Mariana Citlaly García Flores y Otros.

Expediente 700/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
700/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Mariana Citlaly García Flores y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz devuelve el juicio de amparo... remite copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja... de la que se advierte que declaró infundada la queja interpuesta en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo; acúsese recibo.... archívese este asunto como concluido....

  2. Principal

    La parte quejosa interpone recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo.... dese trámite al citado recurso.... ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO.... envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz para la substanciación del medio de impugnación...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: *** promueven juicio de amparo en representación de su menor hijo de iniciales P.J.P.G (de quien se omite su nombre en atención del interés superior del mismo) contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en Ciudad de México; en consecuencia, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 700/2018 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con 107 fracción I, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA De los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se observa que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, reconocidos en la Constitución, ya sea a través de un interés jurídico o legítimo. El artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, rige en cuanto a la causa de improcedencia del juicio de amparo en relación con la falta de interés jurídico, correspondiendo al juzgador de Distrito determinar en cada caso, la naturaleza de la relación jurídica del quejoso en los litigios sometidos a su jurisdicción, con el fin de determinar si es necesario acreditar un interés jurídico o legítimo, atendiendo a la vulneración de los derechos humanos alegada respecto del sistema jurídico del citado quejoso. Se destaca que el interés jurídico es el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, que transgrede un derecho subjetivo protegido por alguna norma, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general en atención a su propia naturaleza; esto es, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (autoaplicativas), es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los artículos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Es decir, que por su sola expedición y por los actos relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que debe llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, esto es, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; es decir, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, con base en los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese orden, se establece que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita el amparo, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 198200 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Julio de 1997 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 55/97 Página: 5 LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. HECHOS Del escrito de demanda se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: El treinta de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, se declaró vedado, por tiempo indefinido el otorgamiento de concesiones para aprovechar aguas del río Actopan y de los afluentes y subafluentes que constituyen su cuenca tributaria. El siete de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación del Distrito Nacional de Riego de Actopan y se declaró de utilidad pública la construcción de obras hidráulicas para el aprovechamiento de aguas del río Actopan, en el Estado de Veracruz. El seis de junio de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se suprimen las zonas de veda vigentes en las cuencas hidrológicas río Actopan y río la Antigua, pertenecientes a la Subregión Hidrológica Papaloapan A, de la Región Hidrológica número veintiocho Papaloapan; lo cual constituye el acto reclamado en este asunto. Cabe destacar que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó que en el artículo segundo se estableció que se declaraban de utilidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos superficiales a partir de las cuencas hidrológicos en el territorio nacional y el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales superficiales; asimismo, se estableció la zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para destinarse a los usos doméstico y púbico urbano en las cuencas hidrológicas río Actopan y río la Antigua. Por su parte, en el artículo tercero de dicho decreto reclamado se estableció que quien se encontrara facultado para ser titular de una asignación y requiera del uso de las aguas nacionales superficiales en los términos de la reserva parcial que se establecieron en el artículo segundo de dicho decreto, deberán solicitar a la Comisión Nacional del Agua el otorgamiento de la asignación respectiva. Además, la parte quejosa indicó que el decreto precisado lo reclama en su carácter de norma autoaplicativa y que podría aplicarse en cualquier momento en perjuicio de su menor hijo, sin que éste tenga la posibilidad de actuación legal alguna que le impida el otorgamiento de la concesión respectiva a quien la solicite, con lo cual se afectaría su derecho a la dignidad humana, a la vida, a la salud y la educación. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es improcedente, pues la naturaleza de la norma que reclama, no es autoaplicativa, sino heteroaplicativa; por consiguiente, el perjuicio que en su caso pueda ocasionarse a la parte quejosa, requiere del cumplimiento de una determinada condición, es decir, de un acto posterior de aplicación, en este caso, la concesión a alguna persona para el aprovechamiento del agua en las zonas relativas, por lo que el probable perjuicio que de manera eventual podría resentir en su esfera de derechos se va a materializar una vez que cualquier solicitante de una concesión del uso del agua se presente ante la Comisión Nacional del Agua y obtengas ese derecho. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** debido a que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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