Mariana Elizabeth Velarde Zatarain Y Otro.
Expediente 496/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mariana Elizabeth Velarde Zatarain Y Otro.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promovente del amparo, recurriera el auto que desechó su demanda, dictado por este juzgado el veintidós de junio de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, considerando que fue notificada en la propia fecha, quedando comprendido dicho plazo del veinticuatro al treinta de junio del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en sus artículos 20 y 21, inciso b), en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de conservación, toda vez que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por María Elizabeth Velarde Zatarain, por su propio derecho y como titular de la guardia y custodia del menor de edad con iniciales L.A.U.V., contra actos del Delegado en Mazatlán, del Instituto de la Defensoría Pública Federal, y otra autoridad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 496/2022. Improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. En la especie, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra las resoluciones dictadas en el juicio de amparo o en ejecución de las mismas. Conforme a lo dispuesto por el referido numeral, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se emitió teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional. Cabe precisar que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal, o bien, que constituya una omisión. Este criterio está contenido en la Tesis 1a. LXX/2003, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de que, de los antecedentes de la demanda de amparo se desprende que en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se tramitan los diversos juicios de amparo 93/2021, 81/2022, 202/2022, 356/2022, 457/2022, 460/2022 y 461/2022, relacionados según el dicho de la propia promovente con los actos que aquí reclama. En efecto, aduce en su libelo, que recientemente tuvo conocimiento de la existencia de los juicios de amparo indirecto 460/2022 y 461/2022, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, promovidos en favor de su menor hijo; que en el caso del primero de dichos juicios, se encuentra pendiente que el licenciado Eduardo Hernández Ramírez, en su carácter de Asesor Jurídico Federal, acepte el cargo de representante especial del menor, y, que el segundo de dichos sumarios fue promovido por el propio asesor, quien además también tiene el aludido cargo en el diverso 457/2022. En atención a ello, refiere que por lo menos desde el dieciséis de junio de dos mil veintidós el Asesor Jurídico de que se trata, tiene conocimiento de los juicios de amparo 457/2022, 460/2022 y 461/2022, antes mencionados, y por ende de la situación actual del menor y de su paradero, no obstante ha omitido informarle esto último, al igual que ha sido omiso en valorar que se está en la posible comisión de situaciones de hecho que trastocan los derechos humanos del menor y de la promovente. En ese orden de ideas, precisa como acto reclamado el siguiente: "4.- Actos reclamados. De las autoridades responsables, reclamo, la omisión de notificar a la suscrita el paradero de mi hijo Luis Ángel Ugalde Velarde, y no abstenerse a actuar a pesar del conflicto que emana de las situaciones de hecho que más adelante detallaré; pues, por lo menos, desde el día dieciséis de los corrientes, tienen noticia de su paradero, y no se lo informan a ninguna de las autoridades que buscan a mi hijo, ni a la suscrita; aun cuando en autos del juicio de amparo número 457/2022; se activó el protocolo de búsqueda y localización, por estar al día de hoy desaparecido." De lo que colige de forma fundada que los actos de que se duele en esta instancia derivan de las actuaciones en los juicios de amparo 457/2022, 460/2022 y 461/2022, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. Luego, resulta incuestionable que en el caso se actualiza la invocada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, ya que las omisiones reclamadas provienen de las determinaciones adoptadas en dichos sumarios, y como consecuencia no es procedente promover un diverso juicio de amparo, toda vez que, no sería jurídico estimar que contra determinaciones en otros juicios de amparo procediera otro amparo, pues de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Así es, pues la prohibición de ejercer la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los procedimientos de la misma naturaleza prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no se limita a la resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también a cualquier determinación u omisión inmersa en su trámite o del incidente de suspensión que derive, ya que ello originaría juicios interminables en demérito de la seguridad jurídica. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, cuyo tenor es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia.". DESECHAMIENTO. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto promovida por María Elizabeth Velarde Zatarain, por su propio derecho y como titular de la guardia y custodia del menor de edad con iniciales L.A.U.V., con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Se precisa que los criterios en que se sustentó la presente determinación anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no contravienen lo previsto en la Ley de Amparo, por lo que conservan su vigencia, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto que expidió la referida ley reglamentaria. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la referida ley, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en el local 222-GL, altos de Plaza Universidad, ubicada en Avenida Universidad, fraccionamiento Alameda, en esta ciudad, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Luis Alfredo Medina Ledón y Jesús Eduardo García López, quienes tienen su cédula profesional número 12234032, 3205366, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho requisito a Lorena Alejandra Saldívar Xibillé y Brisa Esther Terrazas Dieguez. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada.
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