Mariana Martínez Pérez
Expediente 2374/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2374/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2019
Partes del expediente
- Mariana Martínez Pérez
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal de los presentes autos, así como de la certificación realizada por el Secretario, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en consecuencia, se provee: Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su artículo Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la protección constitucional. Relevancia documental. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original que devolver a las partes. Con el contenido de este acuerdo se da cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la constancia actuarial de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Auxiliar de Actuario de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, de entregar el oficio 54867/2019 por los motivos que ahí expone. En esas condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena reenviar el comunicado de referencia a la autoridad Administración Desconcentrada de Recaudación Jalisco "3", para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, informa que el recurso de reclamación interpuesto por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en contra del proveído que desechó el recurso de revisión, se determinó infundado. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que en sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó por una parte y se concedió el amparo y protección de la justicia federal por otra, resulta pertinente precisar que los efectos de dicha concesión se fijaron de la siguiente manera: "a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa los artículos 41, fracción I, y 54, fracción I, inciso g), número 4, inciso b), de la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Devuelva a la quejosa las cantidades actualizadas que percibió por concepto de expedición de la licencia de construcción y certificado de habitabilidad, así como por el pago del impuesto por negocios jurídicos contenido en el recibo oficial de pago número V 2536759, de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho". En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables Congreso del Estado de Jalisco y Gobernador del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo VI, Octubre de 1977, que se localiza en la página 414, que reza: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y la medida en que deben actuar, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en el término de tres días, siguientes al que sea notificado del presente proveído, de cabal cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos precisados en párrafos precedentes. De igual manera, con fundamento en el citado numeral 192 de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, para que en el mismo término concedido a la responsable, acredite haber conminado a ésta a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello en lapso antes indicado, se les impondrá la sanción prevista en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el 192 y 193 de la misma ley, que consiste en multa de cien veces el valor inicial diario, de la Unidad de Medida y Actualización; preceptos que a su vez establecen que en el caso de que no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos efectuados, el órgano jurisdiccional, remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, para la substanciación del incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el trece de septiembre de dos mil diecinueve, por la cual por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo en el presente juicio de garantías; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se negó el amparo en el presente juicio, éste se considera susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Sin que sea dable requerir a la parte quejosa para que comparezca a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda, en razón que del análisis del mismo, se advierte que obra en copia certificada. Con el contenido de este acuerdo se da cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
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