Mariano Alejandro Méndez Campos
Expediente 311/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Mariano Alejandro Méndez Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: *** En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso e) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente asunto, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias ahí decretadas; por lo que hace al duplicado del citado incidente, de conformidad con dicho Acuerdo General, procédase a su desintegración material en el término de seis meses.
- Principal
Se dicta sentencia constitucional el día de la audiencia en la que se: resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***.
- Incidental
Se dicta interlocutoria.- Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva en términos del considerando único de esta resolución.
- Incidental
I. Trámite del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, del que se agrega copia certificada, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 311/2016, promovido por ******, contra actos de la autoridad denominada Delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Zona Norte, con residencia en esta ciudad, y otras. II. Informes previos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 138 y 139, de la Ley de Amparo, solicíteseles a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, para lo cual se les remite copia de la demanda. III. Apercibimiento de las autoridades responsables. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir sus informes previos, se presumirá cierto el acto que de ellas se reclama, para el sólo efecto de la suspensión, y se les impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo. IV. Audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. V. Acto (s) reclamado (s). Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de detención girada en su contra. VI. Solicitud de suspensión provisional. El quejoso solicita la suspensión en los siguientes términos: "... solicito se me conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva de los actos reclamados, toda vez que no se sigue en perjuicio de interés social ni contravienen disposiciones de orden público y si por el contrario en caso de ejecutarse, me causarían perjuicios irreparables como lo es la perdida de mi libertad personal..." VII. Concesión o negativa de la suspensión. Ahora bien, si el acto reclamado deriva de un delito o delitos que se imputan a la parte incidentista, para los cuales aún no ha entrado en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, contenido en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el diecisiete mayo de dos mil trece, en el Periódico Oficial del Estado, los efectos de la suspensión se proveerán de conformidad con lo establecido en los artículos 124, 130, 136 y 138, de la Ley de Amparo (anterior a la publicada el dos de abril de dos mil trece), acorde a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo Décimo transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Por otra parte, si el o los injustos que se atribuyen al peticionario de la medida cautelar, y de los cuales en su caso, deriva el acto reclamado, ya le son aplicables las disposiciones del nuevo sistema de justicia penal a que se hizo alusión, como fundamento de los efectos de la medida suspensional se invocan los numerales 128, 163, 166 y 168, de la ley de la materia vigente. Así las cosas, al encontrarse satisfechos los requisitos previstos por la Ley de Amparo, para decretar la suspensión de los actos reclamados, toda vez que la solicita la parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que son de difícil reparación los daños o perjuicios que se llegaren a ocasionar a la parte quejosa de ejecutarse el acto reclamado; lo procedente es conceder a ***, la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad en ejecución de la orden de detención reclamada a alguna institución del Ministerio Público señalada como responsables, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito, por cuanto a su libertad personal. Cabe precisar, que de materializarse la medida de captura reclamada, por tratarse de delito grave, o de prisión preventiva oficiosa, las autoridades señaladas como responsables o incluso aquéllas que sin tener tal calidad intervengan en su materialización, deberán respetar en todo momento los derechos humanos del quejoso. Resulta pertinente señalar que la presente medida cautelar no surtirá efecto alguno, en los siguientes casos: a) Si se pretende privar de la libertad al quejoso en cumplimiento de alguna orden restrictiva de libertad girada en su contra por autoridad judicial competente, o bien librada por una autoridad relacionada con la institución del Ministerio Público, distintas de las señaladas como responsables. b) Si se le sorprende en la comisión de flagrante delito o en el caso de urgencia a que se refiere el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Si las órdenes restrictivas de libertad fueron reclamadas por la parte quejosa en un juicio de amparo en el que se hubiere negado el amparo y protección de la justicia de la Unión. d) Si las órdenes tendentes a la privación de la libertad de la parte quejosa, son de fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue a las diez horas con treinta y un minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis. Además, debe decirse que la suspensión concedida surte efectos de inmediato, pero como medida de efectividad de la misma, se impone a la parte agraviada la obligación de presentarse ante la autoridad responsable ordenadora que acepte la existencia del acto reclamado, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que se ponga a la vista el informe respectivo, lo que deberá de acreditar dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de su comparecencia; lo anterior, para la práctica de las diligencias que la autoridad estime necesarias; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. Asimismo, se precisa que la suspensión concedida se revocará si el quejoso no exhibe dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que sea notificado de esta resolución, una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas legales. La garantía impuesta al quejoso podrá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley, y deberá contener los siguientes requisitos: 1. Que se expida ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Señalar el número de expediente; y, 3. Expresar el objeto para el cual se exhibe. Ahora, si la parte quejosa, opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá de contener, además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Lo anterior, se estipula como medida de aseguramiento de que no evadirá la acción de la justicia, a fin de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se conceda el amparo solicitado; garantía que al momento de pronunciarse la resolución definitiva en este incidente podrá ser modificada, ajustándola al monto estimado del probable daño causado por la comisión del delito, en el caso de que éste haya existido; a las probables sanciones pecuniarias a imponer que se desprenda del informe previo de la responsable, tomando asimismo en cuenta, la situación económica que acredite la parte quejosa y las pruebas existentes que puedan determinar la factibilidad de que el impetrante se sustraiga a la acción de la justicia. Con relación a las anteriores medidas de aseguramiento, es preciso puntualizar que guardan relación con la naturaleza de los actos reclamados y que la parte quejosa hizo consistir en: la orden de aprehensión dictada en su contra, lo cual es un acto derivado de un procedimiento judicial del orden penal que afecta su libertad personal y que la garantía se fija en forma discrecional atendiendo a los datos con que por ahora se cuenta; asimismo, es un acto reclamado a autoridad relacionada con la institución del Ministerio Público, lo cual en todo caso es un acto derivado fuera de procedimiento judicial, con lo cual se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de la libertad personal, como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad. Asimismo, la garantía se fija de manera discrecional, la cual se obtiene tomando en cuenta el tiempo probable en que tardaría en resolverse en definitiva el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, tanto en esta, como en segunda instancia, que es aproximadamente seis meses o ciento ochenta días, por tanto, tomando en consideración que la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se encuentra a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), multiplicado éste por los ciento ochenta días mencionados, nos arroja la cantidad de $13,142.02 (trece mil ciento cuarenta y dos pesos 02/100 moneda nacional), atendiendo a lo anterior, es que se estima equitativa la suma estipulada en primer término. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, página 226, Materia Penal Constitucional Común, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Apercibidas las responsables de que se trata, que de no obedecer el presente proveído se procederá en su contra, en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que, una vez que se cuente con mayores datos a los proporcionados en la demanda, es decir, con las pruebas que en su momento llegara a exhibir la parte quejosa o con la información allegada por las autoridades vía informes previos, podrá modificarse la presente determinación. XIII. Domicilio y autorizados. Se tienen como autorizados en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales señalados en su demanda de amparo, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el ocurso de cuenta. IX. Días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. X. Expedición de copia simple y/o certificada. Como lo solicita la parte quejosa, expídase copia certificada de esta determinación, y entréguese previa razón de recibo que se deje en autos a quien al efecto autoriza.
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