Mariana Castillo Castro
Expediente 736/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mariana Castillo Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
* Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia del auto de diecisiete de junio del año en curso, en el cual cierra la instrucción en el juicio laboral de origen 320/2014, constancia que podrá ser relacionada al momento de que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado de los autos, y la certificación secretarial de cuenta, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación al cumplimiento del presente juicio de amparo, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, el que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la ejecutoria. El seis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 52 a 57), se emitió la sentencia correspondiente al presente juicio de amparo, consecuentemente en proveído de dos de octubre de dos mil dieciocho (fojas 71 a 73) causó ejecutoria la sentencia derivada del presente juicio la cual concedió el amparo a Mariana Castillo Castro para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Dictara todas las providencias, apercibimientos o sanciones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecidas por la parte demandada, admitidas en el juicio laboral 320/2014. Remitiera constancias sobre la vista otorgada a la parte demandada sobre las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora para demostrar la mala fe de la reinstalación y se pronuncie sobre la misma. Remitiera constancias sobre el desahogo de la prueba inspeccional ofrecida por la parte actora misma que se señaló a las trece horas con treinta minutos del día treinta y uno de agosto del presente año. Emitiera una determinación final, en relación con el desahogo de las pruebas. II. Trámites de la responsable. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, informó lo siguiente: Por oficio 9285/2018 (foja 86), envió copia certificada del proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral de origen 320/2014 en el que proveyó lo referente al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora misma que señaló las trece horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 88). Mediante oficio 857/2019 (foja 117), envió la constancia relativa al desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte atora (fojas 115 a 116). Con el oficio 11028/2018 (foja 98), hizo llegar copia certificada del acuerdo de seis de agosto de dos mil dieciocho, emitido el juicio laboral de origen, en el cual se pronunció sobre la vista otorgada a la parte demandada sobre las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora para demostrar la mala fe de la reinstalación (foja 99) y el ocho de octubre del año próximo pasado, se pronuncie sobre las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora (foja 78). Por acuerdo de once de junio del año en curso, declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio laboral 320/2014 y al no haber pruebas pendientes por desahogar ni diligencia que practicar en dicho asunto dio un término de tres días a las partes para que formularan sus alegatos (foja 192). Con el oficio de cuenta, envió el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el que cerró la instrucción en el juicio laboral 320/2014. III. Verificación del cumplimiento. De las actuaciones remitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se conoce que la responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, puesto que realizó lo ordenado en el fallo federal esto es: Dictó todas las providencias, apercibimientos o sanciones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecidas por la parte demandada, admitida en el juicio laboral 320/2014, sin embargo el once de junio de dos mil diecinueve, dicha prueba fue declarada desierta por las razones expuestas por la autoridad laboral (foja 192). Remitió las constancias respectivas sobre la vista otorgada a la parte demandada con las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora para demostrar la mala fe de la reinstalación y se pronuncie sobre la misma (fojas 78 y 99). Envió las constancias sobre el desahogo de la prueba inspección ofrecida por la parte actora, misma que en un principio señaló las trece horas con treinta minutos del día treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, sin que se desahogara en dicha fecha, para lo cual señaló nueva fecha misma que fue desahogada el siete de noviembre del año próximo pasado (fojas 115 a 116); Y por lo que hace a que emitiera una determinación final, en relación con el desahogo de las pruebas en el juicio de origen, dictó los autos de once y diecisiete de junio de la presente anualidad, en los que en el primero de los citados acordó que al no haber pruebas pendientes por desahogar ni diligencia que practicar en autos del juicio laboral de trato se daba un término de tres días a las partes para formular sus respectivos alegatos y en el auto de diecisiete del mes y año en curso cerró la instrucción (fojas 192 y 198). IV. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Por tanto, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina; De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ahora bien, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; tampoco obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. *
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por medio del cual desahoga el requerimiento de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 150 a 156), para lo cual remite las constancias respectivas de actuaciones realizadas en el juicio laboral 320/2014, en cumplimiento a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancias mencionadas, dese vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto.
- Principal
Glósese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual informa los trámites que se encuentra realizando dentro del expediente laboral de origen 320/2014, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. De lo que se toma conocimiento.
- Principal
Visto el estado jurídico procesal de los autos del presente juicio de amparo, del que se aprecia que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado Federal mediante auto de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 133 a 135). Ahora bien, cabe precisar lo siguiente: El dos de octubre de dos mil dieciocho (fojas 71 a 73), se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva emitida en autos, y a su vez se requirió por primera ocasión a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su titular el cumplimiento de dicho fallo amparador, mismo que en sus efectos se precisó: "[.] Dicte todas las providencias, apercibimientos o sanciones necesarias para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecidas por la parte demandada, admitidas en el juicio laboral 320/2014. Remita constancias sobre la vista otorgada a la parte demandada sobre las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora para demostrar la mala fe de la reinstalación y se pronuncie sobre la misma. Remita constancias sobre el desahogo de la prueba inspeccional ofrecida por la parte actora misma que se señaló a las trece horas con treinta minutos del día treinta y uno de agosto del presente año. Emita una determinación final, en relación con el desahogo de las pruebas." En acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciocho (fojas 79 a 82), se determinó que la autoridad responsable cumplía con el fallo federal parcialmente ya que lo único que realizó fue mediante proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral de origen 320/2014 proveer lo referente al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada y pronunciarse sobre las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora para demostrar la mala fe de la reinstalación. Sin embargo, no remite constancias con las que acreditara los puntos dos, tres y cuatro indicados en el fallo federal, es decir lo relativo a las constancias respectivas sobre la vista otorgada a la parte demandada sobre las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora para demostrar la mala fe de la reinstalación; así como las relativas al desahogo de la prueba inspeccional ofrecida por la parte actora, ni la determinación final, en relación con el desahogo de las pruebas. La autoridad responsable, a fin de cumplir en su totalidad con la ejecutoria de amparo, remitió lo siguiente: Copias certificadas dl auto de diez de enero de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 320/2014, en el proveyó respecto al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el demandado, la cual no fue desahogada por las razones expuesta en dicho acuerdo, por lo que ordenó enviar exhorto de nueva cuenta al Juez Mixto de Paz de Ayutla de Los Libres, Guerrero, para el desahogo de dicha prueba y tuvo por desahogadas las pruebas de inspección ofrecidas por las partes (foja 114). Asimismo envió copias certificadas del desahogo de la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte actora de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 115). Por oficio 974/2019, envió el auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, con firmas autógrafas emitido en el juicio laboral 320/2014, en el que giró exhorto al Juez Mixto de Ayutla de los Libres, Guerrero, a fin de que en auxilio a dicho tribunal señalara fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por la parte demandada con cargo a Ernesto Chávez García, Miguel Ángel Ramírez Soto y Rutilo Castrejón Legideño; así mismo, acordó que la prueba testimonial antes citada es la única prueba pendiente por desahogar en el mencionado juicio laboral (fojas 128 a 129). En auto de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 133 a 135), se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que realizaran lo siguiente y cumplieran con la ejecutoria de amparo: Remitiera las constancias con las que acreditara que había desahogado la prueba testimonial, ofrecidas por la parte demandada, en el juicio laboral 320/2014. Así como las relativas a la determinación final emitida, en relación con el desahogo de las pruebas en el juicio laboral 320/2014. La autoridad responsable en cumplimiento al citado requerimiento (dos de mayo de dos mil diecinueve), por oficio 4525/2019, envió con firmas autógrafas el auto de ocho de mayo del año en curso, emitido en el juico de origen, en el que ordena girara oficio recordatorio al Juez Mixto de Paz de Ayutla de los Libres, Guerrero, a fin de que envié las constancias relativas al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada o en su caso informara el impedimento legal que tuviera para ello (fojas 139 a 141). De lo antes narrado, se advierte que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, han sido omisa en acatar lo ordenado por este órgano jurisdiccional, es decir, a la presente data no acredita haber desahogado la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, en el juicio laboral 320/2014, así como tampoco ha remitido las constancias referentes a la determinación final emitida, en relación con el desahogo de las pruebas en el juicio citado juicio laboral. Puesto que la autoridad laboral sólo demuestra que ha girado diversos oficios recordatorios al Juez Mixto de Paz de Ayutla de los Libres, Guerrero, a fin de que envié las constancias relativas al desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada; sin embargo, esto no ha generado un avance sustancial pues aún continúa sin desahogar dicha prueba y sin pronunciarse respeto a la determinación final en relación al desahogo de pruebas del juicio de origen, pese a que el término de diez días que les fue otorgado, feneció, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En mérito a lo anterior, y dado que el tribunal obrero, no acredita el cumplimiento total del fallo protector, ni haber realizado actos procesales tendentes a lograr dicho cumplimiento, ello, en razón de lo asentado en párrafos que preceden; se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de dos de octubre de dos mil dieciocho (fojas 71 a 73), y con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se impone a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero o, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). Por tanto, a efecto de hacer efectiva la multa impuesta, envíese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", para que a través del procedimiento económico coactivo, haga efectiva la multa impuesta a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con domicilio en Avenida Juárez sin número esquina con Quintana Roo, planta baja del edificio Vicente Guerrero, colonia Centro, en esta ciudad capital y a Tulio Samuel Pérez Calvo, en la inteligencia de que los datos personales asentados en el presente acuerdo, son todos los datos con que se cuenta en el presente juicio de amparo. Al respecto, se destaca que los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, prevén la facultad de los tribunales para emplear medidas de apremio, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, otorga a la autoridad jurisdiccional la facultad de imponer, entre otras medidas, multa de cien hasta mil unidades de medida y actualización. Las medidas de apremio resultan ser el conjunto de instrumentos jurídicos a través de los cuales el juez o tribunal pueden hacer cumplir coactivamente sus resoluciones, traducidas ellas como la facultad coercitiva que caracteriza a todo órgano jurisdiccional, pues, a través de éstas el juez hace valer su autoridad con el fin de que se cumplan en sus términos las diversas determinaciones libradas por el propio juez o tribunal e implica que el destinatario esté obligado a cumplir o a observar lo ordenado por esa autoridad, de tal suerte, si estos medios de apremio no existieran o no fueren eficaces, los obligados fácilmente podrían evadir el cumplimiento de los mandatos de la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.59/2014 (10ª), con número de registro 2007911, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, libro 12, noviembre de 2014, visible en la página 5, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo".192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL. Plazo adicional después de la multa, antes de iniciar el incidente de inejecución de sentencia. Ahora bien, siguiendo el procedimiento de ejecución que marca la jurisprudencia P./J.54/2014, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." (Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, dentro del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19) Este órgano jurisdiccional considera otorgar otro plazo razonable en aras de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Entonces, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente, Bernardo Ortega León, para que dentro del plazo de diez días contados a partir de que tengan conocimiento del presente proveído, realice lo siguiente: Remita las constancias con las que acredite que ha desahogado la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, en el juicio laboral 320/2014. Así como las relativas a la determinación final emitida, en relación con el desahogo de las pruebas en el juicio laboral 320/2014. En el entendido que dentro del plazo antes mencionado (diez días hábiles), deberá realizar todas las actuaciones inherentes, con el fin de lograr cabalmente el cumplimiento del fallo que concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, lo que deberá acreditar ante este órgano jurisdiccional con las constancias relativas que así lo hicieron. Se apercibe al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, que de no cumplimiento a lo requerido, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en turno para el trámite del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, como lo prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios.
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