Mariana Tangassi Urby

Expediente 1469/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1469/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Mariana Tangassi Urby

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO QUE GUSRDAN LOS PRESENTES AUTOS..., HA CAUSADO ESTADO..., ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO..., POR TRATARSE DE UN ASUNTO EN EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA..., ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN.....VISTA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR...SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO...

  3. Principal

    *CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23/10/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que al realizar una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de gobierno de este juzgado, se localizó el diverso juicio de amparo número 732/2019, promovido por Mariana Tangassi Urby, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad y Coordinación de Actuarios del Distrito Judicial de Santiago de Querétaro, consistente en la orden de embargo y/o secuestro de bienes y/o retención de bienes que refirió de su propiedad y su ejecución en el domicilio ubicado en CIRCUITO BALCONES 137-5, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE JURIQUILLA, DE ESTA CIUDAD DE QUERETARO, emitida dentro del expediente 1867/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro así como su ejecución; demanda que se admitió por auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve; seguido que fue por sus causes legales el juicio de amparo el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia constitucional en la que se decretó el sobreseimiento del juicio al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracción XII en relación con los artículos 5 fracción I y 6 así como la fracción XIV en relación con los diversos numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, asimismo, en proveído de once de julio de dos mil diecinueve, causo ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó el archivo del asunto; lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos de la tesis de rubro "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA". Por ende, se ordena al secretario recabar copia certificada de las constancias referidas del citado juicio de amparo 732/2019 y realizar la certificación correspondiente, a fin de que sean agregadas a este sumario, para los efectos legales a que haya lugar. Vista la demanda de amparo promovida por MARIANA TANGASSI URBY, propio derecho, contra actos del JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN QUERÉTARO y otra autoridad; fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1469/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En primer término se estima necesario precisar que los actos que, en esencia, por ésta vía combate la peticionaria del amparo, lo hace consistir en: La orden de embargo y/o secuestro de bienes y/o retención de bienes que refirió de su propiedad y su ejecución en el domicilio ubicado en CIRCUITO BALCONES 137-5, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE JURIQUILLA, DE ESTA CIUDAD DE QUERETARO, emitida dentro del expediente 1867/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro así como su ejecución En ese sentido, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dado que el acto reclamado, ha sido materia de una resolución ejecutoriada en otro juicio de garantías, que impide que sea nuevamente atacado mediante la acción de amparo conforme al principio de cosa juzgada, que inspira la fracción XI, del precepto legal aludido. Por lo que, conforme al análisis sistemático de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se dispone que el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Causa de improcedencia que tiene su razón de ser en el principio de cosa juzgada, en virtud del cual al haberse examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en un juicio de garantías, o bien que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo anterior, ya sea por falta de interés jurídico o por extemporaneidad, que ha causado ejecutoria, se produce su inacatabilidad con la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, pues de no ser así, se llegaría al absurdo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como la quejosa afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien, tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer; lo cual evidentemente vulneraría la verdad legal a que se allegó en el juicio de garantías más antiguo. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece a página 41 del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, XCIX, Sexta Época, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". Y la diversa tesis aislada I.6o.C.45 K, de la Novena Época, consultable en la página 551 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, (Abril de 1999), cuyo dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Como se puede ver, la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere las siguientes premisas: 1. Que existan por lo mínimo dos juicios de amparo. 2. Que en uno se haya dictado sentencia que ya haya causado ejecutoria, es decir, sin posibilidad alguna de ser modificada por recurso alguno y en razón de lo cual se erige como verdad legal lo establecido en dicha resolución. 3. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de garantías sean idénticos. De tal modo que si se analizaran los actos reclamados en el segundo amparo se estaría analizando indirectamente de nueva cuenta sobre los actos que ya fueron materia de estudio en el amparo cuya sentencia ya causó ejecutoria, y ante tales circunstancias se estaría soslayando de igual forma el principio de cosa juzgada que inspira la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto es precisamente el que no se vulnere la verdad legal a que se allegó en el juicio de garantías más antiguo con la interposición de amparos subsecuentes en los que en esencia se reclame lo mismo. Luego entonces, debe estimarse que conforme al principio de cosa juzgada que inspira la causal de improcedencia de mérito, un gobernado que figuró como parte quejosa en un juicio de amparo promovido contra determinado acto de autoridad ya no puede promover un nuevo juicio de amparo indirecto contra ese acto, ni contra otro que sea consecuencia legal y lógica del mismo y que no sea impugnado por vicios propios, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de las fracciones XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior en virtud de que en un nuevo juicio no se debe pretender, aunque sea con el aspecto de combatir actos nuevos, que se declare la inconstitucionalidad de un acto que ya fue declarado legal o ilegal en sentencia de amparo anterior o en su caso se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, que estableció cosa juzgada al respecto. Y los nuevos actos que sean consecuencia del anterior tampoco podrán ser impugnados en un nuevo amparo cuando la pretensión deducida en éste venga a ser equivalente a que se deje sin efecto la cosa juzgada en el juicio anterior; pues esos nuevos actos sólo podrían ser materia de un nuevo amparo, cuando en éste se respetara íntegramente la cosa juzgada en el anterior, y la posible concesión del nuevo amparo no viniese a ser equivalente a dejar sin efecto lo resuelto en el juicio anterior. En dicho sentido, deviene aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 82, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Común, a página 15, que refiere: "ACTOS DERIVADOS DE LOS QUE FUERON MAYORÍA DE OTRO AMPARO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA. Si la persona afectada por un acto de autoridad lo impugna en un juicio administrativo, en el que se dicta una sentencia que declara la validez de ese acto, y contra esa sentencia promueve un juicio de amparo directo, en el que se le niega la protección federal, debe estimarse que esa misma persona ya no puede promover un nuevo juicio de amparo indirecto contra ese acto, ni contra otro que sea consecuencia legal y lógica del mismo y que no sea impugnado por vicios propios, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de las fracciones IV y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Pues en un nuevo juicio no se debe pretender, aunque sea con el aspecto de combatir actos nuevos, que se declare la inconstitucionalidad de un acto que ya fue declarado legal en sentencia de amparo anterior, que estableció cosa juzgada al respecto. Y los nuevos actos que sean consecuencia del anterior tampoco podrán ser impugnados en un nuevo amparo cuando la pretensión deducida en éste venga a ser equivalente a que se deje sin efecto la cosa juzgada en el juicio anterior. Esos nuevos actos sólo podrían ser materia de un nuevo amparo, cuando en éste se respetara íntegramente la cosa juzgada en el anterior, y la posible concesión del nuevo amparo no viniese a ser equivalente a dejar sin efecto lo resuelto en el juicio anterior". A fin de demostrar que en el presente caso operó la causal de improcedencia antes referida, es necesario tomar en consideración la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que en este Órgano Jurisdiccional se encuentra el diverso juicio de amparo número 732/2019, promovido por Mariana Tangassi Urby, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad y Coordinación de Actuarios del Distrito Judicial de Santiago de Querétaro, consistentes en la orden de embargo y/o secuestro de bienes y/o retención de bienes que refirió de su propiedad y su ejecución en el domicilio ubicado en CIRCUITO BALCONES 137-5, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE JURIQUILLA, DE ESTA CIUDAD DE QUERETARO, emitida dentro del expediente 1867/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro así como su ejecución; demanda que se admitió por auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve; en su oportunidad la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado pues al efecto indicó que en el índice del juzgado a su cargo se encuentra radicado el expediente 1867/2018 que sobre pago de pesos promovió la sucesión a bienes de Jorge Toshishigue Hazama en contra de Iván Rodríguez Franco, procedimiento en el cual el catorce de enero de dos mil diecinueve, se emitió la orden de embargo por la cantidad de $1,800.000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal y demás prestaciones sin que se haya ejecutado, seguido que fue por sus causes legales el juicio de amparo el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia constitucional en la que se decretó el sobreseimiento del juicio al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracción XII en relación con los artículos 5 fracción I y 6 así como la fracción XIV en relación con los diversos numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, asimismo, en proveído de once de julio de dos mil diecinueve, causo ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó el archivo del asunto En tal virtud, de lo anterior se advierte que la propia quejosa Mariana Tangassi Urby, promovió el diverso juicio de amparo 732/2019, del índice de este Juzgado, contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, consistente en: la orden de embargo y/o secuestro de bienes y/o retención de bienes que refirió de su propiedad y su ejecución en el domicilio ubicado en CIRCUITO BALCONES 137-5, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE JURIQUILLA, DE ESTA CIUDAD DE QUERETARO, emitida dentro del expediente 1867/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro así como su ejecución. Siendo que por sentencia de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, pronunciada por este Juzgado, se determinó sobreseer el juicio de amparo 732/2013, resolución que causó ejecutoria el once de julio de dos mil diecinueve y se ordenó el archivo del asunto. En efecto, en el presente juicio se afirma que respecto de los actos reclamados, consistentes en la orden de embargo y/o secuestro de bienes y/o retención de bienes que refirió de su propiedad y su ejecución en el domicilio ubicado en CIRCUITO BALCONES 137-5, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE JURIQUILLA, DE ESTA CIUDAD DE QUERETARO, emitida dentro del expediente 1867/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro así como su ejecución, el suscrito considera que fue materia de diverso juicio de amparo 732/2019, del índice de este Juzgado, por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Lo anterior máxime que de la lectura íntegra de la demanda, no se aprecia que la quejosa reclame de manera destacada y por vicios propios actos derivados de la ejecución de la orden de embargo derivada del referido juicio 1867/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, aunado a que es precisa en indicar que ésta no se ha llevado a cabo, pues al efecto refiere que se han presentado a fin de llevar a cabo diligencias con el demandado en el juicio de origen Iván Rodríguez Franco, las cuales no se han ejecutado dado que ha referido que éste ya no vive en el domicilio ubicado en CIRCUITO BALCONES 137-5, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE JURIQUILLA, DE ESTA CIUDAD DE QUERETARO. Ello es así, en virtud de que el presente juicio de garantías 1469/2019 y el diverso 732/2019 (del índice de este Juzgado), fueron promovidos por la misma quejosa Mariana Tangassi Urby, contra las mismas autoridades Juez Cuarto de Primera Instancia Civil en Querétaro y Coordinación de Actuarios del Distrito Judicial de Querétaro, así como por el propio acto reclamado: Consistente en la orden de embargo y/o secuestro de bienes y/o retención de bienes que refirió de su propiedad y su ejecución en el domicilio ubicado en CIRCUITO BALCONES 137-5, FRACCIONAMIENTO BALCONES DE JURIQUILLA, DE ESTA CIUDAD DE QUERETARO, emitida dentro del expediente 1867/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro así como su ejecución, sin que la quejosa haya sido parte en el mismo. En ese contexto, si la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, consagra la improcedencia del juicio de garantías en el supuesto en que se configure la litispendencia, es evidente que el asunto que nos ocupa, resulta improcedente, dado que, como ya se puntualizó, la materia de este juicio ya fue objeto o materia de estudio en una ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo; esto es, el diverso 732/2019 del índice de este Juzgado Federal, que se promovió en contra de la orden de embargo de catorce de enero de dos mil diecinueve emitida dentro del expediente 1867/2018 que sobre pago de pesos promovió la sucesión a bienes de Jorge Toshishigue Hazama en contra de Iván Rodríguez Franco, por la cantidad de $1,800.000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal y demás prestaciones, sin ser parte en el mismo y en vía de consecuencia su ejecución, se está ante un caso de litispendencia, entonces al no ser posible que en varios juicios de amparo se examine el mismo acto de autoridad, ya que su inconstitucionalidad sólo puede juzgarse una sola vez, lo procedente es desecha la demanda de amparo que nos ocupa, por actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el anterior juicio de amparo 732/2019, se haya sobreseído al no haber acreditado su interés al no acreditar el agravio personal y directo y presentar la demanda de forma extemporánea y por tanto se estimaron actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracción XII en relación con los artículos 5 fracción I y 6 así como la fracción XIV en relación con los diversos numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, en razón de que lo resuelto en dicho juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 91 del Semanario Judicial de la Federación, tomo 181-186 Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, que establece: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Asimismo, se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número I.7o.A.132 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito visible en la página 2717, tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, que a la letra señala: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados." A mayor abundamiento, este Juzgador de oficio advierte que en la especie se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado en esta instancia constitucional, que literalmente disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el primer párrafo del citado ordinal 17, precisa como supuesto genérico que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o en su caso, al día siguiente en que el impetrante de garantías se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla descrita, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el consabido acto reclamado en el presente juicio de amparo no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17. En las relatadas circunstancias, en atención a la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, la parte solicitante de garantías contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la ley de la materia; sin embargo, el diverso artículo 18 de la misma legislación, previene tres hipótesis a partir de las cuales comienza el lapso de tiempo para la presentación de la demanda de garantías, esto es, aquélla debe presentarse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente en que: a) surta efectos la notificación que se haga al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley que lo rija; b) en que tenga conocimiento de éste o de su ejecución; c) en que se ostente sabedor del mismo. Ahora bien, respecto del acto reclamado en la presente vía de amparo, se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b) del citado numeral, ello es así, toda vez que de las constancias que se ordenaron recabar del juicio de amparo 732/2019 del índice de este Juzgado promovido por la quejosa Mariana Tangassi Urby, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de la orden de exequendo y embargo que reclama, por lo menos, desde el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, fecha en que presentó la demanda de amparo que dio origen al referido juicio. Se exponen tales asertos, pues según quedó asentado el juicio de garantías debe interponerse dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de éste o de su ejecución. De ahí, que el plazo de quince días con el que contaba la quejosa para la presentación de la demanda de garantías transcurrió del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve al dieciocho de junio de dos mil diecinueve, sin contar los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de junio de dos mil diecinueve, por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así las cosas, es inconcuso que al haberse presentado la demanda origen de este juicio, hasta el día veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo se promovió fuera del plazo de quince días a que se refiere el ordinal 17 del ordenamiento legal en cita, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió como ya se dijo del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve al dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por los motivos expuestos en los párrafos precedentes. Es aplicable al caso por analogía jurídica, la Jurisprudencia emitida en la Novena Época por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registro 162169, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Materia Común, tesis I.13o.T. J/15, página 880, que indica: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA DEBE TOMARSE EN CUENTA LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO QUE CONSTE EN EL EXPEDIENTE, LA CUAL TIENE PRIORIDAD SOBRE LA CERTIFICADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ACTÚA EN AUXILIO DE LA AUTORIDAD DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley de Amparo dispone que el término para promover la demanda será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado. Por su parte, el artículo 163 del mismo ordenamiento establece que tratándose del juicio de amparo directo, la demanda debe presentarse por conducto de la autoridad responsable, quien hará constar al pie del escrito la fecha en que se notificó al quejoso la resolución reclamada y la de presentación de la demanda, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. En consecuencia, en el cómputo del término para promover la demanda de amparo directo debe tomarse en cuenta la fecha de notificación del acto reclamado que conste en el expediente, la cual tiene prioridad sobre la certificada por el servidor público que actúa como auxiliar de la autoridad de amparo, porque la presunción de legitimidad de quien expide la certificación no implica la fidelidad de los autos." Por consiguiente, como ya se dijo al actualizarse la causa de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XI y XIV esta última en relación con los diversos numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Mariana Tangassi Urby, por notoriamente improcedente. Por otra parte, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene como autorizados de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Reyes Laparra, Ismael Maya Camacho, Manuel Rodríguez González y Alba Karina Hernández Mendoza, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Héctor Tadeo Murillo Reséndiz y Jorge Alonso Trenado Cervantes, por ser esos los efectos de su autorización; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. En la inteligencia que se reserva proveer lo conducente respecto de la autorización para recoger documentos y valores, hasta en tanto se reitere dicha petición precisando a que valores se refiere. Por otro lado, respecto de la solicitud para tener acceso al expediente electrónico que realiza, proporcionando el nombre de usuario alejandroreyeslaparra10; dígasele que se autoriza el acceso al mismo, a través del Portal de Servicios en Línea, por tanto instrúyase al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las autorizaciones correspondientes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última, requiérasele a dicha quejosa, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que aclare la forma en que desea ser notificada personalmente, si en su domicilio procesal o bien, a través del expediente electrónico, en la inteligencia que de no hacerlo dentro del término antes señalado, las notificaciones personales se harán electrónicamente. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. De igual modo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto..."

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