Mariana Sanchez Serrano
Expediente 1085/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mariana Sanchez Serrano
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de septiembre de dos mil diecinueve. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiese recurrido el auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, a través del cual en atención al requerimiento de quince de agosto del año en curso, remite copia certificada de lo siguiente: Constancias de notificación realizadas a la parte demandada respecto del acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a ****, Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, remita copia certificada de lo siguiente: Acuse de recibo del oficio girado al Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenado en el auto de trece de agosto de dos mil diecinueve. Asimismo, para que en el mismo término antes mencionado, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, informe lo siguiente: Si la parte demandada desahogó la vista de trece de agosto de dos mil diecinueve, respecto al desahogo de la prueba de cotejo o compulsa ofrecida por la parte actora. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de agosto de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, en la cual la quejosa ****, refiere: "recibí acuerdo y es mi deceo (sic) tener un represéntate especial gracias". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis jurisprudencial 43/2019 (10a.), aprobada en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, estableció lo siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." De dicho criterio, se deprende que para garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva en los juicios de amparo indirecto en materia penal, el quejoso privado de su libertad debe contar con la asistencia de un abogado. Asimismo, que en caso de que dicho quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá nombrarle uno de oficio a través de la defensoría pública correspondiente (federal o local). En ese sentido, se advierte que el Alto Tribunal estableció que el nombramiento de defensor puede ser a través de la defensoría pública federal o local, sin establecer algún criterio para determinar cuándo procede la designación de uno u otro. Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver la queja ****, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, estableció que el requerimiento de la prestación de ese servicio a la institución federal o estatal, debe reservarse al juez federal en ejercicio de su prudente arbitrio, en su calidad de perito en derecho y de conformidad con la legislación aplicable, pues se parte de la idea de que el conocimiento jurídico del juez y su obligación de hacer respetar los derechos fundamentales del quejoso, suplen la voluntad de éste. Asimismo, estableció que si el artículo 1 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, establece que el objeto de esa legislación es prestar el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, como lo es material y formalmente el juicio de amparo, es apegado a derecho ordenar la designación a través de dicha dependencia. Máxime que el servicio de asesoría pública lo es para el trámite del juicio de amparo, que formal y materialmente es del orden federal, con independencia de la naturaleza y el fuero de la legislación que haya motivado el acto reclamado, cuestión de fondo que solo corresponde al juzgador resolver. En esa tesitura, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 Constitucional, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1°, 4° fracciones I y II y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública, requiérase al Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído, designe un asesor jurídico o defensor público a ****, a efecto de que, por su conducto, le sea explicado de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. Por lo que, tal nombramiento tendrá que hacerlo del conocimiento de este órgano constitucional, asimismo, deberá de informar el domicilio en donde pueda ser notificado de manera personal. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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