Mariano Aguilar Araujo
Expediente 1132/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/01/2023
Partes del expediente
- Mariano Aguilar Araujo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveído, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito de cuenta por medio del cual el quejoso ********************manifiesta su deseo de desistir del presente juicio de amparo. Lo anterior, porque el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, causó estado el proveído por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************por derecho propio, contra actos del Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, y se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa como asunto totalmente concluido. ESTADO DE AUTOS. En otro orden de ideas, de autos se advierte que no obra constancia de notificación a la parte quejosa del proveído de veintiséis de octubre del año pasado; motivo por el cual, acorde con lo previsto en el ordinal 28 de la Ley de Amparo, notifíquese dicho acuerdo a ******************** Defensora Pública Federal adscrita al Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en su carácter de asesora jurídica del quejoso ********************corriéndole traslado con copia del mismo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y por oficio a la defensora pública del quejoso.
- Principal
Mesa II De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de diez de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por oficio a la defensora pública del quejoso.
- Principal
Mesa II DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el escrito de cuenta suscrito por Lilia Valdés Contreras, Defensora Pública Federal adscrita al Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en su carácter de defensora del quejoso Mariano Aguilar Araujo, por medio del cual desahoga la prevención formulada el veintiséis de julio del año en curso. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 114 de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la prevención de que fue objeto el promovente del amparo, y déjese sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Expuesto lo anterior, es menester establecer que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues de existir tal supuesto, debe desecharse de plano. En efecto, el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, del escrito de demanda y ocurso aclaratorio, se obtiene que por esta vía constitucional se reclama: * La determinación emitida en audiencia por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en la causa penal 21/2014, a través de la cual, no acordó favorable la petición del aquí quejoso Mariano Aguilar Araujo, en el sentido de no esperar el desahogo de los dictámenes periciales ordenados en autos. Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Expuesto lo anterior, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. (.) XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca; (.)." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Sobre el particular se invoca, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna); II) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; III) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo); IV) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo); y, Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso la determinación emitida en audiencia por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en la causa penal 21/2014, a través de la cual, no acordó favorable la petición del aquí quejoso Mariano Aguilar Araujo, en el sentido de no esperar el desahogo de los dictámenes periciales ordenados en autos, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, el promovente no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto combatido. Por tanto, no existen normas que establezcan excepciones en el sentido de que el impetrante de amparo no está obligado a agotar recursos o medios de defensa cuando se reclame un acto dictado en un juicio jurisdiccional, y si en cambio, existe norma expresa (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo), relativa a que aun cuando el acto reclamado sea una resolución judicial, la parte promovente del amparo está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley que rige el acto reclamado. En ese contexto, como ya se dijo en contra del acto reclamado en la presente instancia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, para que se actualice la citada causa de improcedencia, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: I) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; II) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; III) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y IV) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Hecha tal precisión, contra lo que reclama el hoy quejoso en la presente vía constitucional, procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 367, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra dice: "Artículo 367. Son apelables en el efecto devolutivo: (.) IV. Los autos de formal prisión; los de sujeción a proceso; los de falta de elementos para procesar; y aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba." Así, del análisis del precepto transcrito, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, dentro de la causa penal 21/2014, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 367, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer la parte quejosa en la controversia penal de origen, a saber, el recurso de apelación, dado que el auto versa sobre medios de pruebas. Por tanto, en contra del acto reclamado, procede el recurso de apelación, establecido en el artículo 367, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales; por ende, resulta incuestionable la procedencia de dicho medio de defensa dentro de la controversia del orden penal de origen, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, con lo cual se cumple el cuarto de los requisitos mencionado; de ahí que resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance. En ese sentido y en atención a lo expuesto en los párrafos que anteceden, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por oficio a la defensora pública del quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos del expediente electrónico y al físico el oficio de cuenta, por el cual la defensora pública Lilia Valdés Contreras en atención al requerimiento formulado el nueve de septiembre pasado , refiere que fue designada para asistir al quejoso en el presente juicio, por lo que acepta y protesta dicho cargo, además de señalar domicilio procesal y solicita la autorización para la consulta del expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Expuesto lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito, y por aceptado y protestado el cargo conferido a Lilia Valdés Contreras. Ahora, tocante al domicilio procesal que señala, en términos del artículo 26 de la Ley de Amparo, se autoriza el mismo, por lo que las notificaciones que emanen del presente sumario, se le notificarán por oficio en dicha locación. En otro aspecto, en atención a la certificación de cuenta, en términos del ordinal 3° de la legislación de amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "livaldesc", por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de los campos necesarios para tal fin. En razón de lo anterior, todas las notificaciones que deban ser personales, emanadas del presente expediente, se le harán al quejoso por conducto de la defensora pública designada, en términos del artículo 26 de la Ley de Amparo. En ese orden, se levanta la reserva decretada en auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, por lo que se ordena notificar al quejoso, por conducto de su asesora, el proveído en comento; a efecto de que lo asesore y si es su deseo desahogue de la prevención formulada en autos. En el entendido que el término concedido para desahogar la prevención formulada el veintiséis de julio del año en curso, empezará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación a la defensora pública federal, del presente proveído. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y, por oficio a la parte quejosa por conducto de su defensora.
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