Mariana Martínez Vargas y Otros.

Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
230/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Mariana Martínez Vargas y Otros.
  • Mariana Martínez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de dieciséis de junio del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de treinta de mayo del presente año, para que informara si la niña de iniciales M.J.M.V. ya fue vacunada, sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Toda vez que el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, hizo del conocimiento que la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años, se llevó a cabo los días veintisiete y veintiocho de mayo del año en curso, en las sedes de vacunación establecidas en esta ciudad, y que la parte quejosa fue omisa en informar a este órgano jurisdiccional si se le administró dicha vacuna, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente caso ***************, en representación de su hija de iniciales M.J.M.V., reclamó en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños y adolescentes de doce a catorce años en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 a la quejosa M.J.M.V., quien cuenta con doce años de edad. Sin embargo, el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, informó a este juzgado que la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años, se llevó a cabo los días veintisiete y veintiocho de mayo del año en curso, en las sedes de vacunación establecidas en esta ciudad. Por tanto, es de advertirse que al día de hoy ya está contemplada la posibilidad de inoculación para la niña M.J.M.V. (quien cuenta con la edad de doce años), lo que así se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de doce años o más. De lo expuesto, se aprecia que a la fecha, el grupo al que pertenece la quejosa, quien actualmente tiene doce años, se encuentra en proceso de vacunación, pues está abierto el pre-registro en la página de internet habilitada para ese efecto, a fin de que se les aplique la vacuna, además de que ya se han llevado a cabo campañas de vacunación y éstas son publicitadas por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población general. De modo que, una vez registrada, las autoridades sanitarias deberán proporcionar el biológico que le corresponda, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponibles para tal efecto. Por tales razones, actualmente la quejosa no se encuentra excluida del plan nacional de vacunación. Así, queda demostrado que el acto omisivo aquí reclamado cesó a través de una conducta positiva, consistente en que el mencionado Plan Nacional de Vacunación sí contempla ya al grupo al que pertenece la quejosa y, por ello, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculada. al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", toda vez que en esta data se determinó sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional.

  3. Principal

    Agréguense en autos los oficios remitidos vía correo electrónico por el Secretario del Consejo de Salubridad General, con sede en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se acuerda: I. Se le tiene rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. II. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngasele informando respecto de la suspensión de plano que se otorgó en autos. III. Se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra programada para esta data; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que la totalidad de las autoridades responsables no han rendido su informe justificado ni obra constancia (acuse de recibo) del oficio donde se les solicitó; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Por otra parte, toda vez que el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas especiales del Estado de Guanajuato, informó que la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años, se llevó a cabo los días veintisiete y veintiocho del mes y año en curso, en las sedes de vacunación establecidas en esta ciudad, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, que constituye un hecho notorio para el suscrito, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe si la menor de iniciales M.J.M.V. ya fue vacunada; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se entenderá que no tiene interés en la continuación del presente juicio de amparo y se decretará el sobreseimiento.

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