Marianela Yepez Montero
Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Marianela Yepez Montero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 203/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el día veintinueve de abril, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 203/2022, promovido por Marianela Yépez Montero y,RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 3 a 11). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 12-17) se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; llevar a cabo el emplazamiento a la tercera interesada; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 35) la constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada Hilda Herrada Córdoba (foja 23) quien no compareció al presente juicio y, finalmente tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 45-46) quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclaman omisiones por parte de la autoridad que se alega afectan el derecho de la quejosa a una pronta y expedita impartición de justicia, así como al debido proceso por lo que resulta impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: LA ABSTENCIÓN DE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE OTORGAR COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO FGE/UIPJ/DXVII/F11/49/2022, QUE FUERA REALIZADA POR SU DEFENSOR Y LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR LAS MISMAS.- Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al 1. Fiscal Décimo Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, puesto que de su respectivo informe justificado, se advierte la existencia de la omisión que se le reclama (foja 35) Lo que se corrobora en razón que el Fiscal responsable remitió copia certificada de las constancias consistentes en el escrito de solicitud de copias, el acuerdo recaído a dicha solicitud y la constancia de entrega de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós (fojas 36-38) las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el suscrito resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, misma a la que hace referencia la parte quejosa en sus escritos que obran a fojas treinta y uno y cuarenta y dos de autos. MARCO NORMATIVO El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden del escrito de demanda así como de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: La quejosa Marianela Yépez Montero, manifestó bajo protesta de decir verdad que en fecha once de enero de dos mil veintidós, en compañía de su defensor particular Misael Uscanga Montero acudió a la Fiscalía Décima Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, en cuyo acto se abstuvo de rendir su declaración en ese momento, y por conducto de su defensor particular, en uso de la voz, solicitó copias fotostáticas de los registros de la carpeta de investigación número FGE/UIPJ/DXVII/F11/49/2022. (foja 4) Posteriormente, mediante ocurso presentado de seis de marzo de dos mil veintidós, recibido el ocho de marzo siguiente en la Fiscalía responsable, Marianela Yépez Montero solicitó por escrito copias fotostáticas de los registros de la carpeta de investigación número FGE/UIPJ/DXVII/F11/49/2022. (foja 36) Consecuentemente, por acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintidós, el Fiscal de la Fiscalía Décima Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, acordó la expedición las copias autentificadas y cotejadas de la multicitada carpeta de investigación. Mediante comparecencia de catorce de marzo siguiente, las copias solicitadas le fueron entregadas en sus términos a la aquí quejosa por conducto de su defensor particular Misael Uscanga Montero. (Foja 38) Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora, de acuerdo a lo expuesto en los citados antecedentes y del resto de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se colige que la violación que aduce la parte quejosa ha cesado, en razón de las consideraciones que más adelante se expondrán. En primer término, es necesario precisar que la aquí quejosa señaló como acto reclamado específicamente la abstención de proveer sobre la solicitud de otorgar copias fotostáticas de los registros de la carpeta de investigación número FGE/UIPJ/DXVII/F11/49/2022, que fuera realizada de manera verbal por su defensor y la omisión de proporcionar las mismas. Sin embargo, de las constancias que remitió la Fiscal responsable, así como de lo manifestado por propia quejosa Marianela Yépez Montero en sus escritos recibidos en este juzgado el dieciocho de marzo y uno de abril ambos de la presente anualidad, se desprende que el ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Fiscal de la Fiscalía Décima Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, emitió un acuerdo en el que proveyó lo siguiente: ".por lo que el suscrito: - - - - - - - - - ACUERDA - - - - - - ÚNICO.- Expídanse a la C. MARIANELA YEPEZ MONTERO copias auténticas y cotejadas de la carpeta FGE/UIPJ/DVII/F11/49/2022; copias autenticada y cotejada del registro de investigación que consiste en su comparecencia, asistida por el defensor particular LIC. MISAEL USCANGA MONTERO, y con todos los anexos que con lleve (sic) este registro de investigación de fecha 11 de enero de 2022.- - - - ." Asimismo, obra en autos la constancia de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte la entrega de las copias solicitadas hecha por la Fiscalía responsable al defensor particular de la aquí quejosa, misma que fue firmada de recibido por el referido defensor. Por tanto, si el acto reclamado es la omisión de pronunciarse con relación a la solicitud hecha por la ahora quejosa, respecto a la entrega de copias de la multicitada carpeta de investigación, resulta incuestionable que en ese momento cesaron totalmente los efectos del acto reclamado. Lo anterior, dado que debe considerarse que se restituyó a la quejosa en el pleno goce del derecho constitucional violado, cesando en sus efectos el acto combatido al haberse acordado la expedición de las copias fotostáticas solicitadas y haberse hecho la entrega de las mismas a su defensor particular. Apoya a lo anterior la jurisprudencia cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así resulta aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN Por tanto, al haber cesado en el presente juicio los efectos del acto reclamado, tal como éste fue expresado por la promovente, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haberse decretado el sobreseimiento respecto de las omisiones reclamadas, releva a este órgano de control constitucional del estudio de los conceptos de violación hechos por la quejosa en su escrito de demanda. En apoyo de lo anterior es de invocarse la jurisprudencia sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, con número de registro 239006 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Marianela Yépez Montero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último párrafo de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa; atento a su contenido, se le tienen realizando manifestaciones en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, las cuales se tomarán en consideración en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Notifíquese en términos de ley.
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