Mariana Perales Torres
Expediente 776/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mariana Perales Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado de cuenta a través del cual la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, remite los autos originales del juicio de amparo ******************** de su índice, promovido por ***, en representación de su menor hija de identidad resguardad de iniciales ***; lo anterior, toda vez que la titular de dicho juzgado consideró que los actos impugnados por la quejosa en ese procedimiento constitucional guardan relación con el trámite y resolución del juicio de amparo 776/2022-C-2, de la estadística de este juzgado federal, de manera que al existir un conocimiento previo en el asunto de origen, se actualiza el supuesto a que alude el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, y vigente a partir de ese mismo día. Atento a lo anterior, de la lectura de las constancias recibidas, se advierte que se actualizan los supuestos a que aluden los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, y vigente a partir de ese mismo día. En ese sentido, se acepta el conocimiento previo; por tanto, remítase el juicio de amparo ********************, de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que lo turne nuevamente a este órgano de control constitucional, a fin de que sea registrado como un nuevo ingreso y se lleve a cabo la compensación correspondiente, de tal manera que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo entre los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 46 del Acuerdo General antes indicado; infórmese lo anterior al Juzgado oficiante.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se desprende que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, por el que desechó la demanda promovida por ********, sin que haya promovido el medio de impugnación referido; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto concluido.
- Principal
Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, signada por el fedatario adscrito de la que se advierte la imposibilidad del auxiliar de actuario para entregar el oficio 17315/2022 dirigido al "Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México", que contiene inserto el proveído de seis de julio actual por los motivos ahí expuesto. Atento a lo anterior, no se realiza mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de doce de julio del año en curso, se desechó la demanda promovida por...
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de julio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito presentado por la quejosa por ..., por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad resguardada de iniciales M.A.P., contra un acto del agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en auto de seis de julio actual, y al efecto refiere que promueve el presente juicio por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, para lo cual exhibe el documento con el que acredita tal representatividad; con lo que se tiene por cumplida la obligación impuesta y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Desechamiento. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la vigente Ley de Amparo, se establece la obligación a cargo de este órgano de control constitucional de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, deberá desecharla de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, si lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo tales premisas, respecto de la demanda promovida por la quejosa, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en ese orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." En ese sentido, se destaca que el numeral 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuye que entre los derechos que le asisten a la víctima u ofendido del delito, está la posibilidad de impugnar, por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia en que incurra el Ministerio Público en la investigación de los delitos. Concordante con ello, el artículo 258 del propio código, establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quien las podrá impugnar ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a dicha notificación, lo cual permite concluir que dicho medio de impugnación es procedente en contra de las determinaciones tomadas por el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación. Bajo este panorama, considerando que el acto reclamado que se atribuye al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, cosiste en la omisión de pronunciarse respecto a la medida de protección solicitada en la carpeta de investigación con número económico 677/19, a fin de que el investigado de nombre Daniel Fernando Alvarado Miranda, se abstenga de tener comunicación con la victima de identidad reservada de iniciales M.A.P.; así como de incorporar a la carpeta de investigación diversos datos de prueba, se concluye que la quejosa, previo a acudir a la vía de amparo indirecto, debió impugnar dicho acto ante el juez de control competente, en observancia al principio de definitividad. No es óbice que la quejosa haya manifestado que presentó un escrito y que no le han dado respuesta, ya que, además de que no señala como acto reclamado destacado la falta de contestación, la pretensión que persigue es que la carpeta de investigación no continúe paralizada, pues pide que se integren diversos datos de prueba y se emita una medida de protección. En efecto, si bien la quejosa señala como acto reclamado "la negativa", lo cierto es que de los antecedentes, conceptos de violación y escrito aclaratorio, se desprende que reclama omisiones al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, las cuales son susceptibles de impugnarse a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 del referido Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, porque de la interpretación sistemática y funcional del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que la víctima u ofendido debe impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el citado artículo 258, ya que su finalidad es que la autoridad jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, pues, en caso de estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo para que cese ese estado, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. El precepto legal en cita establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De ahí que cobra vigencia la causa de improcedencia en estudio, habida cuenta de que el presente asunto no se ubica en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, ya que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Debe destacarse que la convivencia de Daniel Fernando Alvarado Miranda con la menor de identidad reservada no es un acto autónomo, aislado o que el primero de los citados realice de propia voluntad, si no que deriva del régimen de convivencia determinado por una autoridad jurisdiccional; por lo que se estima que para su realización, se tomó en consideración el interés superior del menor; de ahí que si está inconforme con él, debe recurrirlo en la vía correspondiente. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido... se desecha de plano la demanda promovida por ..., por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad resguardada de iniciales M.A.P., por notoriamente improcedente, con apoyo en el numeral 113 de la ley de la materia.
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