Mariana Reyes González
Expediente 1626/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1626/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2017
Partes del expediente
- Mariana Reyes González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Finalmente, intégrese el oficio por medio del cual el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, devuelve diligenciado el exhorto 342/2017, orden 573/2017; háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda suscrita por Mariana Reyes González, regístrese bajo el número 1626/2017-V-A. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La solicitante del amparo reclama el acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete, emitido en la etapa de ejecución por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, dentro del incidente de gastos y costas judiciales derivado del expediente 456/2012, en el cual se ordena notificar a su contraparte la resolución emitida el doce de septiembre de dos mil dieciséis. En ese tenor, se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al numeral 113 de la referida legislación, se indica lo siguiente. El artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así las cosas, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que establecen los citados numerales, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete, emitido en la etapa de ejecución por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, dentro del incidente de gastos y costas judiciales derivado del expediente 456/2012, en el cual se ordena notificar a su contraparte la resolución emitida el doce de septiembre de dos mil dieciséis, ya que dicha determinación no se refiere a la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y menos decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución del juicio respectivo. En efecto, el acto de referencia, no se ubica en la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se trata del último acto en ejecución de sentencia, pues no ha concluido el procedimiento correspondiente. Por ello cuando se emita la determinación que tenga por debidamente cumplida la sentencia dictada en el juicio 456/2012, de actualizarse alguna violación en dicha fase, será el momento para combatirla en amparo indirecto. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional biinstancial; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento considere le hayan dejado sin defensa. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190035, Novena Época, visible a página treinta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Los lineamientos de los criterios referidos, tienen por finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal.". El lineamiento del criterio referido, tiene por finalidad evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Robustece lo anterior, la tesis sostenida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, con número de registro 196894, Novena Época, visible a página doscientos treinta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.". Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO En ese tenor, toda vez que el domicilio de la quejosa se ubica en calle República de Venezuela, número 113, cuarta sección de San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el domicilio referido y notifique a la quejosa Mariana Reyes González, el presente proveído. Asimismo, deberá requerirla, para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec), con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Se precisa que la comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez Federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de ese sistema de expedientes. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.
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