Mariana Ortega Magaña

Expediente 1288/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1288/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • Mariana Ortega Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que la promovente, no interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de septiembre del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De igual forma, en observancia a lo previsto en el punto décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por lo tanto, previa anotación en el libro de gobierno y ficha de datos que se coloque en la carátula del presente, se fija como fecha probable para ello el ocho de octubre de dos mil veintitrés. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente, el ocho de octubre de dos mil veintiuno. Por otra parte, de autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se otorgó a la promovente Mariana Ortega Magaña, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diez de septiembre del año en curso, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente acuerdo por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Finalmente, devuélvase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el expediente laboral 1628/2017-4C; lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.Agréguese a los autos el exhorto 241/2018-3, orden 249/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, recibido a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, del que se advierte que se devuelve debidamente diligenciado el diverso exhorto 164/2018 de la estadística de este órgano jurisdiccional; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo promovido por Mariana Ortega Magaña, de propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad; virtud que el tribunal remitente se declaró legalmente incompetente para conocer del citado juicio de amparo, ya que el acto reclamado por la quejosa no se trata de una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio; motivo por el cual, ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de que turnara la demanda de amparo al juzgado de distrito correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del presente juicio. Fórmese expediente, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado, y regístrese con el número 1288/2018-D. Asimismo, con las constancias del expediente laboral 1628/2017-4C, de la estadística de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, fórmese un tomo de pruebas. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En tal contexto, del análisis de la demanda de mérito se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual la junta responsable desecha las pruebas documentales privadas ofrecidas por la demandada -aquí quejosa-, dentro del expediente laboral 1628/2017-4C. Acto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio, por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como adelante se expondrá. En efecto, los citados numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la legislación en comento, textualmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En el caso concreto, no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que se reclama el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral 1628/2017-4C, del índice de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el que se desechan las pruebas documentales privadas ofrecidas por la parte demandada -aquí quejosa-, acto que en sí mismo, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o de las personas, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, efectos que no necesariamente van a ocasionar que la sentencia definitiva que deba dictar la autoridad sea desfavorable a los intereses de la peticionaria de amparo. Por ende, resulta incuestionable que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos de la solicitante de amparo, sino por el contrario, sólo surte efectos intraprocesales y puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica de la quejosa, pues si la resolución que se dicte, no resulta favorable y trascendiera al resultado del laudo, puede impugnarlo a través del juicio de amparo directo; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.J/13 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en página 538, junio de 1996, tomo III, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." De igual manera se cita, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, agosto de 1992, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTEN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede en amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, así como el numeral 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mariana Ortega Magaña, contra actos de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Domicilio y autorizados Se tiene como autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que refiere en su demanda. Ahora bien, por única ocasión, notifíquese a la quejosa la presente determinación en el domicilio señalado en el ocurso de demanda. En esa tesitura, toda vez que el domicilio procesal se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; tal como lo prevé el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y con apoyo en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, envíese exhorto a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda para que se constituya en el domicilio ubicado en bulevar Anáhuac y Mar Negro número 820, colonia Anáhuac, y notifique este proveído a la impetrante de amparo; asimismo, le requiera para que en el momento de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, legalmente computado, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Se solicita al juez exhortado que tan pronto sea diligenciado el exhorto de mérito, lo devuelva a este órgano jurisdiccional por el mismo medio con las actuaciones practicadas. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.

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