Mariana Paz Lazcano

Expediente 781/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
781/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Mariana Paz Lazcano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    .... Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. ... Archivo... archívese este expediente como concluido. Destino .. este expediente es destruible...

  2. Incidental

    ... Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en proveído dictado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente, causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia y se ordenó su archivo como asunto concluido. Archivo.... se ordena el archivo de este incidente como concluido. Destino. Respecto al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, este expediente es destruible. ...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Informa resolución. Agréguese el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia de la resolución de veintiocho de septiembre de este año, emitida en el expediente laboral 163/VI/2015. Sobreseimiento fuera de audiencia. De autos se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto de la presente anualidad, se radicó la demanda de amparo con el número 781/2023, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que negó el acto reclamado, pues indicó que el escrito del que se duele la quejosa fue acordado el diecisiete de agosto de este año; asimismo, que turnó los autos para el dictado de la resolución correspondiente; sin embargo, en esta fecha informó que en la resolución de veintiocho de septiembre de este año emitida en el expediente laboral 163/VI/2015, declaró procedente la terminación de la relación de trabajo y fincó la responsabilidad del conflicto a la parte demandada Servicios de Salud de Veracruz. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclamó la omisión de dictar el acuerdo relativo a la petición que realizó el tres de mayo de dos mil veintitrés dentro del expediente 163/V/2015 de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que solicitó se dicte el acuerdo respectivo a fin de fincarle responsabilidad del conflicto a la demandada. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo relativo a la petición que realizó el tres de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 163/V/2015 de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que solicitó se dicte el acuerdo respectivo a fin de fincarle responsabilidad del conflicto a la demandada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, que implica que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse se traduce no sólo en la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo la quejosa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de dictar el acuerdo relativo a la petición que realizó el tres de mayo de dos mil veintitrés dentro del expediente 163/V/2015 de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que solicitó se dicte el acuerdo respectivo a fin de fincarle responsabilidad del conflicto a la demandada. Y del oficio de cuenta se desprende que la citada autoridad responsable al emitir la resolución de veintiocho de septiembre de este año emitida en el expediente laboral 163/VI/2015 declaró procedente la terminación de la relación de trabajo y le fincó la responsabilidad del conflicto a la parte demandada Servicios de Salud de Veracruz, atendió la petición relacionada con el escrito que presentó la quejosa el tres de mayo de dos mil veintitrés, mismo que constituye el acto reclamado. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con once minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Informa resolución. Agréguese el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia de la resolución de veintiocho de septiembre de este año, emitida en el expediente laboral 163/VI/2015. Sobreseimiento fuera de audiencia. De autos se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto de la presente anualidad, se radicó la demanda de amparo con el número 781/2023, se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que negó el acto reclamado, pues indicó que el escrito del que se duele la quejosa fue acordado el diecisiete de agosto de este año; asimismo, que turnó los autos para el dictado de la resolución correspondiente; sin embargo, en esta fecha informó que en la resolución de veintiocho de septiembre de este año emitida en el expediente laboral 163/VI/2015, declaró procedente la terminación de la relación de trabajo y fincó la responsabilidad del conflicto a la parte demandada Servicios de Salud de Veracruz. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclamó la omisión de dictar el acuerdo relativo a la petición que realizó el tres de mayo de dos mil veintitrés dentro del expediente 163/V/2015 de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que solicitó se dicte el acuerdo respectivo a fin de fincarle responsabilidad del conflicto a la demandada. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo relativo a la petición que realizó el tres de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 163/V/2015 de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que solicitó se dicte el acuerdo respectivo a fin de fincarle responsabilidad del conflicto a la demandada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo1 . Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, que implica que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse se traduce no sólo en la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo la quejosa, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de dictar el acuerdo relativo a la petición que realizó el tres de mayo de dos mil veintitrés dentro del expediente 163/V/2015 de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que solicitó se dicte el acuerdo respectivo a fin de fincarle responsabilidad del conflicto a la demandada. Y del oficio de cuenta se desprende que la citada autoridad responsable al emitir la resolución de veintiocho de septiembre de este año emitida en el expediente laboral 163/VI/2015 declaró procedente la terminación de la relación de trabajo y le fincó la responsabilidad del conflicto a la parte demandada Servicios de Salud de Veracruz, atendió la petición relacionada con el escrito que presentó la quejosa el tres de mayo de dos mil veintitrés, mismo que constituye el acto reclamado. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.. Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 3 , de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con once minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés..

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