Mariano Eduardo Téllez Olaís
Expediente 1244/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1244/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Mariano Eduardo Téllez Olaís
Actuaciones
- Principal
cuatro de octubre de dos mil diecisiete En Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las nueve horas con quince minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien actúa con César Ricardo Rivera Rentería, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia prevista por el numeral 124 de la Ley de Amparo, sin la comparecencia de las partes. Abierta la misma, el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete, que proveyó sobre su admisión, constancias de notificación al quejoso, a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, e informe justificado con lo que oportunamente se dio vista a las partes. A lo anterior el Juez acuerda: téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierta la etapa probatoria, se tienen como pruebas de la autoridad responsable Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las constancias relativas al toca penal 0221/2017-II, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Se cierra la etapa probatoria y se abre la de alegatos, en donde se da cuenta que ninguna de las partes los formuló. Se cierra la fase de alegatos y sin pruebas que desahogar, ni promoción pendiente de acordar, se da por terminada esta diligencia, de la que se elabora la presente acta, pasando a dictar la resolución siguiente: Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1244/2017-VII, promovido por Mariano Eduardo Téllez Olaís, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama a los Magistrados de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes; y, R E S U L T A N D O: I. Demanda. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, el quejoso de mérito solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Trámite. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 1244/2017-VII, y se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la responsable su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha para la audiencia constitucional, que se celebró en los términos indicados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República y 107 de la Ley de Amparo, así como 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y jurisprudencia que bajo el número 69 aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama de los integrantes de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: La omisión de resolver el recurso de apelación que dio origen al toca penal 221/2017-II, que hizo valer en contra de la sentencia condenatoria, dictada el ocho de marzo de dos mil diecisiete, por el Juez Sexto Penal del Estado en el expediente 13/2011. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La Magistrada Presidenta de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión reclamada, por lo cual, se tiene por acreditada su existencia al tenor de la Jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página doscientos treinta y uno, y que es del texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, es necesario analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, sea que las aleguen las partes o que de oficio se adviertan, ello por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra vigencia la jurisprudencia publicada bajo el número 814 en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, no será necesario el análisis de los conceptos de violación vertidos en contra del acto reclamado, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo en virtud de que ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, del contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así, conforme a las razones que sustentan tales criterios, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Como se anticipó, el acto reclamado en este juicio de amparo es la omisión de resolver el recurso de apelación que dio origen al toca penal 221/2017-II, que hizo valer en contra de la sentencia condenatoria, dictada el ocho de marzo de dos mil diecisiete, por el Juez Sexto Penal del Estado en el expediente 13/2011. De las constancias que obran en el presente juicio de amparo, remitidas en copia certificada por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se advierte que: 1) El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, resolvió el recurso de apelación en el toca 221/2017-II, interpuesto por el aquí quejoso en contra de la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete, por el Juez Sexto Penal del Estado en el expediente 13/2011, por el delito de robo calificado en agravio de Guillermo Ramos Huerta y Martha Lorena Terrones Collazo. 2) El veintinueve de septiembre del mismo año, se notificó dicha resolución al aquí quejoso, en el Centro de Reinserción Social para Varones de esta ciudad. Luego, resulta indudable que con tal actuar de la autoridad responsable, se satisfacen los requisitos para tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior es así porque al haber dictado la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolución en el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso -que dio origen al toca penal 221/2017-, cesó la conducta de no hacer que se le atribuyó, con lo que cesaron los efectos de la omisión reclamada. Con ese actuar se destruyeron todos los efectos de la omisión reclamada, pues restituyó a la parte quejosa en el uso y disfrute del derecho violado que se estimó vulnerado. Finalmente, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, de tal manera que no se aprecia, por no haber quedado huella de ello, que la omisión reclamada invadiera la esfera jurídica del gobernado, ya que la parte quejosa logró que la autoridad responsable emitiera y le notificara la resolución cuya omisión de dictar reclamó. Así, la cesación de efectos se demostró plenamente, porque no está condicionada a cualquier otra circunstancia que pudiera afectarla, de modo que lo que procede es sobreseer este juicio de amparo, al sobrevenir la causal de prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 1244/2017-VII, promovido por Mariano Eduardo Téllez Olaís, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante César Ricardo Rivera Rentería, Secretario que autoriza y da fe.
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recepción de oficio...VII
- Principal
informe justificado...VII
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