Mariana Elvira Kobayashi Gamboa

Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 30 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
461/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Mariana Elvira Kobayashi Gamboa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de junio de dos mil veintidós. I. Se agrega sobre devuelto. Agréguese a los autos el sobre devuelto que contiene el oficio .............dirigido al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el cual tiene por objeto notificar a la citada autoridad responsable el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso. II. Se ordena reenvió de oficio. En consecuencia, para evitar mayor dilación procesal, reenvíese el citado oficio a la autoridad señalada, a su domicilio correcto. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de abril del año en curso, en la que, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no se exhibió documento que por sus características se considere como original, respecto del cual proveer su devolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de mayo de dos mil veintidós. I. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio de cuenta que remite la Coordinadora Estatal de las Brigadas Especiales en el Estado de Querétaro, por el que informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós. En su atención se provee: II. Deberá estar a lo ordenado. Agréguese a los autos el oficio de referencia, en razón a que de autos se advierte que mediante resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia atendiendo a que se tuvo a la parte quejosa con ambas dosis de vacunación contra el virus covid-19, por ello que resulte innecesario realizar mayor pronunciamiento respecto a la imposibilidad que informa. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de abril de dos mil veintidós. I. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado, el que a continuación se cita: "La norma denominada: POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO. DOCUMENTO RECTOR versión 5.1 Publicado a través del sitio web www.coronavirus.gob.mx con fecha 28 de abril 2021 (28/04/2021), con número de referencia PNRVC-04122020, elaborada por la autoridad señalada como responsable ......., revisada por la autoridad señalada como responsable ....... y autorizada por la autoridad señalada como responsable ........, difundida a través del sitio web institucional mencionado, misma que sufrió cambios en su versión 5.0 que entraron el 6 de abril de 2021, nos causa perjuicio y subyacen en la actual versión. La norma impugnada se localiza específicamente a través del enlace (lo transcribe) y su objeto es definir la política nacional de vacunación contra el virus que ocasiona la enfermedad infecciosa COVID-19. De la norma impugnada, como se desarrolla en los conceptos de violación correspondientes, se reclama concretamente: el privar al personal médico (supuesto en el que me encuentro) del acceso a la vacuna, en los términos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad al haberse cimentado sobre fundamentos arbitrarios, discriminación y contradicción con normas de igual jerarquía." Ahora, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado. La disposición jurídica que prevé la causa de improcedencia de que se habla, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto destaca que la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Al efecto, conviene precisar que el ocho de diciembre de dos mil veinte, el Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud publicó en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención del COVID-19 en México. Documento Rector". En el documento respectivo se estableció que se enfrentan grandes retos, entre los que se destacan los diferentes requerimientos de manejo y administración de los prospectos de vacunas, la poca disponibilidad mundial de dosis en el corto y mediano plazo y la necesidad de no afectación a la operación del programa de vacunación existente en el país. También precisa que el país participa de manera activa en diversas iniciativas para tener acceso a la vacuna, estableciendo como prioridad que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces, a través de los procesos de autorización sanitaria, con el fin de garantizar que la biológica que se distribuya y aplique, cumpla con todas las pruebas y características necesarias, para proteger la vida y la seguridad de las personas. De igual manera, en el documento, como parte de la estrategia, se propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor contagio al COVID-19; además, se detalla que el plan nacional de vacunación iniciaría en el mes de diciembre de dos mil veinte y la meta de cobertura será de al menos el setenta y cinco por ciento de la población mayor a dieciséis años, la cual deberá alcanzarse para finales del dos mil veintiuno y principios de dos mil veintidós tal como se advierte a continuación: Es decir, se establecieron cinco etapas de vacunación en total para atender a distintos grupos de población, las que se esquematizaron de la siguiente manera: - Primera etapa: diciembre 2020 - febrero 2021, para personal de salud de primera línea de control de COVID-19. - Segunda Etapa: febrero - mayo 2021, dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60 años y más. - Tercera Etapa: mayo - junio 2021, enfocada a personas de 50 a 59 años. - Cuarta Etapa: junio - julio 2021, destinada a vacunar contra coronavirus a personas de 40 a 49 años. - Quinta Etapa: julio - marzo 2022, asignada para el resto de la población. En dicha política nacional de vacunación se determinó que la asignación progresiva y la distribución gradual de las vacunas disponibles pueden ser modificadas conforme cambie la disponibilidad de los biológicos, aumente la evidencia científica y se verifique la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles. Cabe precisar que, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 fue actualizada el once de enero de dos mil veintiuno, en que se incluyeron más elementos técnicos y avances en cuanto a las vacunas en proceso de autorización, pero continuó el esquema de la aplicación de la vacuna, atendiendo a los grupos prioritarios previamente establecidos. De lo anterior se aprecia que la Secretaría de Salud definió a través de la Política Nacional de Vacunación, el proceso y el esquema para que toda la población mexicana sea vacunada contra el virus SARSCoV-2. Asimismo, definió cuáles son las etapas, el tiempo y quiénes son las primeras personas que tendrían acceso al biológico, tomando en consideración la priorización de grupos poblacionales a vacunar, basados en las características asociadas con un mayor riesgo en caso de contagiarse por Covid-19, quedando en primer lugar los trabajadores de salud, que atienden directamente a la población que contrajo ese virus; en segundo lugar, personal de salud restante y los adultos mayores de sesenta años y más; en tercer lugar, las personas de cincuenta a cincuenta y nueve años; en cuarto lugar las personas de cuarenta a cuarenta y nueve años; y en quinto lugar el resto de la población. Establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo, a combatir la política de vacunación, en lo relativo a la omisión de incluir al personal médico que no pertenecía a la primera línea de control contra covid-19; no obstante ello, como ya se dijo, el personal médico de salud, fue considerado para la aplicación de la vacuna respectiva, desde la segunda etapa de vacunación, en tanto que, a la fecha en que se emite la presente determinación, ya se habilitó el registro para cualquier persona a partir de los doce años de edad, tal y como se advierte de la página de internet oficial de la Secretaria de Salud. Aunado a que, de las constancias exhibidas en autos, se desprende que, la parte quejosa, en su escrito recibido en este Juzgado el veinte de julio de dos mil veintiuno, informó que el veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, le fue aplicada la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, tal y como se advierte de la siguiente imagen: Asimismo, el nueve de agosto siguiente, la Coordinadora de las Brigadas Especiales del Estado de Querétaro, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que, a los profesionales de salud que fueron vacunados el veintinueve de mayo de ese año, se les aplicaría la segunda dosis el doce de agosto de dos mil veintiuno, en las instalaciones del Tec de Monterrey del Estado de Querétaro. Además, de la certificación que antecede, se desprende que al ingresar a la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php y plasmar la CURP de la quejosa, se advierte que ya se puede registrar para la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra covid-19. Por tanto, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, al extinguirse la omisión combatida, toda vez que al ser así, la violación atribuida a la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa al haberse colmado su pretensión, es decir, al incluirse en la política nacional de vacunación contra el covid-19 y aplicársele las vacunas respectivas. Máxime que, la omisión de aplicar la vacuna no se reclamó de manera independiente sino en vía de consecuencia de la omisión contenida en la Política Nacional de Vacunación; esto es, el no incluir al grupo al que pertenece la quejosa entre los objetivos de vacunación; por lo que, al haber cesado la omisión en cuanto a dicha política, la improcedencia también recae, sobre la falta de aplicación del supuesto normativo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se ordena dar de baja el exhorto generado en proveído de siete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual, se pretendía notificar a las autoridades responsables el auto admisorio emitido dentro del presente juicio; lo anterior, atendiendo al sentido de la presente resolución. De igual manera, se deja sin efectos el requerimiento y apercibimiento formulados a la parte quejosa y a la Coordinadora de las Brigadas Especiales del Estado de Querétaro, mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, pues su cumplimiento en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. II. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.

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