Mariana Salgado de Jesús
Expediente 1747/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1747/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mariana Salgado de Jesús
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por Araceli Bautista Paz, autorizada del tercero interesado en el presente juicio; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias del cuaderno principal que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Se tienen por autorizadas únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a las personas propuestas para ello. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1747/2018-III, promovido por MARIANA SALGADO DE JESÚS y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada ese mismo día a este juzgado federal, MARIANA SALGADO DE JESÚS, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito (foja 2 a 32). SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo con el número 1747/2018-III y se desechó (fojas 33 a 36) En contra del acuerdo que desechó la demanda de amparo, la impetrante promovió recurso de queja (fojas 39 a 50); de dicho recurso tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimoctavo Circuito, quien lo radicó con el número 280/2018 y por resolución emitida el once de enero de dos mil diecinueve (fojas 58 a 80) lo determinó fundado. En consecuencia, por auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y se emitió el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, los autos de veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitidos en autos del expediente 33/2018. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado pues así lo manifestaron las autoridades responsable al momento de rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora de las constancias que la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos anexó a su informe, consistentes en fotocopias certificadas del expediente 33/2018 (anexos I y II), en los que obran los acuerdos que en esta instancia constitucional se reclaman. Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como acontece en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por el quejoso, como de conocimiento por notificación del acto reclamado, como se demostrará en lo subsecuente. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, debe señalarse que la quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado los acuerdos de veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitidos en autos del expediente 33/2018 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, y refirió bajo protesta de decir verdad que con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, le notificaron dichos acuerdos. De las constancias que en fotocopia certificada remitió la autoridad responsable, relativas al juicio 33/2018 de controversia del orden familiar sobre perdida de la patria potestad, guarda y custodia y alimentos, en el que obra agregada cédula de notificación personal de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho (foja 579 anexo I), de la que se advierte que el Actuario adscrito al Juzgado Civil, notificó de manera personal al abogado patrono de la parte demandada en el juicio de origen, aquí quejosa, el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. También obra agregada la audiencia de conciliación desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la que la Juez responsable fijó un régimen provisional de convivencias, diligencia a la que la ahora quejosa compareció y en esa misma fecha se les tuvo por notificados de manera personal, tanto a la parte actora como a la parte demandada (ahora quejosa) de lo ahí decretado. Documentales que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un funcionario público (notificador) en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". En relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto, como en seguida se pondrá de manifiesto. En el caso concreto la parte quejosa fue notificada de manera personal del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el tres de octubre del mismo año, y de la audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en esa misma data, es decir, el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando la ley que rige el acto reclamado no regulan expresamente el momento en el que surten efectos las notificaciones, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, se concluye que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, registro 2014199, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página: 7, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA." Hipótesis que se actualiza en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, pues conforme al artículo 142 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (aplicable al juicio de origen), los términos empezaran a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación personal. Lo anterior es así pues dicho precepto legal no precisa en qué momento surte efectos dicha notificación, sino solamente a partir de cuándo empiezan a correr los términos judiciales, en el caso concreto, al día siguiente, interpretándose, conforme a la jurisprudencia en cita, que surte efectos el mismo día en que se hizo dicha notificación. Así, la aludida notificación efectuada el tres de octubre pasado, respecto al proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, surtió efectos ese mismo día, de ahí que el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del cuatro de octubre del año dos mil dieciocho (día hábil siguiente de aquél en que surtió efectos la notificación efectuada el tres de octubre de dos mil dieciocho) y feneció el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, y, por cuanto a la audiencia desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la notificación surtió efectos el mismo día, y el término para la interposición de la demanda de amparo empezó a computarse a partir del veintiséis de septiembre y culminó el diecisiete de octubre, ambos del año dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichos plazos. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se advierte entonces que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y como consecuencia se han consentido tácitamente los actos que se reclaman. Es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: Tomo XXXI, Enero de 2010 "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XIV, de la Ley de la materia, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo tanto, se hace innecesario hacer pronunciamiento respecto de la diversa causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de la autoridad señalada como ejecutora al no ser combatidos por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARIANA SALGADO DE JESÚS, por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy tres de abril de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.
- Principal
CITATORIO. PERS. En términos del artículo 27 fracción I inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada FERNANDO GARCÍA GARCÍA el auto y/o resolución del tres de abril del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1747/2018-III, promovido por MARIANA SALGADO DE JESÚS y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda Por demanda presentada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho,ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada ese mismo día a este juzgado federal, MARIANA SALGADO DE JESÚS, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito (foja 2 a 32). SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo con el número 1747/2018-III y se desechó (fojas 33 a 36) En contra del acuerdo que desechó la demanda de amparo, la impetrante promovió recurso de queja (fojas 39 a 50); de dicho recurso tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimoctavo Circuito, quien lo radicó con el número 280/2018 y por resolución emitida el once de enero de dos mil diecinueve (fojas 58 a 80) lo determinó fundado. En consecuencia, por auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y se emitió el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, los autos de veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitidos en autos del expediente 33/2018. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado pues así lo manifestaron las autoridades responsable al momento de rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora de las constancias que la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos anexó a su informe, consistentes en fotocopias certificadas del expediente 33/2018 (anexos I y II), en los que obran los acuerdos que en esta instancia constitucional se reclaman. Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como acontece en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por el quejoso, como de conocimiento por notificación del acto reclamado, como se demostrará en lo subsecuente. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, debe señalarse que la quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado los acuerdos de veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitidos en autos del expediente 33/2018 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, y refirió bajo protesta de decir verdad que con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, le notificaron dichos acuerdos. De las constancias que en fotocopia certificada remitió la autoridad responsable, relativas al juicio 33/2018 de controversia del orden familiar sobre perdida de la patria potestad, guarda y custodia y alimentos, en el que obra agregada cédula de notificación personal de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho (foja 579 anexo I), de la que se advierte que el Actuario adscrito al Juzgado Civil, notificó de manera personal al abogado patrono de la parte demandada en el juicio de origen, aquí quejosa, el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. También obra agregada la audiencia de conciliación desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la que la Juez responsable fijó un régimen provisional de convivencias, diligencia a la que la ahora quejosa compareció y en esa misma fecha se les tuvo por notificados de manera personal, tanto a la parte actora como a la parte demandada (ahora quejosa) de lo ahí decretado. Documentales que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un funcionario público (notificador) en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". En relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto, como en seguida se pondrá de manifiesto. En el caso concreto la parte quejosa fue notificada de manera personal del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el tres de octubre del mismo año, y de la audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en esa misma data, es decir, el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando la ley que rige el acto reclamado no regulan expresamente el momento en el que surten efectos las notificaciones, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, se concluye que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, registro 2014199, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página: 7, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA." Hipótesis que se actualiza en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, pues conforme al artículo 142 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (aplicable al juicio de origen), los términos empezaran a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación personal. Lo anterior es así pues dicho precepto legal no precisa en qué momento surte efectos dicha notificación, sino solamente a partir de cuándo empiezan a correr los términos judiciales, en el caso concreto, al día siguiente, interpretándose, conforme a la jurisprudencia en cita, que surte efectos el mismo día en que se hizo dicha notificación. Así, la aludida notificación efectuada el tres de octubre pasado, respecto al proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, surtió efectos ese mismo día, de ahí que el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del cuatro de octubre del año dos mil dieciocho (día hábil siguiente de aquél en que surtió efectos la notificación efectuada el tres de octubre de dos mil dieciocho) y feneció el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, y, por cuanto a la audiencia desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la notificación surtió efectos el mismo día, y el término para la interposición de la demanda de amparo empezó a computarse a partir del veintiséis de septiembre y culminó el diecisiete de octubre, ambos del año dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichos plazos. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se advierte entonces que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y como consecuencia se han consentido tácitamente los actos que se reclaman. Es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: Tomo XXXI, Enero de 2010 "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XIV, de la Ley de la materia, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo tanto, se hace innecesario hacer pronunciamiento respecto de la diversa causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de la autoridad señalada como ejecutora al no ser combatidos por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARIANA SALGADO DE JESÚS, por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy tres de abril de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1747/2018-III, promovido por MARIANA SALGADO DE JESÚS y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada ese mismo día a este juzgado federal, MARIANA SALGADO DE JESÚS, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito (foja 2 a 32). SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo con el número 1747/2018-III y se desechó (fojas 33 a 36) En contra del acuerdo que desechó la demanda de amparo, la impetrante promovió recurso de queja (fojas 39 a 50); de dicho recurso tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimoctavo Circuito, quien lo radicó con el número 280/2018 y por resolución emitida el once de enero de dos mil diecinueve (fojas 58 a 80) lo determinó fundado. En consecuencia, por auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y se emitió el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito, los autos de veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitidos en autos del expediente 33/2018. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado pues así lo manifestaron las autoridades responsable al momento de rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora de las constancias que la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos anexó a su informe, consistentes en fotocopias certificadas del expediente 33/2018 (anexos I y II), en los que obran los acuerdos que en esta instancia constitucional se reclaman. Documentales a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario; como acontece en el presente asunto, en el que se acreditó una fecha distinta a la manifestada bajo protesta de decir verdad por el quejoso, como de conocimiento por notificación del acto reclamado, como se demostrará en lo subsecuente. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Asimismo, apoya lo anterior la tesis de la Décima Época de número de registro 2009762, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro veintiuno, agosto de dos mil quince, Tomo III, página 2380, del siguiente rubro: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, debe señalarse que la quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado los acuerdos de veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitidos en autos del expediente 33/2018 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, y refirió bajo protesta de decir verdad que con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, le notificaron dichos acuerdos. De las constancias que en fotocopia certificada remitió la autoridad responsable, relativas al juicio 33/2018 de controversia del orden familiar sobre perdida de la patria potestad, guarda y custodia y alimentos, en el que obra agregada cédula de notificación personal de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho (foja 579 anexo I), de la que se advierte que el Actuario adscrito al Juzgado Civil, notificó de manera personal al abogado patrono de la parte demandada en el juicio de origen, aquí quejosa, el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. También obra agregada la audiencia de conciliación desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la que la Juez responsable fijó un régimen provisional de convivencias, diligencia a la que la ahora quejosa compareció y en esa misma fecha se les tuvo por notificados de manera personal, tanto a la parte actora como a la parte demandada (ahora quejosa) de lo ahí decretado. Documentales que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de un funcionario público (notificador) en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". En relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se estiman consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala este último precepto, como en seguida se pondrá de manifiesto. En el caso concreto la parte quejosa fue notificada de manera personal del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el tres de octubre del mismo año, y de la audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en esa misma data, es decir, el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando la ley que rige el acto reclamado no regulan expresamente el momento en el que surten efectos las notificaciones, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, se concluye que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, registro 2014199, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página: 7, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA." Hipótesis que se actualiza en el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, pues conforme al artículo 142 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos (aplicable al juicio de origen), los términos empezaran a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación personal. Lo anterior es así pues dicho precepto legal no precisa en qué momento surte efectos dicha notificación, sino solamente a partir de cuándo empiezan a correr los términos judiciales, en el caso concreto, al día siguiente, interpretándose, conforme a la jurisprudencia en cita, que surte efectos el mismo día en que se hizo dicha notificación. Así, la aludida notificación efectuada el tres de octubre pasado, respecto al proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, surtió efectos ese mismo día, de ahí que el término de quince días hábiles para la interposición de la demanda, comenzó a partir del cuatro de octubre del año dos mil dieciocho (día hábil siguiente de aquél en que surtió efectos la notificación efectuada el tres de octubre de dos mil dieciocho) y feneció el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, y, por cuanto a la audiencia desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la notificación surtió efectos el mismo día, y el término para la interposición de la demanda de amparo empezó a computarse a partir del veintiséis de septiembre y culminó el diecisiete de octubre, ambos del año dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichos plazos. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se advierte entonces que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y como consecuencia se han consentido tácitamente los actos que se reclaman. Es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: Tomo XXXI, Enero de 2010 "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XIV, de la Ley de la materia, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo tanto, se hace innecesario hacer pronunciamiento respecto de la diversa causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de la autoridad señalada como ejecutora al no ser combatidos por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MARIANA SALGADO DE JESÚS, por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy tres de abril de dos mil diecinueve, en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.
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