Mariana Vega Argüello

Expediente 1558/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1558/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • Mariana Vega Argüello

Actuaciones

  1. Principal

    ...expídase a su costa las copias que solicita, ...

  2. Principal

    Fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión, se requiere el informe previo, se fija fecha y hora para el verificativo de la audiencia incidental y se niega la suspensión provisional... No obstante lo anterior, se concede la suspensión provisional ...

  3. Principal

    PERSONAL. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la que se advierte que a la quejosa se le otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los siguientes términos: ***. En ese contexto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes y a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos y restituir a los quejosos en el pleno goce de la garantía violada de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, con fundamento en los artículos 193, párrafo cuarto, 66 y 67 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 358, 359, 360 y 361 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE ABRE DE OFICIO A TRAMITE INCIDENTE INNOMINADO, con el objeto de cuantificar los montos que efectivamente les corresponde percibir a los quejosos por concepto de la actualización de la pensión a la que tienen derecho, a partir del momento en que fue fijada la misma y en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha en que se fijó cada una de las pensiones originales, y hasta en tanto se cumplimente la sentencia de nulidad de catorce de abril de dos mil ocho, en términos del texto vigente en la época de su jubilación. Se requiere a las autoridades referidas y a la parte quejosa para que dentro del término que se indica cumplan con lo ordenado, se aperciben. SE SUSPENDE EL CUMPLIMIENTO TENDENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. No obstante lo anterior, la suscrita considera que la prueba pericial es idónea... se establece como prueba idónea en el presente asunto la pericial señalada. Gírese el oficio que se precisa... Se requieren a las partes...Se apercibe. Por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por oficio, y notificación personal, respectivamente, requiérase a las autoridades responsables Director General, al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, y al Subdirector de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga y si es su deseo, OFREZCAN MEDIOS DE CONVICCIÓN PARA SER VALORADOS POR ESTE ÓRGANO JUDICIAL. Atento a lo anterior y toda vez que la resolución que se emita en el incidente innominado de que se trata, es determinante en el cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo vigente, SE SUSPENDE el procedimiento tendente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, hasta en tanto quede firme la resolución que se emita en el citado incidente innominado. No obstante lo anterior, la suscrita considera que la PRUEBA PERICIAL es idónea para determinar la cuestión en conflicto, consistente en determinar la cantidad líquida que corresponde a los quejosos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Cabe precisar que se procede a desahogar dicha prueba pericial de conformidad con las reglas de la Ley de Amparo al prever expresamente el procedimiento correspondiente, de ahí que no sea necesario acudir a la legislación de aplicación supletoria; además, la ley de la materia tutela de manera efectiva el derecho del quejoso a obtener una eficaz administración de justicia, pues no lo obliga a ofrecer perito de su parte ni a designar a un perito tercero en discordia, lo cual de ningún modo implica inequidad procesal en perjuicio de las partes, en atención a la finalidad que se persigue con la substanciación del incidente innominado. En tal virtud, con fundamento en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, se establece como prueba idónea en el presente asunto la pericial en materia de contable. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis número P./J. 17/97, de la Novena Época, Instancia Pleno publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento ocho, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De igual forma, resulta ilustrativa en lo conducente la Tesis: I.4o.A.82 K, Novena Época, Registro: 170047, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Marzo de 2008, consultable en la página 1800, cuyo tenor literal es el siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. SU OBJETO. La prueba pericial en el juicio de amparo tiene por objeto auxiliar al juzgador, ilustrándolo en temas y conocimientos técnicos, científicos o tecnológicos, no jurídicos, que deban utilizarse al momento de dictar sus resoluciones; necesarios y relevantes para resolver en su contexto la cuestión efectivamente planteada ante él. Así, los dictámenes relativos son rendidos por especialistas en la materia de que se trate y proveen de opiniones técnicas a las cuales el Juez de Distrito les otorgará, según su prudente estimación, el valor que estime conveniente". En esa tesitura, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Adjetivo Civil Federal, en relación con el diverso 75 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Director General de Especialidades Periciales Documentales de la Procuraduría General de la República, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído proponga experto en materia contable, que pueda fungir con el carácter de perito oficial en el presente asunto, a efecto de cuantificar los montos que efectivamente les corresponde percibir a los quejosos por concepto de la actualización de la pensión a la que tienen derecho, a partir del momento en que fue fijada la misma y en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha en que se fijó cada una de las pensiones originales, y hasta en tanto se cumplimente la sentencia de nulidad de catorce de abril de dos mil ocho, en términos del texto vigente en la época de su jubilación, lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o bien, de no manifestar la imposibilidad material o legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a CINCUENTA VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos del a Ley de Amparo y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, tomando en consideración que la pericial cuyo desahogo se ordena en este proveído se realiza de oficio, corresponde a este órgano, determinar las cuestiones a dilucidar en la misma. Sirve de apoyo la tesis de la Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, página doscientos noventa y uno, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBA PERICIAL DE OFICIO, AL JUEZ DE DISTRITO CORRESPONDE INTEGRAR EL CUESTIONARIO RELATIVO. El juez de Distrito que ordena desahogar de oficio la prueba pericial, es a quien corresponde integrar el cuestionario relativo, ya que si las partes no ofrecieron esta prueba, es lógico que tal cuestionario no exista, y sin este elemento el resultado puede ser erróneo, incompleto o dogmático, puesto que los peritos estarán impedidos para conocer con certeza, la materia del dictamen; así como los documentos, las circunstancias y los trabajos que deban guiar su opinión." En ese sentido, debe decirse que la experticia en comento deberá ser emitida con base en los siguientes lineamientos: CUESTIONARIO: 1.- Que determine la cuota diaria de pensión de cada uno de los quejosos, tomando en consideración que mediante resolución de catorce de abril de dos mil ocho dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 4728/07-17-05-2, se resolvió lo siguiente: "[.] Lo anterior lleva a concluir que todas aquellas cantidades que se adicionen al sueldo presupuestal y al sobresueldo de un trabajador y que se otorguen a éste, en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe, constituyen compensaciones que deben sumarse al ya citado para ajustar el monto de una jubilación de los trabajadores al servicio del Estado. En tal virtud, este Sala estima que las cantidades que recibió la enjuiciante identificadas en los términos anteriores, deben ser consideradas como integradoras del salario para efectos de pensión, aunque no se cubra con cargo a la partida denominada "compensaciones adicionales por servicios especiales" [.]" 2.- Que a la cuota diaria de pensión determinada a cada uno de los quejosos, el perito, adecuando su dictamen a lo establecido por el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplique desde la fecha en que fue concedida la pensión y hasta la fecha actual, los incrementos correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha que se fijó la pensión original, esto es, en términos del texto vigente en la época de su jubilación, describiendo las operaciones matemáticas que realiza para tal efecto, para que con lo anterior, obtenga la evolución que conforme a dichos incrementos tienen las cuotas diarias de pensión, y obtenga la cuota diaria que actualmente se debe de cubrir a cada uno de los quejosos. 3.- Que conforme a los resultados del punto anterior, el perito, a partir de la fecha en que fueron concedidas las pensiones y hasta la fecha actual, determine cuál es el monto total de la cantidad que se debió de cubrir a cada uno de los quejosos por pensión y aguinaldos, describiendo las operaciones matemáticas que realiza para tal efecto. 4.- Que conforme al resultado del punto anterior, el perito, a partir de la fecha en que fueron concedidas las pensiones y hasta la fecha actual, determine la diferencias entre lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ha pagado a cada uno de los quejosos por pensión y aguinaldos, y lo que legalmente les tuvo que cubrir por tales conceptos, describiendo las operaciones matemáticas que realiza para tal efecto. 5.- Que el perito, explique en su dictamen el método que utilizó, parámetros y documentos que tomó en consideración para emitir su dictamen. 6.- Que el perito de manera conjunta en relación con los cuatro primeros puntos, de sus conclusiones. En la inteligencia de que al dar respuesta a los puntos anteriores, deberá tomar en consideración que la concesión de la protección constitucional en el presente asunto se otorgó en los siguientes términos: "(.) Por lo que se concluye, que al haber sido omisos el Director General y el Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplir la sentencia de catorce de abril de dos mil ocho, dictada en el juicio de nulidad número 4728/07-17-05-2, del índice de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (folio 917 del Tomo de Pruebas I); y, a la resolución de uno de marzo de dos mil once, dictada en la queja por defecto en el cumplimiento relativa al mismo sumario (folio 1071 del Tomo de Pruebas I), lo procedente es conceder a Adán González Vega, María Dolores Madrid González, María Luz Viniegra Catarino, María Elodia Perea Cruz, María Juliana González Maulas, Juan Pérez Carranza, Mariana Ayala Delgado, Marciano Ramírez Ceballos, Epifanio Delgado Frías, Refugio López Cruz, José Loya Cruz, Antonia Aguirre Cruz, Celia Ceballos Ramírez, Rosa Esther González Montes, Rosalina Ceballos Ramírez, Imelda Cruz Romero, Calixtro Moreno García, Elsa González Moreno, Virgilio Ruiz Valenzuela, Susana Ramírez González, Consuelo Gaspar Cienega, Laura Hernández Bustillos, Angelina Palma Jiménez, Rosa León Moreno, Martha Domínguez Batista, Eligio Echavarría Cruz, Olivia González Villalobos, María Petra Jariz Corona, Enrique Vega Valois, Eduardo Cruz Molina, Francisco Ruiz Mesquiti, Teresa Alicia Ramírez Flores, Rosario Lima Escárcega, Paula Lima Escárcega, María Olga Guerreo Quezada, Julia Maulas González, Leticia González Moreno, Guadalupe Bustillos Mina, Luciano Bustillos Díaz, María Eulalia Montañez Banda, Isabel López Pérez, Dolores Merino Mapula, Guadalupe Rascón Palma, Quiteria Domínguez Madrid, María Ignacia Cruz Loya, Leonarda Espino Loya, Ernesto Pérez Rascón, María Guadalupe Salmerón Corrales, María del Refugio Aceves Sagarnaga, Cristiana Sáenz Ramos, Soledad Meléndez Galaviz, José Cruz Ramírez García, María Chávez Carrillo, María del Carmen Aguirre Espino, Manuela González Fierro, Germán Darío Arrellano Hernández, Rosendo Bencomo Chávez, Reyes Bustillos Rascón, Justina Carrillo Ceballos, José Chávez Loya, Enriqueta Domínguez Loya, Ramón Galaviz Armenta, Guadalupe García González, Higinio García Torres, Sara Esther Gutiérrez Silveyra, Eloy Holguín Loya, Esperanza Márquez Robles, Alberto Mendoza Mendoza, Aurelia Molina Hernández, Isabel Monserrate Parra Ramírez, María de los Ángeles Rodríguez, Rafael Sáenz Gómez, Rosalba María Luisa Terrones Lobato, Ubaldo Varela Pacheco, Sebastián Varela Reyes, Jesús Antonio Vizcarra Torres, Socorro Bernal Loya, Gloria Salas Luján, Teresa de Jesús Madrid Nájera, Lilia Acosta Ramírez, Silvia Luz Cárdenas Castorena, Regino Enríquez Castillo, Filiberto Espino Minjarez, Raquel Rosaura Espinoza Farías, Juana Guerra Reyes, Luis López Cueto, Ana María López Gómez, Guadalupe Moreno Torres, Concepción Navarrete Morales, Andrea Neri Pérez, Mónica Hanani Ortega Orantes, Óscar Ortega Zapata, Rita Palacios Corral, Amelia Isabel Payán Castillo, Lilia Pérez Rodríguez, Sergio Armando Rojas Olivas, Hortensia Solís Olague, Melida Terrazas Ruiz, Lázara Villa Contreras, Antonio López Cedillo, Irma Luján Quezada, Rosa María Zendejas Loya, Celia Echeverría Gómez, Manuel Aceves Corral, Hilda Romelia Álvarez García, Luz María Barragán Howlet, Francisco Bonilla Chávez, Romelia Borrego Elías, Benjamín Calderón Salazar, Benjamín Castañeda Valles, César Contreras Ronquilo, José Sabino Flores Urbina, Jesús Armando Medrano Moreno, María Yolanda Montañez Portillo, Gloria Montes Garza, Rosa Elena Núñez Soto, Martín César Obregón Villanueva, María Victoria Rodríguez Mier, Ludmila Sáenz Bustamante, María del Refugio Sánchez Romero, María Aracely Bejarano Carrasco, Gerardo Calderón Jaquez, Ubaldo Gamboa García, Luis Arturo García Juárez, Hortensia Meléndez Acosta, Zulema Valenzuela, Nicolasa Ruiz Rico, Luz Elvira Sánchez Ortiz, Elizabeth Adame Chavarría, María Ana Terrazas Morales, Jesús Alberto Hernández Ureño, María Lina Hinostroza Gutiérrez, José Abelardo Orozco Orozco, Miguel Acosta Acosta, Sigifredo Carrillo Arroyos, Norma Leticia Nevarez Madariaga, Bernavé Torres Jiménez, Natividad Segobia Gallegos, María del Socorro Hidalgo Correa, Saúl Arroyos Torres, José Heriberto Villanueva Rodríguez, Gregorio Antonio Acosta Vargas, Lucia Teresa Carrasco Escamilla, María del Carmen Adriana Gil Zenteno, Rosa Herlinda Gebbia Sáenz, Martha Elena Gebbia Sáenz, Esteban Chavarría Chávez, Estela Campos Cervantes, Moisés Camacho Salcido, Martha Leticia Barraza Fernández, María Dolores Durán Muñoz, Julio Durán Quintana, Rigoberto González Carrasco, Manuel Guerrero Luna, Amparo Rascón García, Ana Alicia Mendoza Arenas, Humberto Raúl Herrera Díaz, María del Rayo Mendoza Barrera, Jaime Morales Gutiérrez, Alicia Núñez Núñez, Luis Antonio Núñez Salazar, Hayde Olave Arriola, Juana Arminda Olivas Mendoza, Yolanda Rodríguez Castillo, María del Carmen Jasso Lerma, Blanca Esthela Terrazas Chapa, Silvia Esther Castro Velarde, Ismael Chávez Nevarez, Severiano Corrales Carrasco, Rosaura Ramos Márquez, Néstor Vázquez Ávalos, Juan Manuel Rojas Juárez y Nancy Chávez Ochoa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que al día siguiente de la notificación del auto en que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables en comento den cumplimiento dichos fallos." (folio 199 reverso) Debiendo atender en lo conducente, que la sentencia de nulidad de catorce de abril de dos mil ocho, dictada en el expediente 4728/07-17-05-2, por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, impera en los términos siguientes: "(.) "En tal virtud, esta Sala considera que debe declararse la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad emita una nueva, en la que se consideren las cantidades que recibió la enjuiciante en concepto de compensación (definido en líneas anteriores), adecuando su resolución a lo establecido por el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procediendo la actualización de las cuotas pensionarias a partir del momento en que fue fijada la pensión y en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la fecha que se fijó la pensión original, y hasta en tanto se cumplimente la presente resolución, en términos del texto vigente en la época de su jubilación, pagando a la actora las diferencias que resulten a su favor." (folio 926 reverso, Tomo I Legajo de Pruebas) Así como recurso de queja por defecto de uno de marzo de dos mil once, dictada en el juicio de nulidad número 4728/07-17-05-2, por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que impera en los términos siguientes: "(.) En ese sentido, le correspondía a la autoridad demostrar con la exhibición de la documentación respectiva, que ha dado cumplimiento debido, total y completo a lo condenado en la sentencia, al proceder no sólo al pago de cantidades por diferencia de días de aguinaldo como lo demostró la actora, sino que respecto de cada uno de éstos procediera a calcular la cuota diaria de pensión incorporándole los conceptos que recibiera por COMPENSACIÓN, que corresponde la misma a las cantidades adicionales al sueldo presupuestal y sobresueldo que recibieron los demandantes en el último año que prestaron, en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe. . Por tanto la autoridad deberá exhibir ante esta Sala una resolución que cumpla la sentencia respecto de todos los demandantes, y exhibir el pago efectuado a cada uno de éstos que satisfaga todos los extremos de la sentencia de condena, además de exhibir los documentos correspondientes. En las relatadas condiciones, esta Sala juzga que en el caso existe defecto en el cumplimiento de la sentencia de que se trata por parte del Director General y del Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y por consiguiente y con apoyo en el artículo 58 fracción II, inciso d), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, se concede una plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a estos para que den exacto cumplimiento al fallo de mérito, siguiendo estrictamente los lineamientos dados en esta resolución." (folio 1078 reverso y 1080, del Tomo I del legajo de pruebas) Del análisis de todo lo transcrito, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: Emitir una resolución, en la que se consideren las cantidades que recibió la parte quejosa en concepto de compensación, adecuando su resolución a lo establecido por el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procediendo la actualización de las cuotas pensionarias a partir del momento en que fue fijada la pensión y en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la referida Ley, vigente en la fecha en que se fijó la pensión original, y hasta en tanto se cumplimente la sentencia de nulidad de catorce de abril de dos mil ocho, en términos del texto vigente en la época de su jubilación, pagando a la parte quejosa las diferencias que resulten a su favor. Debiendo observar los lineamientos establecidos en la determinación dictada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro el juicio de nulidad 4728/07-17-05-2, misma que impera en los siguientes términos: "Con base en lo anterior, con fundamento en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, esta Juzgadora estima que la autoridad demandad NO CUMPLIÓ con lo resuelto en las sentencias definitivas e interlocutoria de queja dictada con fecha 14 de abril de 2008 y 1° de marzo de 2011, respectivamente; razón por la cual, la autoridad demandada se encuentra obligada a emitir otras resoluciones, debidamente fundadas en las que cumpla con los efectos precisados en las sentencias antes aludidas, en el entendido que la autoridad debe señalar y comparar qué incremento es más favorable al pensionado, entre el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, el incremento del sueldo de los trabajadores en activo, debiendo de aplicar el aumento que mayor beneficio le dé a los actores y pagar las diferencias que resulten a dicho ajuste, en caso de existir las mismas, a partir del otorgamiento de las pensiones de mérito y hasta en tanto se cumplimenten las sentencias que nos ocupan Visto lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, fracción VII, de la Ley Orgánica de este Tribunal y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada NO acredita el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 14 de abril de 2008 y a la diversa resolución de queja por defecto de 01 de marzo de 2011, por lo que se dejan a salvo los derechos de los actores para hacerlos valer en la vía que correspondiente." En consecuencia, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo, mediante notificación personal y oficio, respectivamente, se requiere a la parte quejosa y a las autoridades responsables Director General, al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, y al Subdirector de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de TRES DÍAS, si lo estiman conveniente propongan un perito de su parte y, adicionen el cuestionario elaborado para el desahogo de la prueba pericial; haciendo del conocimiento de las partes que las adiciones que realicen al cuestionario deben guardar relación directa con la materia de los efectos de la sentencia ejecutoria, ya que de no ser así, las mismas serán desechadas, ello acorde con el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 148/2008, visible en la página 447, del Tomo: XXVIII, Octubre de 2008, de Instancia: Segunda Sala, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO CONFORME AL CUAL SE DESAHOGARÁ AQUÉLLA NO GUARDA RELACIÓN CON LA MATERIA DE LA MISMA, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DESDE SU ANUNCIO. Del contenido de los artículos 151 de la Ley de Amparo y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a ésta, se desprende que en el juicio de amparo la prueba pericial se integra formal y materialmente con los siguientes elementos: la designación de peritos que haga el Juez o, en su caso, las partes, para que se asocien con el designado por el Juzgador; la presentación del cuestionario que deberán responder los peritos; la adición al cuestionario por las demás partes; la aceptación del cargo de perito y la presentación de los dictámenes correspondientes. Así, es evidente que la pericial constituye un medio probatorio de integración compleja; de tal manera que su debida y legal integración y preparación están sujetas a la participación de las partes y del propio juzgador, a fin de que su desahogo cumpla con los fines y los principios por los que se rige. En estas condiciones, es dable sostener que la adición al cuestionario presentado para el desahogo de la prueba pericial configura un elemento de integración de la misma y, por tanto, la admisión y aprobación de las nuevas cuestiones adicionadas se rigen también por el principio de idoneidad previsto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que exige que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, en el caso, con la materia de la prueba pericial ofrecida, puesto que la adición del cuestionario de los peritos es parte integrante, formal y materialmente, de la prueba pericial ofrecida. En consecuencia, en el momento de pronunciarse sobre la adición al cuestionario de peritos, el juzgador deberá verificar si las nuevas preguntas tienen o no relación inmediata con la materia de la prueba pericial, a fin de calificar su idoneidad; de tal suerte que si la adición respectiva no satisface este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho, y el juzgador no está obligado a tener por adicionada la prueba pericial respectiva." Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por precluido tal derecho, se llevará a cabo el desahogo de la prueba pericial en materia de Contabilidad conforme al cuestionario anteriormente elaborado y, en caso de no designar perito de su parte, se integrará únicamente con el dictamen que en su momento rinda el perito oficial, al cual se les tendrá por adheridas. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión del Secretario Josué Yoao García García, que autoriza y da fe. Doy fe. Jueza Secretario Miguel Ángel

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