Mariana Simao de Jesus
Expediente 1391/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1391/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Mariana Simao de Jesus
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como legamente corresponda, el oficio remitido por la Actuaria Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que por acuerdo de fecha veintiuno de los presentes, se admitió el recurso de revisión, bajo el número 539/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico del Juicio de Amparo 144/2023-5. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de seis de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa en el expediente electrónico auxiliar 295/2023, vinculado con el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución que no ampara ni protege a ******************** y ********************, en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente, y en su oportunidad remítase al archivo definitivo de este juzgado, como asunto totalmente concluido. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de conservable, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiséis, por encontrarse en la hipótesis del artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido acuerdo, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, es conservable al haberse otorgado la suspensión definitiva. En términos del artículo 15 del Acuerdo General referido, se determina que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se precisó en la certificación de cuenta. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Kenia Areli Cerezo Torres, Secretaria que autoriza y da fe, asimismo, certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico del Juicio de Amparo 1901/2022-4. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada electrónicamente por (1) ********************(2) ********************(3) ********************(4) ********************(5) ********************(6) ********************(7) ********************(8) ********************(9) ********************(10) Sirlene ********************y (11) ********************, por conducto de ********************, por encontrarse imposibilitados para promoverla de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo; contra actos de las siguientes autoridades: . "1. COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL 862, POLANCO I SECCION, 11550 MIGUEL HIDALGO. 2. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con domicilio ubicado en la avenida ejército nacional 362, Polanco I sección, 11550, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Distrito Federal. 3. DIRECTOR DE RESOLUCIONES MIGRATORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con domicilio ubicado en la avenida ejército nacional 862, 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Distrito Federal. 4. SUBREPRESENTANTE ESTATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN BAJA CALIFORNIA, con domicilio ubicado en Palacio Federal, centro cívico de esta ciudad de Mexicali, Baja California. 5. AUTORIDAD MIGRATORIA RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA, Instituto Nacional de Migración Garita (INAMI) EN LA GARITA UBICADA EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. 6. REPRESENTANTE ESTATAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN BAJA CALIFORNIA, con domicilio ampliamente conocido en Tijuana, Baja California. 7. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC ADAN AGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, Con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de México, Distrito Federal." En tal virtud, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Control Uno de Juicios de Amparo, con el número 1391/2023-7. -Suspensión de plano- Ahora, tomando en consideración que la parte promovente señala como actos reclamados, lo siguiente: "a) La ilegal detención y privación de mi libertad, comunicación y acceso al servicio de salud, con esto vulnerando nuestros derechos que como extranjeros tenemos y que prevé el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir mi derecho asilo, y el reconocimiento como refugiado y en consecuencia vulnera nuestra prerrogativa que consagra el artículo 15 de la Ley de Amparo. El acto de autoridad que señalo en contra de las autoridades responsables también vulneran en mi perjuicio el debido proceso, derechos humanos consagrados en la Constitución de este País, y previstos en Tratados Internacionales. En razón de que la privación de nuestra libertad al que somos objeto ha rebasado el término de 36 horas que la autoridad migratoria tiene como límite en términos del artículo 68 de la Ley de Migración. Lo anterior en virtud de que desde el día que fuimos detenidos y privados de nuestra libertad en esta ciudad, por personas que ahora se son funcionarios de la autoridad responsable sin encontrarse justificada mi detención, no me han informado de mis derechos y tampoco el motivo, por lo que al encontrarme privado de mi libertad considero que fui objeto de un ilegal detención además de que se me ha restringido la comunicación y mi derecho al debido proceso considerando con tales autoridades responsables tratan en nuestra contra mi deportación o expulsión del país, motivo por el cual es que acudimos a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Esto es así en razón que a este momento no nos han notificado o indicado cuál es nuestra situación legal en estas instalaciones donde estamos detenidos y privados de mi libertad. b) De igual forma se reclama que se ha violado el DEBIDO PROCESO, LOS DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO, esto debido que desde el día que fuimos detenidos, nos tienen privados de nuestra libertad e incomunicado en las instalaciones de la estación migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración (INAMI), ubicado en la garita ubicada en el centro de la ciudad. c) Las autoridades responsables han omitido proporcionar a los quejosos información de la que tenemos derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en términos del artículo 13 fracción III, de la Ley de Migración que a letra dice: [.] d) Asimismo, las autoridades responsables han omitido proporcionar información al quejoso de que tiene derecho "al otorgamiento de protección complementaria", consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontrara en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 fracción III, artículo 3 fracción XXVI, fracción XXXI, de la Ley de Migración. [.]" Asimismo, en el capítulo de suspensión de la demanda de cuenta se estableció lo siguiente: ".Solicitó la suspensión del acto reclamado a fin de que su Señoría, ordene a las autoridades responsables atendiendo a sus funciones pongan al quejoso en inmediata libertad. para que se siga vulnerando en mi perjuicio los derecho que me otorga la Constitución de este País y los Tratados Internacionales. Por lo que pido a su Señoría, desde este momento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, decrete la suspensión de plano del acto reclamado para efectos de que los quejosos sean puestos de forma inmediata en libertad y ya no estén incomunicados, asimismo para que no sean expulsados ni deportados ya que de ser expulsados o deportados nuestras vidas podría estar en peligro y sería un acto de imposible reparación..." SUSPENSIÓN DE PLANO CON RELACIÓN A LA INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN. Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto los actos consistentes en la incomunicación, deportación y expulsión; por lo que, en caso de estarse efectuando, cesen sus efectos inmediatamente. SUSPENSIÓN DE PLANO CON RELACIÓN A LA ATENCIÓN MÉDICA. Por lo que hace al acto reclamado relativo a la omisión de proveer servicios de salud, procede esta juzgadora a proveer sobre el mismo, de conformidad con los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para efecto que de inmediato, es decir, al recibir la presente determinación judicial, se le proporcione a la parte quejosa, de manera urgente y gratuita la atención médica adecuada y de ser necesario se le practiquen todos los exámenes correspondientes; así como para que le sean de inmediato suministrados los medicamentos necesarios para atender los padecimientos que pudiesen tener (ya que solo aducen los promoventes que están afectados al acceso a los servicios de salud, sin precisar cual padecimiento los aqueja), y en caso de que la responsable no cuente con lo necesario para brindarles la atención médica que necesitan, deberá acudir a las instituciones de salud que estime pertinentes, a fin que se les brinde la atención médica necesaria. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD [Detención] [PRIMER SUPUESTO] Luego, en torno a los diversos actos consistentes en la privación de su libertad en las instalaciones de la Estación Migratoria con sede en Mexicali, dada la naturaleza de la citada autoridad, debe decirse que en el caso se presume que la detención está siendo efectuada por autoridad administrativa, distinta del Ministerio Público, con motivo del procedimiento para determinar su legal estancia en el país. Por ende y dado que a decir de el promovente de la parte quejosa se encuentran privados de su libertad fuera de todo procedimiento; al efecto, se concede la suspensión de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con las disposiciones atinentes de Ley de Migración que rige el actuar de las autoridades responsables, en los siguientes términos: 1. Para que las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, acrediten de inmediato ante esta Juez de Distrito, si la parte quejosa está sujeta a un procedimiento migratorio o bajo la comisión de un delito. 2. Para el caso que estén detenidos bajo la comisión de un delito, deberán ponerlos sin demora alguna a disposición del Ministerio Público. 3. Si no se demuestra fehacientemente que los quejosos están sujetos a un procedimiento migratorio, ni algún otro por su posible participación en un hecho que la ley señale como delito, deberá ordenar su inmediata libertad. Similares criterios sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado, en el recurso de queja administrativa ********************; el Sexto Tribunal Colegiado, en el recurso de queja administrativa ********************; y, el Cuarto Tribunal Colegiado, en el recurso de queja administrativa ********************, todos ellos de este Decimoquinto Circuito. En el entendido de que, sin prejuzgar el fondo del asunto, la "detención" de la parte quejosa no se trata de una privación de tipo penal por la comisión de un delito ni es realizada por autoridades administrativas derivada de infracciones de ese tipo, reguladas en reglamentos gubernativos y de policía que excede del plazo máximo de treinta y seis horas de arresto, porque tal supuesto es el que se encuentra vinculado con lo que dispone el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene impacto en las disposiciones aplicables a la suspensión, previstas en la segunda parte de la sección III de la Ley de Amparo, o sea, la suspensión del acto reclamado en materia penal. Cierto, conforme a la información suministrada en la demanda de derechos fundamentales, se advierte que los actos reclamados se vinculan con la presentación o alojamiento en la Estación Migratoria con sede en Mexicali, a disposición de las autoridades migratorias mexicanas derivado de lo establecido en el artículo 33, párrafo segundo, de la Carta Magna, la cual prevé expresamente las bases para la substanciación del procedimiento migratorio, previo a la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional y de la fijación del lugar y tiempo de la "detención", que a su vez regula la norma secundaria, esto es la Ley de Migración, cuya distinción fáctica y jurídica es de suma relevancia al caso. [SEGUNDO SUPUESTO] Ahora, si la parte quejosa se encuentra en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, la autoridad responsable deberá acatar en sus términos la Ley de Migración y su reglamento, así como el Protocolo para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en específico el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" en el que se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento, prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; concretamente y de manera destacada, se prevé la posibilidad de que los impetrantes obtengan la libertad en los términos y en los supuestos contenidos en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, conforme a lo cual se garantiza su acceso a ese derecho. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 162, ambos de la Ley de Amparo, en consonancia con las disposiciones atinentes de Ley de Migración, en caso de que la parte quejosa actualmente estuviera detenida ante la autoridad sujeta a un procedimiento administrativo migratorio para poder definir la situación legal en el país, ésta queda a disposición del presente Juzgado de Distrito, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere, pero en el lugar en el que actualmente se encuentran -Estación Migratoria con sede en Mexicali-, en tal sentido la autoridad migratoria se encuentra obligada a obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, el cual invoca lo siguiente: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes no podrá exceder de treinta y seis horas, ante la autoridad migratoria, por tanto, si los ahora directos quejosos (1) ********************(2) ********************(3) ********************(4) ********************(5) ********************(6) ********************(7) ********************(8) ********************(9) ********************(10) Sirlene ********************y (11) ********************, ya tienen detenidos más de treinta y seis horas, las autoridades señaladas como responsables deberán dejarlos en absoluta libertad. Lo anterior en consonancia con el comunicado número 090/2023 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual constituye un hecho notorio al ser consultable en la página electrónica oficial del Alto Tribunal, de siguiente contenido: "No. 090/2023 Ciudad de México, a 15 de marzo de 2023 LA PRIMERA SALA DETERMINÓ QUE LAS PERSONAS EXTRANJERAS SUJETAS A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN EL DERECHO IRRENUNCIABLE A CONTAR CON UNA DEFENSA ADECUADA Y QUE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY DE MIGRACIÓN PARA SU ALOJAMIENTO TEMPORAL SON INCONSTITUCIONALES En todo procedimiento migratorio, el Estado se encuentra obligado a asignar un defensor o defensora de oficio para la persona migrante. El plazo máximo de detención y alojamiento en estaciones migratorias es de treinta y seis horas luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los periodos de quince y hasta sesenta días hábiles de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, son inconstitucionales a la luz del derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso, diversas personas extranjeras fueron detenidas por las autoridades migratorias con el fin de identificar su situación migratoria en territorio nacional. En contra de esa detención, entre otros actos reclamados relacionados con esta, las personas migrantes promovieron demanda de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió, por una parte, sobreseer el juicio de amparo y, por otra, concederlo. Contra esa determinación, el Presidente de la República y los solicitantes de amparo interpusieron, respectivamente, recursos de revisión; mismos que, por la naturaleza del objeto de su estudio, fueron remitidos por el Tribunal Colegiado del conocimiento a la Suprema Corte para su resolución. En su fallo, la Primera Sala consideró que, tanto el plazo de "quince días hábiles", como el de "sesenta días hábiles" previstos en el artículo analizado, contravienen la temporalidad máxima establecida por el artículo 21 de la Constitución Federal para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa: treinta y seis horas. Máxime que, en la medida en que las personas migrantes se encuentren desprovistas de su libertad personal por una temporalidad superior a la de treinta y seis horas, se obstaculiza -también- el ejercicio de su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva. Esto es así pues mientras la persona migrante se encuentre privada de su libertad estará también formal y materialmente imposibilitada para acceder a un tribunal independiente e imparcial, con el propósito de defender sus derechos. De esta manera, el Alto Tribunal confirmó la decisión del Juez de Distrito, tras concluir que el establecimiento de plazos superiores a los establecidos en el texto constitucional para el arresto de extranjeros por razones migratorias es una medida que restringe de forma indirecta la tutela jurisdiccional efectiva. En este sentido, la Primera Sala deliberó que el artículo referido, el cual establece los supuestos que justifican la detención de personas extranjeras por razones migratorias, así como el diverso 121 de la misma Ley, en la parte que dispone "permanecerá presentado en la estación migratoria", a la luz de una interpretación conforme, deben ser entendidos en el sentido de que el alojamiento de dichas personas en estaciones migratorias en ningún supuesto podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. Además, apuntó que este alojamiento sólo se encontrará justificado (por perseguir una finalidad legítima) en cualquiera de los supuestos normativos previstos en la propia disposición, sin que sea factible su detención por cuestiones ajenas a las ahí establecidas. Finalmente, después de transcurridas las treinta y seis horas del alojamiento, el Instituto Nacional de Migración otorgará a las personas migrantes la condición de estancia de "visitante con permiso para recibir una remuneración en el país", mientras subsista el supuesto por el que se le otorgó dicha condición. Y, agotada esa circunstancia, el Instituto deberá determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Por otra parte, la Sala estableció que el procedimiento migratorio sustanciado en contra de quienes solicitaron el amparo se realizó en contravención a su derecho humano a una defensa adecuada en materia migratoria, el cual es irrenunciable y constituye una de las garantías que integran el debido proceso. Lo anterior, al no habérseles designado de oficio una persona defensora de sus derechos e intereses, a la cual tienen derecho desde su detención, hasta la ejecución de la resolución que recaiga sobre el procedimiento administrativo migratorio a través del cual se esclarezca su situación migratoria, tal como lo establece la propia Ley de la materia. Al respecto, el Máximo Tribunal resaltó que, en todo procedimiento migratorio, ya sea frente a la "imposibilidad" o la "negativa" de una persona migrante de designar a una persona para su defensa adecuada, el Estado se encuentra obligado a asignarle una persona defensora de oficio, de forma irrenunciable, como medida necesaria y reforzada para su protección. Finalmente, en relación con los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración que fueron reclamados, la Primera Sala reiteró las consideraciones y resolución adoptadas en el amparo en revisión 275/2019, en el que, entre otras cuestiones, se determinó la inconstitucionalidad del procedimiento de revisión migratoria dada la generalidad y amplitud con la que se regula, así como del alojamiento en las estaciones migratorias como regla general y no como excepción. A partir de estas razones, el Máximo Tribunal modificó y confirmó la concesión de la protección constitucional solicitada, por lo que ordenó la desincorporación de la esfera jurídica de las personas extranjeras de los artículos 97, 98 y 111, en sus porciones normativas "quince días hábiles" y "sesenta días hábiles", de la Ley de Migración, aplicado este último, así como el diverso 121, a partir de la interpretación adoptada por la Sala. Por último, instruyó la reposición del procedimiento administrativo migratorio, garantizando desde su inicio el nombramiento de una persona defensora de los intereses de las y los migrantes, capacitada específicamente en la materia. Amparo en revisión 388/2022. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Resuelto en sesión de 15 de marzo de 2023, por mayoría de votos." Requisitos de efectividad y/o condiciones. Ahora, si bien se concede la suspensión de plano para que se otorgue la inmediata libertad la parte quejosa en el supuesto que tuvieren más de treinta y seis horas alojados (detenidos) en la estación migratoria, no pasa inadvertido que el artículo 102 de la Ley de Migración, establece que cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad, para lo cual puede: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Por lo anterior, al decretar la inmediata libertad de los directos quejosos, las autoridades responsables: 1) Dictará las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que la parte impetrante del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, para que en caso de que hubiesen iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 2) Requerirá a la parte gestora del amparo para que en un lapso considerable le proporcione un domicilio en donde puedan ser localizadas, así como recibir y dar información que en su caso se les pueda solicitar, el cual deberá encontrarse en esta Entidad Federativa, así como los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en dicha localidad. 3) Se indique a la parte solicitante del amparo que no deberá abandonar la demarcación geográfica antes referida, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. 4) Se requiera a los quejosos para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Excepciones. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Al respecto, es de citarse la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, que reza lo siguiente: "Registro digital: 2026185 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: XVI.1o.A.5 K (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SEA PUESTO EN LIBERTAD Y PARA QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DICTEN LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE NO SE SUSTRAIGA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO. Hechos: La quejosa migrante interpuso recurso de queja en contra del auto del Juez de Distrito mediante el cual le concedió la suspensión de oficio y de plano para que permaneciera en el alojamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) y durante éste, las autoridades responsables le informaran y garantizaran en todo momento el cúmulo de derechos que prevé la legislación migratoria; argumentando que el efecto de la medida cautelar decretada debió ser para que fuera puesta en libertad, pues se encontraba en calidad de presentada en la estación migratoria en razón de un procedimiento administrativo que se siguió en su contra, no por la comisión de algún delito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la concesión de la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo indirecto contra el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, debe ser para el efecto de que sea puesto en libertad y para que el Instituto Nacional de Migración dicte las medidas de aseguramiento (diversas a las que impliquen la privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante aquél cuantas veces le sea exigido, otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, o establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. Justificación: Lo anterior, porque la libertad de las personas se encuentra reconocida y se exigen garantías para evitar su afectación, en los artículos 14, párrafo segundo y 21, párrafo cuarto, de la Constitución General, de los que deriva que toda persona debe gozar de la libertad personal, la cual sólo puede ser restringida o privada mediante juicio previo en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que tratándose de restricciones a la libertad personal como sanción administrativa, no puede durar más de treinta y seis horas. Ahora bien, en materia de personas migrantes y sujetas de protección internacional es indispensable atender a que las irregularidades derivadas de la internación irregular al país, por sí mismas no constituyen delito alguno, sino que se podrían considerar como una falta administrativa. Así, tomando en cuenta los principios constitucionales y convencionales que consagran el derecho fundamental a la libertad personal, aplicando el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, debe privilegiarse la solución conforme al derecho a la libertad personal de la parte quejosa, lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que aquélla no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal, a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional." [TERCER SUPUESTO] En otro orden de ideas, no se soslaya el principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por aprobada la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de junio del mismo año, que dispone: "Artículo 31. REFUGIADOS QUE SE ENCUENTREN ILEGALMENTE EN EL PAÍS DE REFUGIO 1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país." Principio también previsto en los artículos 5º, fracción V y 7º de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en los siguientes términos: "Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes principios y criterios: (.) V. No sanción por ingreso irregular, y (.)" "Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado." Por otra parte, el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción. Además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. De este modo, la detención migratoria se ha constituido como la regla tanto a nivel normativo como en la práctica. Ante tal escenario, en el Protocolo se estima pertinente tomar en cuenta los criterios que deben observar las personas juzgadoras al conocer de asuntos relacionados con la detención o privación de libertad por motivos migratorios. Se especifica que el Alto Tribunal ha considerado que las restricciones a la libertad personal, uno de los derechos más preciados, deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional. No es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la protejan con tanta intensidad y arrebato. Se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Además, cualquier irregularidad en el ingreso migratorio, no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal, sino en todo caso como una falta administrativa; por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En ese orden, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, esto es, con un fundamento claro y establecido en la ley, sin que pueda tornarse indefinida conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo riesgo de transgredir derechos humanos tales como el de seguridad jurídica y libertad personal, entre otros. Lo anterior, pues el artículo 11 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo; y que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán en conformidad con los tratados internacionales y las leyes, las cuales regularán sus procedencias y excepciones. En este apartado es conveniente precisar que si la parte quejosa llegara a solicitar formalmente el reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con el artículo 21, cuarto párrafo, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, ninguna autoridad podrá proporcionar información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen de los solicitantes, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso de ellos para garantizar la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad se vea amenazada y así cumplir los principios de confidencialidad y no discriminación. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, deben cumplir con el artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión durante el 131° período ordinario de sesiones (celebrado del 2 al 14 de marzo de 2008); entre ellos, los siguientes: I. Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales. II. Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. III. Salud, en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. IV. Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. V. Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente con exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; deberán tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad y a productos básicos de higiene personal. Apoya lo anterior, la tesis P.LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Tomo XXXIII, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe y texto siguientes: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." Por último, en este apartado importa destacar que a la fecha sobre el tema relativo a la suspensión de las personas migrantes que se encuentran "detenidos" en una estación migratoria, concretamente respecto del acto reclamado señalado como "privación a la libertad personal fuera de todo procedimiento", quedó radicada la contradicción de criterios, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número de expediente ********************, denunciada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Informe sobre la suspensión de plano. En virtud de lo anterior, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión decretada; asimismo, se previene a las autoridades de referencia que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Igualmente, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que al informe solicitado anexen copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas al cumplimiento dado a esta medida cautelar, apercibidas que de incumplir con lo ordenado, se les sancionará conforme al delito previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo. -Comunicación entre autoridades- Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe respecto la suspensión de plano y los diversos oficios que presenten ante esta autoridad federal, vía correo electrónico institucional, a la dirección oficial 3jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, o bien, contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica correspondiente; y en caso de hacer uso de dicha vía de comunicación, no deberá remitirse por la vía ordinaria, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. -Reserva- En relación con los actos reclamados del tenor siguiente: ". es decir mi derecho asilo, y el reconocimiento como refugiado y en consecuencia vulnera nuestra prerrogativa que consagra el artículo 15 de la Ley de Amparo. . b) De igual forma se reclama que se ha violado el DEBIDO PROCESO, LOS DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO, esto debido que desde el día que fuimos detenidos, nos tienen privados de nuestra libertad e incomunicado en las instalaciones de la estación migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración (INAMI), ubicado en la garita ubicada en el centro de la ciudad. c) Las autoridades responsables han omitido proporcionar a los quejosos información de la que tenemos derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en términos del artículo 13 fracción III, de la Ley de Migración que a letra dice: [.]." Se acordará lo conducente, una vez que se admita la demanda, si fuese ratificada por la parte quejosa, toda vez que dicho actos reclamados no corresponden a los señalados en el artículo 22 Constitucional. -Exhorto- Ahora bien, al advertirse del contenido de la demanda que se señaló diversa autoridad de la ciudad de Tijuana, Baja California, asimismo, el promovente asentó en la demanda de amparo que los directos quejosos pueden estar detenidos en dicha ciudad, de ahí que hay presunción de que los quejosos puedan estar detenidos en esa ciudad, misma que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atenta comunicación oficial electrónica (exhorto) al Juez de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con sede Tijuana, para que en auxilio de las labores de este Juzgado: Se sirva comisionar al Actuario de su adscripción, para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, de la ciudad en Tijuana, Baja California, quien deberá requerir a sus titulares, así como a los encargados en turno, para que le permitan entrevistar a los directos quejosos (1) ********************(2) ********************(3) ********************(4) ********************(5) ********************(6) ********************(7) ********************(8) ********************(9) ********************(10) Sirlene ********************y (11) ********************, hecho lo cual, deberá notificarle íntegramente el presente auto y requerirlos en dicho acto para que manifiesten si ratifican o no la demanda presentada a su nombre. Haciendo de su conocimiento que de no hacerlo en ese momento o dentro del plazo de tres días en este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Asimismo, en dicha diligencia, deberá requerir a los directos quejosos (1) ********************(2) ********************(3) ********************(4) ********************(5) ********************(6) ********************(7) ********************(8) ********************(9) ********************(10) Sirlene ********************y (11) ********************, para que manifiesten bajo protesta de decir verdad, por qué razón se encuentran alojados en el Instituto Nacional de Migración, con domicilio en aquella ciudad, así como para que manifiesten su nombre correcto y completo. Además, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, requiera a los quejosos, para que en el acto de la notificación del presente auto, o bien, dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de que surta efectos la misma, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; y los aperciba de que en caso de no hacerlo en el término que para tal efecto se les concede, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista, que se publica en los estrados de este juzgado, conforme al artículo 26, fracción III y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En caso de que no se encuentren detenidos ante dicha autoridad, y de la información que recabe ante ésta se advierta el lugar donde esté recluido, o bien donde resida, deberá proceder el Actuario Judicial comisionado a buscar a los directos agraviados en las instalaciones de la dependencia que le indiquen, o en los domicilios que se le proporcionen. En el supuesto de que los agraviados se encuentren en dicho lugar, y los encargados se nieguen a ponerlos ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentran en el mismo, se deberá apercibir a dichos encargados que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato judicial federal de suspensión. Se otorga al órgano jurisdiccional exhortado, amplias facultades legales, a efecto de que tome las medidas necesarias para que la comunicación oficial que se gira, se cumpla en términos el presente auto, para resolver las situaciones de facto que pudieran obstaculizarla, como lo es solicitar perito traductor a la autoridad responsable o a cualquier otra autoridad, a fin entablar comunicación con los quejosos, en caso de que éstos no hablen castellano, así como para que haga uso de los medios de apremio que estime pertinentes para lograrlo, se insiste, en el supuesto de que la persona buscada no se encuentre en las citadas instalaciones, DEBERÁ REALIZARSE UNA BÚSQUEDA en diversos lugares que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Así mismo, se le solicita que ordene a quién corresponda, entregue el oficio a la autoridad responsable que radica en aquella ciudad. Así también, se le solicita que una vez diligenciada, a la brevedad la devuelva a este Juzgado de Distrito por la misma vía (SISE), en el entendido que no es necesario el acuse de recibo, dado que el sistema arroja la constancia respectiva. -Apercibimiento- Apercibidas tales autoridades, que de no hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se dará de inmediato vista al agente del Ministerio Público Federal, por resistirse a dar cumplimento al presente mandato judicial. -Petición- Ahora, en cuanto a las solicitudes que realiza el promovente en el sentido que "cese la privación de nuestra libertad" y "eximiendo al quejoso de otorgar garantía alguna por la concesión de esta suspensión"; dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. -Ratificación de demanda- De igual forma, se instruye al actuario adscrito para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria con sede en Mexicali, a efecto de que busque a los quejosos (1) ********************(2) ********************(3) ********************(4) ********************(5) ********************(6) ********************(7) ********************(8) ********************(9) ********************(10) Sirlene ********************y (11) ********************, y los requiera para que en el acto de la notificación manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo indirecto que se promueve a su favor, así como si es o no su deseo autorizar a la persona que se señala en el escrito de demanda y al promovente de la misma, para que las represente en este asunto en términos amplios, o bien dentro del término de tres días por escrito; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedará sin efectos la medida decretada, por lo cual se reserva acordar lo relativo a su admisión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, dicho actuario deberá hacer constar pormenorizadamente el estado que guarda la integridad física de los quejosos y el estado de salud que a simple vista presentan, debiendo cuestionar al respecto, así como sus nombres completos y correctos. En la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán de proporcionarle las facilidades necesarias a efecto de que pueda llevar a cabo la diligencia que se ordena, a fin de lograr la localización de la parte quejosa, lo anterior, con fundamento en lo estatuido por el artículo 15, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Así como a sus abogados, ya que conforme al artículo 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tiene derecho, entre otras cosas, a recibir asesoría legal en el procedimiento migratorio. Ahora, tomando en consideración la nacionalidad de la aquí quejosos, se instruye al actuario judicial adscrito a este juzgado a fin de que requiera a la autoridad migratoria en donde entienda la diligencia en comento, a efecto de que designe traductor, con el propósito de lograr la diligencia contenida en este proveído, o bien, se allegue de los medios electrónicos que estén a su alcance, tales como el uso de su dispositivo móvil, a fin de establecer comunicación con las agraviadas. -Notificación personal- Hágasele todas las notificaciones a los quejosos de manera personal, en el lugar en el que actualmente estén privados de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; de no encontrarse en las instalaciones migratorias correspondientes las notificaciones aún las personales serán por medio de lista en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. -Asistencia consular- De igual forma, con fundamento en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, instrúyase al Actuario de la adscripción, para que al momento de notificar el presente proveído de la demanda, le haga saber a la parte quejosa el derecho que tiene de comunicarse con la oficina o representación consular del país de origen (notificación consular), o bien, en el plazo de tres días, manifieste si desea solicitar la asistencia del Consulado de su país en México, dentro del presente juicio de amparo. Cobra aplicación la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2003538. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CLXX/2013 (10a.). Página: 529 DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FUNCIONES BÁSICAS QUE ESTE DERECHO IMPLICA. El derecho fundamental de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular, previsto en el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, cada intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas. La primera es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran que a los detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad. La segunda función es de protección. La presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Por último, la tercera función es la relativa a una asistencia técnico-jurídica. En este sentido, la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de forma cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se enfrenta. En definitiva, a través de la ayuda consular los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales." -Acceso a expediente electrónico y notificaciones- Como lo solicita el promovente, se autoriza la consulta vía electrónica del presente sumario a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el usuario "******************** y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, únicamente por lo que hace al presente juicio de amparo. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 55 y 62 del Acuerdo General 12/2020 en cita, se le autoriza la notificación de las determinaciones del presente asunto vía electrónica, por lo que están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga es órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. Para lo cual, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. -Número de teléfono y correo electrónico- Asimismo, se le tiene proporcionando número telefónico y correo electrónico, únicamente para estar en contacto, respecto de las actuaciones del presente asunto no procesales. -Autorizados- Se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a********************, de conformidad con el segundo párrafo del ordinal 12, en relación con el segundo párrafo del diverso 24, ambos de la Ley de Amparo, por así manifestarlo el promovente en el escrito de demanda de cuenta. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente a los quejosos. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la demanda y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico del Juicio de Amparo 1391/2023-7. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes
- Mariana Mariscal Valenzuela431/2020
- Mariana Mariscal Valenzuela721/2019
- Mariana Mariscal Valenzuela455/2019
- Mariana Mariscal Valenzuela239/2023
- Mariana Martínez Juárez179/2015
- Mariana Rodríguez Gómez945/2021
- Mariano Alberto Aquino Villarreal679/2022
- Mariano Chavez Navarro78/2020
- Mariano Mendoza López y Otros.191/2019
- Mariano Quevedo Moreno922/2018
- Maribel Ali Chávez Bermúdez112/2023
- Maribel Aviléz Osuna491/2020