Mariana Trava Amendola

Expediente 1295/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1295/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • MARIANA TRAVA AMENDOLA y Otros.
  • Mariana Trava Amendola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable encargado del Registro Civil del Estado Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa el día cinco de octubre del presente año; sin que a la fecha se desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Mariana Trava Amendola y Adriana Valladares Muñoz, en contra de los actos atribuidos al encargado del Registro Civil del Estado Yucatán, con sede en esta ciudad, para el efecto siguiente: -Dejara insubsistente el oficio impugnado y emitiera una determinación en la que diera trámite a la solicitud de matrimonio de aquéllas y verificara si éstas cumplen con los demás requisitos que establece el Código de Familia para contraerlo, prescindiendo del hecho de que éste sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer. Posteriormente, por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio número CJ-DRC-JUR-4393-4042-0423-2021, el encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, informó y acreditó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, del cual se advierte que dejó sin efecto legal alguno el contenido del oficio CJ-DRC-JUR-2766-2542-415-2021, de fecha veinticinco de junio del año en curso; esto es, relativo a la desaplicación de los numerales 94, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 49 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Asimismo, comunicó y acreditó que las aquí quejosas Mariana Trava Amendola y Adriana Valladares Muñoz, agendaron su registro de unión matrimonial ante las autoridades responsables registrales el día cinco de febrero de dos mil veintidós. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio impugnado y emitir una determinación en la que tramite la solicitud de matrimonio de las quejosas y verificar si éstas cumplen con los demás requisitos que establece el Código de Familia para contraerlo, prescindiendo del hecho de que éste sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer; lo que así hizo y acreditó fehacientemente con la copia certificada de las constancias conducentes. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulneradas, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio ********************, signado por el encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa del oficio de cuenta, por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día uno de septiembre siguiente. En mérito de lo anterior, ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, AMPARÓ Y PROTEGIÓ a Mariana Trava Amendola y Adriana Valladares Muñoz, en contra del acto que reclamaron del encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la citada autoridad responsable, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a las agraviadas en el goce de los derechos fundamentales violados como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado en dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, sin centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con nueve minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, ... VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 1295/2021-V-A, promovido por ***y ***, contra el acto que reclaman del encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado a este Juzgado Segundo de Distrito el día diecinueve de julio siguiente, comparecieron *** y ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido al encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que quedó registrada con el número 1295/2021-V-A; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, 35 párrafo primero, 37, así como 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a los Acuerdos Generales 3/2013, y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, ya que se reclaman normas contenidas en una Constitución y una legislación estatal, con ejecución dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, con número de registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que las solicitantes del amparo reclaman lo siguiente: La negativa de acceder a la solicitud de matrimonio contenida en el oficio CJ-DRC-JUR-2766-2542-415-2021, de veinticinco de junio del presente año. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado (registrado con el número de promoción 12159). CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis. Son fundados los conceptos de violación expresados por las quejosas Mariana Trava Amendola y Adriana Valladares Muñoz, y suficientes para concederse el amparo y protección solicitados. En lo sustancial, las quejosas reclaman la negativa de la responsable de acceder a su solicitud de matrimonio presentada el diez de junio de dos mil veintiuno, ante la aludida autoridad responsable, contenida en el oficio CJ-DRC-JUR-2766-2542-415-2021, de veinticinco de junio del presente año. En dicho oficio la responsable señaló que se encontraba imposibilitada jurídicamente para acceder a su petición, toda vez que la legislación vigente en el Estado no prevé el matrimonio entre personas del mismo sexo, oficio en el que indicó como fundamento a su negativa, los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambos del Estado, lo que aducen las impetrantes contraviene los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal. Ahora bien, dichos ordenamientos en los que se basó la negativa de la responsable conceptúan el matrimonio como la institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada, los cuales establecen respectivamente, el derecho a la no discriminación y a la protección al desarrollo de la familia. Los referidos ordenamientos prevén que: "Artículo 94. (.) El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. El Estado reconoce que es de vital interés para la sociedad que en la unión de hombre y mujer para la procreación, se establezcan límites en cuanto a la edad y salud física y psíquica." "Artículo 49. El matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada". Como quedó evidenciado, los citados artículos establecen que el matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. Lo establecido en dicho precepto legal, ha sido considerado como inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que de considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida, que es la protección de la familia como realidad social. Esto es, pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. Es decir, la distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Así, como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer" pues, dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto, cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona; en consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Asimismo, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual; por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, 1a./J. 43/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, visible en la página 536, número de registro 2009407, del rubro y texto siguientes: "MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente." Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en diciembre de dos mil quince, se pronunció respecto a que las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio, producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales. Dicho criterio publicado en la página 187, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010677, a la letra indica: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN. El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales. En este mismo sentido, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, estableció que negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", así también señaló que no existe alguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Sirve de apoyo a lo anteriormente asentado, la Jurisprudencia sustentada por la citada Primera Sala del máximo Tribunal, publicada en la página 253, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009922, cuyo rubro y texto señalan: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad." En las relatadas condiciones, de acuerdo con lo expuesto por el artículo 49 del Código de Familia del Estado de Yucatán, que textualmente establece: "El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada." Y con lo asentado en el artículo 94, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que dice: "El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada". Resultan inconstitucionales en su literalidad por contener una distinción que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio, al permitir que sólo lo contraigan o lo conformen las parejas heterosexuales. En tal virtud, como los elementos de la definición de matrimonio contenidos en el invocado artículo con el que se basó la negativa de la responsable, es contrario a los principios de igualdad y no discriminación previstos en los artículos 1º y 4° Constitucionales, en consecuencia, haciendo un control concentrado de constitucionalidad, en reparación de los derechos violados a las peticionarias del amparo, lo que procede es conceder a Mariana Trava Amendola y Adriana Valladares Muñoz, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que el encargado del Registro Civil del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: Deje insubsistente el oficio impugnado y emita una determinación en la que deberá darle trámite a la solicitud de matrimonio de aquéllas y verificar si éstas cumplen con los demás requisitos que establece el Código de Familia para contraerlo, prescindiendo del hecho de que éste sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer. SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***y ***, contra el acto reclamado al encargado del Registro Civil del Estado, con sede en esta ciudad; por las razones y para los efectos precisados en la consideración quinta de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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