Mariana Ortiz Osorio
Expediente 768/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mariana Ortiz Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que las partes se encuentran notificadas de la sentencia dictada en este juicio de amparo indirecto, así como del auto por el cual se tuvo al asesor jurídico de la parte quejosa, **************, interponiendo recurso de revisión contra la referida sentencia; en consecuencia, remítase el escrito original de agravios, con una copia, un tomo de pruebas y el juicio de amparo 768/2023, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo en turno, del Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Asimismo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que las actuaciones practicadas en el presente juicio electrónico se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta y descarga si así lo estima conveniente. Por ende, se autoriza la vinculación de forma permanente del expediente para su relación y posterior consulta. Se comisiona a la analista jurídica encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención a su contenido, téngase al asesor jurídico de la parte quejosa, ****************** interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original y copia del escrito de agravios y un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LOS TERCEROS INTERESADOS Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE LA ADSCRIPCIÓN.
- Principal
RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su asesor jurídico, por los motivos expuestos en el apartado que antecede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 768/2023 III-B, promovido por ********************, por conducto de su asesor jurídico, en contra del acto reclamado al Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, Guillermo García González, en su calidad de asesor jurídico de la víctima ********************, interpuso recurso de apelación en contra de la audiencia intermedia y el auto de apertura de juicio, emitidos en la causa penal 73/2022, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca . Por razón de turno, correspondió conocer del citado medio de impugnación a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, radicando el expediente 14/2023. Mediante determinación emitida el veintinueve de junio del año en curso, el Magistrado Presidente de dicha Sala Penal, declaró inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por la parte quejosa. Determinación que constituye el acto reclamado TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, por conducto de su asesor jurídico, presentó un escrito el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó al día siguiente de su presentación a este Juzgado de Distrito, por auto de treinta y uno de julio del año en curso, se registró bajo el consecutivo 768/2023 y se previno a la parte quejosa para que aclarara el ocurso inicial. Una vez desahogada la prevención, en proveído de diez de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado resulta ser de naturaleza penal y se atribuye a una autoridad que reside dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y el escrito de desahogo de prevención, permiten sostener que la quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables. Ordenadora Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Ejecutora Ejecutora adscrita a la mencionada Sala Penal. Actos reclamados. La determinación emitida el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el toca penal 14/2023, que declara inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por la parte quejosa, relativos a la causa penal 73/2022, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior, al precisar que sí dictó la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el toca penal 14/2023, que declaró inadmisibles los recursos de apelación intentados por el asesor jurídico de la víctima, aquí quejosa. Se corrobora lo aseverado con las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe de ley, consistentes en el original del mencionado toca penal y un disco versátil digital relativo a la causa penal 73/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, a los cuales se les confiere valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, la Ejecutora adscrita a la Sala responsable al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, al haber notificado la resolución combatida a la víctima (aquí quejosa) y a sus asesores jurídicos, el pasado seis de julio. LEGITIMACIÓN ********************, por conducto de su asesor jurídico, se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6° de la Ley de Amparo, ya que tiene la calidad víctima en la causa penal 73/2022 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, que dio origen al toca penal 14/2023, del que emana el acto reclamado. Aunado a que obran en el expediente las constancias que demuestran que Guillermo García González funge como su asesor jurídico. OPORTUNIDAD El acto reclamado fue notificado a la parte quejosa, personalmente, el seis de julio de dos mil veintitrés, y esa notificación surtió efectos al día siguiente (siete de julio del presente año), conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del diez al veintiocho de julio de dos mil veintitrés, descontándose del cómputo los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de septiembre del año en curso, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Entonces, al haberse presentado la demanda el veintisiete de julio de dos mil veintitrés-como se aprecia de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec-, se considera que es oportuna. PROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, puesto que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese orden, el suscrito estima que en relación con el acto reclamado consistente en la determinación del Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dictada en el toca penal 14/2023, que declaró inadmisible el recurso de apelación intentado por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se expondrán. El numeral 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de la materia, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Fundamenta dicha consideración la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación. Apoya dicho aserto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, consultable a página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, registro 2017117, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Bajo esa premisa, en contra de la determinación de veintinueve de junio del año en curso emitida, por el Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la cual determinó declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la audiencia intermedia y del auto de apertura de juicio, dictados en la causa penal de origen, previo a instar la acción Constitucional, la quejosa debió promover el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.". De la lectura del citado artículo, se advierte claramente la existencia del recurso de revocación, así como el supuesto de procedencia del mismo, permitiendo la adecuación de su sentido a las circunstancias que pretende regir. Se aprecia que el recurso de revocación podrá hacerse valer por las partes en cualquiera de las etapas del procedimiento en las que interviene la autoridad judicial y que es procedente contra las resoluciones de mero trámite. En el caso, la determinación en la cual el Magistrado Presidente de la Novena Sala penal Unitaria del Tribunal superior de Justicia del Estado de Oaxaca determinó inadmisible el recurso de apelación, debe considerarse una determinación dentro del procedimiento penal y de mero trámite, por lo que contra aquella, es procedente el recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283, registro digital 2021251, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Empero, al no haberlo realizado, es evidente que la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo y por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del precepto 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad responsable ejecutora, al no reclamarse por vicios propios. Se precisa que con la decisión a la que se arribó, existe imposibilidad de analizar las cuestiones de fondo planteadas, tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Máxime, que en el caso no se actualice alguna de las excepciones que prevé la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado, el acto reclamado no se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se refiere a órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su asesor jurídico, por los motivos expuestos en el apartado que antecede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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