Mariana de Jesús Solorio Valdovinos

Expediente 711/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
711/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/09/2016

Partes del expediente

  • Mariana de Jesús Solorio Valdovinos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, se le tiene remitiendo diligenciado el exhorto del índice de ese órgano jurisdiccional, del que se advierte se notificó a la quejosa... Sin que haya lugar a dictar mayor proveído... visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que la promovente del amparo no interpuso recurso de queja, en contra del auto de diez de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de garantías que motivó la instauración del presente cuaderno; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO... envíese al archivo...

  2. Principal

    Agréguese a los autos la comparecencia de la quejosa Mariana de Jesús Solorio Valdovinos, de nueve de agosto del dos mil dieciséis, mediante la cual ratifica la firma y contenido del escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiséis de julio del presente año (fojas 128 a 130); en atención a su contenido, se le tiene desahogando la prevención ordenada por auto de dos de agosto del año que transcurre (fojas 143 a 145); por señalando el acto que reclama de cada una de las autoridades responsables indicadas en su escrito inicial de demanda, y exhibiendo catorce copias de dicho ocurso. Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la peticionaria señala como acto reclamado, los siguientes: ... De acuerdo al criterio jurisprudencial invocado, a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica a los promoventes del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufren con motivo del acto reclamado. En consecuencia, si la quejosa reclama de las autoridades responsables la falta de notificación del posible sometimiento a la evaluación de desempeño docente, así como el proceso para aplicar las sanciones estipuladas en la Ley General del Servicio Docente; se trata de un acto que no le irroga ningún perjuicio. Lo anterior es así, si se toma en cuenta, según se obtiene de los preceptos legales de la Ley General del Servicio Docente, la citada evaluación, no constituye una evaluación única, sino que se establecen diversas etapas y que por tanto tendrán la oportunidad de regularizar el nivel de desempeño que requiere el ejercicio de su función, en caso de que se advierta insuficiencia por parte de las autoridades educativas que realizan la revisión. Ello si se atiende que entre los dispositivos de la ley invocada, destaca los siguientes: "Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto." "Artículo 53. ... .. En consecuencia, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Entonces, es claro que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°,fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, respecto a la falta de notificación a la evaluación de desempeño docente y, en su caso, el eventual procedimiento sancionador; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Mismo criterio sustento el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja número 5/2016, en el que expuso: ".lo que es así, pues efectivamente, como se precisó en la determinación impugnada, la programación de la evaluación a la que pudiera ser sometida la parte quejosa, por el momento no le depara ningún perjuicio, porque tal determinación, cese o conclusión de su nombramiento (que califica como derecho adquirido) dependerá de que no apruebe tres evaluaciones consecutivas o que incumpla con las obligaciones que establece el artículo 69, de la Ley del Servicio Profesional Docente, este último determinado exclusivamente por su libre albedrío, de tal suerte que no será hasta que se le aplique alguna sanción en que los actos reclamados le depararán perjuicio, caso en el cual podrá reclamar los parámetros utilizados para practicar las evaluaciones correspondientes; de ahí lo infundado de su planteamiento." En ese orden de ideas, el desechamiento decretado en relación a los actos consistentes en la promulgación, aprobación, expedición, refrendo y ejecución, los artículos 3, 73, y artículos transitorios del Decreto de Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, es decir, la Ley General del Servicio Profesional Docente, toda vez que no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley por sí sola, considerada en abstracta. En otras palabras, la vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, y al ser improcedente la demanda de amparo respecto del acto de la falta de notificación del sometimiento a la evaluación docente debe también decretarse el desechamiento respecto del ordenamiento en que se apoya. ... Ya que sí se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; es decir, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, que no quepa duda alguna de que se actualiza la misma. ... Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de agosto del año en curso, notifico a la quejosa MARIANA DE JESÚS SOLORIO VALDOVINOS, el proveído de diez de agosto del año en curso, mediante lista publicada en los estrados del juzgado de mi adscripción, en razón de haberlos señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 187, signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Azueta, Guerrero, encargado del despacho por Ministerio de Ley, por vacaciones de la Juez; en atención a su contenido, se le tiene devolviendo diligenciado el despacho número 118/2016-I, con número de orden 869/2016-I, del índice de este juzgado, el cual fue enviado a fin de que se notificara a la promovente Mariana de Jesús Solorio Valdovinos, el proveído de once de julio del dos mil dieciséis; en consecuencia, dése de baja en el libro de gobierno y acúsese recibo de estilo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de veintisiete de julio del año en curso, se tuvo por recibido el escrito signado por la quejosa de referencia, registrado con el número 12754, y se reservó proveer hasta en tanto se tuviera por recibida la citada comunicación oficial. Ahora, en atención a dicho ocurso toda vez que la firma que lo calza a simple apreciación visual, es notoriamente distinta a la estampada en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele para que en el término de tres días siguientes a su notificación, comparezca ante este Juzgado Federal previa identificación con documento oficial (credencial de elector con fotografía, pasaporte, u otro similar), a ratificar el escrito que se provee, y en su caso, reconocer la referida firma, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el citado ocurso, advirtiéndole además de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, que en lo conducente textualmente dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Notifíquese personalmente a la promovente. En cumplimiento a lo ordenado en líneas que anteceden, notifico a la quejosa MARIANA DE JESÚS SOLORIO VALDOVINOS, el contenido del provéido que precede, mediante lista públicada en los estrados del juzgado de mi adscripción en razón de haberlos señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones.

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por la promovente Mariana de Jesús Solorio Valdovinos en atención a su contenido resérvese a proveer lo que en derecho corresponda, una vez que obre en autos el despacho 118/2016-I, con numero de orden 869/2016-I, enviado al Juez Mixto de Paz con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, a fin de determinar si la ocursante se encuentra desahogando en tiempo la prevención de once de julio del año en curso

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