Mariano Edgar Díaz Hernández
Expediente 159/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/04/2023
Partes del expediente
- Mariano Edgar Díaz Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Valoración Vista la certificación de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo solicitado, para los efectos siguientes: ".inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, emita un acuerdo en el que señale fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los términos establecidos en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en el expediente laboral 508/2022". El quince de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia emitida, por lo que se requirió a la responsable a fin de que diera cumplimento a la misma. Así, mediante proveído de veintisiete de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual, remitió copia certificada del auto de veintidós de marzo del año actual, dictado en el expediente laboral 508/2022, de su índice. Por tanto, del examen de dicha constancia, misma que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2°, tiene valor probatorio pleno; se desprende que se atendió el efecto del fallo protector, dado que, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, emitió auto en el que señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral 508/2022, de su índice, dentro de los términos establecidos en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Cumplida Sobre esas circunstancias, se considera que la responsable acató los lineamientos esenciales de la ejecutoria de amparo, a través de la cual se restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Consecuentemente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria Miriam Leticia Soto Sánchez, que da fe.
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Toluca, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual, en atención al requerimiento de quince de marzo del año actual, remite copia certificada del auto de veintidós de los actuales, dictado en el expediente laboral ********************, de su índice, del que se advierte que señaló las ocho horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas. Vista En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria María Eréndira Pérez Pérez, que da fe.
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Sentencia: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 159/2023-IV-B; promovido por Mariano Edgar Díaz Her********************, por propio derecho; y, Resultando: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el tres de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; Mariano Edgar Díaz Her********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de la autoridad y acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- El H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio ubicado en: CALLE RAFAEL M. HIDALGO OTE. No. 301, ESQ. CON PROLONGACIÓN DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, COLONIA CUAUHTÉMOC, PLANTA BAJA, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO.- La abstención y omisión en la que ha incurrido el H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO en el expediente laboral número ********************, al NO EMITIR EL ACUERDO QUE SEÑALE DÍA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, incumpliendo así lo establecido en el artículo 229 y demás relativos y aplicables de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, quien por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, radicó la demanda con el número 159/2023-IV-B; se admitió a trámite, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y Considerando: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 en relación con el 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse una omisión a una autoridad del trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce competencia este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que el quejoso Mariano Edgar Díaz Her********************, reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, lo siguiente: La omisión en señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 14). Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora de las constancias que adjuntó al mismo (auto de radicación de ******************** y razones actuariales de seis y siete de octubre de la anualidad pasada relativas al emplazamiento de la parte demandada), además refirió que al día en que rindió su informe justificado (diecisiete de febrero de dos mil veintitrés), dadas las cargas de trabajo, no había sido posible dar continuidad al juicio laboral ********************, en los términos previstos por la ley aplicable. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". No obstante, es menester señalar que no fueron expuestas por las partes ni existen causas de improcedencia que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión al peticionario de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio del fondo del asunto. La parte quejosa en su único concepto de violación aduce de manera esencial que la responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, en virtud de que no se le ha administrado justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, incumpliéndose las formalidades esenciales del procedimiento. De inicio, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El precepto constitucional referido, consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés sometidas a su consideración. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos fijados en las leyes; de esta manera, se puede afirmar que la impartición de justicia adecuada se produce, en cuanto mira a la celeridad, es decir, si las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad juzgadora, para que pronuncie sus determinaciones dentro de un espacio temporal determinado. Asimismo, el artículo 229, segundo párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en lo que interesa, establece: ".El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia. " Del anterior precepto legal se desprende que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por mandato constitucional proporciona una garantía de justicia pronta a las partes contendientes, toda vez que establece el plazo que en que el Tribunal deberá señalar fecha para celebrar la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, a saber, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la contestación de demanda o hubiera transcurrido el plazo para ello. Así, de las constancias que obran en autos, se advierte que la demanda laboral se radicó bajo el número ********************, mediante determinación de ********************, en la que se ordenó emplazar a la parte demandada Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Metepec, Estado de México, circunstancia que aconteció el siete de octubre del año pasado. De lo relatado en el párrafo precedente, se aprecia que desde el siete de octubre de dos mil veintidós, fecha en que el Tribunal responsable emplazó a la parte demandada, no ha señalado fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral de origen, lo que pone en evidencia que al día de hoy, se excede el plazo de tres días a que se refiere el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Sin que obste a lo anterior, que la parte demandada no haya dado contestación a la incoada en su contra, pues del numeral antes transcrito se aprecia que una vez fenecido el término para dar contestación, en un plazo no mayor a tres días hábiles, emitirá el acuerdo donde deberá señalar día y hora para audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se llevará a cabo en los diez días hábiles siguientes. En ese sentido, se concluye que el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa resulta fundado, ya que la dilación reclamada por la promovente de amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada Tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, no así retardarlo injustificadamente. Por ende, es evidente que el Tribunal responsable no ha cumplido con lo establecido en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ya que al día de hoy no ha señalado fecha para la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, retardando así la integración del juicio laboral ********************, violando en perjuicio de la parte quejosa el principio de administración de justicia pronta y expedita a que se contrae el artículo 17 constitucional, prolongando la administración de justicia en forma injustificada. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 113/2001, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página: 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En ese orden, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, emita un acuerdo en el que señale fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los términos establecidos en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en el expediente laboral ********************. Sin que el resultado que se obtenga, sea objeto de análisis en el presente juicio. Lo anterior, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben delimitarse en función del acto reclamado y, en consideración, a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, lo cual ha sido plasmado en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 732, del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En el entendido de que una vez que emita el auto respectivo y lo informe a este juzgado, deberá remitir la constancia que lo acredite. Se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia no ha transcurrido el plazo otorgado a las partes para que se impusieran del contenido del informe justificado; en virtud a que es inconcuso que la presente sentencia no afecta a la parte quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mariano Edgar Díaz Her********************, contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, consistente en la omisión en señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral ********************, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. *
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual, rinde su informe justificado; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Pruebas Respecto a las pruebas que ofrece, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional; asimismo, se tienen como probanza del quejoso, por así haberlo peticionado en su demanda de amparo. Transferencia Por otra parte, a efecto de acatar el principio estatuido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la impartición de justicia pronta y expedita, y toda vez que la autoridad no ha señalado día y hora para la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral de origen, la audiencia constitucional prevista para el siete de marzo del año en curso, se transfiere, para las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Como apoyo a lo anterior, por los razonamientos ahí contenidos y sin perjuicio de que los artículos a que alude son relativos a la Ley de Amparo abrogada, dado que su contenido no se contrapone con el texto vigente, se invoca la tesis I.5o.C.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. ****.".
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