Marian Machado Leiva

Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Marian Machado Leiva

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó´ en el presente juicio, ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, envíese al archivo. Por ello, conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y del artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, carece de relevancia documental y es susceptible de depuración, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado, ello, en virtud, de que en once de noviembre de este año, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ahí precisados. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias secretarial y actuarial que anteceden de la que se advierte que los agraviados Marian Machado Leiva, Orlis Matos Pereira y Yovalis Escalona Penedo, ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por Juan Luis Alberto Entebi Hernández. Admisión de la demanda. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite en los términos planteados la demanda que promueve Marian Machado Leiva, Orlis Matos Pereira y Yovalis Escalona Penedo, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Incidente de suspensión Sin que sea caso tramitar el incidente de suspensión, ya que por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las once horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Ministerio Público Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informes justificados Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remitan fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se reclaman, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisas, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Solicítese a las responsables, indiquen al rendir su informe con justificación, si tienen conocimiento de algún juicio de amparo relacionado con el acto aquí reclamado, esto es, que haya sido promovido por los mismos quejosos o derivado del procedimiento de origen. De conformidad con lo establecido en el dispositivo 64, párrafo primero, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes informen oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado o la actualización de alguna causal de sobreseimiento. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado. En atención a las manifestaciones asentadas en la constancia actuarial de cuenta, se tiene a los quejosos señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional; además, autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como lo solicitan los quejosos se autoriza el acceso al expediente electrónico, bajo el usuario "ABOGADOFEDERAL73". Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "ABOGADOFEDERAL73", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, se les tiene proporcionando dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil a fin de establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional. En otro orden, agréguese a los autos el escrito signado por Juan Luis Alberto Entebi Hernández, mediante el cual refiere que es deseo del quejoso desistirse de la demanda de amparo que dio origen al presente al juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. En ese contexto, previo a acordar lo que en derecho proceda respecto al contenido de dicho ocurso, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, ratifique el escrito recibido en esta data, de la manera siguiente: Ya sea ante el Actuario adscrito en el momento de su notificación; o bien, en caso de que el quejoso haya obtenido libertad de la Estación Migratoria de esta ciudad. Presentando un escrito firmado electrónicamente, con evidencia criptográfica en la que se aprecie el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual este órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a/J. 31/2021 (11ª), de la Undécima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 8, diciembre 2021, tomo II, visible a página 1533, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. O bien, en su caso, presentándose con identificación oficial ante este Juzgado a ratificar dicho ocurso. Asimismo, se hace del conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior y de no comparecer en la fecha y hora señalada, sin ulterior acuerdo se tendrá por no presentado el escrito de cuenta y se continuará con la tramitación del juicio en los términos inicialmente planteados. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Luis Alberto Entebi Hernández, en representación de los directamente agraviados Marian Machado Leiva, Orlis Matos Pereira y Yovalis Escalona Penedo, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 991/2022-C. Suspensión de plano. Ya que en el escrito inicial se señalan como actos reclamados destacados los siguientes: La ilegal privación de la libertad. Fijación de fianza para obtener la libertad. La orden de traslado, deportación y expulsión del país. Por tanto, se dará el trámite correspondiente a la referida demanda al encontrarse los actos que reclama dentro del supuesto contemplado por el artículo 15 de la Ley de Amparo. I. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DEPORTACIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en la retención de la parte quejosa con fines de deportación o expulsión, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria de los agraviados, a fin de velar por una protección más amplia para los impetrantes, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a Marian Machado Leiva, Orlis Matos Pereira y Yovalis Escalona Penedo, la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de los agraviados, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de los referidos agraviados Marian Machado Leiva, Orlis Matos Pereira y Yovalis Escalona Penedo, y queden a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estimen la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de los directamente agraviados. 4. Por tanto, en caso de que los referidos agraviados se encuentren en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad sujetos a un procedimiento migratorio, no deberán ser trasladados a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquéllos (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubica los extranjeros quejosos; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención de los directamente agraviados no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio, deberán ser puestos en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA ESTÁ SUJETA A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. 6. Se deberá dejar a los quejosos en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa 193/2022 de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo 559/2022 del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia de los directos agraviados queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. 7. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de los directos agraviados dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indicó que los quejosos se encuentran en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que los directamente agraviados, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentren sujetos a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso. En este sentido, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de las legislaciones internacionales conforme a los artículos 2 y 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 y 102 de la Ley de Migración y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas a protección internacional emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, a favor de Marian Machado Leiva, Orlis Matos Pereira y Yovalis Escalona Penedo, para el efecto de que cese el alojamiento de que son sujetos en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sean puestos en libertad -siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, bajo los siguientes parámetros y sin limitar las facultades reglamentarias de la propia autoridad. I.- Que los quejosos establezcan un domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán residiendo. II.- Que se comprometan a permanecer en este domicilio, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente. III.- Que se comprometan ante las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, a presentarse ante ellas, cuantas veces les sea exigido. IV.- Que se presenten en favor de los quejosos la solicitud con responsiva firmada por un garante (ya sea ciudadano mexicano u organización social mexicana). V.- Que dicho garante o representante legal, en caso de una persona moral, se presente ante las autoridades migratorias, y ratifique su aceptación. VI.- Que el garante además de satisfacer los requisitos que la propia normatividad que rija a las autoridades responsables exijan, acredite lo siguiente: a) Su nacionalidad Mexicana. b) No tener antecedentes penales. c) Residencia en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito o Tecate, que conforman este Distrito judicial, con una antigüedad mínima de un año anterior a la fecha en que ratifique la aceptación del cargo de garante. Para ello, deberá de presentar ante las propias autoridades responsables, la documentación del domicilio que acredite su estabilidad en el mismo en el periodo indicado. d) Informar y acreditar la realización de una actividad lícita y lucrativa estable, en un periodo no menor a un año, anterior a la aceptación de su cargo; o bien que cuenta con ingresos constantes y suficientes en el periodo indicado, que revelen su solvencia económica para fungir como aval durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo y el procedimiento ante la autoridad responsable. e) Que al aceptar el cargo, además de afirmar bajo protesta de decir verdad que se conduce con verdad, exprese que acepta el cargo sin ánimo de lucro y con fin altruista. f) Acredite que cuenta con un lugar amplio y digno, en el que se comprometa a dar alojamiento el directo quejoso, en el caso de que el domicilio que éstos señalen coincida con el que proporcione el quejoso. Todos los anteriores requisitos deberán ser acreditados ante la autoridad Migratoria. VII.- De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije a los directamente agraviados, no exceda de $15,000 pesos (quince mil pesos moneda nacional), -por cada uno- ello a fin de que pueda ser asequible para los promoventes del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demerito de su libertad. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, los impetrantes puedan acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirlos de presentarla; o en todo caso, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor de los quejosos y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma: lo cual deberá hacer saber de inmediato a este tribunal. En caso de que tras la liberación de los agraviados -por haber cumplido los requisitos señalados-, ellos o su garante moral incumplan o se sepa que incumplen alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." Además, la suspensión se concede para que en el caso de que la parte quejosa ejerza algún recurso en su defensa, la detención no supere los sesenta días. Lo anterior es así, ya que el artículo 111 de la citada ley dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. 7.1. Luego, en el supuesto de que los directos quejosos se encuentren en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a los quejosos, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que los quejosos al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que los directos agraviados queden a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. 7.2 En el entendido de que si la parte quejosa cumple con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración o si en su caso en su calidad de refugiadas cuentan con algún documento que les permita provisionalmente su legal estancia en el país, una vez que la autoridad migratoria se cerciore que efectivamente los directos quejosos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, deberán ser puestos en libertad. Con la precisión de que dicha medida cautelar no surte efectos si en contra del directamente agraviado se hubiere emitido una alerta migratoria, al vincularse con el rubro de seguridad nacional. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: - Qué calidad migratoria tienen los mencionados agraviados. - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentren sujetos y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directos agraviados; y, - Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra de los aquí quejosos, deberán permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éste, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando los aquí quejosos, no se encuentren sujetos a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas.". Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables con sede en esta ciudad, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los directamente agraviados Marian Machado Leiva, Orlis Matos Pereira y Yovalis Escalona Penedo, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en el lugar en que se encuentre detenido. De igual manera, el Actuario de la adscripción deberá requerir a los directos agraviados lo siguiente: 1. Para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifiesten si autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 2.- Hacerle del conocimiento que, para el caso de no nombrar como autorizado al profesionista en cita, tienen el derecho de designar en esos términos a diverso profesionista; 3. Y para el caso de que no se encuentren en posibilidad de realizar tal designación, hágaseles saber que pueden solicitar se les designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrán hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. 4.- Asimismo, en virtud de que del escrito de demanda se advierte que la parte promovente señaló el usuario "ABOGADOFEDERAL73", se deberá requerir al directamente agraviado para que manifieste si solicita el acceso al expediente electrónico relacionado con el presente asunto, a través del referido usuario, y si además autoriza las notificaciones por dicho medio, o si en su caso desea señalar algún domicilio convencional para tales efectos. Apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le realizarán a su autorizado por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y a él las que en su caso se ordenen de forma personal en caso de obtener su libertad, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Igualmente, de advertirse que los agraviados se encuentren a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al Actuario que les requiera para que en el acto de la notificación, manifiesten si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio del agraviado, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentre dicho agraviado. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Medios Electrónicos Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Comunicaciones no procesales Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Además, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). De igual manera, hágase del conocimiento al promovente que de acreditarse que con anterioridad ya se otorgó la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, y que de ello tenga conocimiento se hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Finalmente, se comisiona al actuario de la adscripción para efecto de que notifique el presente proveído en forma personal a la parte quejosa en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, donde se encuentra alojado. En la inteligencia, que si a la fecha de la presente notificación el quejoso ya no se encuentra alojado en la Estación Migratoria de esta ciudad, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que solicite al personal encargado del área de alojamiento le sea informado el motivo de su salida y en su caso le ponga a la vista las documentales correspondientes, a fin de que pueda dar fe de éstas y en su caso realice constancia detallada en la que adjunte fotografía o copias de éstos. Asimismo, se encomienda al actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad, el área jurídica le apoye en lo conducente a efecto de que pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Notifíquese personalmente a los directamente agraviados. Así lo acordó y firma Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria en Funciones de Jueza del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5159/2022, quien actúa ante María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria que autoriza y da fe. GOD

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