Mariana Lizbeth Álvarez Santiago
Expediente 631/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mariana Lizbeth Álvarez Santiago
- Juez Tercero Familiar del Estado Judicial del Centro de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno dictada en el Conflicto Competencial ..., donde determinó que el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho y en representación de las menores de iniciales ... y ... . Acúsese recibo vía interconexión. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se determinó la incompetencia por razón de territorio de la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el cual informa que admite a trámite el conflicto competencial que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que insiste en declinar la competencia del asunto, por lo cual remitió el amparo 847/2021, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Coyotepec, Oaxaca, en turno a fin de que dirima el presente conflicto competencial. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se formulan las siguientes manifestaciones: En la especie, el reclamo de la parte quejosa se centra en un no hacer por parte de las autoridades responsables, lo cual se traduce en una omisión, que precisamente por la falta de actividad, carece de una ejecución contra la quejosa. En ese sentido, para determinar la competencia del asunto, es necesario acudir a la última regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé: "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se ve, la norma vigente regula expresamente el supuesto en que se reclamen actos que no requieran de una ejecución material, para lo cual dispone que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicha disposición tiene su razón de ser en el principio pro persona, en relación con el acceso efectivo a la justicia, pues obedece a que la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo donde lo hizo permite presumir que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicho justiciable. Lo que se robustece con las manifestaciones de la quejosa, donde hizo referencia a la dificultad para trasladarse frecuentemente a otro Estado para conocer las actuaciones en los procesos judiciales. De tal manera, que si la peticionaria presentó su demanda ante el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, entonces es jurídicamente dable sostener la competencia de éste por haber conocido a prevención del asunto, pues el reclamo contiene implícita la necesidad de estudiar la omisión de dictar y llevar a cabo las acciones necesarias para cumplimentar la orden de descuento de pensión alimenticia decretada a su favor; lo cual no conlleva una ejecución en contra de la peticionaria. Sustenta lo anterior el criterio de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Décima Época, con registro: 2006529, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, en Materia(s): Común, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por ello, se considera que la competencia para conocer sobre la constitucionalidad del reclamo, en la forma en que está planteado, debe recaer en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Mediante interconexión infórmese este proveído al Homólogo Federal oficiante, a efecto de que tenga a bien remitirlo a la superioridad que resolverá el conflicto competencial. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el oficio del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual comunica la determinación donde decretó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo presentada por ..., por propio derecho y en representación de las menores de iniciales ... y .... (identidad protegida), contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Tercero Familiar de la Ciudad de México, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 631/2021. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PROPUESTA. Respetuosamente se disiente de las consideraciones jurídicas del órgano oficiante por lo siguiente: En la especie la autoridad declinante la competencia, precisó que ésta se finca a favor de un juez de Distrito en la Ciudad de México, porque la quejosa se duele de la omisión del Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar de esta ciudad, de llevar a cabo la diligencia ordenada en el juicio de alimentos 264/2020, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la entrega del oficio para el descuento de la pensión alimenticia que fue decretada a favor de ella y sus menores hijos. Para sustentar su decisión, citó los criterios siguientes: Tesis aislada II.T.31 K, de la Novena Época, en Materia Común, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Segundo Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN JUEZ DE DISTRITO DE DILIGENCIAR UN EXHORTO. DEBE FINCARSE A FAVOR DE AQUEL EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ EXHORTADO. Cuando la declaratoria de incompetencia se pronuncia antes de celebrarse la audiencia constitucional, y el acto reclamado consiste en la omisión de diligenciar un exhorto por la autoridad exhortada, el cual por su naturaleza negativa no tiene ejecución material, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece: "Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.", la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra dicho acto debe fincarse a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez exhortado, pues el acto omisivo es el que origina la jurisdicción, a pesar de que ese párrafo se refiera a la emisión de resoluciones y no a omisiones, toda vez que ambas hipótesis no requieren de ejecución material, que es el elemento que esa disposición toma en cuenta para determinar la competencia." Jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), de la Décima Época, en Materias Común, Civil, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." En principio, es importante señalar que la primera tesis se trata de un criterio aislado cuya observancia no es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la jurisprudencia señalada en segundo orden, tuvo su origen en la contradicción de tesis 458/2010, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde medularmente se sostuvo lo siguiente: "[.] Por lo anterior, es factible afirmar que el problema a dilucidar en el presente asunto consiste en determinar si la competencia por razón de territorio para conocer de un juicio de amparo indirecto se surte a favor del Juez de Distrito que reside en el domicilio de la autoridad judicial que emitió el oficio de descuento al salario que recibe el deudor alimenticio, o bien, será el del domicilio de aquella dependencia o entidad que fue señalada por el propio quejoso como ejecutora, porque llevará a cabo el referido descuento. [.] De lo que se sigue que la intención del legislador, al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, tratándose de la primera de las reglas competenciales antes reseñadas, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia; consideración que se corrobora con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad, lo que dentro de la lógica del sistema de competencias obedece, otra vez, a la agilización de los trámites y comunicaciones procesales entre la autoridad jurisdiccional y las responsables, en beneficio de una pronta impartición de justicia y, por ende, del agraviado.(7) [.] Con base en el marco jurídico anterior, se advierte la necesidad de analizar la naturaleza de los actos reclamados y de las funciones que desempeñan las autoridades señaladas como responsables, en particular, de la ejecutora, para determinar quién es el Juez de amparo competente. Ha quedado establecido en líneas anteriores que en un juicio de alimentos no basta con la mera declaración judicial de una pensión provisional, sino que la misma amerita su ejecución, a fin de preservar los más elementales derechos de subsistencia del actor. Con base en la naturaleza del acto, queda claro que para determinar quién es el Juez competente para conocer del amparo indirecto será necesario acudir a la primera regla contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, esto es, al Juez que resida en el lugar en donde deberá llevarse a cabo tal ejecución. [.] Sin embargo, lo hasta ahora afirmado no trae como consecuencia inmediata la aplicación de la tercera regla de competencia contenida en el citado artículo 36 de la Ley de Amparo, pues esta Primera Sala estima que es necesario tomar en cuenta otros elementos propios de la naturaleza jurídica del juicio de alimentos." De los argumentos sostenidos por nuestro Máximo Tribunal Constitucional, se advierte que: La resolución versó sobre actos que requieren una ejecución material. Incluso precisó que lo afirmado en dicha determinación, no implicaba la aplicación de la tercera regla de competencia contenida en el numeral 36 de la ley de la materia abrogada, donde se establecía la competencia del juicio de amparo a favor del Juez en Distrito en cuya jurisdicción residiera la autoridad que hubiera emitido la resolución reclamada. Ahora bien, en la demanda de amparo, la parte quejosa señaló sus reclamos de la forma siguiente: "V.- ACTO RECLAMADO: DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS LAS DILACIONES PROCESALES PARA QUE LA SUSCRITA E HIJAS CUENTEN CON EL PAGO DE UNA PENSIÓN. PROVEER LOS MEDIOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LA PENSIÓN ORDENADA DENTRO DEL EXPEDIENTE DE ALIMENTOS 264/20210 (SIC) DEL ÍNDICE DE LA RESPONSABLE JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR. LA NEGATIVA DE DAR CUMPLIMIENTO AL DESCUENTO ORDENADO DENTRO DEL EXPEDIENTE DE ALIMENTOS 264/2020 DEL ÍNDICE DE LA RESPONSABLE JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DISTRITO JUDICIAL CENTRO, OAXACA, EN DONDE TENGO ACREDITADA MI PERSONALIDAD. LA FALTA DE IMPULSO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DONDE SE ORDENA EL PAGO DE UNA PENSIÓN DE ALIMENTOS. LA FALTA DE PAGO DE UNA PENSIÓN DE ALIMENTOS. LA FALTA DE ENTREGA DEL OFICIO DE DESCUENTO DE PENSIÓN DE ALIMENTOS DICTADA POR LA RESPOSBLE (SIC) JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL [.] LA FALTA DE TRÁMITE AL EXHORTO RECIBIDO POR LA RESPONSABLE C. JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL EXCESIVO TIEMPO EN HACER ENTREGA DEL OFICIO DE DESCUENTO. DE LA EJECUTORA RECLAMO: LA FALTA DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL EXHORTO DESCRITO CON ANTELACIÓN. LA NEGATIVA EN HACER ENTREGA DEL OFICIO DE DESCUENTO DE PENSIÓN DE ALIMENTOS DICTADA POR LA RESPSBLE (SIC) JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL [.] LAS DILACIONES PROCESALES PARA QUE LA SUSCRITA E HIJAS CUENTEN CON EL PAGO DE UNA PENSIÓN." De lo anterior, deviene que el tema central que constituye la materia del juicio es un "no hacer" por parte de las autoridades responsables; lo cual se traduce en una omisión, que precisamente por la falta de actividad, carece de una ejecución contra la quejosa. En ese sentido, para determinar la competencia del presente asunto, es necesario acudir al artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé tres reglas para ello, a saber: 1) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, la norma vigente regula expresamente el supuesto en que se reclamen actos que no requieran de una ejecución material, para lo cual dispone que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicha disposición tiene su razón de ser en el principio pro persona, en relación con el acceso efectivo a la justicia, pues obedece a que la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo donde lo hizo permite presumir que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicho justiciable. Al respecto se cita por sus consideraciones, la tesis 1a. CCVI/2018 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, en Materia(s): Constitucional, Página: 377, que dispone: "PRINCIPIO PRO ACTIONE. EN SU APLICACIÓN A CASOS EN LOS QUE NO EXISTA CLARIDAD RESPECTO A SI UN ASUNTO ES O NO JUSTICIABLE, DEBERÁ PREFERIRSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. Los criterios que establecen que en caso de duda debe favorecerse a la parte trabajadora -pro operario-, a la parte imputada por la comisión de un delito -pro reo- o a favor de quien intenta una acción -pro actione- constituyen cláusulas de cierre que carecen de relación con la selección o construcción del derecho aplicable, ya que tiene que ver con la solución de cuestiones referentes al sentido de un asunto o a aspectos derivados de éste. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 375/2013, sostuvo que el principio in dubio pro actione opera como un criterio para resolver casos de duda en torno a si el Poder Judicial debe o no intervenir en el conocimiento de una cuestión, en términos de su justiciabilidad. Esto es, los órganos jurisdiccionales deben tener claras las facultades y atribuciones que delimitan su ámbito o esfera competencial en función de los medios de impugnación cuyo conocimiento les ha sido constitucional y legalmente conferido; sin embargo, en casos donde no exista claridad respecto a si un asunto es o no justiciable, debe preferirse la protección del derecho de acceso a la jurisdicción. Esto no implica obviar o soslayar requisitos de procedencia o admisibilidad (reglas de competencia), ni omitir interpretaciones que resulten más favorables a las personas (principio pro persona), sino adoptar un criterio de cierre ante la duda acerca de si un requisito de procedencia -que ha sido considerado válido según su interpretación más favorable a la persona- se encuentra o no acreditado, o si un asunto puede encuadrarse dentro de un supuesto de competencia del órgano respectivo." También se cita por sus consideraciones, el criterio I.16o.A.9 K (10a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, en Materia(s): Común, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." Lo que se robustece con las manifestaciones de la quejosa, donde hizo referencia a la dificultad para trasladarse frecuentemente a otro Estado para conocer las actuaciones en los procesos judiciales. Luego, si la peticionaria presentó su demanda ante el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, entonces es jurídicamente dable sostener la competencia de éste por haber conocido a prevención del asunto, pues el reclamo contiene implícita la necesidad de estudiar la omisión de dictar y llevar a cabo las acciones necesarias para cumplimentar la orden de descuento de pensión alimenticia decretada a su favor; lo cual no conlleva una ejecución en contra de la peticionaria. Sustenta lo anterior el criterio de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Décima Época, con registro: 2006529, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, en Materia(s): Común, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil respetuosamente rechaza la competencia planteada por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; y en consecuencia, el presente asunto y sus anexos deberán devolverse al Juzgado Federal reseñado, para lo que tenga a bien determinar. Solicitándose el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias remitidas por el juzgado federal declinante. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos citados, se RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado no acepta la competencia planteada por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para conocer de la demanda de ..., por propio derecho y en representación de las menores de iniciales ... y ..., contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del centro, Oaxaca y del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Tercero Familiar de la Ciudad de México. SEGUNDO.- Devuélvase el presente asunto y sus anexos al Juzgado Federal declinante. NOTIFÍQUESE.
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