Mariana Perales Torres

Expediente 584/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
584/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Mariana Perales Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya recurrido el proveído de veintinueve de junio del año en curso, por medio el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la quejosa Mariana Perales Torres; por ende, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. De conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. En cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al tenerse por no presentada la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de donde se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la quejosa Mariana Perales Torres, mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, a efecto de que desahogara las prevenciones formuladas en dicho auto; en consecuencia, este Juzgado de control constitucional hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, ello en virtud de que la promovente de amparo, no desahogó el requerimiento formulado; ante ello, téngase por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa del Departamento de Testamentos de Archivo General de Notarias del Estado de México, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento de once de mayo de dos mil veintidós, de lo que este juzgador toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que este órgano jurisdiccional ya realizó las gestiones necesarias para la continuación del trámite del juicio de amparo y que además el plazo de sesenta días, otorgado a la parte quejosa, con la finalidad de que realizara las gestiones inherentes al procedimiento establecido en el capítulo III, denominada "De los Intestados", especialmente, lo previsto en el artículo 4.43 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. En virtud de lo anterior, se continúa la secuela procedimental y tomando en consideración que por auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, se suspendió el procedimiento con motivo de la actualización del supuesto previsto en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Amparo, se reanuda el mismo. De la audiencia constitucional. Se senalan las doce horas con un minuto del veinte de junio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el entendido que se llevará en términos de la Segunda Sección del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en el que se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegié la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del acuerdo general citado en el párrafo precedente, se previene a las partes, para que hasta veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia constitucional, senalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por videoconferencia en su representación; asimismo, senalar un correo electrónico para el envió del citatorio respectivo, en el entendido de que el citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Se apercibe a las partes que en caso de omisión al respecto, se entenderá que no es su deseo intervenir en la videoconferencia, llevándose a cabo la audiencia correspondiente de manera escrita, sin presencia de las partes, sin que ello implique que no puedan presentar escritos en la fecha senalada para dicha diligencia judicial. Así las cosas, tomando en consideración que se encuentra acreditado el fallecimiento del tercero interesado Juan Llaca Díaz de León, de conformidad con la copia certificada del acta de defunción que consta en autos; dado lo cual, por auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que haya realizado aseveración alguna Asimismo, el quejoso no realizó las gestiones inherentes al procedimiento establecido en el capítulo III, denominada "De los Intestados", especialmente, lo previsto en el artículo 4.43 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, a efecto de este Juzgado de Distrito lograra el llamamiento a juicio de la tercera interesada por conducto de quien legalmente represente sus intereses. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción IIl, inciso b), de la Ley de Amparo y, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procédase a emplazar a la tercera interesada sucesión a bienes de Juan Llaca Díaz de León, por medio de edictos que correrán a costa de la parte quejosa, los cuales de acuerdo con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 de la última legislación, deberán contener una relación sucinta de la demanda, el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional; se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la República; se hará saber a la citada tercera interesada que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente del último de su publicación; se fijará en la puerta de este Juzgado de Distrito una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento; se hará hincapié además, que de no comparecer por sí mismas o a través de apoderado o gestor en el plazo senalado, se continuará la tramitación del presente juicio constitucional, y las notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Es aplicable la tesis P./J.22/2015, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, número de registro 2009913, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Así como, la tesis 492/2013, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en la página 25, del Semanario Judicial de la Federación de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, número de registro 2009914, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, se requiere a la parte quejosa, para que dentro un plazo de veinte días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en local de este juzgado a recoger los edictos, acredite haberlos entregado para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en el periódico de mayor circulación en la República; apercibida que en caso de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en el 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo debido a la falta de concurrencia de una de las partes y falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 416, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 164074, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." De igual manera, es aplicable la tesis XXVII.3o.33 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 27, del Semanario Judicial de la Federación de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que senale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." En ese sentido, se comunica a la parte quejosa que para recoger los edictos, deberá agendar la cita correspondiente en términos de los previsto en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; apercibida que de no hacerlo, su acceso al inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional no estará permitido. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano