Mariana Estrada Peña

Expediente 1311/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1311/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Mariana Estrada Peña

Actuaciones

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por Gonzalo Eduardo Garcés Lemus en representación de la quejosa Mariana Estrada Peña, a través del cual solicita la devolución de la copia certificada del instrumento notarial catorce mil ochenta y ocho exhibido en el juicio en que se actúa y autoriza a diversas personas para recogerlo; atento a lo anterior, como lo solicita el promovente con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, devuélvase el documento solicitado, previa copia certificada que por su recibo obre en autos, teniendo por autorizadas a las personas que menciona para tal fin. Asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Notifíquese.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 94 a 99), en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, se le comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; téngase por recibido el escrito signado por Gonzalo Eduardo Garcés Lemus, representante legal de Mariana Estrada Peña, a través del cual solicita se le devuelva el instrumento notarial catorce mil ochenta y ocho que exhibió en el presente asunto. Atento a lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que el proveído de veintinueve de agosto del año en curso aun no adquiere firmeza procesal. Notifíquese.

  4. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Gonzalo Eduardo Garcés Lemus, representante legal de Mariana Estrada Peña (personalidad que se advierte de las constancias que adjuntó a su escrito de demanda), contra actos de la Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1311/2018-VIl. Ahora bien, en atención a la certificación de cuenta recábese copia de la demanda que originó el juicio 1256/2018-I, la cual se ordena certificar y glosar a los presentes autos. Causa de improcedencia. Por ser preferente su estudio, primero se analiza la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión por parte de la autoridad responsable de resolver en el plazo que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente sobre el procedimiento administrativo de imposición de sanciones instaurado contra la ahora quejosa en el acuerdo de emplazamiento No. PFPA/17.1/2C.27.5/003979/2018 de quince de mayo de dos mil dieciocho; es materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el propio quejoso y contra la misma autoridad responsable. A efecto de evidenciar tal aserto, resulta necesario traer al contexto que el referido artículo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.). [El énfasis es propio]. De la cita que antecede, en la parte que interesa se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, destacando como caso de excepción a dicho supuesto, aquellos en los cuales se reclamen normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Ahora bien, conviene hacer mención que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el caso particular se actualiza dicha causal porque constituye un hecho notorio para este juzgador, la existencia del juicio de amparo indirecto 1256/2018-I, de este índice estadístico, del cual se aprecia que los actos reclamados en el presente sumario constitucional, son materia de ese juicio de amparo, el cual es promovido por el propio quejoso en los términos que indica el mencionado precepto, y actualmente está en trámite. En efecto, de dicho expediente se advierte que el veinte de agosto de este año, fue turnada a este órgano jurisdiccional, la demanda promovida por Gonzalo Eduardo Garcés Lemus, representante legal de Mariana Estrada Peña, en la que al igual que en la demanda que originó el presente juicio, señaló como autoridad responsable a la Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de México, precisando como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable de resolver en el plazo que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente el procedimiento administrativo de imposición de sanciones instaurado contra la ahora quejosa en el acuerdo de emplazamiento No. PFPA/17.1/2C.27.5/003979/2018 de quince de mayo de dos mil dieciocho. En este orden de ideas, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues el acto que ahora se reclama es materia de otro juicio de amparo, promovido por el propio quejoso, en contra de idéntica autoridad responsable, por lo que no es dable continuar con el trámite de un asunto que será analizado en diverso sumario constitucional. En consecuencia, como se adelantó, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; y el numeral 103, fracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes citado en primer término, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gonzalo Eduardo Garcés Lemus, en su carácter de representante legal de Mariana Estrada Peña. Sin que obste a lo anterior que en el citado sumario 1256/2018-I, mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se hayan devuelto los autos del juicio 933/2018 al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, en razón que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada, toda vez que el hecho de que se encuentre pendiente de resolver una cuestión de competencia para conocer de ese asunto, en forma alguna excluye la actualización de la causa de improcedencia en comento. Máxime que esta determinación no deja en estado de indefensión al quejoso porque no existe la posibilidad de una aplicación recíproca de idéntico motivo de improcedencia en este y ese juicio, dado que en caso que se declarara competente al órgano que inicialmente asumió el conocimiento del asunto o bien, a este órgano jurisdiccional, aquél no podría resultar improcedente por litispendencia debido que ese juicio fue el promovido inicialmente. Se afirma lo anterior porque al resolver la Contradicción de tesis 307/2012, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la causal de improcedencia por litispendencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amaro vigente hasta el dos de abril de dos mil dieciocho, encontraba explicación lógica en la ociosidad que suponía tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. En ese orden de ideas, consideró que si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualizara dicha causal era necesario que se hubiesen admitido las demandas respectivas. Pero ello en atención a que los juzgadores deberían asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conservara la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le dejara en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Destacando que para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debía conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos debía sobreseerse por litispendencia, y a cuál le correspondía superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedieran a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameritaran. En este sentido, si en el particular, este juzgador ha verificado que el quejoso conserva la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de la primera demanda de contenido coincidente, de manera que no se le dejará en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios; entonces, resulta procedente desechar la presente demanda, dada la improcedencia por litispendencia del presente juicio, pues aun cuando aquél no haya sido admitido, previamente debe determinarse quién es la autoridad competente para conocer del asunto, la cual también será la facultada para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, para sobreseerlo, pero por diverso motivo. Dicha Jurisprudencia se localiza en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 24/2014 (10a.), Página: 265, Registro: 2006145, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten.". No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho que la jurisprudencia invocada interprete la legislación de amparo abrogada, pues no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, pues el contenido de la fracción III del artículo 73 al que hace mención, actualmente está contenido en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo actual; ello, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. Por último, conviene destacar que en el juicio 1256/2018-I, este órgano jurisdiccional devolvió los autos del diverso 933/2018 al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, al considerar que en ese caso, dicho órgano jurisdiccional era el competente para conocer del asunto porque se actualizaba la hipótesis de competencia prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, como en el particular acontece, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En este orden de ideas, si el acto reclamado en el presente asunto, es el mismo que el de aquél juicio, el cual, como se dijo, no requiere ejecución material; siguiendo el mismo criterio y considerando que la demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional; entonces, en este caso particular, este órgano jurisdiccional sí es competente para emitir el pronunciamiento respectivo en cuanto a la procedencia del mismo. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Salvador Briffault Sánchez, Sergio Iván Pacheco Estrada y a Leila Magalli Soriano Perales, toda vez que no se encontró registro de sus patentes para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio procesal. En otro orden, de conformidad con el artículo 26 fracción lll, la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, toda vez que el promovente no señaló domicilio para tal efecto. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notificación personal por lista. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personal porque dicha notificación permite que las partes hagan valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que en este proveído, se tuvo como domicilio del quejoso Lauro Molina Martínez, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese la notificación de esta resolución, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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