Mariana Nuñéz Aguilar
Expediente 1037/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/12/2017
Partes del expediente
- Mariana Nuñéz Aguilar
- Fernando Ayala Meza
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México
- Mariana Nuñéz Aguilar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: De la certificación que antecede se deduce que ya transcurrió el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, la determinación por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
. Agréguense a los autos los escritos de cuenta de la parte quejosa y devuélvanse los documentos que solicita, previa copia certificada y toma de razón que por su recibo obre en autos, por sí o por conducto de las personas autorizadas para ello, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese.
- Principal
De la certificación que antecede se deduce que ya transcurrió el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, la determinación por la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con los puntos décimo y vigésimo primero, fracción II del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se establece que este expediente no tiene valor jurídico o histórico trascendental, ni es de relevancia documental; por tanto, es susceptible de destrucción. Por otra parte, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada, por lo que una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión trasládense al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, de la normatividad en consulta, así como lo señalado en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, éste es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, procederá este Juzgado conforme a los lineamientos que establece el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cuestión. Atento a lo anterior, glósese copia de este proveído a los cuadernos de suspensión para los efectos legales a que haya lugar. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió documentos originales en este juicio, por lo que con fundamento en el punto décimo primero, último párrafo, del multicitado acuerdo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del momento en que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que como prueba haya exhibido, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos, o persona autorizada para tal efecto, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Finalmente, de autos se advierte que obra copia certificada del juicio de nulidad IV-87311/2015 remitido por Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; por tanto, al ser innecesaria su retención se ordena su devolución, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado procesal de estos autos se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que desahogara la vista formulada en proveído de veinte de octubre de dos mil diecisiete (foja 193), en el que se le requirió para que manifestará si se actualizaba alguna causa de sobreseimiento en relación al acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, dictado en el juicio de lesividad IV-87311/2015 del índice de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en el que informó que se tenía por levantada la custodia del folio real 1370968 y sus cuarenta y cinco auxiliares y la liberación de éste, así como del oficio del Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta Ciudad, en el que informó a la Sala responsable que el diecisiete de octubre del año actual, el referido folio dejará de permanecer en custodia y volverá al tráfico ordinario de folios reales. Al respecto, la parte quejosa desahogó dicha vista a través de los escritos con registros de correspondencia 21183 y 21184, los cuales se reservaron hasta este momento procesal y se atenderán posteriormente. En ese aspecto, conviene destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado: "(.) (.)" En ese sentido, del contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que las causas de improcedencia pueden aparecer o sobrevenir durante la tramitación del juicio y que su análisis debe realizarse de oficio. De las constancias de autos se deduce que en proveído de veintiocho de agosto del año en curso, se tuvo al Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, rindiendo informe justificado al cual anexó copia certificada de las constancias que integran el juicio de lesividad IV-87311/2015 del índice de dicha Sala, de las cuales se advierte que el siete de julio del año en curso, se dictó sentencia en la cual se sobreseyó en el juicio de lesividad; asimismo, en dicho acuerdo se requirió a la Sala responsable para que informará a este juzgado el pronunciamiento realizado respecto de la resolución, o bien, si la parte actora promovió algún medio de impugnación; mediante oficio con registro de correspondencia 17423 la Sala de origen comunicó que en auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el referido juicio de lesividad, se declaró ejecutoriada la sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete, del cual remitió copia certificada. En ese sentido, del análisis de las constancias de autos, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido a que la Sala responsable dictó la sentencia correspondiente en el juicio de lesividad IV-87311/2015, en la cual se decretó el sobreseimiento del juicio (cuya omisión en emplazar a los quejosos a dicho juicio constituye el acto reclamado), la cual se declaró ejecutoriada, por ende, se actualiza un cambio de situación jurídica. Para verificar el planteamiento expuesto, es preciso establecer que el referido artículo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Del precepto transcrito dispone que el juicio de amparo no procede cuando se reclaman actos derivados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando ha habido cambio de situación jurídica en ese procedimiento, de tal manera que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es decir, la causa de improcedencia que se analiza radica, esencialmente, en la irreparabilidad de las violaciones cometidas, cuya posible enmienda (en el evento de entrar al fondo de la litis constitucional y conceder el amparo), pudiera afectar la situación creada con un acto procesalmente posterior al reclamado en el juicio de amparo. En efecto, la frase "nueva situación jurídica", no alude exclusivamente a un mero aspecto cronológico, sino fundamentalmente a las etapas en que normalmente se va desenvolviendo un proceso. Así, la causa de improcedencia denominada cambio de situación jurídica, se actualiza cuando existen los siguientes elementos: a) Un procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual, incluso se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Expuesto lo anterior, cabe destacar que en este asunto se reclama la omisión de notificar a la parte quejosa al juicio de lesividad IV-87311/2015, del índice de la Cuarta Sala Ordinaria Ponencia Once del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. De esta forma, se advierte que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia que se invoca, en virtud de los siguientes hechos: 1. El ocho de diciembre de dos mil quince la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México demandó la nulidad del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de treinta de enero de dos mil doce que autorizó la construcción de viviendas en el predio ubicado en calle Carlos J. Meneses, número ciento noventa y seis, colonia Guerrero o Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, así como el registro de manifestación de construcción tipo "B" y todos los actos administrativos emitidos por la Delegación de esa demarcación territorial que se derivaron de dichos documentos. 2. El diez de diciembre de dos mil quince la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar como demandada a Residencial Matamoros, sociedad anónima de capital variable y/o Isidoro Dayan Tawil y como tercero interesado al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc; asimismo, ordenó al Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal la custodia del folio real del citado predio. 3. Previa substanciación del juicio, el veinte de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de ley, quedando pendiente el dictado de la sentencia correspondiente. 4. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete la Sala recibió el escrito de Residencial Matamoros, sociedad anónima de capital variable, por medio del cual impugnó la notificación de diversas actuaciones del juicio y contestó la demanda de nulidad y, en autos de dos y veintisiete de junio ese año, la Sala agregó diversos escritos de dicha sociedad, sin mayor providencia, en virtud de la celebración de la audiencia de ley. 5. Luego, de las constancias remitidas por la Sala responsable consistentes en las copias certificadas del juicio de lesividad IV-87311/2015, se dictó la sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete, en la que se resolvió lo siguiente: "(.) (.) (.) (.) (.)" 6. De la sentencia transcrita se advierte que la Sala requirió al Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la liberación del folio real del predio ubicado en calle Carlos J. Meneses, número ciento noventa y seis, colonia Guerrero o Buenavista, Delegación Cuauhtémoc. 7. En proveído de veintiocho de agosto del año en curso, se requirió a la Sala para que informará a este juzgado el pronunciamiento realizado respecto de la resolución, o bien, si la parte actora promovió algún medio de impugnación; por lo que remitió copia certificada del acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, por medio del cual declaró ejecutoriada la sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete (foja 98). 8. Por acuerdo de once de octubre del año en curso, se requirió a la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, ambos de la Ciudad de México, para que remitieran las constancias con que acreditarán que se procedió a realizar la liberación del folio real del predio ubicado en calle Carlos J. Meneses, número 196, Colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06350, en esta Ciudad, con número de cuenta predial 012-107-19-00-6. En desahogo a dicho requerimiento, las autoridades por medio de los oficios con registros de correspondencia 20376 y 20417 informaron que el diecisiete de octubre del año en curso, se levantó la custodia del folio real del predio referido, por lo que volverá al tráfico ordinario de los Folios Reales y podrán solicitar anotaciones, cancelaciones y/o inscripciones, como se advierte en las siguientes imágenes: "(.) (.)" (.)" Así, de lo reseñado se deduce que al haberse emitido la sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete, en la que resolvió sobreseer el juicio, debido a que estimó actualizada la causa de improcedencia contenida en los artículos 120, fracción VI y 121, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad, relativa a que los efectos de los actos impugnados se habían consumado de manera irreparable, puesto que los trabajos de construcción en el predio ubicado en calle Carlos J. Meneses, número ciento noventa y seis, colonia Guerrero o Buenavista, Delegación Cuauhtémoc autorizados a través de los actos administrativos impugnados se encontraban concluidos desde el año dos mil catorce y el inmueble construido se encontraba ocupado. Por tanto, la sentencia de mérito al declararse ejecutoriada y al ser liberado el folio real del referido predio, en el juicio de amparo que nos ocupa se ha creado una nueva situación jurídica, por lo cual las violaciones que en su caso se hayan cometido durante el procedimiento de origen han quedado consumadas y los efectos de la omisión de emplazar a los quejosos al juicio de lesividad IV-87311/2015 del índice de la Sala responsable, no se reflejaron en su esfera jurídica, por lo que no modificó, alteró, restringió o suprimió los derechos que la parte quejosa tenía sobre el inmueble que defiende con motivo de las autorizaciones impugnadas en dicho juicio al que no fueron llamados, asimismo, no se ocasionó alguna afectación jurídica o material respecto del predio citado. Apoya a lo anterior, por similitud de razón, la tesis de jurisprudencia número VII.P. J/47, página 87, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 85, Enero de 1995, que se lee: "SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados". En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia por Contradicción de Tesis número 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del dos mil tres, que reza de la siguiente manera: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, respecto del contenido de los escritos con registros de correspondencia 21183 y 21184, por medio de los cuales la parte quejosa desahogó la vista formulada en proveído de veinte de octubre del año en curso, en los que adujeron que era procedente el sobreseimiento siempre y cuando la Sala responsable y el Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, remitieran constancia fehaciente de la liberación de los folios reales, dígasele que no procede realizar tal requerimiento, toda vez que este juicio de amparo versa sobre la falta de emplazamiento al juicio de lesividad IV-87311/2015 y no actos posteriores, por lo que los oficios remitidos por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, ambos de la Ciudad de México, resultan suficientes para acreditar tal circunstancia. Máxime que lo que pretende solicitar la parte quejosa constituyen trámites administrativos, donde no interviene este órgano jurisdiccional, por lo que deben ser solicitados a la autoridad correspondiente. En otro aspecto, expídase a costa de la parte quejosa copia certificada de las constancias que solicita, previo acuse que por su recibo obre en autos, por si o por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En la inteligencia de que solo se expedirá una copia certificada de las constancias solicitadas por cada uno de los quejosos, porque no es dable expedirle más de un tanto de tales copias, toda vez que no expone las razones para justificar la expedición de un número mayor de copias. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1ª./J.20/2017 (10ª.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, cuyo rubro y texto es: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados". En otro orden, toda vez que mediante proveído de veintisiete de octubre pasado, también se reservó el acuerdo relativo a los escritos de los quejosos con registros de correspondencia 20887 y 20888, a través de los cuales desahogaron la vista correspondiente para ampliar la demanda de amparo hasta en tanto feneciera el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinte de octubre del año en curso (en el que se solicitó a la parte quejosa informara si se actualizaba alguna causa de improcedencia), lo cual ya aconteció; en ese sentido, se provee lo relativo a dichos escritos: La parte quejosa señala como actos reclamados en los escritos de ampliación los siguientes: "(.) (.)" En ese tenor, la ampliación de la demanda de amparo es una institución que confiere a la parte quejosa un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada nuevas autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación, distintos a los originalmente planteados; sin embargo, su admisión se encuentra condicionada a que esas nuevas cuestiones guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Así, no obstante que los actos que la parte quejosa pretende reclamar en vía de ampliación pudieran estar vinculados con el acto reclamado, debe precisarse que en cuanto al acto reclamado consistente en la medida cautelar de diez de diciembre de dos mil quince dictada en el procedimiento de origen (en la que ordenó la custodia del folio real del predio citado), al quedar firme la sentencia en la que se determinó sobreseer el juicio, tal medida quedó sin efectos, máxime que la Sala responsable requirió al Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, que realizará la liberación del folio real referido. Respecto al acto que pretende reclamar como el incumplimiento de la sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de lesividad IV-87311/2015 del índice de la Sala de origen, al sobreseer el procedimiento de origen, dicha resolución no tiene efectos de cumplimiento, no obstante lo anterior, la Sala responsable requirió la liberación del folio real referido al Titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, quien mediante oficio RPPyC/DJ/SCA/7157/2017 de diecisiete de octubre del año en curso informó que se levantó la custodia de éste, como se advierte de las constancias que obran en autos (foja 182). Entonces, respecto de los actos precisados, por los cuales pretenden ampliar la demanda, también opera la causal de improcedencia descrita en párrafos anteriores, es decir, se ha creado una nueva situación jurídica y, por ende, las violaciones que en su caso se hayan cometido durante el procedimiento de origen han quedado consumadas y los efectos de los actos por los cuales pretenden ampliar la demanda no se reflejaron en su esfera jurídica, debido a que no se modificó, alteró, restringió o suprimió derecho alguno con motivo de las autorizaciones impugnadas en dicho juicio, respecto del inmueble que defiende. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación solicitada en contra de los actos referidos en los escritos de ampliación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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