Mariano G. Acuña Sánchez Díaz
Expediente 143/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Mariano G. Acuña Sánchez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de junio de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Del estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "1. Deje insubsistente la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 2. Dicte otra resolución, en la que analice la posibilidad de que se liquide el laudo dictado a favor del quejoso, conforme a las partidas presupuestales a que se refiere el Manual de Programación y Presupuestación para el año dos mil veintiuno" Posteriormente, por acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada; en consecuencia, se requirió a las responsables por el cumplimiento de la ejecutoria, antes mencionada. III. Calificativo de cumplimiento. En ese orden de ideas, por oficio recibido en este juzgado el diecinueve de mayo pasado, el secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del oficio de siete de mayo del año en curso, del cual se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de mayo de la presente anualidad, dejó insubsistente la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, y dictó una nueva resolución en la determinó que sí existe la posibilidad de liquidar el laudo dictado a favor del quejoso, y ordenó girar oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, para efecto de que informe si las partidas a que se refiere el Manual de Programación y Presupuestación del año dos mil veintiuno, cuentan con recursos para liquidar el laudo dictado a favor del quejoso en el expediente de origen 142/2016. Por lo anterior, mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria; y al respecto manifestó que se requiriera a las responsables por el cumplimiento, pues estas no habían aplicado las medidas legales necesarias que tienen a su alcance para hacer cumplir sus determinaciones; y además, conforme a los manuales de programación y presupuestación que contienen partidas especiales para el pago de las prestaciones de los trabajadores del servicio civil del Estado de Sonora. Sin embargo, no obstante las manifestaciones realizadas por la quejosa, este juzgador considera que la sentencia de amparo ha quedado cumplida en su totalidad, toda vez que la responsable el diecisiete de mayo pasado, dejó insubsistente la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, y emitió una nueva en la que determinó que si existe posibilidad de liquidar el laudo dictado a favor del quejoso, para lo cual ordenó girar el oficio respectivo. En esa intelección, por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica como totalmente cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. IV. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 , archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VI. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. 1 En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de junio de dos mil veintidós. Manifestaciones. Glósese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual vierte manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el numeral 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas tales manifestaciones y tómense en consideración al momento de pronunciarse en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Del estado de los autos se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que por un lado sobreseyó, y por otro concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, para efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 2. Dicte otra resolución, en la que analice la posibilidad de que se liquide el laudo dictado a favor del quejoso, conforme a las partidas presupuestales a que se refiere el Manual de Programación y Presupuestación para el año dos mil veintiuno." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. Conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que en plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva informar a este juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de incumplir injustificadamente, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6 K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, de rubro: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con tres minutos del dieciocho de abril de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en el sumario y da cuenta con la demanda de amparo, con las constancias de emplazamiento de las partes y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse de tales informes. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar la documental aportada por la parte quejosa, y el tribunal de justicia administrativo señalado como responsable al rendir el informe con justificación. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las documentales referidas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario certifica y hace constar que ninguna de las partes formularon alegatos por escrito. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para realizarlos; con lo anterior se cierra esta fase. Al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución en los siguientes términos: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 143/2022; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Mediante demanda de amparo presentada el cuatro de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, recibida en este juzgado de Distrito el día hábil siguiente, Mariano G. Acuña Sánchez Díaz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto reclamado al magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y otra autoridad, de esta ciudad. El once de febrero siguiente, este juzgado federal ordenó formar el expediente y registrarlo en el libro de gobierno bajo el número 143/2022; admitió a trámite la demanda; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio a la representación social adscrita la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto cuya ejecución material tendrá verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los que a continuación se transcriben: ". A).- El acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual la autoridad responsable MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA resuelve no vincular a la Secretaría de Hacienda para efecto de que pongan a disposición ante la autoridad responsable cantidad líquida para cubrir lo establecido en el laudo definitivo, puesto que, la Secretaría de Hacienda, es la administración de los recursos del Estado, y de las secretarías o dependencias públicas, de acuerdo al MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2021, debe de cubrir las indemnizaciones de acuerdo a la partida presupuestaria "152 indemnizaciones" asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones por despido entre otros supuestos laborales, establecidas en las partidas presupuestales 15201, 15202, 15203,15204. B).- A la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, se le reclama la omisión de cubrir la deuda establecida en la sentencia definitiva dictada el diez de septiembre de dos mil diecinueve dentro del expediente del servicio civil 142/2016 deuda perteneciente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, y dichas prestaciones deben cubrirse de acuerdo a la partida presupuestal para indemnizaciones, tal y como se prevé en el Manual de Programación y Presupuestación 2021, respecto de la partida genérica número 152 correspondiente a las indemnizaciones, en la partida número 15204, de SENTENCIAS LABORALES." IV. Inexistencia del acto reclamado 6. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, precisado en el inciso B), pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir el informe justificado. 7. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, en relación con el acto antes aludido, ni desvirtuó la negativa formulada por la autoridad apenas mencionada; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia del acto reclamado. 8. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, en relación con el acto reclamado en comento. 9. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 10. De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Certeza del acto reclamado 11. Por otra parte, es cierto el acto reclamado al magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir el informe correspondiente. 12. Lo anterior, se corrobora con las constancias que la responsable remitió en apoyo, consistentes en los autos del expediente 142/2016. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2. Causas de improcedencia Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, pues de resultar fundada alguna de las hipótesis que se establecen en el numeral 61 de la citada ley, sería imposible el estudio de la litis planteada. Estudio de fondo Toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia y, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte que se configure alguna, procede analizar el fondo de la controversia constitucionalmente planteada. Ahora, en el primero de los conceptos de violación, la parte quejosa aduce en lo medular, que la determinación reclamada de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, adolece de falta de fundamentación y motivación, en virtud de que ante la petición de la parte quejosa, en el sentido de que se solicitara mediante oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, informe sobre las cuentas bancarias en las que se encuentren los recursos destinados en las partidas presupuestales establecidas en el Manual de Programación y Presupuestación del año dos mil veintiuno, para efecto de que se le cubra el importe a que fue condenada la Secretaria de Educación y Cultura en el laudo dictado en el juicio de origen; la autoridad responsable se limitó a negar la procedencia de la petición, en virtud de que la Secretaría de Hacienda no fue llamada al juicio de origen. Argumento que es esencialmente fundado, por las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas. Para abordar el estudio de los conceptos de violación, es indispensable tener en cuenta, en primer término, lo dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal que dice textualmente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". Del texto transcrito se advierte que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que el precepto legal aplicable al caso ha de expresarse con precisión y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así, dicho precepto constitucional consagra la garantía de legalidad consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, lo que significa, respectivamente, que el acto de autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, que exprese las circunstancias y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco establecido por la ley. En síntesis, para que una autoridad cumpla con los extremos del párrafo primero del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Así, resulta necesario destacar que la falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que produce la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambos requisitos (fundamentación y motivación) en los actos de autoridad, puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y, la correspondiente a su indebida o incorrecta. Se produce la falta de fundamentación y motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, existe una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí invoca el precepto legal pero el mismo resulta inaplicable al asunto, por sus características específicas, que impiden su adecuación o subsunción en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto que sí se indican las razones que toma en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en discrepancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. En el presente caso, la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, lo cual amerita el análisis que se inicia a continuación. El diez de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó laudo en los autos del juicio 142/2016, y se condenó a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, al pago de diversas prestaciones. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a petición de la parte actora, se comisionó al actuario del tribunal, a efecto de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada a fin de requerirlo por conducto de su representante legal, para que en el acto de la diligencia de cumplimiento a la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, y pague al actor las prestaciones a que fue condenado. Por auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se fijó el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno para que se lleve a cabo la diligencia de ejecución forzosa ordenada en el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Por escrito presentado por la parte actora el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno ante la autoridad responsable, solicitó textualmente lo siguiente: ". Que vengo por medio del presente escrito y en virtud de que la parte demandada no dio cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, solicito se gire atento oficio a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para efectos de que informe en que cuentas bancarias y de que institución se encuentran los recursos destinados en las partidas presupuestales establecidas en el Manual de Programación y Presupuestación 2021 proveniente de la subsecretaría de egresos Gobierno del Estado de Sonora-Secretaría de Hacienda, sobre las partidas presupuestales "152 indemnizaciones", asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme a la legislación aplicable; tales como: por accidente de trabajo, por despido, entre otros y sus derivadas partidas presupuestales 15201, 15202, 15203, 15204. Asimismo, solicito girar oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado, para que ponga a disposición de esta Presidencia, la cantidad líquida que le corresponde por los conceptos establecidos en la condena del laudo definitivo, y que contemplan las partidas presupuestales supracitadas." En respuesta a la petición de la parte actora, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el magistrado presidente señalado como responsable, resolvió: ". Dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora no fue llamada a juicio en este asunto, ni fue condenada al pago de las prestaciones contenidas en la resolución de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve." Cierto, el magistrado presidente responsable se limitó a establecer que si la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora no fue llamada a juicio y no fue condenada al pago de las prestaciones contenidas en la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, no resultaba procedente vincularla al cumplimiento del laudo dictado en contra de la Secretaría de Educación y Cultura; sin embargo, era necesario que la autoridad responsable analizara la posibilidad de que, en base al Manual de Programación y Presupuestación de dos mil veintiuno, se obtuvieran recursos del Estado para liquidar el laudo dictado a favor del quejoso, en virtud de que la demandada lo es una dependencia del gobierno del Estado, a saber, la Secretaría de Educación y Cultura. Ahora bien, del Manual de Programación y Presupuestación 2021 se advierte: CAPITULO CONCEPTO PARTIDA DESCRIPCIÓN GENÉRICA ESPECÍFICA 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO Asignaciones destinadas a cubrir las cuotas que corresponden a los entes públicos para la constitución del fondo de ahorro del personal civil, según acuerdos contractuales establecidos. 15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO LOS TRABAJADORES Asignaciones destinadas a cubrir cuotas que corresponden a Dependencias y Entidades para la constitución del fondo de ahorro de los trabajadores, según acuerdos contractuales establecidos. 152 INDEMNIZACIONES Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme a la legislación aplicable; tales como: por accidente de trabajo, por despido, entre otros. 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL Asignaciones destinadas a cubrir las indemnizaciones legales al personal al servicio de las dependencias y entidades, en caso de accidentes sufridos durante el desempeño de sus labores. 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES Asignaciones destinadas a cubrir el pago de liquidaciones en terminos de las disposiciones aplicables. 15203 SENTENCIAS LABORALES Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones ó indeminizaciones derivadas de resoluciones emitidas por Autoridad competente. 15204 SENTENCIAS LABORALES (Aportaciones) Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones ó indeminizaciones derivadas de resoluciones emitidas por Autoridad competente (cuotas) Por lo anterior, si en el caso, del Manual de Programación y Presupuestación para el año dos mil veintiuno, contempla una partida presupuestal bajo la partida específica 15203 para el concepto de SENTENCIAS LABORALES (Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente); es inconcuso que existe la posibilidad de que el ahora quejoso sea liquidado conforme al laudo dictado, bajo ese concepto u otro diverso que contempla el referido Manual de Programación; sin embargo, al no haberlo hecho así, la determinación reclamada vulneró en perjuicio de la parte quejosa los principios de congruencia y exhaustividad, fundamentación y motivación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 74, de la ley de la materia, procede conceder a la parte quejosa el amparo solicitado, para efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno. 2. Dicte otra resolución, en la que analice la posibilidad de que se liquide el laudo dictado a favor del quejoso, conforme a las partidas presupuestales a que se refiere el Manual de Programación y Presupuestación para el año dos mil veintiuno. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio, respecto del acto reclamado en el apartado IV, por las razones que en el mismo se exponen. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mariano G. Acuña Sánchez Díaz, en contra del acto reclamado indicado en el considerando V, por las razones y para los efectos precisados en el apartado VII de este fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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