Mariana Yadira Mata Ruiz y Otros.
Expediente 604/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mariana Yadira Mata Ruiz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
... Téngase recibido el oficio de la Consultora Jurídica Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a través del cual devuelve el oficio 21880/2022, dirigido a la autoridad responsable "Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos", mediante el cual en vía de notificación se le transcribió el auto de veinte de julio de dos mil veintidós, toda vez que la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Secretaria de Gobernación, tal como se acordó en auto de diecisiete de junio del año que transcurre. Remisión Constancias Por lo anterior, mediante oficio que derive de este acuerdo, remítanse el oficio 21880/2022, a la Secretaría de Gobernación, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos", a fin de que se imponga de su contenido.
- Principal
... Vista la certificación que antecede proveído de veinte de julio de dos mil veintidós ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, el hecho de que a la fecha no obren los acuses de recibo de los oficios, a través de los cuales se notificó el acuerdo de once de julio del año actual, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, a las autoridades responsables foráneas, pues dado el sentido de dicha determinación es claro que en nada agravia a dicha parte procesal, ya que la única parte que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término con que contaba para ello. ... en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. ...se establece que este expediente es susceptible de destrucción... Una vez transcurrido el plazo de tres años dese el tratamiento correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo. Notifíquese.
- Principal
...Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio con registro 12627 signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; Órgano Administrativo al cual está adscrito el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, así como el Subdirector de la Estación Migratoria y el Subdirector de Control y Verificación Migratoria, ambos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de San Luis Potosí; atento a su contenido y anexos que al mismo se adjunta, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento que se contiene en el acuerdo de dieciocho de mayo del año actual, agregándose a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio y anexo de cuenta. Sin que se haga necesario ordenar dar vista a las partes con el contenido del oficio de mérito y anexos que al mismo se adjunta, atentas las consideraciones que enseguida se precisan. Precisión actos reclamados El estudio y análisis de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, pone de relieve que el quejoso como actos reclamados señala: 1. La detención y/o prolongación del alojamiento temporal de los quejosos Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez (hondureños), en la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí o en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, desde el trece de mayo de dos mil veintidós. 2. La orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro de los quejosos Mariana ***, y Miguel *** (***), a su país de origen. 3. La negativa de otorgar el oficio de salida del país por propios medios, y de otorgar la condición de refugiados.???? 4. La inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración. 5. Las consecuencias de hecho y de derecho sus efectos y consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirecta En ese sentido, en relación con los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad, detención o alojamiento temporal, y deportación, dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, emitida en contra del quejoso; así como la omisión de emitir la orden de salida asistida de la estación migratoria respectiva, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.]" De acuerdo con la hipótesis normativa citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano vulnerado, aun cuando se concediera la protección constitucional, al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Se destaca que los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Al respecto, se destaca que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de considerar que cualquier acto por el?????? solo transcurso del tiempo, por no poder retrotraerlo, es un acto consumado de modo irreparable, cuando lo cierto es que la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento; lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de ellos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Caso concreto. En el caso, los quejosos reclaman la privación de la libertad, detención o alojamiento temporal, y deportación dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, así como la omisión de emitir la orden de salida asistida de la estación migratoria. Ahora bien, de las documentales que en copia certificada allegó a los autos el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Gobernación en el cual está adscrito el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, así como el Subdirector de la Estación Migratoria y el Subdirector de Control y Verificación Migratoria, ambos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí (oficio con registro 12627), deducidas del expediente 2246, relativo al procedimiento administrativo migratorio incoado en contra de los quejosos Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez, que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones, se desprende lo siguiente: El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, los quejosos Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, al no acreditar su regular internación y estancia en territorio mexicano. En la citada fecha, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, dictó acuerdo y ordenó la apertura del procedimiento administrativo migratorio bajo el número de expediente 2246;??????? acuerdo que fue notificado a los quejosos Mariana ***, y Miguel *** (***), , el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el citado procedimiento administrativo migratorio, se dictó acuerdo en el que se tuvo por recibidos los oficios 14774/2022, 14775/2022 y 14776/2022 a través de los cuales este Juzgado informó a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en autos; por lo que en la citada fecha, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, notificó al quejoso Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez, que para proceder a su puesta en libertad era necesario cumpliera con los requisitos establecidos por el numeral 102 de la Ley Migratoria. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, dictó acuerdo en el que procedió a dar la salida del extranjero a Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez, y requirió a los quejosos para que presentaran ante la autoridad migratoria la carta responsiva firmada por ciudadano u organización social mexicana, así como las documentales que menciona el artículo 215 del Reglamento de la Ley Migratoria; esto dentro del término de cinco días posteriores a la emisión del mencionado acuerdo; así mismo le hizo saber la obligación de presentarse ante esa autoridad migratoria para la prosecución del procedimiento administrativo migratorio y que las comparecencias para la continuación del procedimiento se realizarían los días lunes de cada semana o el día siguiente hábil si aquel no lo fuere. El acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, fue notificado a los aquí quejosos en la citada fecha, pues así lo revela el contenido de las constancias que integran el presente expediente. En virtud de que los quejosos Mariana ***, y Miguel ***, no dieron cumplimiento a las medidas de aseguramiento que les fueron impuestas a través del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós; el diez de junio de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, emitió acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo migratorio. Por tanto, se concluye que el acto consistente en la detención y/o alojamiento en la estación migratoria ha quedado consumado de modo irreparable, dado que éste surtió todos sus efectos al haber sido ejecutado, en que salió en libertad; de manera que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que dice violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya que es físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado al haberse determinado su alojamiento, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de amparo, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen derechos fundamentales, la sentencia???????? que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Así, es incuestionable que dejó de existir la materia sobre la cual, en su caso, pudo haberse otorgado la protección constitucional solicitada, pues las posibles violaciones de las que el acto reclamado, pueda adolecer, no podrían ser reparadas con una eventual concesión del amparo. Siendo que en el caso, como se dijo, los aludidos extranjeros fueron puestos en libertad desde el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, decretándose la conclusión del procedimiento administrativo migratorio de donde derivaba la detención del extranjero aquí quejoso el trece de mayo del año en curso, en virtud de que no dieron cumplimiento a las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas a través del proveído de diecisiete de mayo del presente año. De ahí que, se insiste que, la orden de detención de que había sido objeto, ha dejado de tener consecuencias jurídicas sobre la persona de los quejosos, y las violaciones que en su caso hubieran existido al ejecutarse, han quedado irreparablemente extinguidas, puesto que no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener o alojar en ese lugar, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron, y que no pueden retrotraerse por los efectos de una hipotética sentencia amparatoria; pues se insiste, el procedimiento administrativo migratorio que se inició con la puesta a disposición de los extranjeros Mariana Mariana ***, y Miguel *** (***), aquí quejosos; mediante resolución de diez de junio de dos mil veintidós, se dio por concluido, según lo informado por las autoridades responsables. Al respecto se invoca, por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 423, tomo XXVI, septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. . Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 2130 del Tomo III, Libro 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Noviembre de 2018, Décima Época, registro 2018274, que dice: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Deben considerarse irreparablemente consumados los actos mencionados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, cuando se reclamen de manera destacada, adicionalmente al auto de formal prisión, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo, como sucede en el caso, al haberse reclamado también el auto de formal prisión derivado de los mismos hechos por los que se impugnan los demás actos por los que se desechó la demanda de amparo. En razón de lo anterior, será en todo caso dentro de la sentencia definitiva del juicio de amparo que se ocupe de analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, que la autoridad de amparo se encontrará en posibilidad de valorar las pruebas conducentes y determinar si los actos que precedieron al auto de formal prisión resultan legales o no, y de encontrar que alguna o algunas pruebas resultan ilícitas, efectuar la declaratoria correspondiente y ordenar su exclusión del caudal probatorio para los efectos conducentes, sin que ello implique o pueda tener el alcance de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes, dada la imposibilidad física y material a que se aludió." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en numeral 63, fracción V, de la legislación invocada, por los actos que se analizan, consistentes en la detención en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria respectiva. Sin efecto audiencia constitucional En consecuencia, se dejan sin efecto la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional en este sumario. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de veinte de julio de dos mil veintidós, que en síntesis dice: ...Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio con registro 12627 signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; Órgano Administrativo al cual está adscrito el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, así como el Subdirector de la Estación Migratoria y el Subdirector de Control y Verificación Migratoria, ambos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de San Luis Potosí; atento a su contenido y anexos que al mismo se adjunta, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento que se contiene en el acuerdo de dieciocho de mayo del año actual, agregándose a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio y anexo de cuenta. Sin que se haga necesario ordenar dar vista a las partes con el contenido del oficio de mérito y anexos que al mismo se adjunta, atentas las consideraciones que enseguida se precisan. Precisión actos reclamados El estudio y análisis de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, pone de relieve que el quejoso como actos reclamados señala: 1. La detención y/o prolongación del alojamiento temporal de los quejosos Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez (hondureños), en la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí o en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, desde el trece de mayo de dos mil veintidós. 2. La orden de deportación, expulsión, proscripción o destierro de los quejosos Mariana ***, y Miguel *** (***), a su país de origen. 3. La negativa de otorgar el oficio de salida del país por propios medios, y de otorgar la condición de refugiados.???? 4. La inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración. 5. Las consecuencias de hecho y de derecho sus efectos y consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirecta En ese sentido, en relación con los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad, detención o alojamiento temporal, y deportación, dentro de las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, emitida en contra del quejoso; así como la omisión de emitir la orden de salida asistida de la estación migratoria respectiva, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.]" De acuerdo con la hipótesis normativa citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano vulnerado, aun cuando se concediera la protección constitucional, al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Se destaca que los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. Para la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en consumados de modo reparable, y consumados de modo irreparable. Los primeros son los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden repararse por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo); de ahí que proceda el juicio de amparo en contra de actos de tal naturaleza. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son los que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación cometida; razón por la cual resulta improcedente el juicio constitucional en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, para determinar si un acto puede consumarse de modo reparable o irreparable, es menester atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Al respecto, se destaca que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de considerar que cualquier acto por el?????? solo transcurso del tiempo, por no poder retrotraerlo, es un acto consumado de modo irreparable, cuando lo cierto es que la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento; lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de ellos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, sin ser posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiere haber sido violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Caso concreto. En el caso, los quejosos reclaman la privación de la libertad, detención o alojamiento temporal, y deportación dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, así como la omisión de emitir la orden de salida asistida de la estación migratoria. Ahora bien, de las documentales que en copia certificada allegó a los autos el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Gobernación en el cual está adscrito el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, así como el Subdirector de la Estación Migratoria y el Subdirector de Control y Verificación Migratoria, ambos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí (oficio con registro 12627), deducidas del expediente 2246, relativo al procedimiento administrativo migratorio incoado en contra de los quejosos Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez, que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones, se desprende lo siguiente: El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, los quejosos Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, al no acreditar su regular internación y estancia en territorio mexicano. En la citada fecha, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, dictó acuerdo y ordenó la apertura del procedimiento administrativo migratorio bajo el número de expediente 2246;??????? acuerdo que fue notificado a los quejosos Mariana ***, y Miguel *** (***), , el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el citado procedimiento administrativo migratorio, se dictó acuerdo en el que se tuvo por recibidos los oficios 14774/2022, 14775/2022 y 14776/2022 a través de los cuales este Juzgado informó a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en autos; por lo que en la citada fecha, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, notificó al quejoso Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez, que para proceder a su puesta en libertad era necesario cumpliera con los requisitos establecidos por el numeral 102 de la Ley Migratoria. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, dictó acuerdo en el que procedió a dar la salida del extranjero a Mariana Yadira Mata Ruiz, y Miguel Enrique Díaz Pérez, y requirió a los quejosos para que presentaran ante la autoridad migratoria la carta responsiva firmada por ciudadano u organización social mexicana, así como las documentales que menciona el artículo 215 del Reglamento de la Ley Migratoria; esto dentro del término de cinco días posteriores a la emisión del mencionado acuerdo; así mismo le hizo saber la obligación de presentarse ante esa autoridad migratoria para la prosecución del procedimiento administrativo migratorio y que las comparecencias para la continuación del procedimiento se realizarían los días lunes de cada semana o el día siguiente hábil si aquel no lo fuere. El acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, fue notificado a los aquí quejosos en la citada fecha, pues así lo revela el contenido de las constancias que integran el presente expediente. En virtud de que los quejosos Mariana ***, y Miguel ***, no dieron cumplimiento a las medidas de aseguramiento que les fueron impuestas a través del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós; el diez de junio de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, emitió acuerdo de conclusión del procedimiento administrativo migratorio. Por tanto, se concluye que el acto consistente en la detención y/o alojamiento en la estación migratoria ha quedado consumado de modo irreparable, dado que éste surtió todos sus efectos al haber sido ejecutado, en que salió en libertad; de manera que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que dice violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya que es físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado al haberse determinado su alojamiento, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de amparo, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen derechos fundamentales, la sentencia???????? que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Así, es incuestionable que dejó de existir la materia sobre la cual, en su caso, pudo haberse otorgado la protección constitucional solicitada, pues las posibles violaciones de las que el acto reclamado, pueda adolecer, no podrían ser reparadas con una eventual concesión del amparo. Siendo que en el caso, como se dijo, los aludidos extranjeros fueron puestos en libertad desde el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, decretándose la conclusión del procedimiento administrativo migratorio de donde derivaba la detención del extranjero aquí quejoso el trece de mayo del año en curso, en virtud de que no dieron cumplimiento a las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas a través del proveído de diecisiete de mayo del presente año. De ahí que, se insiste que, la orden de detención de que había sido objeto, ha dejado de tener consecuencias jurídicas sobre la persona de los quejosos, y las violaciones que en su caso hubieran existido al ejecutarse, han quedado irreparablemente extinguidas, puesto que no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener o alojar en ese lugar, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron, y que no pueden retrotraerse por los efectos de una hipotética sentencia amparatoria; pues se insiste, el procedimiento administrativo migratorio que se inició con la puesta a disposición de los extranjeros Mariana Mariana ***, y Miguel *** (***), aquí quejosos; mediante resolución de diez de junio de dos mil veintidós, se dio por concluido, según lo informado por las autoridades responsables. Al respecto se invoca, por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 423, tomo XXVI, septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. . Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 2130 del Tomo III, Libro 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Noviembre de 2018, Décima Época, registro 2018274, que dice: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Deben considerarse irreparablemente consumados los actos mencionados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, cuando se reclamen de manera destacada, adicionalmente al auto de formal prisión, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo, como sucede en el caso, al haberse reclamado también el auto de formal prisión derivado de los mismos hechos por los que se impugnan los demás actos por los que se desechó la demanda de amparo. En razón de lo anterior, será en todo caso dentro de la sentencia definitiva del juicio de amparo que se ocupe de analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, que la autoridad de amparo se encontrará en posibilidad de valorar las pruebas conducentes y determinar si los actos que precedieron al auto de formal prisión resultan legales o no, y de encontrar que alguna o algunas pruebas resultan ilícitas, efectuar la declaratoria correspondiente y ordenar su exclusión del caudal probatorio para los efectos conducentes, sin que ello implique o pueda tener el alcance de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes, dada la imposibilidad física y material a que se aludió." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en numeral 63, fracción V, de la legislación invocada, por los actos que se analizan, consistentes en la detención en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, así como la omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria respectiva. Sin efecto audiencia constitucional En consecuencia, se dejan sin efecto la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional en este sumario. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
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