Mariana Gómez Domenzain

Expediente 1523/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1523/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Mariana Gómez Domenzain
  • Comisión Reguladora de Energía
  • Mariana Gómez Domenzain y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio número 17558 signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, a través del cual acusa recibo del expediente original relativo al juicio de amparo 1523/2018-V, que le fue enviado por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el que el titular estimó que el referido Órgano de Control Constitucional debía conocer del juicio en comento. Asimismo, de la lectura del oficio señalado en el párrafo que antecede, se advierte que el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, aceptó la competencia plateada por este Juzgado para conocer del juicio de amparo promovido por ********************contra actos de la Comisión Reguladora de Energía, avocándose al conocimiento y registrándola con el número 456/2019; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en términos del artículo Segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente cuaderno que corresponde a la incompetencia de demanda de amparo constituye un expediente auxiliar, por lo tanto encuadra en el supuesto previsto en el artículo Vigésimo, fracción I, del citado acuerdo, y en esas condiciones se hace la observación que este cuaderno deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación del presente proveído, por lo cual en la carátula del expediente, hágase la anotación correspondiente a la fecha en que se ordena el archivo, que carece de relevancia documental y que es susceptible de destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y del análisis del escrito de ampliación a la demanda de amparo, se permite advertir que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente incompetente para conocer del asunto, pues se considera que corresponde conocer a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por las consideraciones siguientes. En principio, cabe precisar que la competencia, es un presupuesto procesal cuyo estudio es preferente a cualquier otro, ya que consiste en la facultad que la ley otorga a un órgano judicial para que conozca de determinados asuntos dentro de los límites que la propia legislación determina; de ahí que si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir en un asunto determinado. En esa tesitura, la competencia a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se configura con el conjunto de facultades que la propia ley suprema otorga a determinado órgano del Estado. De este modo, una autoridad será competente para realizar un acto si tal actuación encuadra en sus atribuciones; en cambio, no lo será si esa conducta no se identifica dentro de los límites de aquéllas. Por tal razón, es necesario que una autoridad tenga competencia para conocer y resolver la cuestión litigiosa que se plantee ante ella. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1.2.P.J/40, con registro electrónico 218721, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden, al tener en consideración que la competencia se finca principalmente en tres factores: 1.- El territorio; 2.- La materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, y 3.- La índole especial de la autoridad responsable. Es importante precisar, que la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no por la relación jurídica sustancial entre las partes o las leyes que éstas invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Es aplicable la jurisprudencia con registro electrónico 195007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En el caso en concreto, del estudio integral del escrito inicial y ampliación demanda, se advierte, que se reclama lo siguiente: De la CRE reclamo: "1. La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) las disposiciones administrativas de carácter general que contengan la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, que aplicarán a CFE Suministro Básico durante el período que comprende del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, como lo establecen los artículos 138 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 2. La omisión de publicar en el DOF las memorias de cálculo usadas para determinar las tarifas finales del suministro básico como lo establece el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 3. Derivado de la falta de publicación en el DOF de la metodología y de las memorias de cálculo antes descritas, también reclamo la omisión de dar a conocer a mi representada, en su carácter de usuario final del servicio de suministro básico, el acuerdo o los acuerdos (con sus números y fechas de aprobación por el órgano de gobierno de CRE) que contengan la metodología empleada para determinar las tarifas finales del suministro básico de energía eléctrica, del período que comprende del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 4. Los efectos y consecuencias producidos por las omisiones de la autoridad responsable, consistentes en el cálculo, determinación, facturación y cobro del consumo de energía eléctrica a cargo de mi representada, por los periodos de diciembre de 2017, enero de 2018, febrero de 2018, marzo de 2018, abril de 2018, mayo de 2018, junio de 2018, julio de 2018, agosto de 2018, septiembre de 2018, octubre de 2018 y los meses subsecuentes hasta en tanto no cesen las omisiones reclamadas, lo anterior a partir de la aplicación de una metodología para el cálculo de las tarifas finales, que no ha sido publicada en el DOF, que mi representada desconoce en su totalidad y que, a pesar de ello, se ha visto obligada a pagar en su carácter de usuario final". "De la CRE reclamo: a). La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) las disposiciones administrativas de carácter general: I. El Acuerdo A/058/2017, por el que la Comisión Reguladora De Energía expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministro Básico durante el período que comprende del 1 de Diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, y a sus anexos A y B. II. El Acuerdo A/061/2017, de la Comisión Reguladora de Energía por el que se determina las tarifas finales del Suministro Básico aplicables durante diciembre de 2017 y sus anexos. III. El Acuerdo A/002/2018, por el que la Comisión Reguladora de Energía modifica los acuerdos tercero y cuarto del diverso A/061/2017 y sus anexos. IV. El Acuerdo A/017/2018, por el que la Comisión Reguladora de Energía modifica los diversos A/058/2016 y A/058/2017, relativos a las tarifas finales del Suministro Básico, para el período abril a diciembre de 2018 y sus anexos. V. El Acuerdo A/032/2018, por el que la Comisión Reguladora de Energía modifica el anexo B, del Acuerdo A/017/2017, relativo a las tarifas finales del Suministro Básico, para el período de septiembre a diciembre de 2018 y sus anexos. VI. Los Acuerdos A/063/2018 y A/064/2018, mediante los cuales se continuará aplicando la metodología vigente de las Tarifas Finales de Suministro Básico para el mes de enero de 2019. b). Los efectos y consecuencias producidos por los acuerdos A/058/2017, A/061/2017, A/002/2018, A/017/2018, A/032/2018, A/063/2018 y A/064/2018 (y sus anexos) y por la omisión de la autoridad responsable de publicarlos en el DOF, efectos y consecuencias que consisten en el cálculo, determinación, facturación y cobro del consumo de energía eléctrica a cargo de mi persona, por los períodos de diciembre de 2017, enero de 2018, febrero de 2018, marzo de 2018, abril de 2918, mayo de 2018, junio de 2018, julio de 2018, agosto de 2918, septiembre de 2018, octubre de 2018, y los mese subsecuentes, lo anterior a partir de la aplicación de una metodología para el cálculo de las tarifas finales, que ha sido publicada en el DOF (para que surtan efectos jurídicos), que mi yo desconocía en su totalidad y que, a pesar de ello, se ha visto obligada a pagar en su carácter de usuario final". En la especie, del análisis en conjunto de los actos de autoridad citados se advierte que en esencia, se reclama la aprobación y expedición del acuerdo A/058/2017 identificado como "Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos durante el periodo que comprende del uno de diciembre de dos mil diecisiete, al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho" publicado en la página de la Comisión Reguladora de Energía el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete; así como el oficio SSB/DW/0006/2018, suscrito por la responsable de CFE Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Peninsular, notificado a la quejosa el veintisiete de diciembre de 2018, con el que se hizo de su conocimiento la aplicación del mencionado acuerdo A/058/2017, a partir del consumo correspondiente al mes de diciembre de 2017. Así, se destaca que el Acuerdo A/058/2017, además de establecer la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos durante el periodo comprendido del uno de diciembre de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en su artículo decimotercero, señala que podrá impugnarse este tipo de actos a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. En ese tenor, tomando en consideración que el Acuerdo que se pretende controvertir en la presente instancia, fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía con el fin de establecer tarifas finales y de operación relacionadas con el suministro de energía eléctrica, atento a la naturaleza del mismo, a juicio del suscrito, su emisión incide de manera directa en materia económica; ello, con independencia de lo alegado vía conceptos de violación, ya que estos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, pues de sostener lo contrario, conduciría a establecer que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia por reiteración número 2a./J. 24/2009, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 412, Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 167761, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." De lo ya señalado, se demuestra que el Acuerdo reclamado A/058/2017, está vinculado directamente con la materia de competencia económica, ya que se trata de la regulación del cálculo de diversas tarifas relacionadas con los servicios prestados por la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, en aras de transitar de forma ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, lo que de suyo lleva implícito la aplicación y comprensión de los alcances de postulados que son propios de la subespecialización en materia de competencia económica. En ese tenor, tomando en cuenta que interviene la Comisión Reguladora de Energía, lo que constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 Constitucional, al versar precisamente sobre esa materia: competencia económica. En consecuencia, en tratándose de amparos promovidos contra el Acuerdo A/058/2017 emitido por la Comisión Reguladora de Energía, para los efectos del juicio de amparo, es competente el Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Así se determinó en la jurisprudencia con registro electrónico 2018430, sostenida por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, cuyo rubro y texto disponen: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA EL ACUERDO A/058/2017 EMITIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. El Acuerdo citado, por el que se expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE (Comisión Federal de Electricidad), Suministrador de Servicios Básicos, durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, está vinculado directamente con la materia de competencia económica, ya que se trata de la regulación del cálculo de diversas tarifas relacionadas con los servicios prestados por la Comisión mencionada, en aras de transitar de forma ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, lo que lleva implícitas la aplicación y la comprensión de los alcances de postulados que son propios de la subespecialización en materia de competencia económica. Consecuentemente, los órganos jurisdiccionales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra el Acuerdo A/058/2017 emitido por la comisión reguladora de energía." En ese contexto y en consideración de lo expuesto por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones al resolver la contradicción de tesis 3/2018; se advierte que, los objetivos de la aplicación de las metodologías y tarifas reguladas por el Acuerdo A/058/2017, son promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales, así como determinar tarifas que permitan a los suministradores de servicio básicos obtener ingresos necesarios para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento, impuestos aplicables y una rentabilidad razonable. Tarifas que deben regirse bajo los principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria y de mercados competitivos. En esas condiciones, resulta evidente que lo aquí reclamado impacta en el derecho de la competencia económica; por ende, dado que este juzgador federal no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, se estima que la competencia para conocer del presente juicio le asiste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República. En virtud de lo anterior, remítase atento oficio conteniendo la presente resolución, acompañada de los autos del juicio principal en que se actúa, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por último, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITA ... Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y del análisis del escrito de ampliación a la demanda de amparo, se permite advertir que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente incompetente para conocer del asunto, pues se considera que corresponde conocer a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por las consideraciones siguientes. En principio, cabe precisar que la competencia, es un presupuesto procesal cuyo estudio es preferente a cualquier otro, ya que consiste en la facultad que la ley otorga a un órgano judicial para que conozca de determinados asuntos dentro de los límites que la propia legislación determina; de ahí que si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir en un asunto determinado. En esa tesitura, la competencia a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se configura con el conjunto de facultades que la propia ley suprema otorga a determinado órgano del Estado. De este modo, una autoridad será competente para realizar un acto si tal actuación encuadra en sus atribuciones; en cambio, no lo será si esa conducta no se identifica dentro de los límites de aquéllas. Por tal razón, es necesario que una autoridad tenga competencia para conocer y resolver la cuestión litigiosa que se plantee ante ella. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1.2.P.J/40, con registro electrónico 218721, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden, al tener en consideración que la competencia se finca principalmente en tres factores: 1.- El territorio; 2.- La materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, y 3.- La índole especial de la autoridad responsable. Es importante precisar, que la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no por la relación jurídica sustancial entre las partes o las leyes que éstas invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Es aplicable la jurisprudencia con registro electrónico 195007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En el caso en concreto, del estudio integral del escrito inicial y ampliación demanda, se advierte, que se reclama lo siguiente: De la CRE reclamo: "1. La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) las disposiciones administrativas de carácter general que contengan la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, que aplicarán a CFE Suministro Básico durante el período que comprende del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, como lo establecen los artículos 138 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 2. La omisión de publicar en el DOF las memorias de cálculo usadas para determinar las tarifas finales del suministro básico como lo establece el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 3. Derivado de la falta de publicación en el DOF de la metodología y de las memorias de cálculo antes descritas, también reclamo la omisión de dar a conocer a mi representada, en su carácter de usuario final del servicio de suministro básico, el acuerdo o los acuerdos (con sus números y fechas de aprobación por el órgano de gobierno de CRE) que contengan la metodología empleada para determinar las tarifas finales del suministro básico de energía eléctrica, del período que comprende del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 4. Los efectos y consecuencias producidos por las omisiones de la autoridad responsable, consistentes en el cálculo, determinación, facturación y cobro del consumo de energía eléctrica a cargo de mi representada, por los periodos de diciembre de 2017, enero de 2018, febrero de 2018, marzo de 2018, abril de 2018, mayo de 2018, junio de 2018, julio de 2018, agosto de 2018, septiembre de 2018, octubre de 2018 y los meses subsecuentes hasta en tanto no cesen las omisiones reclamadas, lo anterior a partir de la aplicación de una metodología para el cálculo de las tarifas finales, que no ha sido publicada en el DOF, que mi representada desconoce en su totalidad y que, a pesar de ello, se ha visto obligada a pagar en su carácter de usuario final". "De la CRE reclamo: a). La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) las disposiciones administrativas de carácter general: I. El Acuerdo A/058/2017, por el que la Comisión Reguladora De Energía expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministro Básico durante el período que comprende del 1 de Diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, y a sus anexos A y B. II. El Acuerdo A/061/2017, de la Comisión Reguladora de Energía por el que se determina las tarifas finales del Suministro Básico aplicables durante diciembre de 2017 y sus anexos. III. El Acuerdo A/002/2018, por el que la Comisión Reguladora de Energía modifica los acuerdos tercero y cuarto del diverso A/061/2017 y sus anexos. IV. El Acuerdo A/017/2018, por el que la Comisión Reguladora de Energía modifica los diversos A/058/2016 y A/058/2017, relativos a las tarifas finales del Suministro Básico, para el período abril a diciembre de 2018 y sus anexos. V. El Acuerdo A/032/2018, por el que la Comisión Reguladora de Energía modifica el anexo B, del Acuerdo A/017/2017, relativo a las tarifas finales del Suministro Básico, para el período de septiembre a diciembre de 2018 y sus anexos. VI. Los Acuerdos A/063/2018 y A/064/2018, mediante los cuales se continuará aplicando la metodología vigente de las Tarifas Finales de Suministro Básico para el mes de enero de 2019. b). Los efectos y consecuencias producidos por los acuerdos A/058/2017, A/061/2017, A/002/2018, A/017/2018, A/032/2018, A/063/2018 y A/064/2018 (y sus anexos) y por la omisión de la autoridad responsable de publicarlos en el DOF, efectos y consecuencias que consisten en el cálculo, determinación, facturación y cobro del consumo de energía eléctrica a cargo de mi persona, por los períodos de diciembre de 2017, enero de 2018, febrero de 2018, marzo de 2018, abril de 2918, mayo de 2018, junio de 2018, julio de 2018, agosto de 2918, septiembre de 2018, octubre de 2018, y los mese subsecuentes, lo anterior a partir de la aplicación de una metodología para el cálculo de las tarifas finales, que ha sido publicada en el DOF (para que surtan efectos jurídicos), que mi yo desconocía en su totalidad y que, a pesar de ello, se ha visto obligada a pagar en su carácter de usuario final". En la especie, del análisis en conjunto de los actos de autoridad citados se advierte que en esencia, se reclama la aprobación y expedición del acuerdo A/058/2017 identificado como "Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos durante el periodo que comprende del uno de diciembre de dos mil diecisiete, al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho" publicado en la página de la Comisión Reguladora de Energía el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete; así como el oficio SSB/DW/0006/2018, suscrito por la responsable de CFE Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Peninsular, notificado a la quejosa el veintisiete de diciembre de 2018, con el que se hizo de su conocimiento la aplicación del mencionado acuerdo A/058/2017, a partir del consumo correspondiente al mes de diciembre de 2017. Así, se destaca que el Acuerdo A/058/2017, además de establecer la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos durante el periodo comprendido del uno de diciembre de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en su artículo decimotercero, señala que podrá impugnarse este tipo de actos a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. En ese tenor, tomando en consideración que el Acuerdo que se pretende controvertir en la presente instancia, fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía con el fin de establecer tarifas finales y de operación relacionadas con el suministro de energía eléctrica, atento a la naturaleza del mismo, a juicio del suscrito, su emisión incide de manera directa en materia económica; ello, con independencia de lo alegado vía conceptos de violación, ya que estos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, pues de sostener lo contrario, conduciría a establecer que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia por reiteración número 2a./J. 24/2009, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 412, Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 167761, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." De lo ya señalado, se demuestra que el Acuerdo reclamado A/058/2017, está vinculado directamente con la materia de competencia económica, ya que se trata de la regulación del cálculo de diversas tarifas relacionadas con los servicios prestados por la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, en aras de transitar de forma ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, lo que de suyo lleva implícito la aplicación y comprensión de los alcances de postulados que son propios de la subespecialización en materia de competencia económica. En ese tenor, tomando en cuenta que interviene la Comisión Reguladora de Energía, lo que constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 Constitucional, al versar precisamente sobre esa materia: competencia económica. En consecuencia, en tratándose de amparos promovidos contra el Acuerdo A/058/2017 emitido por la Comisión Reguladora de Energía, para los efectos del juicio de amparo, es competente el Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Así se determinó en la jurisprudencia con registro electrónico 2018430, sostenida por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, cuyo rubro y texto disponen: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA EL ACUERDO A/058/2017 EMITIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. El Acuerdo citado, por el que se expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE (Comisión Federal de Electricidad), Suministrador de Servicios Básicos, durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, está vinculado directamente con la materia de competencia económica, ya que se trata de la regulación del cálculo de diversas tarifas relacionadas con los servicios prestados por la Comisión mencionada, en aras de transitar de forma ordenada hacia la operación del mercado eléctrico mayorista eficiente y competitivo, lo que lleva implícitas la aplicación y la comprensión de los alcances de postulados que son propios de la subespecialización en materia de competencia económica. Consecuentemente, los órganos jurisdiccionales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra el Acuerdo A/058/2017 emitido por la comisión reguladora de energía." En ese contexto y en consideración de lo expuesto por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones al resolver la contradicción de tesis 3/2018; se advierte que, los objetivos de la aplicación de las metodologías y tarifas reguladas por el Acuerdo A/058/2017, son promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales, así como determinar tarifas que permitan a los suministradores de servicio básicos obtener ingresos necesarios para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento, impuestos aplicables y una rentabilidad razonable. Tarifas que deben regirse bajo los principios que permitan el desarrollo eficiente de la industria y de mercados competitivos. En esas condiciones, resulta evidente que lo aquí reclamado impacta en el derecho de la competencia económica; por ende, dado que este juzgador federal no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, se estima que la competencia para conocer del presente juicio le asiste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República. En virtud de lo anterior, remítase atento oficio conteniendo la presente resolución, acompañada de los autos del juicio principal en que se actúa, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por último, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el memorial suscrito por el Isabel Delgado Olea, autorizada en términos amplios de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual ofrece pruebas diversas pruebas documentales; y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, aplicable se tienen por ofrecidas las pruebas documentales mismas que serán consideradas en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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