Mariana Isabel Velázquez Gutiérrez

Expediente 1253/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1253/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Mariana Isabel Velázquez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    AVISO PRINCIPAL.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL PERITO OFICIAL JOSÉ ARTURO ***, EL ACUERDO DE UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SÍNTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención a lo solicitado en auto de dieciocho de noviembre del año en curso, remite las constancias originales solicitadas en el diverso auto de catorce de octubre de dos mil veinte. Documentales que se ordenan agregar en un sobre por cuerda separada, para su mejor manejo y estudio. En el entendido de que, una vez que, se resuelva lo que en derecho corresponda, serán devueltas al juzgado homólogo para los efectos legales conducentes. Ahora bien, dése vista al perito oficial, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, manifieste lo que a su interés legal convenga, en el entendido de que un vez que transcurra dicho plazo este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente. Notifíquese personalmente al perito oficial.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Vías de cumplimiento. Téngase por recibido el oficio firmado por el Delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, el cual se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y se tiene a dicha autoridad en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Requiere por cumplimiento. Por otra parte, se requiere al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impida se le impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Se requiere cumplimiento. Ahora, con el fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respetándose con ello el procedimiento derivado de los artículos 107, fracción XVI, constitucional, y del 192 al 197 de la ley de la materia-, se indica, de forma puntual, a la autoridad o autoridades responsables y/o a la autoridad o autoridades vinculadas, los actos que deben verificar y/o ejecutar para cumplimentar el fallo, que en la especie consisten en: ? De no existir impedimento legal, acuerde el escrito presentado por la parte quejosa el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno dirigido al expediente laboral 926/2017-16-H, lo que deberá realizar con plenitud de jurisdicción. Establecido lo anterior, se requiere a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumplan cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos ntrol constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, 1 en cuyo caso, si no cumplen con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Anotaciones en el Libro de Gobierno. Por último, realícense las anotaciones que procedan en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se recibe escrito. Téngase por recibido el escrito que presuntamente signa ***, mediante el cual pretende ampliar su demanda de amparo. Requerimiento de ratificación de firma. Toda vez que la firma que obra en el ocurso de cuenta difiere a simple vista de la estampada en el escrito inicial de demanda, requiérase a ***, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme lo prevé la fracción II del artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, comparezca al local que ocupa este órgano de control constitucional, sitio Ciudad Judicial Federal, Jalisco, Anillo Periférico Poniente 7727, Edificio XA, piso 5, Fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, Código Postal 45010, con identificación oficial con fotografía y vigente; y, ante la presencia judicial reconozca o no la firma que calza el escrito de cuenta, lo cual se llevará a cabo previa cita, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, fracción VII, y 3, segundo párrafo del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se hace de su conocimiento que a partir del tres de agosto del año en curso se encuentra a su disposición en el Portal de Servicios en Línea, cuyo contenido está disponible en el siguiente enlace:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdicciona les/, un -micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este órgano jurisdiccional para obtener cita para, si así lo desea, desahogue el requerimiento realizado en autos. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no comparecer en el término concedido o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Lo anterior es en acatamiento a la jurisprudencia 3a./J. 24, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA1". Este Juzgado de Distrito no ignora las posibles inconveniencias que pudieran generarse a las partes, en general, con la tramitación del juicio de amparo y, en particular, con el presente requerimiento; sin embargo, aquéllas están jurídicamente vinculadas con las respectivas cargas procesales que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial, máxime que la debida integración de los mismos obliga al interesado a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales correspondientes. De tal manera, se enfatiza, la finalidad de este requerimiento, per se, lejos de propiciar la obstrucción de la justicia busca precisamente alcanzar dicho cometido. 1 Emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, tomo III, primera parte, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Además, persigue la doble finalidad de sujetar a las partes al régimen de responsabilidad previsto en la Ley de Amparo y no constituye, por ende, una traba u obstáculo ilegal o injustificado. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia I.5o.C .J/29sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 41, de rubro y texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACION DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione". Además, en lo conducente, es aplicable la Jurisprudencia 37/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Página 741, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declarar nulo el emplazamiento por edictos y ordene reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derecho sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia de impacto patrimonial consistente en dejar si efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de la que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio". De igual forma, por las razones que la informan, se consideran aplicables la Jurisprudencia y Tesis, ambas emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se invocan: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos e las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente".2 "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo".3 Con independencia de lo anterior, se hace saber a la parte quejosa, que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracciones I y II,4 establece que se impondrá pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirmen hechos falsos; en tanto, que el diverso numeral 247, fracción IV, primer párrafo, del Código Penal Federal5, contempla asimismo una pena de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales. De igual forma, se le hace saber, que inclusive a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza en el escrito de que se trata, este juzgador de amparo se encuentra facultado para que de oficio se desahogue prueba pericial en caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar, como se dijo, la autenticidad de las firmas plasmadas, medio de convicción que resulta ser además el idóneo para tal fin. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017, publicada el nueve de junio de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

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