Mariana Guadalupe del Toro Cardenas

Expediente 1108/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1108/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Mariana Guadalupe del Toro Cardenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que no existe pieza postal que acredite que la Directora del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, haya recibido el oficio 3384-VIII, de siete de julio del año en curso. En atención a lo anterior, requiérase al Administrador Local de Correos, con residencia en esta Ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado el acuse de recibo del oficio 3384-VIII, registrado con la pieza postal RA027665052MX, o bien, remita copia fotostática certificada del mismo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a través del cual envía el escrito signado de manera electrónica por FRANCISCO JOSÉ GARCÍA BARBOSA, en su carácter de apoderado de la parte quejosa en el presente juicio y, en atención a su contenido, requiérase al Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, remita copia certificada del resultado de la diligencia de reinstalación en favor del aquí quejoso MIGUEL ÁNGEL PULIDO VILLASEÑOR, programada para las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dentro de los autos del juicio laboral 127/2015 de su índice. Por otra parte, en relación al requerimiento de las constancias de notificación que refiere deviene innecesario dada la data en que se actúa, no obstante, resérvese de proveer en relación a la imposición de la multa que refiere hasta en tanto obren las constancias solicitadas en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado que signa el Director del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Asimismo, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones a la autoridad de referencia el que indica en el informe que rinde. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental que acompaña a su informe de cuenta. Luego, una vez analizado el escrito de demanda de amparo, se advierte que MARINA GUADALUPE DEL TORO CÁRDENAS, por su propio derecho y en representación de su menor hija A.S.O.D.T., reclama a la autoridad señalada como responsable Directora del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, la omisión de atender el oficio 807/2023, recibido en la Oficialía de Partes de dicha dependencia, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, solicitó a la citada autoridad responsable, realizara un estudio socioeconómico a la aquí quejosa MARINA GUADALUPE DEL TORO CÁRDENAS, relacionado con el expediente 319/2020 del índice de la citada autoridad judicial. Luego, del contenido integral del informe justificado y de los anexos que se acompañan al mismo, este Juzgado de Distrito, determina de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la que se aborda a su estudio en este momento procesal, por ser manifiesta e indudable, en atención a lo que dispone la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a/J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, de rubro que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dicho precepto legal y fracción invocadas, disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, se actualiza la causal aludida ya que al instar el presente juicio de garantías, la parte quejosa, reclamó, como se dijo, la omisión de atender el oficio 807/2023, recibido en la Oficialía de Partes de dicha dependencia, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, solicitó a la citada autoridad responsable, realizara un estudio socioeconómico a la aquí quejosa MARINA GUADALUPE DEL TORO CÁRDENAS, relacionado con el expediente 319/2020 del índice de la citada autoridad judicial. Luego, de la documental exhibida por la autoridad responsable en el informe justificado de cuenta, se acredita fehacientemente que el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dicha autoridad responsable atendió la solicitud formulada por oficio 807/2023, recibido en la Oficialía de Partes de dicha dependencia, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, pues remitió el estudio socieconómico de la citada data, realizado a la parte quejosa. Por tanto, debe decirse que la omisión reclamada en el presente juicio Constitucional, quedó subsanada por la propia autoridad responsable, al haber realizado el estudio socioeconómico de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, que el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, le solicitó a través del oficio 807/2023, recibido en la Oficialía de Partes de la autoridad responsable, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, lo cual aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -nueve de junio de dos mil veintitrés-, como se acredita con la documental que se acompaña al informe de cuenta, esto es, el oficio TSD.JUR/042/2023, signado por la licenciada en Trabajo Social, Diana Leticia Guzmán Álvarez, Trabajadora Social adscrita al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; consecuentemente, resulta evidente que con dicha determinación cesaron los efectos de la omisión reclamada en el juicio de garantías, produciéndose con ello el resultado de una existencia protectora en términos de lo dispuesto en el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la jurisprudencia 2a./J.9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, este Juzgado Federal procede a SOBRESEER en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Luego, en virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del doce de julio de dos mil veintitrés. Por último, en cuanto a la solicitud de la autoridad responsable, en el sentido que se le conceda una prórroga para remitir las constancias que refiere, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, dado lo acordado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta que signa la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, por medio del cual informa lo resuelto en el amparo en revisión 386/2023, y devuelve los autos originales del juicio de amparo indirecto 15/2023; acúsese recibo de estilo a la Superioridad, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, en la ejecutoria en comento, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Queda intocado tanto el sobreseimiento como la declaración infundada de la causal de improcedencia hecha valer por el Titular de Recaudación de Rentas ambo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, y la concesión de amparo por lo que hace al Congreso y Gobernador Constitucional ambos del Estado de Nayarit. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Maritza Vianey Guerrero Campos, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de la resolución impugnada. CUARTO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva a que este toca se refiere". En consecuencia, dado que se confirmó la sentencia dictada en autos, y ésta concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a la peticionaria de amparo MARITZA VIANEY GUERRERO CAMPOS contra actos del Titular y del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, y otras autoridades a efecto de que: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica la parte quejosa MARITZA VIANEY GUERRERO CAMPOS, lo previsto en los artículos 20, fracción II, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Para que el Secretario y el Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelvan a MARITZA VIANEY GUERRERO CAMPOS, única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $301.00 (trescientos un pesos 00/100 moneda nacional) respecto de la suma de $12,677.99 (doce mil seiscientos setenta y siete pesos 99/100 moneda nacional), que pagó el quince de diciembre de dos mil veintidós, el cual deberá estar debidamente actualizado. (.)" sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima que para el servicio inherente a inscripción o registro de documentos establece el último párrafo de la fracción II del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que en la especie es la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual debe pagar por el servicio cuya inscripción o registro solicitó la parte quejosa, sin las contribuciones adicionales que establece la referida disposición, más la cantidad de $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional) que pagó por concepto de aportación a la Cruz Roja, en virtud de que dicho concepto no fue materia de impugnación, (.)". Entonces, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Titular y al Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificados del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia; apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa por cien Unidades de Medida y Actualización, que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". Finalmente, a efecto de economizar espacio en el área destinada para el archivo de este órgano jurisdiccional, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes en que se actúa con motivo de la tramitación del citado recurso, dejando únicamente las actuaciones originales que se practicaron en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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