Marianela Carrasco Hernández
Expediente 215/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/06/2022
Partes del expediente
- Marianela Carrasco Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el presente expediente, al haberse dictado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, es susceptible de destrucción, acorde con la hipótesis que establece el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo que, una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto deberá ser destruido. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en dieciséis de diciembre del presente año, se recibió en el correo electrónico institucional, el oficio que remite la Encargada de la Delegación Regional XV Baja California del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Mexicali; en consecuencia, se otorga a dicha constancia pleno valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio que remite la Encargada de la Delegación Regional XV Baja California del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Mexicali; toda vez que el treinta de noviembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
seis de diciembre de dos mil veintiuno, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa Marianela Carrasco Hernández, el acuerdo dictado (a) el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio enviado por el Presidente de la Junta Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, a través del cual remitió copia certificada del laudo emitido el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio laboral 90/2020, de su índice. Ahora bien, visto el contenido de las citadas documentales que se agregan, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para demostrar lo anterior, en principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 771 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, del escrito inicial de demanda se advierte que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la omisión de dictar laudo dentro del expediente 90/2020, del índice de la Junta Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Luego, de las constancias que hoy se agregan, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente dentro del expediente 90/200, de su índice. En ese tenor, al estar demostrado que después de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio (veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno), la responsable emitió el laudo correspondiente dentro del expediente 90/2020, de su índice, es claro que han cesado los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del laudo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena a la Actuaria adscrita correr traslado a la quejosa con copia de dicha resolución. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/992 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Por lo tanto, queda sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las doce horas con diecisiete minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, debiéndose hacer la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo.
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