Mariano García Méndez
Expediente 587/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mariano García Méndez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de cinco de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Mariano García Méndez, Casilda Lucero Vázquez y Hermelinda García Lucero, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Visto el escrito de cuenta presentado conjuntamente por los quejosos Mariano García Méndez, Casilda Lucero Vázquez y Hermelinda García Lucero, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital y otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno con el número 587/2017 y fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que se transcribe a continuación: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de los promoventes de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En tal sentido, se tiene que los peticionarios de amparo Mariano García Méndez, Casilda Lucero Vázquez y Hermelinda García Lucero, reclaman en esencia el citatorio de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, para que comparecieran ante la Agencia de Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos con residencia en Olinalá Guerrero, el tres de junio de dos mil diecisiete, a las doce horas. Respecto de lo cual, esta Juzgadora advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente respecto de los actos reclamados expresamente, precisados, al actualizarse las causales previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es Improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Entonces, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir a los quejosos en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. En el caso, es de advertir que el citatorio de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Olinalá, que reclaman en el presente juicio tenía como finalidad la comparecencia de los quejosos Mariano García Méndez, Casilda Lucero Vázquez y Hermelinda García Lucero, para las doce horas del tres de junio dos mil diecisiete; de lo que es inconcuso que la fecha en la cual tendrían que comparecer los aludidos quejosos ya transcurrió, por lo que en caso de concederse la sentencia de amparo carecería de efectos prácticos. Resulta aplicable al caso, la Tesis I.4o.C.45.K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que se puede apreciar en la página 2002 del Tomo XXXI, de Enero de 2010, que dice: "ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que impera en lo decidido sobre la acción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que la fracción IX del artículo 73 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías." De esa manera, dado que el artículo 6° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo únicamente debe promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que implica que uno de los presupuestos indispensables que debe concurrir para la procedencia constitucional es la demostración de la afectación del interés jurídico del quejoso, entendiéndose como interés jurídico, el derecho reconocido en favor de su titular por el ordenamiento jurídico vigente, que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los Tribunales Federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior se sostiene, dado que la instauración del juicio de amparo ante los órganos de jurisdicción federal tiene como requisito sine qua non, que el sujeto de derecho que promueve resienta en su perjuicio la aplicación del acto que estima inconstitucional, esto es, la legitimación para poder instar la protección constitucional respecto de actos que se vinculen directamente con él; es decir, la condición particular y concreta que se deriva del objeto del proceso en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la tesis IV.3°.A.T.29 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable a página 1675, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN.". En ese orden de ideas, los actos reclamados destacados se traducen en actos futuros e inciertos, dado que su realización podría no acontecer; por tanto, como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia, por ello debe considerarse como futuro y de realización incierta, por lo que se concluye que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover juicio de amparo en su contra, dado que dicho acto no le ocasiona un agravio personal y directo en su esfera jurídica de derechos. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia e inejercitabilidad de la acción de amparo prevista por los precitados artículos 6º y 61, fracciones XVI y XXIII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con apoyo en el diverso numeral 113, de la propia ley. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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