Mariana Alejandra Carbajal Contreras
Expediente 1119/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Mariana Alejandra Carbajal Contreras
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ************; por tal motivo, queda firme el proveído mencionado, para los efectos legales correspondientes. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y archívese como asunto totalmente concluido. Por otro lado, se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de destrucción a partir del dos de marzo de dos mil veinticinco, en virtud de encontrarse en la hipótesis del artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En términos del capítulo quinto, al artículo 15 del citado Acuerdo General, se determina que el presente juicio no es de relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como se precisó en la certificación que antecede.
- Principal
personal quejosa
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL AVISO DE 15 FEBRERO DE 2022 SE NOTIFICA POR LISTA LA DETERMINACION SIGUIENTE: Mexicali, Baja California, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no desahogó la prevención impuesta en auto de quince de octubre del año en curso, no obstante que transcurrió en exceso el término otorgado para ello, por lo cual, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído debiendo continuarse el presente juicio únicamente respecto de la autoridad responsable y el acto reclamado destacado en la demanda de amparo. -Desechamientomanuel Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley AMPARO de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los?????????????? escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia." En ese tenor, cabe señalar que de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV Constitucional, por los motivos que a continuación se exponen. Del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es: ".el INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN de fecha 28 DE JULIO DEL 2021 con número de expediente CHJ/PR/120/2021.". Al respecto, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso ?????????????? o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Es así que contra actos distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, deba observarse el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Para ello, se establece como requisito indispensable que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la referida ley de la materia. Sin embargo, la citada regla admite excepciones, lo que tornaría procedente la vía indirecta, sin necesidad de agotar el medio ordinario de defensa, a saber: 1) Cuando el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación; 2) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o; 3) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso particular, Mariana Alejandra Carbajal Contreras reclama el auto de inicio del procedimiento de remoción de veintiocho de julio de dos mil veintiuno con número de expediente CHJ/PR/120/2021 dictado por la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali en su contra. No obstante, contra dicha determinación procede el juicio contencioso administrativo, dado que la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali, es un organismo desconcentrado de la administración pública municipal, es decir, es una autoridad administrativa, distinta a un Tribunal judicial, administrativo o del trabajo. El juicio contencioso administrativo, representa el medio ordinario para revocar, modificar o anular actos o resoluciones dictados por la autoridad administrativa; así lo establece el artículo 26 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California: "ARTÍCULO 26. Los Juzgados de Primera Instancia del Tribunal son competentes para conocer manuel alejandro valero ortiz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7b.f2 14/04/24 14:41:08 7 ??????????????? de los juicios que se promuevan contra los actos o resoluciones definitivas siguientes: I. Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares; II. Los de naturaleza fiscal emanados de Autoridades Fiscales Estatales, Municipales o de sus Organismos Fiscales Autónomos, que causen agravio a los particulares; III. Los que versen sobre pensiones y jubilaciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California; IV. Los dictados conforme a otras leyes que le otorguen competencia al Tribunal; V. Los que se emitan con motivo de la aplicación de la Ley del Notariado para el Estado de Baja California. En estos casos, el Órgano de Primera Instancia instruirá el procedimiento especial previsto en la Ley del Notariado para el Estado de Baja California, dictando la resolución de primera instancia. VI. Las que se susciten entre los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado de Baja California y las Dependencias de la Administración Pública Centralizada Estatal o Municipal, con motivo de la prestación de sus servicios, distintas a las previstas en el artículo 27, fracción II, incisos a) y b); VII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; y, VIII. Las demás que determine el Pleno. Los Juzgados de Primera Instancia del Tribunal conocerán por razón de territorio, respecto de los juicios que promuevan los particulares o las autoridades, con domicilio en su circunscripción territorial." De ahí que el juicio contencioso administrativo procede contra los actos administrativos de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali; además, el artículo 109 de la Ley del manuel alejandro valero ortiz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7b.f2 14/04/24 14:41:08 8 Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, prevé que la sentencia podrá reconocer la validez, declarar la nulidad o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. En cuanto a los requisitos para la suspensión, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, no impone mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para el otorgamiento de la suspensión definitiva. En efecto, los artículos 77 al 86 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, disponen que la solicitud de suspensión del acto impugnado, debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; asimismo, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. De igual manera, en materia de contribuciones aprovechamientos y otros créditos fiscales, contempla la concesión de la suspensión siempre que se haya constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos. Incluso, dicha ley establece que cuando la suspensión pudiera causar daños y perjuicios a terceros, la suspensión se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause; y en los casos en que la posible afectación no sea estimable en dinero, el Tribunal la fijará discrecionalmente la garantía. Para evidenciar lo anterior es preciso conocer el contenido literal de dichos numerales: "ARTÍCULO 77. La suspensión se tramitará en cuaderno por separado y por duplicado. La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse dentro de las ????????????? veinticuatro horas siguientes a su solicitud, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede. Al resolverse la suspensión provisional se requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, que deberá rendirse en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, se resolverá la suspensión definitiva, dentro de los cinco días siguientes. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En el cuaderno de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documentales y de inspección judicial. ARTÍCULO 78. La suspensión podrá solicitarla el demandante en la demanda o en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular, o cuando atendiendo a la naturaleza del acto reclamado sea jurídica y materialmente posible. ARTÍCULO 79. La suspensión definitiva podrá ser revocada en cualquier momento del juicio si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó. ARTÍCULO 80. No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. ARTÍCULO 81. Cuando los actos materia de impugnación, hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, los Órganos de Primera Instancia podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes, para preservar el medio de subsistencia del quejoso. Las medidas cautelares que dicten, no serán impugnables en procedimiento. ARTÍCULO 82. Cuando el acto impugnado verse sobre determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse la suspensión, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, o en su caso, si se acredita que la garantía le fue dispensada por dichas autoridades. Surtirá efectos la suspensión sin otorgamiento de garantía del interés fiscal a juicio del Tribunal, siempre que el demandante acredite ser persona de escasos recursos económicos o que el crédito fiscal impugnado no rebase el equivalente a doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En el supuesto de que se impugnaren diversos créditos en un sólo juicio, si la suma de éstos excede el equivalente señalado, el demandante deberá garantizar el interés fiscal, para que subsista la suspensión obtenida previamente. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los casos siguientes: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del demandante; y, III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. ARTÍCULO 83. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables en dinero, el ????????????? Órgano de Primera Instancia fijará discrecionalmente el importe de la garantía. ARTÍCULO 84. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero otorga a su vez, caución bastante para restituirlas cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al demandante, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, en el caso del párrafo anterior, deberá cubrir el costo de la que hubiere otorgado el demandante. ARTÍCULO 85. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el demandante no otorga la garantía y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades demandadas, las que podrán ejecutar el acto impugnado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el demandante podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. ARTÍCULO 86. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia; se dará vista con la solicitud a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda.". Ahora, la Ley de Amparo, respecto a los requisitos para la suspensión, impone que la solicite el quejoso, que no siga en perjuicio el interés social ni contravenga disposiciones del orden público; además, en los casos en que con el otorgamiento de la suspensión, pudiera generar daños o perjuicios, el quejoso deberá otorgar garantía y en materia fiscal la concesión de la suspensión siempre que se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos. Lo anterior, se advierte de los numerales 128, 132 y 135 de la citada Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; ?????????????? II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." De ahí que, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, prevé expresamente la procedencia de la suspensión de los actos impugnados en el juicio administrativo, sin exigir mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para la otorgar la suspensión provisional o definitiva. Lo expuesto, se corrobora, por las consideraciones que la conforma, con la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, Página: 1470, registro: 2004254, con rubro y texto: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". Así como la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.) que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, Página: 1470, registro: 2004254, que dispone lo siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 24 2a./J. 130/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Materia Común, Página: ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los ????????????? requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad". Por ende, con la interposición del juicio contencioso administrativo, era viable que Mariana Alejandra Carbajal Contreras, obtuviera la suspensión del acto impugnado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder dicha suspensión. Ahora bien, en cuanto al tiempo para preverse respecto a la suspensión del acto, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Administrativo establece plazo similar al que la Ley de Amparo impone para decretar la suspensión provisional, como a continuación se ejemplifica: En las relatadas consideraciones, es ineludible que en el caso se actualiza la causal de improcedencia inmersa en el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; Por tanto, se desecha la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé el artículo 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el precepto 113 de la legislación en consulta.
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