Mariana Pamela Zamarripa Vazquez

Expediente 1650/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1650/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
04/12/2017

Partes del expediente

  • Mariana Pamela Zamarripa Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    III La certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    III. Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada del auto de diecinueve de octubre del año en curso, por medio del cual fijó las once horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones. Se estima aplicable en lo conducente, la tesis XXI.2o.16K, publicada en la página 1081, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189948 cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI, dispone: El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con lo dispuesto en el referido precepto legal, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En el presente juicio el quejoso Mariana Pamela Zamarripa Vázquez, reclama la dilación procesal de la responsable para emitir el acuerdo de radicación, así como de notificar a las partes y señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente 1087/2017, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, del informe remitido por la responsable, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se dictó el auto de radicación de la demanda, fijó día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó el emplazamiento de la demandada, tal como se acredita con la copia certificada de la constancia remitida; asimismo, se advierte que dicha determinación fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de octubre del año en curso, y ordenó el emplazamiento de la demandada. Consecuentemente, a dichas documentales se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, si la parte quejosa aduce que la autoridad ha sido omisa en dictar el auto de radicación respecto de su escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; sin embargo, de manera posterior a la admisión de la presente demanda la responsable remitió copia certificada de las constancias que acreditan la radicación de la demanda laboral, así como la fecha para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como sus respectivas constancias de notificación a las partes, de las cuales se advierte que la responsable dictó el acuerdo respectivo por el cual radico el expediente laboral, asignándole el número J.2/1087/2017, lo cual evidencia la actualización de la causa de improcedencia de referencia, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar la garantía consagrada en nuestra Ley Fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyó en lo conducente la jurisprudencia 2a./J.59/99, con número de registro 193758, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, registrada con el número 184572, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas del nueve de noviembre del año en curso, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    III.- (SE LISTA AVISO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA QUEJOSA MARIANA PAMELA ZAMARRIPA VAZQUEZ, RELATIVO AL ACUERDO DE 08/11/2017, EL CUAL DICE:)III. Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada del auto de diecinueve de octubre del año en curso, por medio del cual fijó las once horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones. Se estima aplicable en lo conducente, la tesis XXI.2o.16K, publicada en la página 1081, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189948 cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI, dispone: El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con lo dispuesto en el referido precepto legal, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En el presente juicio el quejoso Mariana Pamela Zamarripa Vázquez, reclama la dilación procesal de la responsable para emitir el acuerdo de radicación, así como de notificar a las partes y señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente 1087/2017, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, del informe remitido por la responsable, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se dictó el auto de radicación de la demanda, fijó día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ordenó el emplazamiento de la demandada, tal como se acredita con la copia certificada de la constancia remitida; asimismo, se advierte que dicha determinación fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de octubre del año en curso, y ordenó el emplazamiento de la demandada. Consecuentemente, a dichas documentales se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, si la parte quejosa aduce que la autoridad ha sido omisa en dictar el auto de radicación respecto de su escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete; sin embargo, de manera posterior a la admisión de la presente demanda la responsable remitió copia certificada de las constancias que acreditan la radicación de la demanda laboral, así como la fecha para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como sus respectivas constancias de notificación a las partes, de las cuales se advierte que la responsable dictó el acuerdo respectivo por el cual radico el expediente laboral, asignándole el número J.2/1087/2017, lo cual evidencia la actualización de la causa de improcedencia de referencia, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar la garantía consagrada en nuestra Ley Fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyó en lo conducente la jurisprudencia 2a./J.59/99, con número de registro 193758, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, registrada con el número 184572, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas del nueve de noviembre del año en curso, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.

  4. Principal

    II. El estado procesal del presente asunto evidencia que la audiencia incidental se encuentra prevista para celebrarse a las nueve horas con diez minutos de hoy como se determinó en auto de cuatro de octubre pasado; sin embargo, no obra el informe previo de la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni constancia de notificación del oficio 24920 por el que se le formuló tal requerimiento. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental prevista para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del veinte de octubre de dos mil diecisiete. A fin de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase a la responsable indicada su informe previo por medio de oficio girado vía telegráfica, en el que se deberá hacer de su conocimiento los actos que se reclaman, el término con que cuenta para rendir su informe, y la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental. Por otra parte, se tiene por recibida la pieza postal que contiene el oficio 25749 dirigido al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, devuelta por el Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal en Toluca, Estado de México, con la leyenda "cambio de domicilio". Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la pieza postal de mérito para los efectos legales correspondientes, y reenvíese el oficio 25749 al domicilio actual y correcto de la autoridad en cita que para tal efecto investigue el actuario de la adscripción.

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