Mariano Gomez Rodriguez
Expediente 718/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mariano Gomez Rodriguez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado en que se encuentra el presente expediente y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por MARIANO GOMEZ RODRIGUEZ, contra actos del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECIMO TERCER DISTRITO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN SANTA MARIA DEL RIO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, con copia(s) y anexo(s) que se acompaña(n); fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 718/2021-I. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En este orden, cabe señalar que el dispositivo 61, fracción XXIII, de la ley citada, establece que el amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los aludidos numerales, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos, si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que, los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte el reclamo es: - Resolución emitida el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio civil reivindicatorio 197/2017, en la que se declara infundado un recurso de revocación interpuesto contra lo decidido respecto de un incidente de impugnación y objeción versus la emisión de un dictamen pericial. Lo que tiene como consecuencia, dejar firme la emisión y rendición de dicha cuestión probatoria de preparación especial. Luego, en el caso que nos ocupa, el acto que en esta vía se combate no es de imposible reparación. En razón, que la referida resolución constituye una violación procedimental en términos de la fracción VII, del numeral 172 de la Ley de Amparo. No afecta los derechos del promovente ni trasciende al fallo que pudiera dictarse ya que dicha cuestión quedaría subsanada, o no le depararía perjuicio en el caso de obtener resolución favorable en el juicio de origen de donde deriva el acto materia de reclamo. En efecto, la resolución emitida el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio civil reivindicatorio 197/2017, en la que se declara infundado un recurso de revocación interpuesto contra lo decidido respecto de un incidente de impugnación y objeción versus la emisión de un dictamen pericial. Lo que tiene como consecuencia, dejar firme la emisión y rendición de dicha cuestión probatoria de preparación especial, no debe impugnarse en amparo indirecto. Dicha determinación no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que sólo produce efectos intraprocesales. Los cuales, se insiste, pueden ser reparables si se obtiene sentencia en favor del peticionario. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y, fracción VII, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por MARIANO GOMEZ RODRIGUEZ, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, toda vez que precisa los datos de sus cédulas profesionales, las cuales se encuentran registradas en el Sistema respectivo. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe(n) con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese; hágase personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACION QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por MARIANO GOMEZ RODRIGUEZ, contra actos del JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECIMO TERCER DISTRITO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN SANTA MARIA DEL RIO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, con copia(s) y anexo(s) que se acompaña(n); fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 718/2021-I. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En este orden, cabe señalar que el dispositivo 61, fracción XXIII, de la ley citada, establece que el amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme a los aludidos numerales, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos, si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que, los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte el reclamo es: - Resolución emitida el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio civil reivindicatorio 197/2017, en la que se declara infundado un recurso de revocación interpuesto contra lo decidido respecto de un incidente de impugnación y objeción versus la emisión de un dictamen pericial. Lo que tiene como consecuencia, dejar firme la emisión y rendición de dicha cuestión probatoria de preparación especial. Luego, en el caso que nos ocupa, el acto que en esta vía se combate no es de imposible reparación. En razón, que la referida resolución constituye una violación procedimental en términos de la fracción VII, del numeral 172 de la Ley de Amparo. No afecta los derechos del promovente ni trasciende al fallo que pudiera dictarse ya que dicha cuestión quedaría subsanada, o no le depararía perjuicio en el caso de obtener resolución favorable en el juicio de origen de donde deriva el acto materia de reclamo. En efecto, la resolución emitida el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio civil reivindicatorio 197/2017, en la que se declara infundado un recurso de revocación interpuesto contra lo decidido respecto de un incidente de impugnación y objeción versus la emisión de un dictamen pericial. Lo que tiene como consecuencia, dejar firme la emisión y rendición de dicha cuestión probatoria de preparación especial, no debe impugnarse en amparo indirecto. Dicha determinación no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que sólo produce efectos intraprocesales. Los cuales, se insiste, pueden ser reparables si se obtiene sentencia en favor del peticionario. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y, fracción VII, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por MARIANO GOMEZ RODRIGUEZ, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, toda vez que precisa los datos de sus cédulas profesionales, las cuales se encuentran registradas en el Sistema respectivo. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe(n) con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese; hágase personalmente
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