Mariana Lauro Ancelmo

Expediente 667/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
667/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Mariana Lauro Ancelmo

Actuaciones

  1. Principal

    Principal 440/2021-I-A CUENTA. El once de julio de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 8849. Conste.- La secretaria María Chávez Valencia Acapulco de Juárez, Guerrero; once de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado electrónicamente por Elí Pineda Díaz, apoderado legal de la institución bancaria Scotiabank, Inverlat, sociedad anónima, institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, con el que solicita nuevamente una prórroga de diez días hábiles para validar la información que se le remitió relacionada con el cheque número 0003548, de la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima. Ahora bien, tomando en cuenta las razones que expone para cumplir con el requerimiento formulado, esta juzgadora estima pertinente otorgar por única ocasión una prórroga de DIEZ DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que la institución de crédito en cita, por conducto de su representante legal, acredite ante este juzgado haber cumplido con lo ordenado por este tribunal, esto es, informe si el título de crédito 0003548, de la institución BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de banca múltiple, grupo financiero, por la cantidad de $13,128.35 (trece mil ciento veintiocho pesos 35/100 moneda nacional), expedido a favor de la quejosa Patricia Susana Izquierdo Delgado, fue rechazado por MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 15:03:28 insuficiencia de fondos, y de ser así, lo devuelva a este este órgano jurisdiccional dentro del plazo indicado. Se apercibe a Eli Pineda Díaz, apoderado legal de dicha institución crediticia, que de no hacerlo, o bien, de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. En ese sentido, regístrese con el número 667/2023-I-M y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso, sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En esa tesitura, este juzgado federal considera que el acto reclamado consistente en la interlocutoria de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 658/2012-2 bis, en la que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de veintidós de mayo del año en curso, que tuvo a la parte demandada por perdido el derecho para realizar la designación de perito en materia de documentoscopía; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conviene recordar que es reclamable a través del juicio de amparo toda norma general, acto u omisión de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; según lo dispone el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el arábigo 107 se indican con precisión los casos específicos en que debe promoverse ante el Juez de Distrito el juicio de amparo indirecto, y tratándose de la hipótesis que regula la fracción V, atinente a los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio de amparo por la vía biinstancial. De la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado por su naturaleza, es meramente de carácter intraprocesal, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Constitución, lo que es así, ya que, por regla general, no procede el juicio de amparo en su modalidad indirecta, contra las violaciones procesales suscitadas a lo largo del juicio, las que únicamente son susceptibles de impugnación -como tales, cuando hubieren trascendido al resultado del fallo- en el juicio de amparo directo en que se señale la sentencia definitiva como acto reclamado. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo 56, Agosto de 1992, página 11, con el rubro siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Tal es el espíritu de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentado en el 170 de la Ley de Amparo, el cual se constituye como un fiel reflejo de la voluntad legislativa que ha querido que los procedimientos comunes no se vean interrumpidos con la constantes interposición de juicios de garantías, consagrando además, a la instancia constitucional como un medio de defensa realmente extraordinario, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/49, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO)." En concordancia con lo anterior, el contenido del auto impugnado en la presente instancia constitucional, solo deja ver que se trata de una cuestión meramente procesal que no puede ser combatida a través del amparo indirecto, ya que por su naturaleza no es un acto de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues al versar la interposición del recurso de reconsideración que tuvo a la parte demandada por perdido su derecho para designar perito en materia documentoscopía, es palmario que será hasta el dictado de la sentencia que en su caso se dicte, cuando se tendrá certeza de si ese acto afectó la esfera de derechos fundamentales de la parte quejosa; y de ser así, como se dijo, será en ese momento cuando estará en condiciones de alegarla como violación procesal al promover el juicio de amparo directo correspondiente. Ilustra lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, registro 210066, que dice: "PRUEBAS. LA NEGATIVA A ADMITIRLAS ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si el acto reclamado en la demanda de garantías se hace consistir en la resolución de segunda instancia que confirmó el auto que negó la admisión de una prueba ofrecida por el quejoso, es incuestionable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en razón de que, ese desechamiento en caso de ser ilegal constituye una violación intraprocesal, que puede ser invocada al promover el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que recaiga en el juicio natural, siempre que ésta resulte adversa a los intereses de la parte oferente de la prueba. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Mariana Lauro Ancelmo, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Torres García, Luis Enrique Ramírez Alvarado y María Teresa Latabán Ibarra, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como Licenciados en Derecho, y solo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Enrique de la Rosa Gallardo, por no contar con dicho requisito. De igual forma, téngase a la quejosa proporcionando cuentas de correo electrónico y números telefónicos, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/790/2023, de seis de marzo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

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