Mariana Sánchez Serrano

Expediente 1272/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1272/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Mariana Sánchez Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.Elaboró: Marisol

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Designación defensor público federal Glósese a los autos el oficio firmado por el Jefe de Departamento en suplencia de la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal en Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, designa al licenciado José Antonio Zuart Moreno, para que asista a la parte quejosa en la prosecución del presente asunto, además, precisa datos para poder contactarlo. En ese sentido, se tiene por hecha la comunicación para los efectos legales a que haya lugar y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto de mérito. Asesor jurídico de la quejosa acepta y protesta el cargo conferido Por otra parte, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por José Antonio Zuart Moreno, defensor público federal designado para representar a la quejosa Mariana Sánchez Serrano, dentro del presente juicio de amparo, por medio del cual manifiesta que acepta y protesta el cargo conferido de defensor público y, en ese mismo sentido, señala domicilio procesal, medio especial de comunicación y solicita la consulta del expediente electrónico. Protesta de cargo legalmente efectuada En ese sentido, se tiene por aceptado y protestado el cargo que le fue designado, por lo que, desde este momento, puede imponerse de autos, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio procesal En ese sentido, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al usuario "JAZUART" para consultar vía internet las actuaciones que se dicten en el presente asunto. Se instruye a la oficial judicial "A" En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización del promovente en el referido sistema. Medio especial para establecer contacto Por último, indíquese al promovente que no ha lugar a tener como medio de notificación la cuenta de correo electrónico que proporciona en su escrito, pues la Ley de Amparo, no contempla dicho medio para oír y recibir notificaciones. No obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, el cual podrá ser utilizado por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe. Elaborado por: Marisol

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por Mariana Sánchez Serrano, por propio derecho, contra actos del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil Morelos". Registro de la demanda. Al haberse turnado y registrado como demanda de amparo, fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1272/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en el escrito de demanda, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable. Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos". Precisión de los actos reclamados. Omisión de proporcionar servicio médico adecuado. Falta de atención médica en el área de psiquiatría. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los referidos preceptos constitucionales establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Asimismo, se prevé que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. Así, en el Capítulo III, denominado "Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal", se encuentran los artículos 107 a 115 los cuales disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento.". "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad.". "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada.". "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición.". "Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado.". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución.". Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". En adición a dichos preceptos, en el Capítulo IV, denominado "Controversias ante el Juez de Ejecución", del mismo cuerpo de leyes invocado, se encuentran los artículos 116 y 117, del tenor siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad.". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." Del estudio armónico y sistemático de dichos dispositivos legales, se colige lo siguiente: Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación. Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución. Si la petición no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, la promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva. Los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Para la ejecución de esta acción constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa. Mecanismo que, cumple con los requisitos de un medio de defensa sencillo rápido y eficaz, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/208, quien concluyó que previo a acudir al juicio de amparo, las personas que se encuentran privadas de la libertad en un centro de reclusión y reclamen las condiciones de internamiento en éste, deben agotar la petición ante la autoridad administrativa, toda vez que su sustanciación no requiere excesivos formalismos; durante ella la peticionaria puede ofrecer medios de prueba y la autoridad oficiosamente puede allegarse de los que estime necesarios; prevé la suspensión del acto o cesación de la omisión, de ser urgente, y, además, prevé la posibilidad de recurrir ante el juez de control la resolución que recaiga a la petición, y a su vez la apelación de dicha determinación. De lo anterior, se advierte que el trámite señalado en los anteriores preceptos legales constituye la existencia de todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento (incluso una instancia); esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, cuyo objetivo es atender, un hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento (entre las que se encuentra la solicitud de atención médica y medicamentos); y por tanto, genera la obligación para la parte quejosa de acudir ante el Juez de Ejecución. Así, es dable señalar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia de referencia, toda vez que la promovente acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, respecto del actuar impugnado en esta vía por parte de la autoridad señalada como responsable consistente en la omisión de proporcionar atención médica general y especializada, así como de medicamentos, constituyendo cuestiones inherentes a su internamiento. Sin embargo, aun y cuando refiere que existe omisión de atender sus peticiones administrativas en materia de atención médica y medicamentos, las cuales incluso pudieron formularse vía oral o escrita a la autoridad penitenciaria, se advierte que la misma fue omisa en acudir ante el Juez de Ejecución, a fin de formular controversia ante el mismo, previo a promover juicio de amparo indirecto, de ahí que la misma cuenta con mecanismos ordinarios para inconformarse respecto las omisiones que reclama. Dicho de otro modo, en los casos que una persona privada de su libertad pretenda formular petición u objeción ante el actuar de las autoridades del lugar de su reclusión, el o los interesados deben previamente a la promoción de la acción constitucional, promover las acciones tendentes a atender el acto lesivo a sus intereses; por lo que, al no haberlo hecho así la quejosa, es que se actualiza las citadas causas de improcedencia. Conclusión. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los artículos 18 y 21 constitucionales, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la ley de la materia. Robustece las consideraciones antes vertidas, en lo que interesa, la jurisprudencia número 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Diciembre 2018, Número de Registro 20188548, que establece al rubro indica: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Se ordena remitir copia certificada al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos No obstante lo anterior, toda vez que el escrito de demanda se encuentra dirigido al "Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos", y del contenido del escrito inicial se advierte que se encuentra fundamentado en los artículos 4, 9, 74, 76, 78, 107, 114, 116 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución, a fin de no dejar en estado de indefensión a la promovente, se ordena remitir copia certificada del escrito inicial de demanda al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, para que provea lo conducente. Transparencia y acceso a la información pública Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal Con base en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), del cuerpo normativo en cita, se tiene por señalado como domicilio para recibir y oír notificaciones personales, el lugar donde se encuentra recluida, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", lugar en donde deberán notificarse de manera personal todos y cada uno de los proveídos, autos y resoluciones que se dicten en este juicio de amparo. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Designación de asesor jurídico Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no designó un abogado que lo represente, por lo que se ordena como medida provisional nombrar a un asesor jurídico o defensor que intervenga en el presente juicio a favor de la peticionaria de amparo, de conformidad con el numeral 8 de la legislación antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número V.3o.P.A. J/1 (10a.) emitida por la Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2171, del Libro 54, Tomo III, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO." En virtud de lo antes expuesto, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la accionante de amparo, gírese oficio al Delegado Estatal del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad, a efecto de que en el término de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, designe un asesor jurídico a efecto de llevar la representación de la quejosa en cita, debiendo el asesor en un lapso igual al concedido para su designación, aceptar y protestar el cargo conferido mediante escrito, al que deberá anexar copia de su identificación oficial. Apercibimiento Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, conforme a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, acorde con los dispuesto por el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la materia. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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