Mariana Morgan Undiano y Otros.

Expediente 588/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
588/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Mariana Morgan Undiano y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el que devuelve diligenciado la comunicación oficial 177/2021, con número de orden 304/2021, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar a la quejosa ***, el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado de autos y atento a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo tres días concedido a la quejosa ***, por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, a efecto de que señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiere hecho; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto subsane su omisión. Así también, vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, con el cual, remite la boleta de turno número 5290/2021, correspondiente al presente juicio de amparo. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Cúmplase.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Director del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. 2. Jefe del Área de Consulta Externa del Hospital Militar Regional Tuxtla Gutiérrez. 3. Jefe de la Especialidad en ginecología y obstetricia del Hospital Militar Regional Tuxtla Gutiérrez. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 588/2021-4. CUESTIÓN PREVIA Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia de las autoridades responsables la omisión en programarle una cita cercana para realizarle una valoración en el área de ginecología y obstetricia, con motivos de sus malestares en los últimos días en su aparato reproductor, de manera interna y externa. De lo anterior se evidencia que las autoridades responsables le han brindado atención médica; sin embargo esa atención medica ha sido de manera tardía, pues la cita que le proporcionaron para atender su padecimiento lo es para el mes de octubre del presente año; situación por la cual insta la acción constitucional a efecto de que se obligue a las autoridades que le proporcionen una cita más cercana para que le sean practicados los estudios médicos que requiere. Ahora bien, esta juzgadora determina que los actos combatidos por la quejosa no son de aquéllos que pongan en peligro la vida, previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo y/o 22 constitucional. Lo anterior es así, ya que la dilación en proporcionarle una la cita más cercana para la revisión de su padecimiento y posible tratamiento, no es un acto que ponga en peligro la vida de la quejosa; amén de que de los antecedentes esgrimidos en la demanda que se estudia, tampoco se advierte que el padecimiento que dice resentir ponga en peligro su vida, en caso de no atenderse de manera apremiante; además la promovente en ningún momento justifica porque su petición encuadra en los referidos numerales que amerite su trato urgente, ya que únicamente se limita a mencionar que la omisión en proporcionarle la respectiva cita repercute en su salud, al desconocer el origen de su malestar. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora el contenido del artículo 17, del Acuerdo General 12/2020, el cual esencialmente establece que, en los juicios en que se señalen como actos reclamados aquellos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, no es obligatorio el registro en el Portal, ni que el archivo que contenga la demanda sea firmado electrónicamente. Pues como se precisó, el acto tildado de inconstitucional en el presente asunto, no se ubica en ninguna de las hipótesis antes referidas; pues de sus manifestaciones no se advierte que se encuentre en peligro su vida, ya que ella misma refiere que solicitó consulta médica para revisión y posible tratamiento, sin que se evidencia que se encuentre incapacitada o impedida para firmar ya sea de manera electrónica o de su puño y letra dicha demanda, de ahí que, al no actualizarse alguno de los supuestos excepción antes mencionados, la promovente debió cumplir con el requisito de la firma electrónica (FIREL). En consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular se advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. A fin de corroborar lo anterior, primeramente debe precisarse que, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el numeral 6° de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Amparo establece que la demanda se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Para dar cumplimiento a lo anterior, se emitió el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que en sus artículos 2º, fracción XVI, 45, 46 y 47, establece lo siguiente: Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. [.] Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. Artículo 47. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal de Servicios en Línea, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario que se haya formulado la solicitud respectiva y que ésta se haya acordado favorablemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del presente Acuerdo General. De la anterior transcripción, se advierte que para instar una demanda de amparo indirecto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), es necesaria la Firma Electrónica vigente, que permite identificar quién es el autor o emisor del documento presentado. Ahora, en la especie, la demanda de amparo que se provee carece de la evidencia criptográfica de quien la promueve; esto es, carece del signo gráfico digital que refleja la voluntad de la parte quejosa. En ese sentido, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte de la promovente no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo, que dé lugar a su aclaración pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En efecto, debe decirse que en este caso no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Así, la falta de la firma tiene como consecuencia que el escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, pues, al carecer de evidencia criptográfica la demanda, es claro que el promovente no manifiesta su pretensión de acudir a la instancia constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en el escrito de demanda se advierta la firma al parecer estampada por la promovente; sin embargo, no puede considerarse como válida ya que se trata de un documento en copia simple, el cual carece por sí mismo de valor probatorio pleno, por lo que resulta insuficiente para satisfacer el requisito de instancia de parte agraviada, ya que no debemos de perder de vista que la misma fue presentada vía juicio en línea sin contar con la firma electrónica correspondiente. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al no advertirse la firma electrónica del promovente en el libelo constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del lugar donde este juzgado tiene su residencia, esto es, ***, de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda le notifique a la promovente la presente determinación. Asimismo, le requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo, las que surjan dentro del procedimiento se le harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para ese fin. Hágase del conocimiento del fedatario de su adscripción, que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. De igual manera, requiérase a dicha autoridad, para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de lo establecido por el artículo 4, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Hecho que sea, se sirva devolver a la brevedad la comunicación oficial que se le envía. Atento a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones, comisiónese al actuario adscrito a fin de que envíe el despacho de referencia, a través del correo electrónico civil1sancris@poderjudicialchiapas.gob.mx, confirme su recepción en el número telefónico 9676782710, y en caso de que esto no ocurra, levante razón de ello, a fin de que se acuerde lo conducente. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a ***, por no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa en los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, ya que dichos medios de comunicación, no se encuentran establecidos, ni reconocidos en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento de aquellos, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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