Mariana Elizabeth Gomez Chavez

Expediente 1538/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1538/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Mariana Elizabeth Gomez Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la prorroga otorgada en proveído de once de agosto de dos mil veintidós, a la autoridad responsable, para que dentro del término de diez días, remita copias certificadas completas y legibles de todo lo actuado en el juicio laboral , sin que a la fecha se hubieren recibido las constancias solicitadas. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las OCHO HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 27/julio/2022; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se resolvió lo siguiente: Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, por su propio derecho, contra actos de autoridades; con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio e interpretación de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse diversas causas que impiden su admisión y tramitación, las cuales son oficiosas por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es menester destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador puede interpretar el sentido de la demanda, para determinar con exactitud la intención del promovente, pues el obstáculo que opone el principio de que no corresponde al Juez corregir los errores de las partes, es sólo aparente, ya que en la interpretación no se va a perfeccionar el libelo constitucional, en su contenido material, cosa que ya no sería meramente interpretativa, sino nada más armonizar sus datos, para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos del mismo. De un análisis integral de la demanda de amparo en conjunto con sus documentos anexos que tiene como fundamento en las jurisprudencias 2a./J.55/98, P./J. 40/2000 y 2a./J. 183/2005 sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registros 195745, 192097 y 176329, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA"; se advierte que se reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, todos en Materia Civil de Primera Instancia en el Vigesimoséptimo partido judicial con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, la omisión de: Diligenciar el exhorto deducido del juicio civil ordinario promovido por la aquí quejosa, en contra de Fermín de Jesús Sosa Flores, radicado con el número de expediente 573/2021 del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. En relación con el acto delimitado en el párrafo que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo numeral 61, en relación con los diversos ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, así como con el 103, fracción I, Constitucional. Del enlace de los artículos transcritos se colige, que la procedencia de la acción constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad; entendiéndose como tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dirimir la contradicción de tesis 116/2014, originaria de la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), número de registro 2007066, de rubro: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; estimó: "QUINTO. Estudio. Una vez precisada la existencia de la contradicción y el punto de su materia, esta Segunda Sala procede a resolverlo, estableciendo el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. 28. A fin de dilucidar el punto de contradicción anunciado, debe tenerse en cuenta el sistema normativo previsto en las legislaciones de los Estados de Quintana Roo y Yucatán, relacionado con la ejecución de los laudos dictados por los tribunales de trabajo burocráticos. 29. Así, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, en sus artículos 153 a 158, dispone: "Artículo 153. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes. "Pronunciado el laudo, el tribunal lo notificará a las partes." "Artículo 154. Las demás autoridades del Estado, estarán obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello." "Artículo 155. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de tres mil pesos." "Artículo 156. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente. La Secretaría de Finanzas informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, especificando los datos relativos que acrediten su cobro." "Artículo 157. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. Al efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." (Reformado, P.O. 31 de diciembre de 1992) "Artículo 158. Cuando se pida la ejecución de un Laudo, el Tribunal dictará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, acompañado de la parte demandante, se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para que cumpla el laudo, apercibiéndola de que de no hacerlo, se procederá conforme a los artículos 155 y 156 de esta ley." 30. De los artículos reproducidos deriva, en lo que interesa en este asunto, lo siguiente:  Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberán ser cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes.  Las demás autoridades del Estado de Quintana Roo están obligadas a prestar auxilio al tribunal para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello.  El tribunal podrá imponer multas hasta de tres mil pesos, para hacer cumplir sus determinaciones.  El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; para lo cual dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.  El tribunal dictará auto de ejecución, cuando se le pida, comisionando un actuario para que, acompañado de la parte demandante, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera el cumplimiento del laudo. 31. Por otra parte, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, en sus artículos 160 bis, 160 ter, 161 y 162, invocados por el Tribunal Colegiado contendiente, dispone: (Adicionado, D.O. 4 de mayo de 2011) "Artículo 160 bis. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer las mismas sanciones a que hace referencia el artículo 157 de esta ley." (Adicionado, D.O. 4 de mayo de 2011) "Artículo 160 ter. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda; para lo cual el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios girará el oficio correspondiente. La secretaría aludida informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro." (Reformado, D.O. 4 de mayo de 2011) "Artículo 161. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan." "Artículo 162. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos es esta propia ley." 32. De los numerales transcritos sobresale lo siguiente:  El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios podrá imponer las mismas sanciones previstas en el artículo 157,(2) para hacer cumplir sus determinaciones.  Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda  El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan.  El tribunal despachará auto de ejecución, cuando se le pida, comisionando a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera el cumplimiento de la resolución. 33. Como puede observarse, las legislaciones burocráticas de los Estados de Quintana Roo y Yucatán, desarrollan en similares términos el procedimiento que deberán seguir los tribunales de trabajo respectivos, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. 34. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, conforme a lo previsto en las legislaciones en comento, sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. 35. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 112/2008-SS, en sesión de diez de septiembre de dos mil ocho, esta Segunda Sala interpretó el contenido de los artículos 147, 148, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,(3) en el sentido de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa. 36. El anterior criterio se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.-El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la ley burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ??A??????????????A???????????? ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa." (Jurisprudencia 2a./J. 133/2008, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227 del Tomo XXVIII, septiembre de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número de Registro IUS: 168880) 37. Conforme al criterio indicado y teniendo en cuenta que las legislaciones burocráticas estatales de Quintana Roo y Yucatán contienen, en esencia, normas jurídicas similares a efecto de conseguir el cumplimiento de los laudos, como la facultad para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. 38. Entonces, puede concluirse que los tribunales burocráticos estatales de Quintana Roo y Yucatán, al igual que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y conforme a la normativa que los rige, cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos y no únicamente la multa. 39. Siendo ésa la lógica de las normativas del Estado de Quintana Roo y Yucatán, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. 40. Es decir que, desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. 41. Consecuentemente, el incumplimiento por parte de los Ayuntamientos de los Estados de Quintana Roo y Yucatán a un laudo dictado en su contra no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo,(4) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. 42. Similar criterio sostuvo esta Segunda Sala al resolver, por unanimidad de cinco votos, la diversa contradicción de tesis 425/2013, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil catorce". En lo que aquí interesa, consideró que: I) De un análisis al sistema normativo previsto en distintas legislaciones, advirtió que las determinaciones debían ser cumplidas por las autoridades correspondientes. II) El Tribunal del conocimiento del litigio natural, tenía la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de las resoluciones que emitiera, para lo cual podía imponer multas y las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio fueran procedentes para lograrlo; es decir, aquél contaba con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento pretendido y no solamente la multa. III) Resultaba inconcuso que el incumplimiento por parte de la autoridad a una determinación podía ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento respectivo; o sea, que la autoridad requerida no actuaba en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino uno de coordinación. IV) Consecuentemente, la omisión de las autoridades requeridas en cumplir con alguna determinación emitida por un órgano jurisdiccional no constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora, el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece: [se omite transcripción] saber, en lo que aquí interesa, que los jueces del Estado de Jalisco al emitir alguna resolución, pueden imponer la multa, el auxilio de la fuerza pública, y la privación de la libertad hasta por treinta y seis horas, como medidas de apremio a fin de asegurar el cumplimiento de aquéllas. Ahora bien, a fin de advertir si en el caso es dable atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, todos en Materia Civil de Primera Instancia en el Vigesimoséptimo partido judicial con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, debe verificarse la naturaleza del acto reclamado; mismo, que consistió en la omisión de diligenciación de un exhorto originado en un juicio civil ordinario. De lo anteriormente considerado, se evidencia que entre la parte quejosa y la citada autoridad responsable existe una relación de coordinación no así una de supra a subordinación, pues la omisión reclamada acaeció en el procedimiento respectivo; lo anterior es así, ya que el Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales (multa, el auxilio de la fuerza pública, y la privación de la libertad hasta por treinta y seis horas) para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus resoluciones. En consecuencia, al actualizarse las hipótesis de improcedencia previstas en la fracción XXIII del numeral 61, y este último a su vez con el 1°, fracción I, y 5°, fracción I, así como la causa prevista en el artículo 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo. En razón de la certificación de cuenta se tienen como autorizados de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quienes señala, por así haberlo solicitado la parte promovente y en razón de que cuentan con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho y como autorizada en los términos restringidos de los artículos 12, segunda parte, y 24, párrafo segundo, de la citada legislación al resto de las personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente, y por no contar con el citado registro. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Luego, respecto a la solicitud del uso de medios electrónicos y digitales en el presente asunto, dígasele que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el juicio de amparo se impongan del contenido de los acuerdos dictados en el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, dejando constancia en autos de la reproducción realizada. Dígasele al promovente que el uso que den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Se exhorta todas a las partes, para que si les es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir que procuren actuar en la presente contienda, utilizando de los medios electrónicos proporcionados por el portal citado, igualmente como método eficaz para evitar la propagación del virus que asola a la nación. Luego, como lo prevé el "Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes", se les invita a las partes a que a continuar con la tramitación de esta contienda mediante el esquema denominado "juicio en línea", y para tal efecto, es necesario utilizar los medios electrónicos disponibles del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; esto es que realicen las gestiones necesarias para que soliciten la consulta del expediente electrónico, así como notificaciones por esa misma vía. Adicionalmente, para comunicaciones no procesales y entablar contacto de manera expedita con las personas justiciables, si así lo desean, podrán proporcionar "correos electrónicos"; y "servicios de mensajería instantánea", cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones así como la sentencia que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se emitan se publicarán sin supresión de datos.

  3. Principal

    Visto el escrito que remite por la vía electrónica el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista conferida en acuerdo de veintiuno de julio pasado, remitiendo para tal efecto los documentos relativos al plano del solar materia de reclamo, con el respectivo cuadro de construcción; agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. Con lo allegado, córrase traslado al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita dicha información a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica de dicho órgano, para efecto de que dicha autoridad esté en aptitud de cumplimentar el fallo protector, a saber: Se actualice el mosaico catastral por lo que ve a la superficie que ampara el lote del solar...; y expida el título de propiedad agrario en favor de la parte actora ordenado mediante sentencia de veinte de abril de dos mil dieciocho. Bajo apercibimiento que de no acatar lo anterior en el lapso indicado sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $9,622.00 (nueve ml seiscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y además se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Hágasele saber al citado ente, que con fundamento en el segundo párrafo de artículo 193 de la ley de la materia que el incumplimiento de una ejecutoria implica no sólo la falta de actos tendentes a acatarla, sino también el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; e igualmente que el cumplimiento extemporáneo de forma injustificada, no la exime de responsabilidad; pero será considerado como atenuante al imponer la sanción penal, como lo señala el artículo 195 de la Ley de Amparo.

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