Mariana Garcia Vazquez

Expediente 649/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
649/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Mariana Garcia Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: SE DECLARA QUE EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, HA QUEDADO FIRME. ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO CONCLUIDO, MISMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: por recibida la demanda de amparo promovida contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. el caso el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de dictar la resolución en forma de laudo dentro del juicio laboral ****. dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones al artículo 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no pronunciar el laudo dentro del juicio laboral ****. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Más aún que con motivo de la falta del dictado del laudo no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues el cierre de instrucción apenas fue decretado el uno de febrero de dos mil dieciocho, y en ese sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta responsable cuenta con el término de diez días para elaborar por escrito el proyecto de resolución, período que empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en que se declaró cerrada la instrucción en los autos del mencionado juicio laboral, es decir, el dos de febrero de dos mil dieciocho y concluyó el dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, sin contar el cinco del mismo mes por ser inhábil y los sábados y domingos que mediaron en ese lapso. De igual manera, el artículo 886 del ordenamiento legal en cita, previene que del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta; que dentro de los cinco días hábiles siguientes a haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros del Tribunal podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; este plazo, en el orden que corresponde, transcurrió del diecinueve al veintitrés de febrero del año en curso, al no señalar que tales miembros hayan solicitado la práctica de mayores diligencias dentro del juicio laboral de origen. Finalmente, el artículo 887 de la ley laboral señala que transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior (cinco días), concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la misma citará a los miembros que integran ese cuerpo colegiado para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que haya concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas, lapso de tiempo que en el caso concreto empezó a correr el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y concluyó el nueve de marzo del mismo año, y si bien de este último día al veinticinco de abril en curso, en que presentó su demanda de amparo, han transcurrido treinta días hábiles, sin contar el diecinueve, veintinueve y treinta de marzo del año en curso, por ser inhábiles, así como los sábados y domingos que mediaron en dicho lapso, lo cierto es que ello no significa que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, puesto que tal circunstancia se considera justificada atendiendo al cúmulo de asuntos de los que conocen las juntas locales en materia del trabajo y que es un hecho notorio derivado de la tramitación de los juicios de amparo radicados en este Juzgado de Distrito contra esas autoridades laborales. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no, se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, ya que la quejosa refiere que apenas el uno de febrero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dictó el cierre de la instrucción en el juicio laboral de origen, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente.

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