Mariana Rodríguez Díaz

Expediente 460/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
460/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
01/07/2016

Partes del expediente

  • Mariana Rodríguez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de garantías promovida por ***********, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA: Por este medio y como se ordena en el auto de catorce de junio del año en curso, se notifica a la PARTE QUEJOSA el proveído de veintiuno del citado mes y año, el cual dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por *****, atento a su contenido, se tiene al ocursante dando cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado Federal mediante auto de catorce de junio de dos mil dieciséis. Así las cosas, y a fin de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto de los actos que aquí reclama la promovente del amparo: consisten en: "De la autoridad responsable ordenadora, Juez Único Menor Mixto de la ciudad de Silao, Guanajuato; reclamo, el auto de fecha tres de septiembre del año 2015 dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número ********* seguido en ese Juzgado en contra de la suscrita, del auto referido se reclama la aprobación de la diligencia evidentemente ilegal de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada en mi contra, en fecha uno de septiembre del 2015. De la autoridad ejecutora la oficina central de actuarios reclamo la asignación de la actuaria judicial para practicar la diligencia de requerimiento de pago embargo y emplazamiento en contra de la suscrita y/o de la Actuaria señalada como responsable ejecutora reclamo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada por la actuaria a las 11:15 horas del día uno de Septiembre de 2015, ello en razón de que considero existe una violación grave a las reglas del procedimiento, en virtud de que en esa fecha de la diligencia referida ese no era mi domicilio particular y yo nunca tuve conocimiento de esa demanda con un supuesto emplazamiento, ni tampoco de requerimiento de pago alguno, ni tampoco del embargo y aún más del supuesto emplazamiento que el mismo carece de formalidad y legalidad, tal y como se desprende de las constancias que obran en el expediente multicitado ****** y demás detalles que precisare en infralíneas." Expuesto lo anterior, no debe soslayarse que la peticionaria del amparo señaló en su escrito inicial de demanda de amparo, que le asiste la cualidad de parte demandada en el controvertido mercantil de origen ***** del índice del Juzgado Único Menor Mixto, con sede en Silao, Guanajuato, y con ella se entendió, en forma personal y directa la diligencia de requerimiento de pago de once de agosto de dos mil quince y en esa medida, no debe considerársele tercera extraña a la controversia de origen, pues a tal aseveración habrá de sumársele la reiteración de dicho tópico que formula al desahogar la prevención que en este proveído se atiende y que plasmó -bajo protesta de decir verdad- en los siguientes términos: "III. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que EN FECHA once de agosto del año 2015, se constituyeron en el que entonces era mi domicilio particular donde yo vivía la actora formal Lic. **** y una actuaria judicial de nombre **** dicho domicilio es el ubicado en ****; cerciorado esta vez de ser mi domicilio particular, tocaron la puerta, donde acude la suscrita y me identifico y me hacen saber el motivo de su presencia donde me hacen saber que hay una orden de requerirme la cantidad de siete mil pesos por concepto de suerte principal, o que en su defecto señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndome que de no hacerlo pasara ese derecho a la parte actora formal, por lo que yo le respondí lo siguiente que no tenía para pagar y que tampoco puedo dejar pasar hasta que no hablara con mi licenciado, por lo que ante tal oposición la parte actora solicitó el auxilio de la fuerza pública al juez en conocimiento del juicio, por lo que la actuaria da por terminada dicha diligencia retirándose del domicilio y dando cuenta al juez de lo que ahora se expone ante esta autoridad de amparo." (énfasis agregado) En ese sentido, por lo que respecta a los actos reclamados descritos con antelación, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del arábigo 61, con el diverso 107, fracción VI, ambos de la ley de la materia, este último interpretado a contrario sensu, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: [...] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Conforme a las fracciones de los preceptos en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando este es promovido por persona quien aduce es tercera extraña al juicio o procedimiento del que emane el acto que reclama, pero que, del análisis pormenorizado de la demanda y sus anexos se advierta fehacientemente que no lo es. Sentado lo anterior, conviene precisar que por persona extraña, debe entenderse aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Es preciso señalar que, para efectos del amparo, el carácter de tercero extraño, como tal o por equiparación, se desvanece o se desvirtúa con la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio o procedimiento, a pesar de no haber sido emplazado al mismo. En el particular -como se anticipó- se advierte que la promovente tuvo conocimiento pleno y completo de la existencia del juicio de origen *****, promovido por ****, en su calidad de endosatario en procuración de ****, en su contra, del índice del Juzgado Único Menor Mixto, con residencia en Silao, Guanajuato y en ese sentido perdió el carácter de persona extraña a éste, o bien, pues durante la instauración del sumario de origen, se practicó directamente con ella la diligencia de requerimiento de pago que permite asumir con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso estuvo en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia, con independencia de que no hubiese comparecido a dicha controversia. En consecuencia, por las consideraciones antes señaladas, y toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, procede en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia.

  3. Principal

    CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA: Por este medio y como se ordena en el auto de catorce de junio del año en curso, se notifica a la PARTE QUEJOSA el proveído de la misma fecha, el cual dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ****, por su propio derecho, contra actos del Juez Único Menor Mixto, Oficina Central de Actuarios y Actuario designado por esta, todos con residencia en Silao, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 460/2016-III, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, y V y 110, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad, exprese: 1. Precise si además de los actos que especifica como reclamados, en su demanda de amparo, señala todo lo actuado, la sentencia emitida en el juicio ejecutivo mercantil de origen y las consecuencias legales inherentes, y 2. Aclare la fecha en que se llevó a cabo el embargo en bienes de su propiedad, realice la descripción de los mismos y exhiba el o los documentos con los cuales acredite los derechos que detente respecto de ellos. 3. Aunado a lo anterior, y toda vez que en los antecedentes que narra en la demanda de amparo, señala por una parte, que la diligencia de requerimiento de pago tuvo verificativo el once de agosto de dos mil quince y que fue atendida personalmente por la peticionaria del amparo y con posterioridad refiere a que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento se practicó el uno de septiembre de dos mil quince, aclare qué eventos fueron los que acontecieron en cada una de las fechas que indica, pues su narrativa resulta confusa. Los anteriores datos resultan necesarios para estar en condiciones de proveer lo que corresponda respecto a la demanda. Se apercibe al solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en el ocurso de cuenta; de igual forma, se le tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, así como en términos restringidos a ***, por no contar con tal registro. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Asimismo, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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