Mariana Tavera Bolaños

Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
98/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Mariana Tavera Bolaños

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obran en autos documentos originales, glosado a fojas 12 a 15, los cuales anexó junto con el escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, como en la certificación secretarial que antecede, se advierte que obran en autos documentos originales, glosado a fojas 12 a 15, los cuales anexó junto con el escrito inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción del documento mencionado así como del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto II-98/2022, promovido por Mariana Tavera Bolaños, por su propio derecho y en representación de su menor hija Fabiana Valdespino Tavera, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El uno de febrero del dos mil veintidós, Mariana Tavera Bolaños, por su propio derecho y en representación de su menor hija Fabiana Valdespino Tavera, presentó demanda de amparo, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, recibida en esa misma data por el Oficial de Partes de este juzgado de Distrito, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: El Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, en cuanto ordenadora, y el Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, así como su Secretario de Acuerdos y el C. Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, como ejecutoras. Las autoridades señaladas como responsables pueden ser emplazadas en su domicilio,." ." "IV. LA NORMA GENERA, ACTO Y OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De la autoridad responsable señalada como ordenadora, reclamo LA ORDEN DE ENTREGA DE LA CASA HABITACIÓN UBICADA EN EL LOTE 6-B DE LA MANZANA 09, DEL FRACCIONAMIENTO ACUEDUCTO LIBRAMIENTO NORTE, ACTUALMENTE UBICADO EN ANDADOR CARAPAN NÚMERO 54 CINCUENTA YCUATRO, COLONIA FOVISSSTE ACUEDUCTO DE ESTA CIUDAD ordenada por el Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, dentro del expediente relativo al juicio ordinario civil número 104/2021, que sobre terminación de contrato verbal de comodato, promovió NELIDA TELLO SALAS frente a VICTOR VALDESPINO TELLO. De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo todos los actos tendientes a ejecutar forzosamente la orden de entrega de la casa habitación mencionada a la tercera interesada, en especial a la inminente ejecución del lanzamiento del inmueble señalado del cual somos poseedoras y mi menor hija propietaria y que habitamos." La parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio el artículo 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Previa su aclaración, en auto de dieciocho de febrero del dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, exclusivamente en relación con las autoridades Juez y Actuario del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, registrándola con el número II-98/2022, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; se ordenó emplazar a la tercero interesada Nélida Tello Salas, lo cual aconteció conforme al acta que obra en el presente expediente; mientras que el diverso tercero Víctor Valdespino Tello, no fue posible emplazarlo; sin embargo, atendiendo a las consideraciones que se expondrán en esta sentencia, resulta innecesario el llamamiento al juicio del mismo. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que en el caso se reclaman actos de una autoridad de naturaleza civil, cuya ejecución se materializó en la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la quejosa reclama los actos siguientes: Del Juez Sexto de lo Civil de Morelia, Michoacán: La orden de entrega de la casa habitación ubicada en el lote 6-B, de la manzana 09, del fraccionamiento Acueducto Libramiento Norte, actualmente ubicado en Andador Carapan, número 54, de la colonia Fovissste Acueducto de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil número 104/2021, que sobre terminación de contrato de comodato promovió Nélida Tello Salas frente a Víctor Valdespino Tello, sin haber sido oída y vencida la parte quejosa. Del Actuario adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil de Morelia, Michoacán: La ejecución forzosa de la orden de lanzamiento del inmueble que afirma realizó la juzgadora señalada como ordenadora, respecto del inmueble ya descrito, que la quejosa afirma posee. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptan únicamente la existencia del juicio ordinario civil 104/2021, promovido por Nélida Tello Salas en contra de Víctor Valdespino Tello; sin embargo, niegan que se haya dictado proveído alguno ordenando a la peticionaria del amparo la desocupación forzosa del bien inmueble cuyo desposeimiento reclama en este juicio de amparo. Dicha negativa queda acreditada con las constancias remitidas por el Juzgado responsable consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil 104/2021, que sobre terminación de contrato de comodato promueve Nélida Tello Salas, en contra de Víctor Valdespino Tello, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numera 2°. Lo anterior es así pues aunque de dichas constancias se desprende que en efecto dentro del contradictorio natural el trece de diciembre del dos mil veintiuno, la jueza ahora señalada como responsable, dictó sentencia donde declaró terminado el contrato de comodato celebrado entre Nélida Tello Salas como comodante y Víctor Valdespino Tello, en cuanto comodatario, respecto de la casa habitación ubicada en el lote número 6-B, de la manzana 9, del fraccionamiento Acueducto Libramiento Norte, actualmente ubicado en Andador Carapan, número 54, colonia Fovissste Acueducto de esta ciudad de Morelia, por lo cual se condenó al reo a realizar la entrega real y material de dicho inmueble en comodato. También es cierto que en auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, la juez de origen declaró ejecutoriada la resolución definitiva y concedió a la parte demandada Víctor Valdespino Tello el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con dicha sentencia, esto es, entregara voluntariamente el inmueble ya descrito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa, proveído que fue notificado al propio demandado por medio de instructivo, el veintiséis de enero de dos mil veintidós. Pero, la Jueza responsable aún no ha ordenado la entrega forzosa del inmueble cuya posesión ahora se defiende, menos aún se ha ejecutado. De ahí la inexistencia del acto reclamado consistente en la orden y ejecución forzosa del inmueble cuya posesión defiende la parte quejosa, sin que esta última haya otorgado prueba alguna para demostrar la existencia de dichos actos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos y autoridades precisados en este considerando, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la tesis siguiente: "Época: Séptima Época Registro: 237797 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 139-144, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 10 ACTOS RECLAMADOS, INEXISTENCIA DE LOS, AUN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES MANIFIESTEN QUE SON CIERTOS, SI DEL TEXTO DEL INFORME RESULTA QUE NO LOS ORDENARON. Aun cuando la autoridad responsable hubiere manifestado en su informe justificado que los actos que las quejosas le imputan son ciertos, si de la lectura de su citado informe no aparece que haya dictado los actos que se le reclamaron en su carácter de autoridad ordenadora; en tales condiciones, el informe de la aludida responsable debe tenerse por rendido en el sentido de que niega tales actos.". CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Sexto de lo Civil de Morelia, Michoacán, en cuanto a la existencia del juicio ordinario civil 104/2021, promovido por Nélida Tello Salas en contra de Víctor Valdespino Tello, así como que el diecinueve de enero de dos mil veintidós ordenó al demandado la entrega voluntaria del inmueble multicitado, cuyo desposeimiento reclama la hoy quejosa, en cuanto tercero extraña al contradictorio de origen. Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió consistentes en copia certificada del juicio ordinario civil 104/2021. A las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza del acto reclamado, debe examinarse la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de inerjecitabilidad deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juzgado de Distrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil número 104/2021, que sobre terminación de contrato de comodato promovió Nélida Tello Salas frente a Víctor Valdespino Tello. Al efecto la quejosa Mariana Tavera Bolaños, por su propio derecho y en representación de su menor hija Fabiana Valdespino Tavera, como tercero extraña a dicho procedimiento, se ostenta posesionaria del inmueble cuya entrega se ordenó al demandado realizara en el juicio de donde deriva el acto reclamado. En principio se considera que la orden de entrega voluntaria del multicitado inmueble, dictada por la jueza responsable en el auto del diecinueve de enero de dos mil veintidós, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues tal requerimiento se efectuó respecto de Víctor Valdespino Tello y no de Mariana Tavera Bolaños. En consecuencia, si la ahora quejosa se duele que con motivo de dicha orden y su ejecución se le ha causado molestia en su posesión, tiene la carga de acreditar fehacientemente el interés jurídico que tiene sobre el multicitado inmueble, o dicho en otras palabras, la afectación al derecho sustantivo especifico de la posesión que aquí defiende. Corrobora lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Pues bien, para pedir amparo, la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Conforme al anterior criterio, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como condicionantes para demostrar el interés jurídico lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, la quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto emanado de una controversia jurisdiccional, relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser poseedora ubicado en el lote número 6-B, de la manzana 9, del fraccionamiento Acueducto Libramiento Norte, actualmente ubicado en Andador Carapan, número 54, colonia Fovissste Acueducto de esta ciudad de Morelia. Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. Así, conviene recordar que la quejosa accionó la vía constitucional doliéndose de la orden de privación del inmueble cuya ubicación ya fue descrita decretada por la jueza natural dentro del juicio ordinario civil número 104/2021, que promovió Nélida Tello Salas en contra de Víctor Valdespino Tello, así como todas sus consecuencias legales, como lo es que sea privada de la posesión que afirma ostenta del inmueble materia del contradictorio natural, del cual es tercero extraña; ello, planteado desde la perspectiva de que las responsables transgredieron en su contra los derechos de audiencia y defensa que todo gobernado goza de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de posesión del bien raíz que se viene a defender, es necesario que para la justificación del interés jurídico se demuestre en la especie la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la siguiente tesis: "Época: Octava Época Registro: 209307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV, Febrero de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXI.2o.48 C Página: 176 INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDÓNEA, EN TÉRMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." Lo anterior aunado a que tratándose de la posesión se puede advertir que existen dos tipos: la originaria y la derivada. La posesión originaria se obtiene a través de una transmisión de derechos que realiza el propietario en favor del poseedor, mediante compraventa, donación, herencia, dación en pago, etcétera. La posesión derivada es aquella que se trasmite por arrendamiento, usufructo, depósito u otro título análogo. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Con la finalidad de acreditar el interés jurídico que le asiste en esta instancia constitucional, en lo que interesa, la parte quejosa exhibió las documentales siguientes: Copia simple del acta de nacimiento 5295 del dos de diciembre del dos mil once, relativa a la menor F.V.T., y donde aparecen como sus progenitores Víctor Valdespino Tello ( demandado en el juicio natural) y Mariana Tavera Bolaños (aquí quejosa); Y, Acta de nacimiento 1904 del diecinueve de julio de mil novecientos setenta y seis, relativa al enjuiciado Víctor Valdespino Tello. Medios de convicción que si bien tienen valor probatorio acorde a los artículos 128, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°; pero, únicamente son útiles para acreditar el nacimiento del reo, aquí tercero interesado, que la actora es su madre; y, que la menor F.V.T., es hija de la quejosa y del demandado, aquí tercero interesado, quienes la procrearon. En consecuencia, si la quejosa dice habitar en el domicilio materia del acto reclamado, junto con su menor hija, es decir, en todo caso, solo ostenta la posesión simple o precaria del referido inmueble, la que no es susceptible de protección a través del juicio de amparo, ya que no se sustenta en algún título previsto o sustentado en la ley. Tiene aplicación en lo que interesa la jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página: 5, Novena Época, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así como la diversa jurisprudencia I.3º.C.J/20, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo 2001, Página: 1650, Novena Época, que establece: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional." De lo anteriormente expuesto se puede llegar a la conclusión de que la aquí quejosa no acreditó contar con la calidad de poseedora originaria que aduce tener del inmueble multicitado, pues como ella misma lo refiere en su demanda de amparo, supuestamente ocupa dicho domicilio virtud al préstamo que de manera verbal afirma le hizo Nélida Tello Salas. Y aun cuando refiere que Nélida Tello Salas le manifestó que le regalaría dicha casa a la menor F.V.T., lo cierto es que no existe pacto jurídico alguno, con el cual compruebe que dicha promesa se concretó a través de la celebración del contrato respectivo; ni tampoco se aportó prueba alguna para evidenciarlo.. Por el contrario con las constancias del juicio de origen, lo que se demuestra es que el contrato de comodato lo celebró Nélida Tello Salas con Víctor Valdespino Tello y no con Mariana Tavera Bolaños por sí, ni en representación de la menor Fabiana Valdespino Tavera, por lo que no le resulta el interés jurídico necesario para promover en esta instancia constitucional. Sin que en la especie, como lo pretende hacer valer la quejosa, se afecte el derecho de posesión de su menor hija, por ser quien vive con ella en el inmueble cuya posesión defiende, pues no existe una contraposición jurídica entre el derecho de posesión que aduce ostenta y el derecho de alimentos (habitación) de la menor, pues lejos de estar vinculado directamente o necesariamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación, como en el caso lo es la madre de la infante de mérito, ahora promovente del amparo; o, su padre, lo cual, incluso pueden realizar en un inmueble diverso, pues subsiste la obligación de ambos padres de brindar tales alimentos. Sirve de orientación a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Registro digital: 2023695 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil, Constitucional Tesis: 1a./J. 21/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 1632 Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Hechos: El padre y la madre de dos personas menores de edad fueron demandados por la abuela de éstas en un juicio sobre terminación de contrato verbal de comodato, respecto de un inmueble que ocupaban aquéllos como casa habitación. En primera y segunda instancia se determinó la improcedencia de la acción planteada por la abuela; razón por la cual esta última promovió juicio de amparo. El Tribunal Colegiado concedió protección constitucional para que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución, en la que valorara debidamente las pruebas desahogadas en el juicio. Los padres de las menores de edad presentaron un recurso de revisión en el que alegaron que el Tribunal Colegiado debió analizar el impacto que tendría la concesión del amparo en los derechos humanos de sus hijas quienes habitaban el domicilio y por lo tanto se podrían ver desalojadas de dicho inmueble. Criterio jurídico: El derecho de alimentos de las hijas o hijos menores de edad (que comprende la habitación), es distinto del derecho de uso que sus padres, como parte en el proceso, defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes. Justificación: A pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se emplea para colmar ese derecho, cuando la litis en el juicio natural versa sobre la determinación judicial de restitución de la posesión de un inmueble, mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho de alimentos (habitación) de las personas menores de edad, el caso no amerita ser apreciado a la luz de su interés superior, ni con perspectiva de infancia. Lo anterior, aun tomando en consideración el alcance que jurisprudencialmente se ha dado al interés superior de la infancia y al derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos en donde se ventilen sus derechos, pues no es posible atender a una eventual e incierta situación de hecho que en el futuro pudiera afectar de manera indirecta a las personas menores de edad involucradas. Lo definitivo en estos casos es que no existe una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad y posesión que ostenta la parte actora en el juicio de origen y el derecho de alimentos (habitación) de las personas menores, pues lejos de estar vinculado directamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto con fundamento en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. Cabe señalar que no pasa inadvertido para este juzgador, el hecho de que en auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Víctor Valdespino Tello; y que no fue posible emplazar al mismo al presente asunto. Sin embargo, debe tomarse en consideración el contenido de la razón levantada por el Actuario judicial adscrito a este juzgado el veinticinco de marzo del dos mil veintidós, en cuanto a que en la misma asentó que la diverso tercero interesada Nélida Tello Salas, -persona con la cual entendió la diligencia-, le manifestó que Víctor Valdespino Tello, quien es su hijo, actualmente se encuentra anexado por un problema de salud, así como que el domicilio ubicado en Andador Carapan, número 54 colonia Fovissste Acueducto de esta ciudad de Morelia, actualmente se encuentra desocupado virtud a la entrega voluntaria que del mismo hizo la ahora quejosa. Circunstancia que, incluso fue corroborada por la quejosa en su demanda de amparo, donde indicó que seis meses antes la actora le informó que el tercero interesado habría sido anexado a un centro de rehabilitación por un año (es decir, aproximadamente hasta febrero del dos mil veintitrés). Así mismo, de las constancias del juicio de origen se observa que dicho tercero no fue emplazado en su domicilio, sino que éste acudió a las instalaciones del propio Juzgado Sexto Civil de esta ciudad de Morelia a emplazarse. En consecuencia atendiendo a dichas circunstancias y al sentido de la presente sentencia, que no genera una afectación al citado tercero, este juzgado considera que la falta de emplazamiento del referido tercero interesado al presente asunto no es obstáculo para emitirla, pues además, no se le vulneraría alguno de sus derechos. Apoya lo expuesto las tesis siguientes: "Registro digital: 2024053 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.59 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3118 Tipo: Aislada TERCERO INTERESADO NO EMPLAZADO EN EL AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE NOTIFICARLO SI EN EL JUICIO SE SOBRESEYÓ POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE LA PARTE QUEJOSA Y EN EL RECURSO DE REVISIÓN NO SE DESVIRTÚA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Hechos: En un juicio de amparo indirecto la parte quejosa, extraña a la controversia de origen, en el recurso de revisión que interpuso contra la sentencia que decretó el sobreseimiento por estimar que carece de interés jurídico, señaló que se violaron las reglas del procedimiento del juicio de amparo, pues no se emplazó a una persona a quien asiste el carácter de tercero interesada y ésta podía haber ofrecido pruebas para corroborar lo reclamado en el amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no procede reponer el procedimiento a fin de notificar al tercero interesado no emplazado en el amparo indirecto, si en el juicio se sobreseyó por falta de interés jurídico de la parte quejosa y en el recurso de revisión no se desvirtúa esa causa de improcedencia. Justificación: Lo anterior, porque si la parte quejosa es extraña al juicio de donde derivan los actos reclamados y no demuestra la presunta afectación a su interés jurídico, lo cual propicia el sobreseimiento del amparo, a nada práctico conduciría reponer el procedimiento para emplazar a una persona a la que asista el carácter de tercero interesada, pues ningún perjuicio acarrea a esta última el no haberla llamado a la instancia constitucional y tampoco se genera perjuicio alguno a la parte quejosa, en virtud de que a ésta corresponde la carga de probar el interés jurídico para instar la acción constitucional, pues de lo previsto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que los factores esenciales para reconocer la legitimación como tercero interesada a una persona, a fin de emplazarla al juicio de amparo para que deduzca sus derechos, son: 1. Que tenga interés en que subsista el acto reclamado; y, 2. Que sea contrario a la parte quejosa. Por tanto, el tercero interesado de ninguna forma podría coadyuvar con la quejosa para demostrar el interés jurídico que ésta dice tener". "Registro digital: 232980 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 71, Primera Parte, página 61 Tipo: Aislada REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. NO DEBE ORDENARSE SI EL QUEJOSO CARECE DE INTERES JURIDICO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO OIDO EL TERCERO PERJUDICADO. De acuerdo con el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, existe la obligación de revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tengan derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley. El tercero perjudicado es parte en el juicio constitucional según el artículo 5o. de la Ley de Amparo y, en consecuencia, tiene derecho de ser oído en el juicio de garantías. Esta parte del juicio tiene intervención porque se supone que le conviene la subsistencia del acto reclamado, y al quejoso le interesa que el acto reclamado deje de surtir consecuencias. La pretensión del tercero perjudicado puede satisfacer a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento del juicio, pues en el primer caso el acto reclamado sigue vigente y en el segundo puede seguir vigente o no existir. Ahora bien, considerando que existe un imperativo derivado de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en que sostiene que el sobreseimiento es de orden público y su estudio debe ser previo a las cuestiones constitucionales planteadas si es evidente la causal de improcedencia, como, por ejemplo, la consistente en que el quejoso no tiene interés jurídico, debe pronunciarse el sobreseimiento, por ser de mayor importancia esa exigencia en relación a la orden de reponer el procedimiento para el efecto de emplazar debidamente a los terceros perjudicados pues la intervención de éstos no afectaría de ninguna manera la causal de improcedencia que opere en el juicio". SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio promovido por Mariana Tavera Bolaños, por su propio derecho y en representación de su menor hija Fabiana Valdespino Tavera, contra los actos reclamados al Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad y Actuario adscrito al juzgado a su cargo, por los motivos señalados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, Esperanza Fuentes Reyes, hasta el día de hoy trece de mayo del dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR SÍ O A TRAVÉS DE SU AUTORIZADA, EL PROVEÍDO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto II-98/2022, promovido por Mariana Tavera Bolaños, por su propio derecho y en representación de su menor hija Fabiana Valdespino Tavera, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El uno de febrero del dos mil veintidós, Mariana Tavera Bolaños, por su propio derecho y en representación de su menor hija Fabiana Valdespino Tavera, presentó demanda de amparo, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, recibida en esa misma data por el Oficial de Partes de este juzgado de Distrito, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: El Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, en cuanto ordenadora, y el Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, así como su Secretario de Acuerdos y el C. Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, como ejecutoras. Las autoridades señaladas como responsables pueden ser emplazadas en su domicilio,." ." "IV. LA NORMA GENERA, ACTO Y OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De la autoridad responsable señalada como ordenadora, reclamo LA ORDEN DE ENTREGA DE LA CASA HABITACIÓN UBICADA EN EL LOTE 6-B DE LA MANZANA 09, DEL FRACCIONAMIENTO ACUEDUCTO LIBRAMIENTO NORTE, ACTUALMENTE UBICADO EN ANDADOR CARAPAN NÚMERO 54 CINCUENTA YCUATRO, COLONIA FOVISSSTE ACUEDUCTO DE ESTA CIUDAD ordenada por el Juez Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, dentro del expediente relativo al juicio ordinario civil número 104/2021, que sobre terminación de contrato verbal de comodato, promovió NELIDA TELLO SALAS frente a VICTOR VALDESPINO TELLO. De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo todos los actos tendientes a ejecutar forzosamente la orden de entrega de la casa habitación mencionada a la tercera interesada, en especial a la inminente ejecución del lanzamiento del inmueble señalado del cual somos poseedoras y mi menor hija propietaria y que habitamos." La parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio el artículo 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Previa su aclaración, en auto de dieciocho de febrero del dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, exclusivamente en relación con las autoridades Juez y Actuario del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, registrándola con el número II-98/2022, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; se ordenó emplazar a la tercero interesada Nélida Tello Salas, lo cual aconteció conforme al acta que obra en el presente expediente; mientras que el diverso tercero Víctor Valdespino Tello, no fue posible emplazarlo; sin embargo, atendiendo a las consideraciones que se expondrán en esta sentencia, resulta innecesario el llamamiento al juicio del mismo. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que en el caso se reclaman actos de una autoridad de naturaleza civil, cuya ejecución se materializó en la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la quejosa reclama los actos siguientes: Del Juez Sexto de lo Civil de Morelia, Michoacán: La orden de entrega de la casa habitación ubicada en el lote 6-B, de la manzana 09, del fraccionamiento Acueducto Libramiento Norte, actualmente ubicado en Andador Carapan, número 54, de la colonia Fovissste Acueducto de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil número 104/2021, que sobre terminación de contrato de comodato promovió Nélida Tello Salas frente a Víctor Valdespino Tello, sin haber sido oída y vencida la parte quejosa. Del Actuario adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil de Morelia, Michoacán: La ejecución forzosa de la orden de lanzamiento del inmueble que afirma realizó la juzgadora señalada como ordenadora, respecto del inmueble ya descrito, que la quejosa afirma posee. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptan únicamente la existencia del juicio ordinario civil 104/2021, promovido por Nélida Tello Salas en contra de Víctor Valdespino Tello; sin embargo, niegan que se haya dictado proveído alguno ordenando a la peticionaria del amparo la desocupación forzosa del bien inmueble cuyo desposeimiento reclama en este juicio de amparo. Dicha negativa queda acreditada con las constancias remitidas por el Juzgado responsable consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil 104/2021, que sobre terminación de contrato de comodato promueve Nélida Tello Salas, en contra de Víctor Valdespino Tello, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numera 2°. Lo anterior es así pues aunque de dichas constancias se desprende que en efecto dentro del contradictorio natural el trece de diciembre del dos mil veintiuno, la jueza ahora señalada como responsable, dictó sentencia donde declaró terminado el contrato de comodato celebrado entre Nélida Tello Salas como comodante y Víctor Valdespino Tello, en cuanto comodatario, respecto de la casa habitación ubicada en el lote número 6-B, de la manzana 9, del fraccionamiento Acueducto Libramiento Norte, actualmente ubicado en Andador Carapan, número 54, colonia Fovissste Acueducto de esta ciudad de Morelia, por lo cual se condenó al reo a realizar la entrega real y material de dicho inmueble en comodato. También es cierto que en auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, la juez de origen declaró ejecutoriada la resolución definitiva y concedió a la parte demandada Víctor Valdespino Tello el término de tres días para que cumpliera voluntariamente con dicha sentencia, esto es, entregara voluntariamente el inmueble ya descrito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa, proveído que fue notificado al propio demandado por medio de instructivo, el veintiséis de enero de dos mil veintidós. Pero, la Jueza responsable aún no ha ordenado la entrega forzosa del inmueble cuya posesión ahora se defiende, menos aún se ha ejecutado. De ahí la inexistencia del acto reclamado consistente en la orden y ejecución forzosa del inmueble cuya posesión defiende la parte quejosa, sin que esta última haya otorgado prueba alguna para demostrar la existencia de dichos actos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos y autoridades precisados en este considerando, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.Cobra aplicación al respecto la tesis siguiente:"Época: Séptima Época Registro: 237797 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 139-144, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 10 ACTOS RECLAMADOS, INEXISTENCIA DE LOS, AUN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES MANIFIESTEN QUE SON CIERTOS, SI DEL TEXTO DEL INFORME RESULTA QUE NO LOS ORDENARON. Aun cuando la autoridad responsable hubiere manifestado en su informe justificado que los actos que las quejosas le imputan son ciertos, si de la lectura de su citado informe no aparece que haya dictado los actos que se le reclamaron en su carácter de autoridad ordenadora; en tales condiciones, el informe de la aludida responsable debe tenerse por rendido en el sentido de que niega tales actos.". CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Sexto de lo Civil de Morelia, Michoacán, en cuanto a la existencia del juicio ordinario civil 104/2021, promovido por Nélida Tello Salas en contra de Víctor Valdespino Tello, así como que el diecinueve de enero de dos mil veintidós ordenó al demandado la entrega voluntaria del inmueble multicitado, cuyo desposeimiento reclama la hoy quejosa, en cuanto tercero extraña al contradictorio de origen. Certeza que se corrobora con las constancias que exhibió consistentes en copia certificada del juicio ordinario civil 104/2021. A las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza del acto reclamado, debe examinarse la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de inerjecitabilidad deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juzgado de Distrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil número 104/2021, que sobre terminación de contrato de comodato promovió Nélida Tello Salas frente a Víctor Valdespino Tello. Al efecto la quejosa Mariana Tavera Bolaños, por su propio derecho y en representación de su menor hija Fabiana Valdespino Tavera, como tercero extraña a dicho procedimiento, se ostenta posesionaria del inmueble cuya entrega se ordenó al demandado realizara en el juicio de donde deriva el acto reclamado. En principio se considera que la orden de entrega voluntaria del multicitado inmueble, dictada por la jueza responsable en el auto del diecinueve de enero de dos mil veintidós, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues tal requerimiento se efectuó respecto de Víctor Valdespino Tello y no de Mariana Tavera Bolaños. En consecuencia, si la ahora quejosa se duele que con motivo de dicha orden y su ejecución se le ha causado molestia en su posesión, tiene la carga de acreditar fehacientemente el interés jurídico que tiene sobre el multicitado inmueble, o dicho en otras palabras, la afectación al derecho sustantivo especifico de la posesión que aquí defiende. Corrobora lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Pues bien, para pedir amparo, la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Conforme al anterior criterio, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como condicionantes para demostrar el interés jurídico lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, la quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto emanado de una controversia jurisdiccional, relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser poseedora ubicado en el lote número 6-B, de la manzana 9, del fraccionamiento Acueducto Libramiento Norte, actualmente ubicado en Andador Carapan, número 54, colonia Fovissste Acueducto de esta ciudad de Morelia. Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. Así, conviene recordar que la quejosa accionó la vía constitucional doliéndose de la orden de privación del inmueble cuya ubicación ya fue descrita decretada por la jueza natural dentro del juicio ordinario civil número 104/2021, que promovió Nélida Tello Salas en contra de Víctor Valdespino Tello, así como todas sus consecuencias legales, como lo es que sea privada de la posesión que afirma ostenta del inmueble materia del contradictorio natural, del cual es tercero extraña; ello, planteado desde la perspectiva de que las responsables transgredieron en su contra los derechos de audiencia y defensa que todo gobernado goza de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de posesión del bien raíz que se viene a defender, es necesario que para la justificación del interés jurídico se demuestre en la especie la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la siguiente tesis: "Época: Octava Época Registro: 209307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV, Febrero de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXI.2o.48 C Página: 176 INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDÓNEA, EN TÉRMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." Lo anterior aunado a que tratándose de la posesión se puede advertir que existen dos tipos: la originaria y la derivada. La posesión originaria se obtiene a través de una transmisión de derechos que realiza el propietario en favor del poseedor, mediante compraventa, donación, herencia, dación en pago, etcétera. La posesión derivada es aquella que se trasmite por arrendamiento, usufructo, depósito u otro título análogo. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Con la finalidad de acreditar el interés jurídico que le asiste en esta instancia constitucional, en lo que interesa, la parte quejosa exhibió las documentales siguientes: Copia simple del acta de nacimiento 5295 del dos de diciembre del dos mil once, relativa a la menor F.V.T., y donde aparecen como sus progenitores Víctor Valdespino Tello ( demandado en el juicio natural) y Mariana Tavera Bolaños (aquí quejosa); Y, Acta de nacimiento 1904 del diecinueve de julio de mil novecientos setenta y seis, relativa al enjuiciado Víctor Valdespino Tello. Medios de convicción que si bien tienen valor probatorio acorde a los artículos 128, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°; pero, únicamente son útiles para acreditar el nacimiento del reo, aquí tercero interesado, que la actora es su madre; y, que la menor F.V.T., es hija de la quejosa y del demandado, aquí tercero interesado, quienes la procrearon. En consecuencia, si la quejosa dice habitar en el domicilio materia del acto reclamado, junto con su menor hija, es decir, en todo caso, solo ostenta la posesión simple o precaria del referido inmueble, la que no es susceptible de protección a través del juicio de amparo, ya que no se sustenta en algún título previsto o sustentado en la ley. Tiene aplicación en lo que interesa la jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página: 5, Novena Época, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así como la diversa jurisprudencia I.3º.C.J/20, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo 2001, Página: 1650, Novena Época, que establece: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional." De lo anteriormente expuesto se puede llegar a la conclusión de que la aquí quejosa no acreditó contar con la calidad de poseedora originaria que aduce tener del inmueble multicitado, pues como ella misma lo refiere en su demanda de amparo, supuestamente ocupa dicho domicilio virtud al préstamo que de manera verbal afirma le hizo Nélida Tello Salas. Y aun cuando refiere que Nélida Tello Salas le manifestó que le regalaría dicha casa a la menor F.V.T., lo cierto es que no existe pacto jurídico alguno, con el cual compruebe que dicha promesa se concretó a través de la celebración del contrato respectivo; ni tampoco se aportó prueba alguna para evidenciarlo.. Por el contrario con las constancias del juicio de origen, lo que se demuestra es que el contrato de comodato lo celebró Nélida Tello Salas con Víctor Valdespino Tello y no con Mariana Tavera Bolaños por sí, ni en representación de la menor Fabiana Valdespino Tavera, por lo que no le resulta el interés jurídico necesario para promover en esta instancia constitucional. Sin que en la especie, como lo pretende hacer valer la quejosa, se afecte el derecho de posesión de su menor hija, por ser quien vive con ella en el inmueble cuya posesión defiende, pues no existe una contraposición jurídica entre el derecho de posesión que aduce ostenta y el derecho de alimentos (habitación) de la menor, pues lejos de estar vinculado directamente o necesariamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación, como en el caso lo es la madre de la infante de mérito, ahora promovente del amparo; o, su padre, lo cual, incluso pueden realizar en un inmueble diverso, pues subsiste la obligación de ambos padres de brindar tales alimentos. Sirve de orientación a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Registro digital: 2023695 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil, Constitucional Tesis: 1a./J. 21/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 1632 Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Hechos: El padre y la madre de dos personas menores de edad fueron demandados por la abuela de éstas en un juicio sobre terminación de contrato verbal de comodato, respecto de un inmueble que ocupaban aquéllos como casa habitación. En primera y segunda instancia se determinó la improcedencia de la acción planteada por la abuela; razón por la cual esta última promovió juicio de amparo. El Tribunal Colegiado concedió protección constitucional para que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución, en la que valorara debidamente las pruebas desahogadas en el juicio. Los padres de las menores de edad presentaron un recurso de revisión en el que alegaron que el Tribunal Colegiado debió analizar el impacto que tendría la concesión del amparo en los derechos humanos de sus hijas quienes habitaban el domicilio y por lo tanto se podrían ver desalojadas de dicho inmueble. Criterio jurídico: El derecho de alimentos de las hijas o hijos menores de edad (que comprende la habitación), es distinto del derecho de uso que sus padres, como parte en el proceso, defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes. Justificación: A pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se emplea para colmar ese derecho, cuando la litis en el juicio natural versa sobre la determinación judicial de restitución de la posesión de un inmueble, mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho de alimentos (habitación) de las personas menores de edad, el caso no amerita ser apreciado a la luz de su interés superior, ni con perspectiva de infancia. Lo anterior, aun tomando en consideración el alcance que jurisprudencialmente se ha dado al interés superior de la infancia y al derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos en donde se ventilen sus derechos, pues no es posible atender a una eventual e incierta situación de hecho que en el futuro pudiera afectar de manera indirecta a las personas menores de edad involucradas. Lo definitivo en estos casos es que no existe una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad y posesión que ostenta la parte actora en el juicio de origen y el derecho de alimentos (habitación) de las personas menores, pues lejos de estar vinculado directamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto con fundamento en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. Cabe señalar que no pasa inadvertido para este juzgador, el hecho de que en auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Víctor Valdespino Tello; y que no fue posible emplazar al mismo al presente asunto. Sin embargo, debe tomarse en consideración el contenido de la razón levantada por el Actuario judicial adscrito a este juzgado el veinticinco de marzo del dos mil veintidós, en cuanto a que en la misma asentó que la diverso tercero interesada Nélida Tello Salas, -persona con la cual entendió la diligencia-, le manifestó que Víctor Valdespino Tello, quien es su hijo, actualmente se encuentra anexado por un problema de salud, así como que el domicilio ubicado en Andador Carapan, número 54 colonia Fovissste Acueducto de esta ciudad de Morelia, actualmente se encuentra desocupado virtud a la entrega voluntaria que del mismo hizo la ahora quejosa. Circunstancia que, incluso fue corroborada por la quejosa en su demanda de amparo, donde indicó que seis meses antes la actora le informó que el tercero interesado habría sido anexado a un centro de rehabilitación por un año (es decir, aproximadamente hasta febrero del dos mil veintitrés). Así mismo, de las constancias del juicio de origen se observa que dicho tercero no fue emplazado en su domicilio, sino que éste acudió a las instalaciones del propio Juzgado Sexto Civil de esta ciudad de Morelia a emplazarse. En consecuencia atendiendo a dichas circunstancias y al sentido de la presente sentencia, que no genera una afectación al citado tercero, este juzgado considera que la falta de emplazamiento del referido tercero interesado al presente asunto no es obstáculo para emitirla, pues además, no se le vulneraría alguno de sus derechos. Apoya lo expuesto las tesis siguientes: "Registro digital: 2024053 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: I.11o.C.59 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3118 Tipo: Aislada TERCERO INTERESADO NO EMPLAZADO EN EL AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE NOTIFICARLO SI EN EL JUICIO SE SOBRESEYÓ POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE LA PARTE QUEJOSA Y EN EL RECURSO DE REVISIÓN NO SE DESVIRTÚA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Hechos: En un juicio de amparo indirecto la parte quejosa, extraña a la controversia de origen, en el recurso de revisión que interpuso contra la sentencia que decretó el sobreseimiento por estimar que carece de interés jurídico, señaló que se violaron las reglas del procedimiento del juicio de amparo, pues no se emplazó a una persona a quien asiste el carácter de tercero interesada y ésta podía haber ofrecido pruebas para corroborar lo reclamado en el amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no procede reponer el procedimiento a fin de notificar al tercero interesado no emplazado en el amparo indirecto, si en el juicio se sobreseyó por falta de interés jurídico de la parte quejosa y en el recurso de revisión no se desvirtúa esa causa de improcedencia. Justificación: Lo anterior, porque si la parte quejosa es extraña al juicio de donde derivan los actos reclamados y no demuestra la presunta afectación a su interés jurídico, lo cual propicia el sobreseimiento del amparo, a nada práctico conduciría reponer el procedimiento para emplazar a una persona a la que asista el carácter de tercero interesada, pues ningún perjuicio acarrea a esta última el no haberla llamado a la instancia constitucional y tampoco se genera perjuicio alguno a la parte quejosa, en virtud de que a ésta corresponde la carga de probar el interés jurídico para instar la acción constitucional, pues de lo previsto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que los factores esenciales para reconocer la legitimación como tercero interesada a una persona, a fin de emplazarla al juicio de amparo para que deduzca sus derechos, son: 1. Que tenga interés en que subsista el acto reclamado; y, 2. Que sea contrario a la parte quejosa. Por tanto, el tercero interesado de ninguna forma podría coadyuvar con la quejosa para demostrar el interés jurídico que ésta dice tener". "Registro digital: 232980 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 71, Primera Parte, página 61 Tipo: Aislada REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. NO DEBE ORDENARSE SI EL QUEJOSO CARECE DE INTERES JURIDICO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO OIDO EL TERCERO PERJUDICADO. De acuerdo con el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, existe la obligación de revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tengan derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley. El tercero perjudicado es parte en el juicio constitucional según el artículo 5o. de la Ley de Amparo y, en consecuencia, tiene derecho de ser oído en el juicio de garantías. Esta parte del juicio tiene intervención porque se supone que le conviene la subsistencia del acto reclamado, y al quejoso le interesa que el acto reclamado deje de surtir consecuencias. La pretensión del tercero perjudicado puede satisfacer a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento del juicio, pues en el primer caso el acto reclamado sigue vigente y en el segundo puede seguir vigente o no existir. Ahora bien, considerando que existe un imperativo derivado de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en que sostiene que el sobreseimiento es de orden público y su estudio debe ser previo a las cuestiones constitucionales planteadas si es evidente la causal de improcedencia, como, por ejemplo, la consistente en que el quejoso no tiene interés jurídico, debe pronunciarse el sobreseimiento, por ser de mayor importancia esa exigencia en relación a la orden de reponer el procedimiento para el efecto de emplazar debidamente a los terceros perjudicados pues la intervención de éstos no afectaría de ninguna manera la causal de improcedencia que opere en el juicio". SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio promovido por Mariana Tavera Bolaños, por su propio derecho y en representación de su menor hija Fabiana Valdespino Tavera, contra los actos reclamados al Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad y Actuario adscrito al juzgado a su cargo, por los motivos señalados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, Esperanza Fuentes Reyes, hasta el día de hoy trece de mayo del dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.

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