 30 bis de dicha legislación; en el entendido que la determinación de una nueva consignación o la de archivo correspondiente, deberá pronunciarla en un término que no podrá exceder de quince días hábiles; término que se otorga tomando en consideración que previo a su emisión, la autoridad responsable deberá localizar la averiguación de que se trata o en su defecto, ordenar su reposición.". Mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 136 y 137) recibí la ejecutoria de la superioridad y requerí a la única autoridad responsable que procediera al cumplimiento de la protección. Por oficios 1291/2019-MU y 1317/2019-MU (fojas 186 a 202) la autoridad ministerial responsable envió copias certificadas de algunas constancias realizadas en la averiguación previa +++++, con las cuales afirmó haber cumplido los términos de la protección. En acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 203) otorgué una vista de tres días al quejoso y al fiscal adscrito a este juzgado, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad obligada. Tanto el quejoso como el fiscal en mención, omitieron presentar escritos durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificados en forma debida. Ahora, las copias que remitió la autoridad ministerial responsable (fojas 186 a 202) tienen pleno valor probatorio como documento público, debido a que fueron certificadas por un servidor público con facultades legales para autenticar documentos. De modo que puedo utilizarlas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, procedo a revisar si las actuaciones recibidas en copias certificadas, se ajustan a los efectos de la protección otorgada. Así, puntualizo que esas copias revelan que la autoridad ministerial responsable emitió una resolución el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la cual determinó el no ejercicio de la acción penal contra el quejoso, por atipicidad de los hechos relativos a un supuesto fraude, motivo por el cual ordenó el archivo de la indagatoria ++++ Además, remitió copias certificadas de la notificación realizada a un autorizado del quejoso, respecto de esa determinación, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, declaro que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, ordeno dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído al quejoso, para que si lo desea pueda recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) puntualizo los datos siguientes: a) Decreté el sobreseimiento en la audiencia constitucional de once de febrero de dos mil diecinueve; b) Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dictaron una ejecutoria el cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 115 a 135) en la cual revocaron mi sentencia y otorgaron la protección al quejoso; c) El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, recibí la ejecutoria de la superioridad; d) La autoridad responsable obligada, terminó de cumplir la protección constitucional, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, fecha cuando realizó la notificación a un autorizado del quejoso (foja 202). e) El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, recibí en la oficialía de este juzgado el oficio 1317/2019-MU (fojas 199 a 202) donde la autoridad responsable aportó copia certificada de la referida notificación; y f) En la presente fecha, once de junio de dos mil diecinueve, declaré cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: De la certificación precedente y el estado procesal de este juicio, observo que ha concluido el plazo de tres días concedido al quejoso y al fiscal adscrito, mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 203) para manifestarse respecto de los actos efectuados por la autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, procedo a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico revisaré si los actos realizados por la responsable obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, resalto que durante la audiencia constitucional de once de febrero de dos mil diecinueve (foja 64) dicté una sentencia en la cual decreté la inexistencia de los actos reclamados. Interpuso revisión el quejoso. Ese recurso correspondió a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quienes dictaron una ejecutoria el cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 115 a 135) en la cual revocaron mi sentencia y otorgaron la protección constitucional. De ahí que la única autoridad responsable, Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Única de Investigación de Delitos en General del Sistema Tradicional adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Sistema Tradicional, quedara obligada a cumplir los efectos siguientes: ".de estimarlo pertinente, en términos de lo establecido por el artículo 219 de la ley adjetiva penal estatal aplicable, o en su defecto, en la forma que prevé el numeral 30 bis de dicha legislación; en el entendido que la determinación de una nueva consignación o la de archivo correspondiente, deberá pronunciarla en un término que no podrá exceder de quince días hábiles; término que se otorga tomando en consideración que previo a su emisión, la autoridad responsable deberá localizar la averiguación de que se trata o en su defecto, ordenar su reposición.". Mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 136 y 137) recibí la ejecutoria de la superioridad y requerí a la única autoridad responsable que procediera al cumplimiento de la protección. Por oficios 1291/2019-MU y 1317/2019-MU (fojas 186 a 202) la autoridad ministerial responsable envió copias certificadas de algunas constancias realizadas en la averiguación previa +++++, con las cuales afirmó haber cumplido los términos de la protección. En acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 203) otorgué una vista de tres días al quejoso y al fiscal adscrito a este juzgado, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad obligada. Tanto el quejoso como el fiscal en mención, omitieron presentar escritos durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificados en forma debida. Ahora, las copias que remitió la autoridad ministerial responsable (fojas 186 a 202) tienen pleno valor probatorio como documento público, debido a que fueron certificadas por un servidor público con facultades legales para autenticar documentos. De modo que puedo utilizarlas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, procedo a revisar si las actuaciones recibidas en copias certificadas, se ajustan a los efectos de la protección otorgada. Así, puntualizo que esas copias revelan que la autoridad ministerial responsable emitió una resolución el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la cual determinó el no ejercicio de la acción penal contra el quejoso, por atipicidad de los hechos relativos a un supuesto fraude, motivo por el cual ordenó el archivo de la indagatoria ++++ Además, remitió copias certificadas de la notificación realizada a un autorizado del quejoso, respecto de esa determinación, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, declaro que la ejecutoria de protección que rige el presente juicio, fue cumplida por la autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, ordeno dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído al quejoso, para que si lo desea pueda recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) puntualizo los datos siguientes: a) Decreté el sobreseimiento en la audiencia constitucional de once de febrero de dos mil diecinueve; b) Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dictaron una ejecutoria el cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 115 a 135) en la cual revocaron mi sentencia y otorgaron la protección al quejoso; c) El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, recibí la ejecutoria de la superioridad; d) La autoridad responsable obligada, terminó de cumplir la protección constitucional, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, fecha cuando realizó la notificación a un autorizado del quejoso (foja 202). e) El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, recibí en la oficialía de este juzgado el oficio 1317/2019-MU (fojas 199 a 202) donde la autoridad responsable aportó copia certificada de la referida notificación; y f) En la presente fecha, once de junio de dos mil diecinueve, declaré cumplida la ejecutoria de amparo.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano