MARIANA TAQUILLO CIRILO y Otros.
Expediente 1085/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- MARIANA TAQUILLO CIRILO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciséis de agosto del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó parcialmente por cuanto hace a las autoridades responsables Gobernadora, Congreso y Secretaría de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, y por el acto que se les atribuyó, ha causado estado. Por otra parte, se aprecia que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que en acuerdo de doce de septiembre del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, el cual fue notificado el veintidós del trece mes y año, por medio de lista, razón por la cual a la presente fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impongan de su contenido. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia de mérito, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, se advierte que no obra en autos el acuse de recibo del oficio número 18829/2023, dirigido al tercero interesado ********************, respecto del auto de radicación de la demanda. Ahora bien, dado que es necesario contar con dicha constancia a fin de integrar debidamente el expediente; requiérase por vía telegráfica al referido Ayuntamiento, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído informen por la misma vía si ya recibió el mencionado oficio y de ser así la fecha de su recepción, a fin de que ello se tenga como acuse de recibo. Se le apercibe que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en termino de los numerales 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Esta determinación hágase del conocimiento a la autoridad responsable mediante la lista que se publica en los estrados de este juzgado federal, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Mariana Taquillo Cirilo, Miguel Pérez Vargas y Vicente Vázquez Hernández, por conducto de su apoderado legal ********************, personalidad que se le reconoce en términos de la documental que exhibe, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1085/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial Judicial C responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario (a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo y del escrito de desahogo de prevención, es factible para esta juzgadora Federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: (.) (.) Asimismo, en el punto ocho de los antecedentes de la demanda, que se narran bajo protesta de decir verdad, se aprecia que las autoridades antes mencionadas, fueron vinculadas al cumplimiento del laudo por auto de once de enero de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este propio juzgado en el diverso juicio de amparo 154/2020. Circunstancia que se corrobora de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y lo que se invoca como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular, se invoca la Jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), en Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Registro digital 2017123, del rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En este sentido, tocante a los actos que la parte quejosa reclama a la Gobernadora, Congreso y Secretaría de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso 1, del mismo ordenamiento, dispone: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tanto que, el ordinal 5º, fracción II, de la misma ley, estipula: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los ordinales transcritos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad"; en el caso es menester precisar qué significa el concepto de "autoridad responsable" y "acto de autoridad." Respecto a la figura jurídica de autoridad responsable a que se refiere el numeral 5, de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado con precisión dicho concepto tal como se advierte de la Tesis 97, consultable en la página 118, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital 199459, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, se invoca la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, Tesis 2a./J. 164/2011, con registro digital 161133, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Además, la tesis 2ª. XXXVI/99, de la referida Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, toma IX, marzo de 1999, página 307, registro digital 194367, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra ordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En atención a las consideraciones contenidas en los criterios invocados, debe decirse que una autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público con normas jurídicas, tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella, todo lo que válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la confrontación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emitente tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c) Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sin embargo, para realizar tales actos debe ponderarse las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que como se dijo en párrafos anteriores, se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad. Al respecto, se resalta que las relaciones de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que generalmente son particulares se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, de tal modo que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a manera de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; asimismo, debe decirse que este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces tales relaciones las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Así, debe decirse que la Gobernadora, el Congreso y la Secretaría de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, no pueden considerarse como responsables para los efectos del juicio de amparo, ya que su emisión o no de actos, en el sentido de no atender requerimientos del tribunal laboral del estado a fin de cumplir con el laudo en su carácter de autoridades vinculadas, dato que se obtiene de lo que manifestó bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa, ya que no son las autoridades que están proveyendo la ejecución del laudo, ni tiene una relación de supra o subordinación con la parte actora con motivo de su actuación, sino por el contrario su participación es como auxiliares del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al haber sido vinculada al cumplimiento del laudo; de ahí que no se le puede equiparar una autoridad responsable, porque su actuación sólo deriva de la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen. De este modo, el acto que le reclama la parte quejosa, por sí mismo, no puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique a la persona particular aquí quejosa en su esfera de derechos. Más aún, sí su actuación no entraña dictar, ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar un acto, ni tampoco omitir hacerlo, de forma tal que con su participación en el procedimiento, puede decirse que de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, no pueden ser considerada como autoridad responsable para los efectos del amparo, ya que como se dijo, su actuación depende de lo que le ordena el tribunal laboral responsable. Sobre el tema, se cita por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J. 137/2019, en Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1570 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1570, Décima Época, Registro digital 2020877, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDAD VINCULADA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. NO SE DEBE EQUIPARAR CON LA FIGURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, PUES SE RIGE BAJO LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo es diferente al de autoridad responsable en el juicio y se rige por reglas propias establecidas en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la etapa de ejecución de sentencia es posterior a la oportunidad para interponer el recurso de revisión, ya que empieza cuando la sentencia ha quedado firme, aunado a que la referida etapa es un procedimiento creado con el fin de hacer cumplir las ejecutorias de amparo, que son de orden público, bajo la racionalidad de ser aplicado de forma obligatoria a todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que sólo puede dejar de ser obligatorio bajo las reglas del propio procedimiento. Considerar que una autoridad vinculada pueda interponer el recurso de revisión desnaturalizaría el juicio de amparo y lo retrasaría, además de que se tendría que distinguir si dicho carácter lo obtuvo en la sentencia o en un auto en el procedimiento de ejecución de sentencia; por tanto, no todas las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo son autoridades responsables, sino que únicamente tienen intervención en la ejecución de la sentencia, por lo que son independientes entre sí. Sin embargo, su intervención en el juicio es obligatoria y así como están sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades responsables para su cumplimiento, también están sujetas a las mismas reglas del procedimiento, el cual les permite alegar no tener la competencia para el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo o incluso una imposibilidad de cumplimiento que deben demostrar. Consecuentemente, el hecho de que la autoridad vinculada no tenga legitimación para interponer recurso de revisión no la deja en estado de indefensión, ya que dicho recurso está previsto únicamente para las partes en el juicio señaladas en el artículo 5o. de la Ley de Amparo." En las narradas circunstancias, el acto reclamado a la Gobernadora, al Congreso y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno, todos del Estado de Guerrero, no es un acto de autoridad, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, 5º, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo. En consecuencia, DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por la peticionaria del amparo, únicamente por lo que respecta a dichas autoridades. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. No se forma incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Se tiene como tercero interesado al ********************.; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda efectúese su emplazamiento por medio de oficio que se le gire en el domicilio de su residencia oficial. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y dado que quien promueve es la parte trabajadora, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis a las personas que para tal efecto menciona. A fin de dar mayor agilidad al trámite del presente juicio se tienen como puntos de contacto el correo electrónico, así como el número telefónico que la parte quejosa proporciona en su escrito de demanda para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. Con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se le autoriza consultar y notificarse del presente expediente electrónicamente, ello, en términos del Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica, al usuario ********************, que corresponde a ********************, lo que se verificó en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley. Ante ello, dicha parte procesal deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICA ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.
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